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Acuerdos de gobierno

El Gobierno aprueba un gasto de 28,3 millones de euros para la atención a personas con discapacidad

Se autoriza la suscripción de los convenios con los Cabildos Insulares

El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy autorizar la suscripción de los Convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la para la prestación de servicios a personas con discapacidad, así como la autorización del gasto que conlleva la suscripción, en el caso de los Convenios a suscribir y que ascienden a un total de 28.305.775 euros.

El 30 de julio de 2001, el Gobierno de Canarias acordó la aprobación del Plan de Infraestructura Sociosanitaria en la parte relativa a la atención a las personas mayores (PCAMD), para cuya ejecución se suscribieron convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los diferentes Cabildos. Asimismo, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2004, se acordó por el Gobierno de Canarias aprobar el Programa socio-sanitario de atención a la discapacidad de Canarias.

El Programa sociosanitario de atención a la discapacidad en Canarias estaba destinado, con carácter general, a las personas con discapacidad, de edades comprendidas entre los 17 y los 64 años. El Programa distribuía tales personas en los siguientes sectores: sector con necesidad de tercera persona, sector retraso mental, sector salud mental y, con carácter excepcional, hasta tanto se revisase el Programa de personas mayores del Plan sociosanitario, al colectivo de personas con enfermedad de alzheimer y otras demencias.

Los objetivos de dicho programa abarcaban el ámbito temporal comprendido entre los años 2005 a 2010, periodo en el que se realizaron:

a) Actuaciones sobre recursos en funcionamiento, para que éstos alcanzasen el nivel de infraestructura y mantenimiento que se establecía como modelo de referencia para los recursos nuevos.

b) Actuaciones en recursos con plazas en construcción y/o que estuvieran pendientes de funcionamiento.

c) Actuaciones para recursos con plazas de nueva creación, bien fueran a construir o a contratar con terceros.

Con fecha 14 de octubre de 2005, se firmaron los pertinentes Convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la ejecución del Programa de Atención Sociosanitaria-Área de Personas Discapacitadas, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 2010.

En este contexto, se ha hecho necesario elaborar en el año 2011 un instrumento jurídico de colaboración, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, que permita articular la colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Consejería de Sanidad, y los siete Cabildos Insulares para la prestación de servicios a personas con discapacidad.

El Gobierno aprueba el proyecto de Decreto por el que se legalizan 17 explotaciones ganaderas de las islas

De estas instalaciones, 4 se encuentran en Fuerteventura, 4 en Lanzarote, 4 en Gran Canaria, 3 en Tenerife y 2 en La Palma

Con este séptimo bloque de legalizaciones ya son 177 el número de regularizaciones efectuadas hasta la fecha

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 11 de mayo de 2011, el Proyecto de Decreto que autoriza la legalización de 17 explotaciones ganaderas-4 en Fuerteventura, 4 en Lanzarote, 4 en Gran Canaria, 3 en Tenerife y 2 en La Palma -, de acuerdo a la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo que prevé el procedimiento para la regularización y registro de instalaciones agropecuarias del Archipiélago.

Un total de 533 solicitudes de legalización de explotaciones de ganado del Archipiélago se encuentran en fase de estudio y 177 han sido ya regularizadas- una en septiembre de 2010, 76 en enero de 2011, 23 en marzo, 21 y 17 en el mes de abril, 21 la semana pasada, y las 17 restantes mediante el presente Proyecto de Decreto-.

Estas instalaciones, inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, han sido ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias y se encuentran en algunos de los supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo.

Dicho acuerdo establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional y estético para cada una de las explotaciones, para cuya ejecución será título suficiente la referida autorización, debiendo realizarse en el plazo de 18 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto, prorrogables por 9 meses más mediante Orden del Consejero competente en materia de ganadería.

La Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, aprobada por el Parlamento de Canarias en abril de 2009, permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas de las Islas en situación alegal, que cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones.

Estas legalizaciones permiten mejorar la situación del subsector ganadero del archipiélago, el cual en los últimos años ha realizado un importante esfuerzo para la modernización progresiva de sus instalaciones y métodos de producción, que ha contribuido de manera decisiva a fijar población en las zonas rurales de las Islas y ha ayudado a conservar el medio ambiente, con lo que ello supone para el desarrollo social, económico y cultural de Canarias.

El Gobierno alcanza un acuerdo para rebajar el precio de las tiras reactivas para diabéticos en casi cinco euros y que las farmacias sigan dispensándolas

Se atiende así a la demanda de las asociaciones de enfermos, que se oponían a la dispensación en centros de salud, al tiempo que se consigue un ahorro
El beneficiario de la Seguridad Social en activo paga sólo 45 céntimos por la caja de tiras para diabéticos, cuyo coste para el SCS será ahora de 22,61 euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de los acuerdos entre el Servicio Canario de la Salud, los colegios oficiales de farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria y determinadas empresas farmacéuticas por los que se establecen las condiciones relativas a la dispensación, facturación y etiquetado de las tiras reactivas para la determinación de la glucemia dispensadas por las oficinas de farmacia de Canarias con cargo a las prestaciones del SCS.

La Consejería de Sanidad ha llegado a un acuerdo con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de ambas provincias y las empresas fabricantes de tiras para la determinación de glucemia, por el que dichas pruebas diagnósticas permanecerán dispensándose en farmacias a un precio sensiblemente inferior al que tenían hasta este momento. Se satisface así la demanda de las asociaciones de enfermos diabéticos, que se oponían a que la dispensación de este producto se hiciera a través de los centros de salud, y no en las farmacias, como hacen ya otras comunidades.

El acuerdo ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por todas las partes para lograr un descenso sustancial del precio de cada envase, que permitirá un ahorro de 3,5 millones de euros al año al Servicio Canario de la Salud.

En 2010 las farmacias dispensaron con cargo al SCS 671.565 envases de tiras reactivas, lo que supone más de 36 millones de unidades de este producto, por un coste de 20.149.830 euros.

Hasta el momento, el precio por envase de 50 tiras era de 27,50 euros. Tras este nuevo acuerdo, el envase de 50 tiras pasará a costar 22,61 euros, esto es, 4,89 euros menos. Para el pensionista, este producto es completamente gratuito porque lo sufraga enteramente el Servicio Canario de la Salud, y para el beneficiario de la Seguridad Social en activo el precio en la farmacia de de 45 céntimos.

Los pacientes podrán disponer de la totalidad de productos existentes en el mercado, al tiempo que seguirán disfrutando de la comodidad y la atención personalizada que se presta en las oficinas de farmacia.

Gracias a este acuerdo, se evitan las sobrecargas y los gastos adicionales en los centros de salud que hubiesen de dispensar las tiras en el caso de que éstas se hubieran sacado del circuito farmacéutico, al tiempo que se consigue tener un mayor control en el número de envases por paciente. Además, se espera conseguir ahorros adicionales por la aplicación del protocolo que relaciona la patología y medicación del paciente, con el número de determinaciones de la glucemia, que fue consensuado entre endocrinólogos, farmacéuticos y la Dirección General de Farmacia, y que se está implantando en la prescripción electrónica.

Con esta medida, la Consejería de Sanidad espera llegar a un control adecuado de estos productos que no haga necesario tampoco reimplantar el visado de inspección que tenían estos productos hasta el año 2007.

El Gobierno modifica el Decreto que establece los contenidos y requisitos de los centros que imparten el 1º ciclo de Educación Infantil (0-3 años)

– Amplía los plazos de la autorización a las guarderías para impartir el 1º ciclo de Educación Infantil

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy viernes modificar el Decreto 201/2008 de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como sus plazos de adaptación.

Entre estas modificaciones se contempla ampliar hasta la finalización del curso escolar 2013/2014 la impartición del primer ciclo de Educación Infantil a aquellos centros que a la entrada en vigor del presente Decreto estén autorizados como guarderías, siempre que así lo soliciten sus titulares.

Asimismo, las personas que con carácter profesional presten servicios de atención educativa en los centros que venían atendiendo a la población de cero a tres años antes de la entrada en vigor del presente Decreto, dispondrán hasta la finalización del curso académico 2014/2015 para obtener alguna de las titulaciones previstas en el reseñado documento.

Esta modificación cuenta con el respaldo unánime del Consejo Escolar de Canarias que al respectó dictaminó que «comparte la conveniencia de modificar el apartado uno del reseñado Decreto, con el objeto de prolongar, por una parte, el tiempo de adaptación de estos centros para permitirles un tránsito razonable, más prolongado, en su adecuación a unos nuevos requisitos mínimos exigentes y, por otro, ampliar el plazo establecido para que los profesionales que vienen desempeñando su trabajo en estos centros dispongan del tiempo suficiente para obtener las titulaciones oficiales requeridas por la normativa vigente».

Bienestar Social informa al Gobierno sobre la evaluación del Plan Integral del Menor de Canarias

– Se da cumplimiento a la Resolución del Parlamento publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias nº 100/2010, de 7 de abril

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda informó al Gobierno sobre la evaluación del Plan Integral del Menor de Canarias con el fin de desarrollar políticas de infancia en conexión con las necesidades y demandas de los menores. Esta evaluación permitirá diseñar nuevas actuaciones de prevención y detección de las causas que originan desestructuración familiar y desamparo de menores así como mejores técnicas de intervención familiar.

Cabe señalar que el Plan Integral del Menor no establecía una fecha límite para su evaluación, pero si que debía realizarse en el marco de la Comisión Interadministrativa de Menores como órgano de participación entre las Administraciones Públicas Canarias competentes en la materia, lo que permitirá la implicación de todas las instituciones en las políticas de atención a la infancia.

Para evaluar este Plan se han seguido los mismos pasos que cualquier otro proceso de investigación Social, añadiendo uno más y que es el realmente identificativo de la evaluación, que es la redacción de un informe final en el que se emitirán juicios de valor sobre los resultados del Plan.

En este sentido, hay que recordar que el Plan constituyó un documento pionero y de consenso que contó para su elaboración con el acuerdo y la participación de todos las administraciones implicadas, lo que supuso un antes y un después en la política de atención a la infancia y que, sumado a la entrada en vigor de la Ley Integral de Protección del Menor y la Familia, son los dos documentos fundamentales que diseñan y fijan las políticas de atención al menor y la familia en nuestra Comunidad.

En cuanto a los datos cualitativos destacan el grado de ejecución de las áreas de gestión del Gobierno como los centros convivenciales de menores con trastornos de conducta con un 150 % de ejecución, los centros de jóvenes con medidas judiciales con un 215 %, el impulso a las escuelas infantiles en un 152 % o las equipos y programas de riesgo con una ejecución de un 256 %.

El Gobierno sanciona a Unión Eléctrica de Canarias Generación con seis millones de euros por un corte del suministro en La Palma en septiembre de 2009

– La interrupción del suministro eléctrico afectó a la totalidad de la Isla durante más de cinco horas y resultaron afectados 46.355 usuarios

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a la entidad mercantil Endesa Generación S.A. (actualmente denominada Unión Eléctrica de Canarias Generación S.A.U.), por la presunta comisión de una infracción administrativa muy grave, al amparo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio. El incidente ocurrió el 23 de septiembre de 2009 en la isla de La Palma y afectó a la totalidad del suministro eléctrico (lo que se denomina cero en el sistema eléctrico). La sanción propuesta en este proyecto de Decreto es de 6.000.001 euros.

La suspensión del suministro eléctrico en la isla de La Palma se prolongó desde las 12:42 horas hasta las 18:20 horas del día 23 de septiembre de 2009, afectando a 46.335 usuarios. En detalle, el incidente consistió en que el 23 de septiembre de 2009, a las 12,42 horas, al conectar la empresa Endesa Generación, S.A. la alimentación de los motores de accionamiento de los seccionadores de la Subestación de 66Kv «Los Guinchos», se produjo el cierre no intencionado del seccionador a barras JBP2 de la posición «de acoplamiento», que estaba puesta a tierra, lo que dio lugar a un cortocircuito trifásico en barras que provocó la desconexión de toda la generación de la central y, por lo tanto, la interrupción total del suministro eléctrico en toda la isla de La Palma.

Ante este procedimiento sancionador, Unión Eléctrica de Canarias Generación puede interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó recientemente, el pasado mes de marzo, la resolución de otro procedimiento sancionador incoado a la entidad mercantil Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., por la comisión de una infracción administrativa grave. En esta ocasión se sancionó a la empresa con dos millones de euros por una interrupción general del suministro eléctrico ocurrida el 5 de agosto de 2008 en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Dicha interrupción afectó a la totalidad de los usuarios, 129.080 clientes, durante algo más de cuatro horas. Este expediente se encuentra en la actualidad en plazo de presentación de recurso de reposición por parte de la empresa afectada.

Asimismo, en marzo del pasado año, el Gobierno de Canarias sancionó a Endesa Distribución Eléctrica por la interrupción general del suministro que se produjo en la isla de Tenerife en marzo del año 2009. El Ejecutivo regional impuso a la empresa una sanción de 6 millones de euros por la comisión de una infracción muy grave. El corte eléctrico afectó a la totalidad de los usuarios de la Isla, más de 468.000 clientes, durante 7 horas y 40 minutos.

El Gobierno de Canarias mantiene actualmente abiertos otros tres expedientes administrativos por interrupciones generales del suministro eléctrico ocurrido en las islas de La Palma y Tenerife, que, a día de hoy, continúan su tramitación.

El Gobierno aprueba el proyecto de Decreto por el que se legalizan 17 explotaciones ganaderas de las Islas

– De estas instalaciones, 3 se encuentran en Fuerteventura, 2 en Lanzarote, 5 en Gran Canaria, 2 en La Palma y 5 en Tenerife

– Con este quinto bloque de legalizaciones ya son 138 el número de regularizaciones efectuadas hasta la fecha, además otras 115 se encuentran ya en distintas fases de información pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 27 de abril de 2011, el proyecto de Decreto que autoriza la legalización de 17 explotaciones ganaderas-3 en Fuerteventura, 2 en Lanzarote, 5 en Gran Canaria, 2 en La Palma y 5 en Tenerife -, de acuerdo a la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo que prevé el procedimiento para la regularización y registro de instalaciones agropecuarias del Archipiélago.

Un total de 545 solicitudes de legalización de explotaciones de ganado del Archipiélago se encuentran en fase de estudio- de las cuales 266 se ha comprobado que son legalizables- y 138 han sido ya regularizadas- una en septiembre de 2010, 76 en enero de 2011, 23 en el mes de marzo, 21 en la primera semana de abril, y las 17 restantes mediante el presente Proyecto de Decreto- , y el resto se cursarán paulatinamente. Además, otras 115 solicitudes se encuentran en distintas fases de información pública.

Estas instalaciones, inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, han sido ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias y se encuentran en algunos de los supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo.

De acuerdo a lo establecido en el apartado 6 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, se ha dado audiencia a los cabildos y a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentran ubicadas dichas explotaciones, y se ha cumplimentado el trámite de información pública.

Dicho acuerdo establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional y estético para cada una de las explotaciones, para cuya ejecución será título suficiente la referida autorización, debiendo realizarse en el plazo de 18 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto, prorrogables por 9 meses más mediante Orden del Consejero competente en materia de ganadería.

La Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, aprobada por el Parlamento de Canarias en abril de 2009, permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas de las Islas en situación alegal, que cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones.

Numerosas instalaciones que hoy constituyen grandes explotaciones de ganado han surgido de forma más o menos espontánea, muchas veces como procesos de reconversión funcional a partir de actividades tradicionales, que en la actualidad se encuentran en una indeseable situación de irregularidad. Por otra parte, el rápido proceso de crecimiento del sector ha entrado en conflicto, en ocasiones, con las necesarias políticas de ordenación y protección del suelo y del medio ambiente.

El Gobierno de Canarias da luz verde a la construcción de cuatro edificios destinados al Parque Científico Tecnológico de la ULPGC

– Aprueba la modificación del Plan General de Las Palmas de Gran Canaria en el Campus Universitario de Tafira

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de Las Palmas de Gran Canaria y las normas sustitutivas transitorias de ordenación para posibilitar la construcción de cuatro edificios destinados al Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), cuya localización será en el Campus Universitario de Tafira. A este proyecto se suma además la creación de doscientas viviendas universitarias ubicadas en dos residencias.

El fin del Gobierno de Canarias, a través de esta propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, es impulsar un conjunto sólido en la ULPGC capaz de fomentar el flujo de conocimiento y tecnología entre universidad, instituciones de investigación, empresas y mercados.

El II Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria plantea entre sus objetivos incrementar los recursos destinados a la I+D+i, mediante el impuso de grupos de investigación de calidad y excelencia a través de la potenciación del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.

Este proyecto también se enmarca en las directrices incluidas en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias para el desarrollo de la fase I de la Red de Parques Tecnológicos de Canarias, además de en otro acuerdo con el mismo fin suscrito por el Ejecutivo autónomo, el Cabildo de Gran Canaria y la ULPGC.

Las actuaciones comprendidas en el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno son la ejecución de cuatro edificios destinados al Parque Científico Tecnológico de la ULPGC en el Campus de Tafira y a la creación de doscientas viviendas de alquiler universitarias en dicho lugar y en el área sanitaria y universitaria de la Vega de San José, cuyo uso está destinado a investigadores, profesores, becarios y estudiantes de la ULPGC.

El Ejecutivo autónomo ha aprobado hoy la modificación del PGO de Las Palmas de Gran Canaria y las normas sustitutivas transitorias como condición indispensable para la puesta en marcha de este proyecto, ya que su ejecución entra en contradicción con las determinaciones del instrumento de ordenación al no contemplar las condiciones de clasificación urbanística y los parámetros necesarios para la implantación de las infraestructuras del Parque Tecnológico.

El Consejo de Gobierno autoriza un convenio con el Cabildo de La Palma para la mejora del espacio público turístico

– El acuerdo regula la ejecución de dos actuaciones en el Parque Cultural Roque Los Muchachos (Garafía) y en la Fuente Santa (Fuencaliente), por un importe de 700.000 euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la suscripción de un convenio de colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para regular la encomienda de gestión y ejecución de diversas actuaciones turísticas, con cargo a la ampliación de la estrategia de mejora del espacio público turístico, con un importe máximo de 700.000 euros.

El Gobierno de Canarias encomienda al Cabildo de La Palma la gestión y ejecución de dos actuaciones: una en el Parque Cultural Roque Los Muchachos, en el municipio de Garafía, presupuestada en 500.000,00 euros así como el acondicionamiento de la Fuente Santa, en el municipio de Fuencaliente, presupuestada en 200.000,00 euros.

Con esta inversión del Gobierno de Canarias, la encomienda comprende la redacción del proyecto técnico; la tramitación necesaria para la obtención de todas las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes; la ejecución de la contratación de las obras; la coordinación de los trabajos de seguridad y salud; la dirección facultativa de la obra; la tramitación administrativa y resolución de todas las vicisitudes que surjan en el transcurso de las obras y el pago de los impuestos legalmente correspondientes.

La estrategia de mejora del espacio público turístico

Los antecedentes se fijan en marzo de 2008 cuando el Gobierno de Canarias aprobó la «Estrategia de dinamización frente a la desaceleración de la economía canaria», en la que se enmarcan una serie de medidas y acciones de reactivación económica que, en el área del turismo, se centran en la intervención frente a la degradación sufrida por la madurez y declive de los principales enclaves turísticos, apostando por una «Estrategia de Mejora del Espacio Publico Turístico» como medida impulsora para mejorar la calidad y competitividad de aquellos espacios públicos turísticos, mediante el consenso de todos los actores involucrados.

Ello conllevó, en noviembre de 2009, a que el Gobierno de Canarias autorizase suscribir el Convenio Marco de Colaboración con los Cabildos Insulares para llevar a cabo la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico y, posteriormente, el Convenio Marco de Colaboración para la ejecución de la Estrategia Canaria del Espacio Público Turístico, texto que incorpora como anexo convenios específicos de adhesión, conforme a los cuales «También se podrán ejecutar actuaciones por otras Administraciones que no sean las firmantes, siempre que así lo decida la Administración responsable de su ejecución, que podrán encomendarla a otra Administración a través de la suscripción del oportuno documento de colaboración, sin que resulte necesario que tal instrumento de colaboración lo suscriban las dos partes del presente convenio».

Posteriormente, en junio de 2010, el Gobierno de Canarias suscribió un Convenio de Colaboración con el Instituto de Turismo de España (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) para la ampliación de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico para la ejecución de distintas obras.

El Gobierno aprueba un gasto de 30.128.022 para la prestación de servicios para personas mayores dependientes con el fin de integrar el Sistema Canario en la Ley de Dependencia

– El Sistema Canario de la Dependencia (Sicad) mantiene 54 centros de atención a personas mayores

El Consejo de Gobierno ha acordado, en su sesión de hoy, autorizar el gasto para la suscripción de los Convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la prestación de servicios a personas mayores dependientes, lo que supondrá una aportación total, entre las Consejerías de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la de Sanidad de 30.128.022 euros.

Cabe señalar, que los Cabildos Insulares deberán aportar la misma cantidad, con lo que la financiación total ascenderá a 60.256.044 euros y tendrán una vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

La finalidad de estos convenios es integrar el Sistema Canario de Atención a la Dependencia (SICAD) en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en lo que se refiere a la prestación de servicios sociosanitarios de Centros de Día, de Noche o de Atención a personas mayores dependientes, que gestionan los Cabildos Insulares.

Cabe señalar que Canarias seguirá aplicando sus buenas prácticas adquiridas en estos años, en el marco de los Planes sociosanitarios, en el que a través de los 54 centros para personas mayores dependientes se ofrece, no sólo atención social, sino también de carecer sanitario y de ahí la incorporación de la Consejería de Sanidad al sistema.