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Acuerdos de gobierno

El Gobierno remite al Consultivo el proyecto de Ley de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

El Consejo de Gobierno de Canarias tomó hoy en consideración y solicitó dictamen del Consejo Consultivo de Canarias respecto al proyecto de Ley de Creación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

Este texto normativo establece la creación y regulación de la Agencia como «una entidad pública empresarial que asume la gestión de servicios públicos en materia de investigación, innovación y sociedad de la información». Ello supone, según se recoge en la exposición de motivos «un proyecto de modernización de la administración pública canaria en la prestación de los servicios, con criterios de eficacia, transparencia y calidad».

La puesta en marcha de esta entidad pública es imprescindible para revitalizar y fortalecer el avance de la investigación científica y técnica en Canarias, señala el documento remitido al Consultivo. Igualmente, se considera indispensable para extender la sociedad de la información a todas las capas de la sociedad y su uso como herramienta de competitividad de las empresas canarias.

La Ley se estructura en seis títulos, en el primero de los cuales se recoge la creación de la Agencia y su naturaleza como entidad pública empresarial la autonomía y responsabilidad por la gestión y control de resultado; los fines y funciones que se le asignan, el régimen jurídico y la colaboración interadministrativa.

En el Título II se enumeran y regulan los aspectos esenciales de la organización de la entidad, y en el Título III, se establece un aspecto fundamental en la propia configuración como entidad pública empresarial, como es la gestión transparente por objetivos. Para ello, el proyecto de Ley recoge que anualmente se elaborará y aprobará el plan de acción, en el que se consignarán los objetivos en función de la financiación recibida, los indicadores pertinentes de medición y el grado de cumplimiento de los objetivos, así como las repercusiones que el grado de cumplimiento de los objetivos fijados tendrá para la financiación futura, las retribuciones y la actividad directiva.

El Título IV, con la rúbrica «Régimen patrimonial y de contratación», contempla los mismos regímenes que para las entidades públicas empresariales ya están previstos por ley. El Título V, bajo el título «Régimen económico-financiero, contable y de control», no contiene innovaciones respecto al régimen general establecido para las entidades públicas empresariales. De ahí que se prevea el sometimiento a contabilidad financiera, el control financiero permanente, los presupuestos estimativos de explotación y capital, así como la relación de los eventuales recursos económicos de la Agencia.

El Título VI, con el título de «Personal al servicio de la Agencia», contempla las distintas clases de personal y su régimen, la ordenación de los puestos de trabajo, las especialidades del personal directivo, y el sistema retributivo, del que debe destacarse que podrá estar ligado a la consecución de objetivos.

El Gobierno autoriza una subvención del Servicio Canario de Empleo a Gesplan para tres proyectos que permitirán la contratación de 481 desempleados

Consistirán en la mejora y revitalización de zonas turísticas y comerciales

El Consejo de Gobierno ha autorizado una aportación dineraria del Servicio Canario de Empleo (SCE) a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) para realizar 3 proyectos a través de los cuales se contratarán a 481 personas desempleadas durante un periodo de 6 meses.

Este Programa Extraordinario de Inserción Laboral cuenta con una dotación de 3,6 millones de euros y se enmarca en las actuaciones del Plan Canarias Emplea. Las acciones que se desarrollarán consistirán, principalmente, en la planificación y mejora de las zonas comerciales abiertas de Canarias y de los espacios turísticos de Morro Jable, Corralero y Teguise.

Concretamente, se llevará a cabo un proyecto de mejora de infraestructuras turísticas para el que se contratarán a 359 personas desempleadas, un proyecto de revitalización de zonas comerciales que contará con 67 contrataciones y un último proyecto de revitalización de núcleos turísticos para el que harán falta 55 trabajadores. En todos los casos, el SCE se hará cargo de la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas.

El objetivo de estos proyectos es desarrollar un conjunto de actuaciones destinadas a fomentar la inserción laboral de personas desempleadas y también a mejorar infraestructuras que, a su vez, propician la generación de empleo. Ante la drástica caída de la actividad económica y su incidencia en el desempleo, el SCE está promoviendo proyectos que cumplen estos dos requisitos imprescindibles.

De esta manera, los proyectos que cuentan con las ayudas del SCE son intensivos en la contratación de personas desempleadas y, por tanto, ofrecen una oportunidad de empleo y experiencia laboral a aquellos colectivos que más lo necesitan. Además, son iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social de las Islas. En este caso concreto, a través de actuaciones de mejora en áreas turísticas y comerciales se conseguirá dinamizar social y económicamente las zonas en las que se intervenga.

El plazo de ejecución de los 3 proyectos de este Programa Extraordinario de Inserción Laboral finaliza el 31 de marzo de 2011.

El Gobierno aprueba la actualización definitiva del Fondo de Financiación Municipal de 2006 en 22,6 millones

Corresponde al incremento definitivo del PIB de ese año, que creció un 7,2% sobre el ejercicio anterior

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, la actualización definitiva del Fondo Canario de Financiación Municipal de 2006 en 22.633.100,67 euros, lo que eleva la cuantía total de este fondo, distribuido entre las corporaciones locales en ese año, a 188.768.730,42 euros.

Esta actualización es el resultado de aplicar el índice de mayor crecimiento en 2006, en este caso el del PIB, que creció un 7,2% sobre el ejercicio anterior, mientras que el IPC aumentó sólo un 2,8%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en este mismo año 2010.

La actualización aprobada hoy es el resultado de aplicar la legislación vigente, que establece, además de una revisión anual del Fondo, que su cuantía debe ser el resultado de aplicar el índice que experimente mayor crecimiento, entre el de Precios al Consumo (IPC) y el de Producto Interior Bruto (PIB), durante el ejercicio anterior, a nivel regional, atendiendo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

El 1% (226.331,01euros) de este Fondo se destinará a la Federación Canaria de Municipios (Fecam, mientras que el resto (22.406.769 euros) se distribuirá entre los municipios en función de los siguientes criterios y porcentajes: la población, 68%; la solidaridad, 1%; los municipios menores de 10.000 habitantes se les asignará el 11% y a los restantes el 5%; la insularidad periférica, 1%; la extensión territorial, 2%; los espacios naturales protegidos, 2%; las plazas alojativas turísticas, 2%; la dispersión territorial, 5%, y las unidades escolares, 4%.

La distribución por solidaridad e insularidad periférica se realizará de forma igualitaria, mientras que la distribución por el resto de criterios se hará directamente proporcional.

El Gobierno autoriza la impartición de nuevos títulos oficiales de Grado y Máster en la ULPG y la ULL

El Consejo de Gobierno aprobó hoy los decretos por los que se autorizan la implantación de 10 nuevos títulos de Grado y 4 Máster en las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, a partir del curso 2010/2011, con el fin de adaptarlos al proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los títulos de Grado autorizados son los de Lenguas Modernas, Administración y Dirección de Empresas, Economía y Lengua Española y Literaturas Hispánicas; así como el Máster en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica.

En la Universidad de La Laguna los títulos de Grado autorizados son los de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, Matemáticas, Ingeniería Informática, Sociología y Estudios Francófonos Aplicados; así como los Máster de Técnicas para la Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencias e Ingeniería; Prevención de Riesgos Laborales y Arte, Territorio y Paisaje.

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad internacional del sistema de educación superior europeo.

Fruto de dicha transformación el Real Decreto 1.393/2007 de 29 de octubre, estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos denominados Grado, Máster y Doctorado. Las enseñazas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

El Gobierno remite al Consultivo el proyecto de Decreto que regula los establecimientos turísticos de alojamiento

El Gobierno de Canarias tomó hoy en consideración y solicitó dictamen del Consejo Consultivo de Canarias respecto al proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de la actividad turística de alojamiento y se modifica el decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos.

La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, introduce un nuevo régimen jurídico aplicable a la actividad turística de alojamiento turística adaptando el vigente a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios).

Las modificaciones más significativas que introduce este proyecto normativo consisten en:

– La regulación del régimen de comunicación del inicio de la actividad y control posterior del cumplimiento de los requisitos de ordenación previstos reglamentariamente, aplicable con carácter general, cuando no concurran los supuestos contemplados en el artículo 24.2 de la Ley 7/1995.

– La determinación de la tipología de establecimientos en función de los servicios básicos que se presten en ellos.

– La actualización y simplificación de los requisitos exigibles a los establecimientos y a las empresas que desarrollen actividad turística de alojamiento en ellos, con especial mención a aquéllos aplicables a los hoteles de cinco estrellas, de gran lujo, previstos en el artículo 16.1.e) de la Ley 6/ 2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización del sector y la ordenación del turismo.

Objetivo de la norma

La citada Directiva 2006/123/CE, incorporada al ordenamiento jurídico interno español por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha obligado a adaptar la práctica totalidad de la normativa reguladora del sector turístico a un régimen menos intervencionista que facilite la libertad de establecimiento y de prestación de los servicios como motores del crecimiento económico y creación de empleo.

Inspirada en esta filosofía, la Ley canaria 14/2009, de 30 de diciembre, introduce importantes modificaciones en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canaria., que son especialmente significativas en el ámbito de la oferta turística de alojamiento, al afectar al régimen general de acceso y ejercicio de esta actividad, imperando la exigencia de comunicación previa al inicio de la misma y declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos requeridos en la normativa ordenadora, que serán objeto de comprobación posterior. Con ello, la aplicación del régimen de autorización administrativa se condiciona a la concurran razones imperiosas de interés general (relacionadas con la conformación y ordenación del territorio, la protección del medio natural y la capacidad de carga de las islas).

El presente Decreto desarrolla la Ley 7/1995, modificada por la Ley 14/2009, profundizando en aquellos aspectos dirigidos a la simplificación y racionalización de los requisitos exigibles con el objeto de crear el cauce adecuado para que la actividad turística de alojamiento alcance un mejor posicionamiento en el mercado internacional turístico, con las cotas de calidad demandas, pero también con una mayor capacidad de adaptación a nuevos productos o estrategias de comercialización.

Este Decreto presenta novedades importantes respecto a las distintas normas que han venido regulando la oferta turística de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre ellas, es destacable la nueva clasificación realizada de los establecimientos que desarrollen la actividad turística de alojamiento, tras conocer la incidencia que ha tenido en el mercado de la prestación del servicio de alojamiento turístico y en la observancia de que la diversificación de la demanda, con la aparición de nuevos patrones de consumo, enmarcan a los consumidores en grupos de referencia cada vez más dispares y reducidos, propiciando que la oferta sea diversificada. Por tanto, se ha estimado necesario la supresión y reconversión de modalidades, tipos y categorías de establecimientos. De esta manera, y en atención al criterio de motivación, como criterio óptimo de segmentación, se define la oferta turística de alojamiento entorno a dos modalidades: la hotelera y la extrahotelera.

La modalidad hotelera está integrada por cuatro tipos de establecimientos, en función de la calificación del suelo en el que se asientan, servicios prestados y diseño arquitectónico o tipología edificatoria, y que son los siguientes: hotel, hotel urbano, hotel emblemático y hotel rural. En la misma línea, en la modalidad extrahotelera se integran cuatro tipos de establecimientos: el apartamento, la villa, la casa emblemática y la casa rural.

Hotel urbano

Es preciso mencionar el giro dado al nuevo tipo establecido en la modalidad hotelera y que es denominado hotel urbano. Si bien recuerda a la especialización contenida en la antigua regulación de hotel de ciudad, esta tipología nace como una tipología de la modalidad hotelera ubicado en cascos urbanos consolidados.

Siguiendo con los cambios introducidos en la ordenación hotelera, se suprimen de su clasificación las pensiones y los hoteles-apartamentos. Las pensiones autorizadas a la entrada en vigor de la norma subsistirán hasta que dejen de explotarse turísticamente y los hoteles-apartamentos serán integrados, de oficio, en la tipología de hoteles dentro de la categoría que les corresponda.

Hoteles de cinco estrellas gran lujo

Asimismo, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 16.1.e) de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, se define una nueva categoría, la de los hoteles de cinco estrellas gran lujo.

Establecimientos extrahoteleros

Respecto a la ordenación de los establecimientos extrahoteleros,y en la misma línea seguida que en la ordenación hotelera, se suprimen los bungalows y las categorías de dos y una llave de los apartamentos y cinco y cuatro llaves de las villas. Los bungalows existentes a la entrada en vigor de este Decreto, quedan clasificados de oficio en la tipología de apartamentos en la categoría que les corresponda, mientras que los apartamentos y villas en las categorías mencionadas, en la clasificación que ostentaban.

Hoteles y casas emblemáticas

Los hoteles emblemáticos y las casas emblemáticas pondrán en valor el patrimonial histórico de Canarias, como elemento diferenciador del modelo turístico canario.

Adaptación de los requisitos exigibles

Se han revisado los requisitos de tipología edificatoria, infraestructuras y equipamientos con la finalidad de fijar criterios acordes con las demandas actuales y favorecer así la innovación en el diseño de los mismos, apartándose de los criterios de compartimentación o dotación de los espacios en las regulaciones abrogadas. Se pueden citar como ejemplos de esto, los relativos a la supresión de la exigencia de contar con canchas de tenis o de la compartimentación tradicional de las unidades de alojamiento. Para ello, se han fijado unos criterios mínimos de superficie y equipamiento que deben ser tenidos en cuenta en la proyección y diseño de los establecimientos, de conformidad con la distribución del espacio a razón de la tipología de los mismos, sin perjuicio, del cumplimiento del vigente marco normativo de la edificación en España, que dispone las exigencias básicas, los requisitos de seguridad y habitabilidad de la edificación, de salubridad, protección contra incendios, ahorro energético, la protección contra el ruido, sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente o la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Otros cambios destacables recaen en la esfera de la administración y funcionamiento del establecimiento. Entre ellos, se suprimen las disposiciones relativas a la presentación preceptiva en fecha determinada de las lista de precios para ser selladas a los efectos que señalaban las reglamentaciones derogadas; a la fijación de unos horarios determinados para el comienzo y término del derecho de ocupación de las unidades de alojamiento; a la relación tasada de porcentajes en concepto de indemnización en los casos de anulación de reservas por plazo en que se realicen; a la designación de una persona que dirija el establecimiento, con relación a la capacidad y clasificación de los mismos, al considerar que son actividades inherentes a la gestión de cada uno de los establecimientos y no deben regularse de forma general, sino atender a la particularidad de cada uno de ellos, y a los acuerdos de parte que se den entre la titularidad y el usuario del establecimiento.

Además, con el fin de mejorar la transparencia y de favorecer las apreciaciones basadas en criterios comparables en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos y prestados, se dispone al detalle la información mínima que debe ser facilitada por los establecimientos, inclusive la referida al uso sostenible de los recursos, creándose ex novo los catálogos de servicios y uso de equipamientos y de sensibilización medioambiental.

El Gobierno toma en consideración y solicita dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Ley de la Presidencia

El Consejo de Gobierno acordó en su sesión de hoy, jueves 1 de julio, tomar en consideración y solicitar dictamen al Consejo Consultivo del proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.

El régimen, la organización y el funcionamiento del Gobierno de Canarias se ha venido rigiendo desde 1983 por las normas contenidas en la Ley 1/1983 de 14 de abril, que a su vez desarrollaba lo expresado sobre la materia en el Estatuto de Autonomía.

Siendo así, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada ley, así como la consolidación del funcionamiento del Gobierno, obligan a una adecuación de su régimen y organización a las circunstancias actuales.

El proyecto de Ley que ha tomado en consideración hoy el Ejecutivo y que remite al Consultivo para el preceptivo dictamen aborda, según recoge la exposición de motivos, el desarrollo estatutario de dos instituciones básicas del autogobierno: el presidente y el Gobierno de Canarias. Además, el texto contiene las normas relativas a las relaciones del Gobierno de Canarias con el Parlamento, así como el régimen y procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas.

El proyecto de Ley se estructura en un Título Preliminar, seis Títulos, tres disposiciones adicionales, una derogativa y dos disposiciones finales.

El Título I aborda la regulación del presidente/a de Canarias, se establecen las normas que regulan su nombramiento y toma de posesión; se recoge su estatuto personal y atribuciones. Destacando respecto a estas últimas la distinción entre las que le corresponden como presidente/a de la Comunidad Autónoma de las que le corresponden como presidente/a del Gobierno de Canarias; y concluye con la regulación del estatuto de los ex presidentes/as.

Por su parte, el Título II contiene las normas de régimen, organización y funcionamiento del Gobierno como órgano superior colegiado que, bajo la dirección del presidente/a, etable los objetivos políticos generales y dirige la Administración de la Comunidad Autónoma.

El Título III regula los requisitos de acceso al cargo, nombramiento, cese y suplencia del vicepresidente/a y de los consejeros/as del Gobierno, así como su estatuto y atribuciones como miembros del Ejecutivo.

El Título IV recoge las normas relativas a las relaciones del Gobierno de Canarias con el Parlamento, destacando la regulación de la disolución del Parlamento y de la exigencia de responsabilidad política.

El Título V regula la iniciativa legislativa, la legislación delegada y la potestad reglamentaria del Gobierno de Canarias, en el que se recoge el procedimiento de elaboración de las disposiciones con rango de ley y reglamentarias.

El Título VI, bajo la rúbrica de control de los actos del Gobierno, consta de un único artículo, en el que se recoge el régimen de control político y judicial de los actos del Gobierno.

Las disposiciones adicionales recogen el uso de las nuevas tecnologías en el funcionamiento del Gobierno y sus comisiones; la previsión de existencia de delegaciones en el Exterior; y la posibilidad de desconcentración y delegación de las competencias del presidente/a como titular del departamento.

La disposición derogatoria hace referencia a la Ley que hasta ahora regulaba esta materia, la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el nuevo texto

El Gobierno aprueba las bonificaciones a Fred Olsen por el transporte marítimo de los residentes canarios en el primer trimestre de 2010

La cantidad a abonar a esta compañía asciende a 2,1 millones de euros

En ese periodo, el Ejecutivo invirtió más de cuatro millones en abaratar el transporte de los residentes en las Islas

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, reembolsar a la naviera Fred Olsen, S.A, las subvenciones al transporte que le corresponden por los viajeros residentes en Canarias, que utilizaron el transporte marítimo en esta compañía, durante el primer trimestre de 2010 y que ascienden a un total 2,1 millones de euros.

Durante el primer trimestre de este año, el Gobierno de Canarias ha subvencionado el viaje de los canarios entre las Islas por más de 4 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera:

– Fred Olsen, S.A. 2.171.595,65 euros

– Naviera Armas, S.A. 1.727.318,12 euros

– Líneas Marítimas Romero. S.L. 103.374,50 euros

– Graciosamar Cruceros. S.L. 36.480,50 euros

-Transmediterránea está pendiente de presentar la documentación

De esta manera se compensa la subvención del 25% del precio de los billetes que el Gobierno de Canarias subvenciona a los residentes.

El Decreto que establece las subvenciones indica que a las empresas navieras debidamente autorizadas para la prestación de servicios regulares de transporte marítimo interinsular de pasajeros, les serán reembolsadas trimestralmente las cantidades descontadas en los billetes que adquieran sus clientes con derecho a la bonificación regulada en dicho decreto.

El Gobierno aprueba los precios públicos por la prestación de servicios académicos en las universidades

Canarias queda situada en el extremo inferior del intervalo de precios aprobado por el Ministerio con un incremento del 1,5%

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de Decreto por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario para el curso 2010-2011 por las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias -Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna y, en lo que proceda, en la extinta Escuela Social-, cerrando el incremento en un 1,5% en la primera matrícula.

Canarias se sitúa de esta forma en el extremo inferior del intervalo aprobado por el Ministerio de Educación en la última Conferencia General de Política Universitaria. El Gobierno de Canarias, sensible a la situación de crisis económica, propuso al Consejo Universitario de Canarias situarse en el punto mínimo del intervalo aprobado por el Ministerio que va del 1,5% al 5,5%.

Es el tercer año consecutivo que el Gobierno de Canarias fija los precios públicos en la tasa de crecimiento más baja, y consolida a la Comunidad Autónoma con las matrículas más bajas de todo el Estado. Esta característica, además de disponer de programa propio de becas y ayudas universitarias mayor del país, permite que el sistema universitario canario sea el más accesible del Estado en las primeras matrículas, al mismo tiempo que se establecen recargos que van desde el 40% en la segunda matrícula, al 65% en la tercera y el 80% en las sucesivas. Por otro lado y como novedad en este ejercicio se han establecido los precios públicos para la nueva prueba de mayores de 45 años y 40 años.

Los precios públicos establecidos hacen referencia a las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de primer ciclo, de primer y segundo ciclo y sólo de segundo ciclo, y se podrán abonar por curso completo o por asignaturas sueltas.

Para las enseñanzas no renovadas, el precio a aplicar por asignatura se calculará dividiendo el importe del curso completo en primera, segunda o sucesivas matrículas, por el número de asignaturas que correspondan. Para las asignaturas cuatrimestrales el precio será la mitad del establecido para las anuales. Por otro lado, para los planes de estudio estructurados en créditos, el precio de las materias o asignaturas se calculará de conformidad con el número de créditos asignados, y en la matrícula por asignaturas se diferenciarán las modalidades de anual, semestral y cuatrimestral, según se determine para cada titulación en los planes de estudio correspondientes.

También se regulan en el presente Decreto los precios por la prestación de enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, y dependerán de si son enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado, enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de Máster, o titulaciones de Grado y Máster, siempre que dichas titulaciones hayan sido verificadas por el Consejo de Universidades y autorizados por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al alumnado abonará los precios públicos a que se refiere este Decreto, dentro de los plazos ordinarios de formalización de matrícula establecidos por las universidades. En el supuesto de acogerse a la modalidad de pago fraccionado, los abonos deberán efectuarse de conformidad con el calendario establecido, marcando como primer plazo el momento de formalizar la matrícula; como segundo plazo entre el 1 y el 15 de diciembre de 2010; el tercer plazo entre 1 y el 15 de febrero de 2011, y el cuarto plazo entre el 2 y el 16 de abril de 2011.

No obstante, los estudiantes que tengan previsto finalizar sus estudios en diciembre de 2010 o febrero de 2011, así como en el caso de asignaturas cuatrimestrales, deberán tener abonado el importe total de la matrícula en el plazo que establezcan las Universidades y, en cualquier caso, antes de la fecha de inicio de los exámenes correspondientes a dichas convocatorias.

Estarán exentas del abono del precio público a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios, las personas físicas beneficiarias de becas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, se incluye en este apartado a los becarios de tesis doctorales de esta Comunidad, en cuanto a la exención del abono del precio a satisfacer en concepto matrícula de los estudios conducentes al título de doctor.

En referencia a la exención de pago para las Matrículas de Honor, el proyecto de Decreto estipula que la obtención de una o varias matrículas de honor, en el curso académico inmediatamente anterior en las enseñanzas no renovadas, dará derecho a una bonificación de los precios sucesivos, consistente en el importe de una asignatura suelta por cada matrícula de honor obtenida. En el caso de las enseñanzas renovadas, de las enseñanzas de Grado, de Máster y de Doctorado, la matrícula de honor obtenida en el curso académico inmediatamente anterior dará derecho a una bonificación en el importe de los precios sucesivos consistente en el importe de un número igual de créditos al que corresponda a la asignatura en la que se obtuvo la matrícula de honor. Este derecho se reconocerá aunque los alumnos o alumnas cambien de ciclo.

El alumnado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento quedan exentos del pago de los precios por servicios académicos. Los estudiantes que hayan obtenido Matrícula de Honor global en COU, en Bachilleratos LOGSE o LOE o en Ciclos Formativos de Grado Superior, estarán exentos, por una sola vez, del pago de los precios públicos por servicios académicos en el primer curso de los estudios universitarios en que se matriculen.

El Gobierno aprueba el procedimiento de constitución de listas de empleo para funcionarios interinos y personal estatutario temporal

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de hoy, jueves, 1 de julio, el decreto por el que se establece el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos, tanto en los sectores de administración general y docente no universitario, como del personal estatutario temporal del Servicio Canario de Salud.

No será de aplicación, en cambio, a las listas de reserva de funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia en Canarias, ya que estas listas de reserva se regirán por su regulación específica

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público nació con vocación universal para todos los empleados públicos, aspirando a ordenar el sistema de empleo en su conjunto y aglutinando en su ámbito de aplicación al personal docente y al personal estatutario de los servicios de salud.

En ese sentido, el decreto aprobado recoge los procedimientos y criterios de constitución de las listas de empleo temporal a aplicar en dichos sectores, a fin de obtener un sistema uniforme que, mediante una adecuada consideración de los méritos de los aspirantes, permita asegurar la continuidad en la prestación del servicio público.

A tal efecto se establece un procedimiento ordinario basado en un sistema de concurso, en el cual se valorarán, como méritos, la nota de oposición y la experiencia en la Administración Pública. Igualmente, se podrán valorar otros méritos, si así se determina mediante Orden de la Consejería competente en materia de función pública, educación o sanidad.

Las listas de empleo se conformarán mediante un sistema de concurso, en el cual se valorarán los siguientes méritos:

1- La calificación obtenida en la oposición, se valorará hasta 4 puntos.

2- La experiencia en la Administración Pública, se valorará hasta 4 puntos.

3- Asimismo, podrán ser tenidos en cuenta otros méritos con una valoración de hasta 6 puntos. De optarse por añadir estos méritos deberá incluirse la formación y/o la evaluación de la práctica profesional en puestos análogos a los que se pretende cubrir con funcionarios interinos con una valoración de hasta 3 puntos cada uno de ellos.

4- La puntuación máxima que se puede obtener por la suma de los méritos del apartado anterior no podrá superar los 10 puntos.

5- Mediante las correspondientes órdenes de las Consejerías competentes en materia de función pública, educación y sanidad, y previa negociación en la Mesa Sectorial correspondiente, se determinará si se opta por valorar los otros méritos, conforme a lo señalado en el apartado 3.3) de este artículo, así como la forma de valoración de todos los méritos.

En los supuestos en que exista empate, se dará preferencia al aspirante de promoción interna cuando lo hubiere, sin perjuicio de lo que pueda disponer, en su caso, la normativa estatal o autonómica respecto de quienes hayan concurrido al correspondiente proceso selectivo por el turno de personas con discapacidad. De persistir el empate, se dirimirá atendiendo a la calificación obtenida en la oposición. De mantenerse el empate, se resolverá en función de la experiencia en la Administración Pública.

De la misma manera, el decreto faculta a los titulares de las consejerías correspondientes para dictar en su respectivo ámbito cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo, en particular el régimen de funcionamiento de las listas de empleo temporal, que habrá de adaptarse a las peculiaridades organizativas de cada sector.

Por último, el texto aprobado hoy recoge una Disposición Transitoria que mantiene en vigor el Plan Especial para claustros docentes inestables. Con ello, se pretende dar respuesta a los problemas derivados de la excesiva movilidad del profesorado destinado en los centros docentes de las islas no capitalinas y del sur de las islas capitalinas, dificultando el asentamiento de las citadas comunidades educativas.

El Gobierno eleva al Consultivo un Proyecto de Decreto que regula el Acceso de las Personas con Discapacidad al Empleo Público

Su objetivo es promover las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, a los puestos de trabajo y a la formación, en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes o empleados públicos

La reserva mínima para cubrir un empleo público por personas discapacitadas pasa del 5% actual al 7%

El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión de hoy, solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el Acceso de las Personas con Discapacidad al Empleo Público, a la Provisión de Puestos de Trabajo y a la Formación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El citado Proyecto, en cuya elaboración se han recogido aportaciones presentadas por la ONCE y SERMI (Empresa de Servicios Generales de Minusválidos), tiene como objetivo principal promover las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, a los puestos de trabajo y a la formación, en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes o empleados públicos.

Entre las novedades más significativas de este Proyecto, presentado por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Seguridad y de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, hay que destacar el aumento porcentual de la reserva mínima para cubrir un empleo público por personas discapacitadas, que pasa del 5% actual al 7% en relación al número total de plazas anuales ofertadas. De éste último porcentaje, se reserva un mínimo del 5% para cubrir por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica que no tenga su origen en un retraso mental leve, moderado o límite, y una reserva máxima del 2% para cubrir por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite.

El Proyecto de Decreto establece, además, que el acceso a estos puestos por parte de personas con discapacidad se somete a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas, al tiempo que advierte que las especiales condiciones de accesibilidad no podrán modificar los requisitos de titulación exigidos por la Ley.

El texto apuesta también por promover la participación de personas con discapacidad como miembros de Los Tribunales y Órganos de selección de convocatorias con turno para personas con discapacidad y, en el caso de empleo temporal, todos los aspirantes (también los discapacitados), con independencia del turno por el que hayan participado, serán integrados en una única lista de reserva para el nombramiento de funcionarios interinos y personal laboral temporal. En caso de empate, se dará preferencia al aspirante discapacitado.