El Consejo de Gobierno aprobó hoy un nuevo decreto de la Consejería de Sanidad por el que se regula la autorización y registro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma.
Dicha norma tiene por objeto, dentro del marco legislativo estatal básico, regular el procedimiento para la autorización de instalación, funcionamiento, modificación y cierre de todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como establecer las condiciones y finalidades del registro y catálogo autonómico en el que se inscriban.
Con su aprobación, la Consejería de Sanidad efectúa una revisión de la normativa vigente sobre las condiciones de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, a fin de dar cabida a las determinaciones de la legislación básica, con las particularidades que la organización sanitaria canaria conlleva.
Paralelamente, revisa y actualiza los modelos y procedimientos administrativos, en consonancia con la creciente incorporación de medios telemáticos a las relaciones entre la administración y los ciudadanos, en aras a obtener la máxima calidad de la asistencia que se oferte a los usuarios.
Según establece el nuevo decreto, que entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, estarán sujetos a su aplicación los centros, servicios y establecimientos sanitarios así definidos en la normativa básica, a los que se fijarán unos requisitos y obligaciones comunes, a excepción de las oficinas de farmacia, botiquines y depósitos de medicamentos, los laboratorios de prótesis dentales, los centros dedicados a la prevención, atención y rehabilitación de las drogodependencias, los laboratorios de salud alimentaria, los establecimientos dedicados a la distribución, importación o elaboración de medicamentos o productos sanitarios y los servicios y unidades técnicas de protección radiológica, que se regularán por su normativa específica.
Obligaciones comunes
Según recoge el nuevo decreto, los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma deberán reunir las siguientes obligaciones comunes: disponer de la autorización sanitaria previa en los supuestos en que sea preceptiva, estar registrado y clasificado, cumplir las condiciones y los requisitos técnicos que determine la normativa específica y disponer de un responsable del área sanitaria, sea cual sea su denominación, para cuya designación se atenderá a la normativa sobre ordenación de las profesiones sanitarias.
En cuanto a las obligaciones comunes establecidas en la nueva disposición aprobada hoy por el Gobierno, los centros, servicios y establecimientos sanitarios estarán obligados a someterse, en cualquier momento, al control, inspección y evaluación de sus actividades, organización y funcionamiento por las autoridades sanitarias competentes y a su colaboración con ellas; a elaborar y comunicar a la administración sanitaria las informaciones y estadísticas sanitarias que les sean solicitadas de acuerdo con la legislación aplicable y, de manera específica, deberán dar respuesta a los requerimientos que se efectúen respecto de los datos incluidos en el Conjunto Mínimo de Básico de Datos (CMBD), así como a cumplir las obligaciones derivadas de los principios de coordinación, solidaridad e integración sanitaria.
También estarán obligados a disponer de información accesible para los usuarios sobre datos relativos a la identificación del centro, servicio o establecimiento, servicios que se prestan, normas de acceso y derechos y deberes de los usuarios reconocidos por la legislación vigente y a la exhibición en lugar visible al público del documento identificativo de la autorización de funcionamiento y registro correspondiente, de forma que permita conocer al usuario el tipo de centro con su oferta asistencial, o establecimiento de que se trate.
A estos requisitos de obligado cumplimiento se añaden los de consignar en la publicidad el número de registro otorgado por la autoridad sanitaria al concederle la autorización de funcionamiento; la exhibición por el personal en un lugar visible de su indumentaria de su nombre, profesión y categoría; la habilitación de hojas de reclamaciones y sugerencias a disposición de los usuarios conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa sobre ordenación de profesiones sanitarias.
Tipos de autorización
Asimismo, el decreto regulará el trámite de solicitud de las autorizaciones de instalación, de funcionamiento, modificación y cierre, además de fijar los motivos y procedimiento de revocación, las infracciones y sanciones.
En este sentido, la autorización de instalación se exigirá tanto a los centros de nueva creación como a los que realicen obra nueva o alteraciones sustanciales en la estructura o instalaciones del inmueble donde se ubiquen, cuando se trate de hospitales con internamiento de pacientes, centros de reproducción humana asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo, centro de cirugía mayor ambulatoria, centros de diálisis, centros de transfusión, bancos de tejidos y centros de diagnóstico.
La autorización de funcionamiento facultará para realizar una determinada actividad y, según establece el nuevo decreto, su obtención será preceptiva con carácter previo, mientras que la autorización de modificación deberá solicitarse cuando se realicen modificaciones sustanciales referidas a la estructura, oferta asistencial y titularidad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Por lo que respecta a la autorización de cierre, los titulares de los centros deberán comunicar la decisión de cierre temporal, que no podrá ser por un período superior a doce meses, así como solicitar la autorización de cierre definitivo o temporal a la autoridad sanitaria con una antelación mínima de quince días.
En cuanto al Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, la Consejería de Sanidad regulará aspectos referidos a su actualización, consulta por los usuarios, protección de datos e inscripción, mientras que el Catálogo será confeccionado con los datos del registro para el cumplimiento de fines de estadística, planificación sanitaria, recursos e información a los ciudadanos.
La información que figure en el Registro estará a disposición de los usuarios de los servicios sanitarios, correspondiendo al órgano competente del Servicio Canario de la Salud adoptar los medios técnicos que en cada momento se consideren adecuados para promover su difusión.