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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias destinará un millón de euros para evitar nuevas inundaciones en Argana, Arrecife

Política Territorial redactará además un proyecto para mejorar la protección frente a inundaciones del núcleo de Costa Teguise

Las dos intervenciones tienen como objetivo mitigar las consecuencias de las precipitaciones intensas en estos dos municipios de Lanzarote

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha informado esta mañana al Consejo de Gobierno de Canarias del próximo inicio de la tramitación de una subvención al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para el proyecto de mejora en la red de recogida de agua de lluvias en Argana, Arrecife. Además, ha añadido que el Gobierno se encargará también de la redacción del proyecto para mejorar la capacidad en la cabecera del barranco de El Hurón, y evitar inundaciones en el núcleo urbano de Costa Teguise.

En ambos casos se trata de intervenciones que tienen como objetivo mitigar los daños que se producen en estas dos zonas cuando hay precipitaciones intensas, como las sufridas el pasado 12 de abril, que vinieron precedidas por la declaración de prealerta por parte del Gobierno el día anterior y generaron más de 200 incidencias.

La Dirección General de Aguas iniciará en breve, a solicitud del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, la tramitación de una modificación presupuestaria para hacer frente a la subvención de un millón de euros, coste de la mejora del drenaje de aguas pluviales urbanas en la zona de Argana, en el municipio de Arrecife. El objetivo es acabar con los problemas en varias zonas de la red de recogida de agua de lluvia, mejorando imbornales, colectores de pluviales y alcantarillas existentes.

El proyecto permitirá la intervención en once puntos en los que habitualmente se producen inundaciones. Así, se colocarán imbornales conectados a la red en la calle Tanganillo, y en el cruce de ésta con las calles de Jorge Luis Borges y de Alejo Carpentier. En la calle Trillo se colocarán estos mismos elementos en varios de sus puntos (calle Buero Vallejo, Las Vírgenes y camino de Los Invernaderos), y se retirarán otros que bloquean en la actualidad la salida de aguas de lluvia.

También se intervendrá en la avenida de Los Geranios, en las calles Iguazú, Tenderete, Hermanos Álvarez Quintero, Ranchos de Pascua, Saltona y Taro. En esta última se mejorará además la capacidad del paso inferior peatonal de la LZ-3. Todos los trabajos deberán estar terminados en ocho meses, desde el momento en el que se inicien las obras.

En el caso de la segunda de las medidas que ha decidido implementar el Gobierno, consiste en la redacción del proyecto que tiene como objetivo implantar un sistema de laminación de aguas en la cabecera del Barranco del Hurón, y mejorar así la defensa frente a inundaciones del núcleo urbano de Costa Teguise. El proyecto diseñará el sistema para reducir el caudal de agua de lluvia que acaba en el citado barranco, generando espacios para el almacenamiento de aguas pluviales y permitiendo su aprovechamiento, por ejemplo, en el riego agrícola o de jardines públicos.

Ambas medidas forman parte de la respuesta consensuada por el Gobierno de Canarias con el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Arrecife y Teguise, para poner fin al histórico problema de inundaciones que sufren ambos municipios.

El Gobierno autoriza el gasto plurianual de 28,2 M€ para mejoras en el trazado de la carretera Agaete-La Aldea

Esta actuación, que se enmarca en el modificado n.º 1, aprobado el pasado mes de febrero, permitirá cubrir el incremento de costes asociados a la mejora del tramo entre El Risco y Agaete

La aprobación técnica del modificado y la autorización del gasto representan un avance fundamental para la mejora de la red viaria de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha autorizado, durante la sesión celebrada esta mañana, el reajuste de anualidades y, como consecuencia, un gasto plurianual de 28.291.796,40 euros con la finalidad de poder hacer frente al incremento de las cantidades consignadas para aprobar el modificado 1 del contrato de la obra de la carretera Agaete-La Aldea, en el tramo comprendido entre El Risco y Agaete, en la isla de Gran Canaria.

Este modificado, que fue aprobado por la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, el pasado 6 de febrero, ha permitido incluir mejoras significativas desde el punto de vista técnico, medioambiental y en la ejecución de los viaductos de La Palma y El Risco, en la carretera de La Aldea, garantizando un impacto ambiental menor.

La firma del modificado, la reactivación de la obra, el reajuste de anualidades y la autorización del gasto plurianual representan un paso decisivo para el futuro de la infraestructura, reafirmando el compromiso del Gobierno de Canarias con los habitantes de La Aldea y de toda la isla, así como con el desarrollo y la mejora de la red viaria de Gran Canaria.

El Gobierno aprueba el calendario laboral de Canarias para 2026 y abre el plazo para fijar las fiestas locales

El proyecto de decreto no incluye el 25 de julio, Fiesta de Santiago Apóstol, al coincidir con un domingo, sustituyéndose el descanso laboral por el 30 de mayo, Día de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de decreto por el que se establece el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma de Canarias para el año 2026 -dentro del límite anual de catorce jornadas-, y a través del cual se abre el plazo para fijar los festivos locales.

El expediente tramitado desde la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, en aplicación de la legislación del Estado, define como días inhábiles a efectos laborales, de carácter retribuido y no recuperable, todos los domingos del año y las jornadas festivas del 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 2 de abril, Jueves Santo; 3 de abril, Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 30 de mayo, Día de Canarias; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 2 de noviembre, Todos los Santos; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre, Natividad del Señor.

También fija las fiestas laborales por islas, entre las que se encuentran el 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria, en Tenerife; el 24 de septiembre, festividad de la Bajada de la Virgen de los Reyes, en El Hierro; el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves, en La Palma; el 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña, en Fuerteventura; el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria; el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes, en Lanzarote y La Graciosa; y el 5 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera.

Los ayuntamientos de todo el archipiélago dispondrán de un mes, a partir del día en que el decreto debatido hoy en el Consejo de Gobierno se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para formular a la Dirección General de Trabajo sus propuestas plenarias con el objetivo de fijar hasta dos días también inhábiles, retribuidos y no recuperables, con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias.

El Gobierno aprueba la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal y autoriza el gasto de 400 millones

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2025, previsto en la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. En dicho acuerdo se autoriza el gasto correspondiente a la indicada distribución, por importe de 399.646.503 euros, de lo que se dará cuenta al Parlamento de Canarias.

Del importe global de dicha dotación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, se detraerá el 1%, que se abonará por la Consejería competente en materia de régimen local a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), cuya cuantía asciende a 3.996.465 euros, quedando para ser distribuido entre los municipios canarios el resto de la dotación del Fondo para el año 2025, concretamente 395.650.037 euros.

Su distribución se realizará de acuerdo con la población (68%); la solidaridad (16%), la insularidad periférica (1%); la extensión territorial (2%); los espacios naturales protegidos (2%); las plazas alojativas turísticas (2%); la dispersión territorial (5%) y las unidades escolares (4%).

En aplicación del criterio solidaridad, se asignará a los municipios menores de 10.000 habitantes el 11%, y a los restantes, el 5%.

Por otra parte, la Ley 3/1999, de 4 de febrero, establece los criterios y porcentajes para distribución del resto del Fondo, entre los que figuran los relativos a población y dispersión territorial deberán distribuirse con base a datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero del ejercicio anterior a la distribución.

Actualmente, existen disponibles los datos de población a fecha 1 de enero de 2024, los cuales han sido utilizados para la distribución por el criterio poblacional.

Asimismo, se dispone de los datos de las variables necesarias para la distribución por el criterio de dispersión territorial, consistentes en población municipal, número de entidades de población del municipio y población de las mismas, correspondientes a 1 de enero de 2024, si bien no se especifica a dicha fecha el núcleo al que corresponde la capitalidad del municipio.

En cuanto a la extensión superficial, se establece que la superficie de los municipios se obtendrá de los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Sin embargo, consta escrito de esa entidad, de fecha 15 de enero de 2004, en el que se pone en conocimiento que el organismo competente para certificar sobre el particular es el Ministerio de Fomento, concretamente la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, actualmente perteneciente la citada Dirección General al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Por último, según establece la Ley 3/1999, los criterios de distribución referidos a la superficie declarada espacio natural protegido, plazas alojativas turísticas y unidades escolares, respectivamente tiene que hacer referencia a los datos proporcionados por la Consejería competente en su caso.

El Consejo de Gobierno da luz verde a los sondeos para la investigación de recursos geotérmicos en Tenerife

La aprobación de este proyecto denominado ‘TF-Sur’ supone una oportunidad real para avanzar en Canarias hacia un modelo energético más limpio, renovable y autónomo

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos resolvió el año pasado los concursos de geotermia de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, atascados desde 2021

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes 28 de abril iniciar los sondeos de investigación de recursos geotérmicos en la isla de Tenerife para lo que ha acordado la exclusión del proyecto ‘Sondeos TF-Sur’ del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental simplificada en cumplimiento con la normativa europea, ya que el Reglamento 2022/2577 establece un marco temporal para acelerar el despliegue de las energías renovables en Europa.

A nivel del Estado, el artículo 22 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, sustituye el procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley 21/2013, por un procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de instalación de generación a partir de fuentes de energía renovable.

El proyecto ‘TF-Sur’ está alineado con los objetivos de descarbonización de la Ley del Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y autoriza a las empresas adjudicatarias a sondeos de investigación dentro de las cuadrículas mineras asignadas en el concurso:

“TAHATAN” (PI 2071), promovido por la entidad mercantil ENERGÍA GEOTÉRMICA DE CANARIAS, S.L.U.
“TIKAHIT” (PI 2072), promovido por la entidad mercantil ENERGÍA GEOTÉRMICA DE CANARIAS, S.L.U.
“BARRANCO HONDO” FRACCIÓN 1ª” (PI 2074-Fr1), promovido por el INSTITUTO TECNOLÓGICO Y ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.
“BARRANCO HONDO” FRACCIÓN 2ª” (PI 2074-Fr2), promovido por el INSTITUTO TECNOLÓGICO Y ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.

El objetivo del proyecto es alcanzar y evaluar, mediante la realización de sondeos de carácter exploratorio del subsuelo, los posibles recursos geotérmicos existentes en el área Sur de la isla de Tenerife.

Ninguno de los sondeos previstos en la zona se encuentra ubicado dentro de los espacios naturales pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias ni a la Red Natura 2000, lo que refuerza la justificación de exclusión del trámite de evaluación ambiental simplificada. Iniciar un trámite como este podría provocar una demora que sería más perjudicial ambientalmente que la propia actividad investigadora prevista.

Además, el proyecto ha sido evaluado y validado por personal técnico especializado del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife y desde el Gobierno se aplicarán todos los protocolos de seguimiento ambiental durante su ejecución para asegurar su compatibilidad con el entorno, ya que este proyecto supone una oportunidad real para avanzar hacia un modelo energético más limpio, renovable y autóctono.

Una vez finalizada la operación y desmantelado el equipo de perforación, se garantizará la reposición del terreno a su estado original, asegurando así que no se producirá ningún impacto ambiental permanente en las zonas afectadas. Por otra parte, se procederá al relleno y nivelado de las excavaciones con el material acumulado en la zona de acopio próxima.

El Gobierno de Canarias, plenamente alineado con las directrices de la Unión Europea en materia de transición energética y aceleración del despliegue de energías renovables, ha venido impulsando de forma decidida, desde hace años, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos renovables autóctonos del Archipiélago. Todo ello, en el marco del compromiso adquirido con la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Parlamento de Canarias el 20 de enero de 2022, que establece un enfoque transversal y urgente para hacer frente a los efectos del cambio climático en el territorio insular.

Las tecnologías renovables actualmente implantadas en Canarias son principalmente de origen eólica y solar, caracterizadas por no ser gestionables, por lo que es necesario buscar además otras soluciones renovables que sí lo sean, como es la energía geotérmica. Se trata además de una energía renovable que no depende de las condiciones meteorológicas ni climáticas y con un potencial de producción continua las 24 horas del día y, por tanto, gestionable.

Además, la promoción de la geotermia fomentará la creación de empleo de alta calidad, contribuyendo al desarrollo de perfiles altamente cualificados tanto a nivel regional como nacional y europeo. Para estos proyectos se prevé la contratación de profesionales con titulación superior y perfiles técnicos, lo que no solo fortalecerá el sector energético, sino que también impulsará la economía local a través de la generación de empleo

Por todo ello, resulta necesario llevar a cabo sondeos de investigación que permitan reconocer la existencia de recursos explotables en condiciones adecuadas para la generación eléctrica, como paso previo a su posterior aprovechamiento eléctrico.

Consciente de ello, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, a través de la Dirección General de Industria, y ante la necesidad de implementar la energía geotérmica en Canarias para aumentar la independencia energética del Archipiélago, resolvió a finales de 2024 los correspondientes concursos públicos convocados para las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, estancados desde 2021.

El Gobierno de Canarias impulsa la reforma de las leyes que regulan el turismo en las islas

Se trata de la Ley 7/1995 de ordenación del turismo de Canarias y la 2/2013 de renovación y modernización turística, que van indefectiblemente unidas
La futura norma abordará los retos de un destino maduro como Canarias desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica

El Consejo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, ha tomado este lunes en consideración la iniciativa para modificar las leyes que regulan la actividad turística en las islas, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que van indefectiblemente unidas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que “el objetivo es establecer un marco normativo completo y actualizado, que aborde los retos del destino desde una perspectiva sostenible y tenga en cuenta la fragilidad del territorio insular y el bienestar de los residentes». La regulación tendrá que ser compatible con la realidad actual, además de incorporar o cambiar aspectos ya aprobados en la normativa estatal y autonómica, eliminando o corrigiendo las rigideces innecesarias y aquellas determinadas por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, la titular de Turismo apunta que “como consecuencia de la reforma de la Ley 7/1995 se producirán cambios sustanciales en la Ley 2/2013 porque ambos textos regulan aspectos comunes, de ahí que hayamos decidido actualizarlas para acercarlas a los ciudadanos y profesionales, además de simplificar las normas que regulan la actividad turística en las islas”.

De esta manera, la nueva ley abordará los retos de un destino maduro como Canarias desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica. “El texto incorporará medidas para evitar o paliar los efectos de la problemática por la falta de vivienda para residencia habitual en las zonas turísticas atendiendo a las necesidades habitacionales de la población”, destaca De León.

Precisamente, esta situación motivó la aprobación el pasado mes de marzo del Decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico por el que se modifica la ley 2/2013 que anticipa algunas de las medidas más urgentes en el ámbito del uso del suelo y la reconversión de ciertos establecimientos de uso turístico con el fin de mitigar la situación habitacional y ofrecer seguridad jurídica a las personas afectadas por residir en zonas turísticas.

Además, a través de la futura norma deberá afrontarse el estatuto de municipios de gran afluencia turística y diferenciarlo de aquellos que, formando parte del destino Islas Canarias, no soportan los mismos niveles de prestación de servicios públicos ni de presión sobre el territorio. En este caso, deberán tener un protagonismo distinto en las políticas de infraestructuras y servicios prestados.

También prevé incorporar aspectos relativos a la renovación y modernización de zonas turísticas degradadas, atendiendo a estándares más exigentes del planeamiento y la edificación, en consonancia con las modificaciones del marco normativo europeo, estatal y autonómico.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa “cumplimos con la agenda que nos marcamos al inicio de la legislatura, la de renovar el bloque normativo de la actividad turística, que fijaba cuatro hitos legislativos, entre los que se encuentra la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que regula el alquiler vacacional, la modificación del decreto para desarrollar actividades de Turismo Activo, el primer reglamento para ordenar la modalidad de campings y acampadas y la reforma de la Ley 7/1995 y de la 2/2013”, concluye la consejera.

El Gobierno aprueba el decreto ley para agilizar las licencias de obras y facilitar la construcción de viviendas

Los ayuntamientos podrán conceder licencias de construcción con plenas garantías jurídicas en menos de seis meses

Este decreto contempla la figura de la vivienda asequible incentivada, enfocada en beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas, y que convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en desarrollarla

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, una norma de carácter urgente destinada a resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias, y con la que se pretende dar un impulso decidido a la promoción de vivienda en las islas.

La nueva normativa ha sido elaborada conjuntamente por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y trabajada por ambos departamentos junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.

Este decreto introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas. A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas.

Estos podrán ser encargados por el ayuntamiento o aportado por el promotor en la solicitud de licencia, en cuyo caso asumirá el costo del mismo, que no podrá exceder el valor de la tasa urbanística del proyecto. Aunque no será vinculante, el informe tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales, y en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.

El objetivo es dotar a los ayuntamientos de mayores recursos para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. En la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de construcción en menos de seis meses, un plazo muy inferior a los dos años de media que se tarda en la actualidad. Esta norma supone un paso decisivo para agilizar la gestión pública, reactivar la economía y responder con eficacia al reto de la emergencia habitacional que atraviesan las islas.

Además, el Gobierno prevé incentivar la aplicación de este nuevo decreto-ley con medidas específicas de apoyo para los municipios de reto demográfico, que se pondrán en marcha en las próximas semanas con la entrada en funcionamiento de la Oficina Virtual del Reto Demográfico.

Compromiso con la emergencia habitacional

El Decreto-Ley también complementa las medidas adoptadas en febrero de 2024, con la aprobación del Decreto-Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, incorporando ahora nuevas herramientas para el desarrollo de viviendas asequibles incentivadas, la reutilización de suelos terciarios para uso residencial y la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelos aún no urbanizados por completo, entre otros. Asimismo, se regula, por primera vez, el procedimiento de declaración de zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar las medidas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023).

En el caso de la figura de la vivienda asequible incentivada, cuyo desarrollo convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en aplicarla, los promotores que participen en este programa recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan ciertas condiciones, con el objetivo último de beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas.

La norma, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, responde a la necesidad urgente de garantizar que los procedimientos urbanísticos se resuelvan en plazos razonables, evitando demoras que afectan tanto a los derechos de la ciudadanía como a la actividad económica. Al reducir la burocracia y fomentar la construcción de viviendas asequibles, se están dando pasos hacia un futuro donde más ciudadanos puedan acceder a un hogar digno.

Canarias da respuesta a las universidades públicas con un nuevo acuerdo de compatibilidad para el profesorado

La medida permitirá reforzar la docencia en todo el sistema universitario canario y agilizar la cobertura de necesidades docentes puntuales, como en las Escuelas de Enfermería de Lanzarote y La Palma

El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo que establece nuevas directrices para facilitar la contratación de profesorado sustituto a tiempo parcial en las universidades públicas canarias, con el objetivo de garantizar la cobertura docente en situaciones sobrevenidas y fortalecer el funcionamiento del sistema universitario en su conjunto, dando respuesta así a la petición de las instituciones académicas.

El acuerdo establece que esta figura contractual se asimila, a efectos de compatibilidad, al profesorado universitario asociado, lo que permitirá que personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma pueda compatibilizar determinadas funciones con tareas docentes a tiempo parcial. Esta posibilidad se aplicará caso por caso, respetando siempre el régimen vigente de incompatibilidades y sin modificar su marco legal.

La medida beneficiará al conjunto de las universidades públicas del archipiélago y permitirá atender con mayor agilidad las necesidades de profesorado, especialmente cuando se producen bajas o situaciones que requieren una respuesta inmediata. Tendrá, además, una incidencia especialmente positiva en centros donde las alternativas son más limitadas, como las Escuelas de Enfermería de Lanzarote y La Palma.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha explicado que “se trata de una medida útil y necesaria para dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades docentes, sin comprometer la calidad de la formación que ofrecemos en Canarias”.

“Este acuerdo pone a disposición de nuestras universidades una herramienta flexible para garantizar que las sustituciones se hagan con rapidez y rigor, algo fundamental para que el curso académico se desarrolle con normalidad en todas las islas, añadió.

Esta iniciativa ha contado con el respaldo técnico de los órganos responsables en materia de función pública, sanidad y calidad universitaria, y será trasladado a las áreas competentes para su aplicación.

Aprobado el nuevo decreto que agilizará la tramitación de la dependencia en Canarias

La nueva regulación establece un único procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 21 de abril el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Canarias y acuerda solicitar al Consejo Consultivo de Canarias.

El decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.

Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.

La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas y las familias de dependientes.

Todo listo para activar la tarjeta acreditativa de discapacidad que beneficiará a 137.000 personas

El Gobierno aprueba el decreto que regula el uso de este documento, que facilitará el acceso a los derechos de las personas con discapacidad de manera más sencilla y ágil

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo este lunes 21 de abril, ha acordado a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la aprobación del decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención. La previsión de la Consejería es que este nuevo documento acreditativo beneficie inicialmente a unas 137.000 personas.

Según se expone en el texto que contempla la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad en Canarias, podrán obtenerla las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de dotarles de un instrumento útil no sólo para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, sino también facilitar el acceso a los derechos de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.

La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil con lo que se evita tener que llevar a diario el decreto de resolución de su grado.

Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones de género, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.