Logo del Gobierno de Canarias

Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias autoriza la implantación de una granja escuela y aula de la naturaleza en Telde (Gran Canaria)

Con esta actuación se pretende la construcción de nuevas infraestructuras ganaderas, agrícolas y relacionadas con el medio ambiente

El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de decreto que autoriza a la entidad Fábrica de Edificios Canarios S.A (FECSA) la implantación, en suelo rústico, de un proyecto de ejecución de una granja escuela y un aula de la naturaleza en la finca Los Olivos, situada en Lomo Guinea del término municipal de Telde, en Gran Canaria, por concurrir la existencia de valores educativos y formativos de temática ambiental.

El proyecto de decreto establece que las edificaciones proyectadas deberán tener en cuenta las condiciones de implantación que se recogen en el planeamiento general en vigor y, en cualquier caso, las contempladas en el artículo 65 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, debiendo adaptarse especialmente al entorno y respetar la singularidad del proyecto planteado, alejándose de edificaciones típicas de los núcleos urbanos a fin de que se reduzca lo más posible la afección territorial de la implantación.

La autorización queda condicionada, además, a que se resuelva previamente o en el momento de la ejecución del proyecto, la accesibilidad y las conexiones a las redes de suministros y servicios.

Con esta actuación se pretende la construcción en la finca de nuevas infraestructuras ganaderas, agrícolas y relacionadas con el medio ambiente. Concretamente, una granja escuela con la presencia de animales (sobre todo de raza autóctona canaria), invernadero y huertos al aire libre y que ocuparán una superficie de 5.067 metros cuadrados, y un aula de la naturaleza compuesta de una biblioteca virtual con muestras de bibliografía, material didáctico y de cursos de formación que abarcará una superficie de 4.540 metros cuadrados, generándose de esta forma una amplia oferta educativa basada en conocimientos tanto teóricos como prácticos.

La actividad educativa será impartida por profesionales del sector, tanto profesores cualificados como monitores de campo, potenciándose el conocimiento del mundo rural y los medios, útiles y modos de labranza, el estudio, desarrollo y seguimiento de huertos de distintas especies frutales y hortícolas aplicando los métodos ecológicos existentes tanto de abonado como de tratamiento fitosanitario, y el conocimiento de la ganadería actual, con especial hincapié en las razas autóctonas canarias.

La finca de Los Olivos, de clase rústica, dispone de una superficie aproximada de 40.873 metros cuadrados y tiene como principal actividad una explotación agrícola dedicada a la producción, envasado y comercialización de aceituna en fresco con certificación de cultivo ecológico. Asimismo, contiene un núcleo zoológico dedicado a la reproducción y cría de un gran número de especies de aves y perros de raza podenco canario.

Actualmente, se desarrollan e imparten en la misma numerosos cursos de poda, riegos, cultivo del olivo y agricultura ecológica, entre otros, al tiempo que recibe visitas de numerosos centros educativos de toda la isla.

El Gobierno aprueba el proyecto de ley mediante el que se reducen las retribuciones del sector público

Se aplicarán a partir del 1 de junio, para cumplir las medidas de reducción de déficit público, según el Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo
El recorte para los altos cargos será, con criterios de progresividad, entre el 7 y el 15 por ciento

El Gobierno de Canarias aprobó hoy el proyecto de ley por el que adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y ha establecido que, con efectos de 1 de junio de 2010, el conjunto de las retribuciones de todo el sector público debe experimentar una reducción del cinco por ciento, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.

Las medidas de reducción de las retribuciones se aplican con criterios de progresividad en el salario base y en los trienios del personal funcionario, dictándose normas específicas para el personal laboral. Se establece así que dicha reducción no será de aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre.

La aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, implica la modificación de los preceptos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, a fin de adaptar el importe de las retribuciones a la reducción de que en aquel se establece.

Funcionarios

Las retribuciones básicas del personal funcionario y estatutario se fijan en un 5% menos. Y las retribuciones complementarias sufrirán una disminución de un 3,4%, salvo los complementos personales y transitorios y la indemnización por residencia.

La paga extraordinaria y la paga adicional correspondientes al mes de junio no sufrirán disminución alguna respecto a las cuantías que la integran, que serán las vigentes a 31 de mayo de 2010.

Las cuantías a abonar con la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre, sufrirán una disminución del 3.4%.

Personal Laboral

Al personal laboral se le aplicará la misma reducción que a los funcionarios en las categorías a la que se equiparen, así como al personal funcionario del Cuerpo General de la Policía Canarias.

El personal laboral experimentará una disminución de un 5% en cada uno de sus conceptos retributivos excepto en las cuantías que integran la paga extraordinaria y la paga adicional de junio, ni a los complementos transitorios y la indemnización por residencia.

Altos cargos

Al margen del Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo, el Gobierno de Canarias aprobó hoy las reducciones de altos cargos de la siguiente manera:

Presidente del Gobierno, 15%

Vicepresidente de Gobierno, 12%

Consejeros del Gobierno, 10%

Director General de Radio Televisión Canaria, 9%

Viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales y asimilados, 8%

Directores de Área de Salud del Servicio Canario de Salud, 7%

El personal directivo de los entes públicos experimentarán una reducción conforme a la siguiente escala, según perciban retribuciones brutas anuales superiores a:

-83.285,09 euros, el 15%

-76.824,95 euros, 10%

-68.622,90 euros, 9%

-63.569,45 euros, 8%

-49.356,38 euros, 7%

Los costes de personal de la Universidad de La Laguna y de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experimentarán una disminución del 5% en términos anuales.

El Gobierno aprueba incrementar la dotación del Plan Sectorial de Infraestructura y Calidad Turística

La modificación presupuestaria tiene por objeto la culminación de las obras programadas

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy autorizar una transferencia de crédito a la Consejería de Turismo, para incrementar el crédito de varios proyectos de inversión del programa presupuestario Plan Sectorial de Infraestructura y Calidad Turística, por un importe de 4.336.920,96 euros.

Esta modificación presupuestaria tiene por objeto incrementar la dotación de proyectos de inversión para cumplir los compromisos adquiridos dentro Plan Sectorial de Infraestructura y Calidad Turísticas de Canarias en varias islas, que no fueron atendidos debido a la falta de incorporación de remanentes del ejercicio anterior, así como, para financiar las últimas actuaciones pendientes de ejecución en dicho Plan. Las actuaciones afectadas son las siguientes:

Rehabilitación de aceras en Vegueta (Gran Canaria) ¿¿¿¿.. 1.292.816,60

Rehabilitación Casa los SALT en Telde (Gran Canaria) ¿¿…. 1.363.635.46

Obras de embellecimiento de accesos a playas y corredor viario del Centro en el tramo Gran Tarajal-Las Playitas (Fuerteventura)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..

990.792,57

Actuación conjunto histórico Los Realejos (Tenerife)¿¿¿….. 689.676,33

TOTAL¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. 4.336.920,96

El Gobierno aprueba un nuevo Decreto para regular la autorización y registro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados canarios

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un nuevo decreto de la Consejería de Sanidad por el que se regula la autorización y registro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma.

Dicha norma tiene por objeto, dentro del marco legislativo estatal básico, regular el procedimiento para la autorización de instalación, funcionamiento, modificación y cierre de todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como establecer las condiciones y finalidades del registro y catálogo autonómico en el que se inscriban.

Con su aprobación, la Consejería de Sanidad efectúa una revisión de la normativa vigente sobre las condiciones de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, a fin de dar cabida a las determinaciones de la legislación básica, con las particularidades que la organización sanitaria canaria conlleva.

Paralelamente, revisa y actualiza los modelos y procedimientos administrativos, en consonancia con la creciente incorporación de medios telemáticos a las relaciones entre la administración y los ciudadanos, en aras a obtener la máxima calidad de la asistencia que se oferte a los usuarios.

Según establece el nuevo decreto, que entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, estarán sujetos a su aplicación los centros, servicios y establecimientos sanitarios así definidos en la normativa básica, a los que se fijarán unos requisitos y obligaciones comunes, a excepción de las oficinas de farmacia, botiquines y depósitos de medicamentos, los laboratorios de prótesis dentales, los centros dedicados a la prevención, atención y rehabilitación de las drogodependencias, los laboratorios de salud alimentaria, los establecimientos dedicados a la distribución, importación o elaboración de medicamentos o productos sanitarios y los servicios y unidades técnicas de protección radiológica, que se regularán por su normativa específica.

Obligaciones comunes

Según recoge el nuevo decreto, los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma deberán reunir las siguientes obligaciones comunes: disponer de la autorización sanitaria previa en los supuestos en que sea preceptiva, estar registrado y clasificado, cumplir las condiciones y los requisitos técnicos que determine la normativa específica y disponer de un responsable del área sanitaria, sea cual sea su denominación, para cuya designación se atenderá a la normativa sobre ordenación de las profesiones sanitarias.

En cuanto a las obligaciones comunes establecidas en la nueva disposición aprobada hoy por el Gobierno, los centros, servicios y establecimientos sanitarios estarán obligados a someterse, en cualquier momento, al control, inspección y evaluación de sus actividades, organización y funcionamiento por las autoridades sanitarias competentes y a su colaboración con ellas; a elaborar y comunicar a la administración sanitaria las informaciones y estadísticas sanitarias que les sean solicitadas de acuerdo con la legislación aplicable y, de manera específica, deberán dar respuesta a los requerimientos que se efectúen respecto de los datos incluidos en el Conjunto Mínimo de Básico de Datos (CMBD), así como a cumplir las obligaciones derivadas de los principios de coordinación, solidaridad e integración sanitaria.

También estarán obligados a disponer de información accesible para los usuarios sobre datos relativos a la identificación del centro, servicio o establecimiento, servicios que se prestan, normas de acceso y derechos y deberes de los usuarios reconocidos por la legislación vigente y a la exhibición en lugar visible al público del documento identificativo de la autorización de funcionamiento y registro correspondiente, de forma que permita conocer al usuario el tipo de centro con su oferta asistencial, o establecimiento de que se trate.

A estos requisitos de obligado cumplimiento se añaden los de consignar en la publicidad el número de registro otorgado por la autoridad sanitaria al concederle la autorización de funcionamiento; la exhibición por el personal en un lugar visible de su indumentaria de su nombre, profesión y categoría; la habilitación de hojas de reclamaciones y sugerencias a disposición de los usuarios conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa sobre ordenación de profesiones sanitarias.

Tipos de autorización

Asimismo, el decreto regulará el trámite de solicitud de las autorizaciones de instalación, de funcionamiento, modificación y cierre, además de fijar los motivos y procedimiento de revocación, las infracciones y sanciones.

En este sentido, la autorización de instalación se exigirá tanto a los centros de nueva creación como a los que realicen obra nueva o alteraciones sustanciales en la estructura o instalaciones del inmueble donde se ubiquen, cuando se trate de hospitales con internamiento de pacientes, centros de reproducción humana asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo, centro de cirugía mayor ambulatoria, centros de diálisis, centros de transfusión, bancos de tejidos y centros de diagnóstico.

La autorización de funcionamiento facultará para realizar una determinada actividad y, según establece el nuevo decreto, su obtención será preceptiva con carácter previo, mientras que la autorización de modificación deberá solicitarse cuando se realicen modificaciones sustanciales referidas a la estructura, oferta asistencial y titularidad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Por lo que respecta a la autorización de cierre, los titulares de los centros deberán comunicar la decisión de cierre temporal, que no podrá ser por un período superior a doce meses, así como solicitar la autorización de cierre definitivo o temporal a la autoridad sanitaria con una antelación mínima de quince días.

En cuanto al Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, la Consejería de Sanidad regulará aspectos referidos a su actualización, consulta por los usuarios, protección de datos e inscripción, mientras que el Catálogo será confeccionado con los datos del registro para el cumplimiento de fines de estadística, planificación sanitaria, recursos e información a los ciudadanos.

La información que figure en el Registro estará a disposición de los usuarios de los servicios sanitarios, correspondiendo al órgano competente del Servicio Canario de la Salud adoptar los medios técnicos que en cada momento se consideren adecuados para promover su difusión.

El Gobierno aprueba las subvenciones para los servicios integrales de empleo de CCOO y UGT

El SCE financiará cada Servicio Integral de Empleo con 571.000 euros

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado un crédito de 1.142.000 euros al Servicio Canario de Empleo (SCE) para subvencionar los Servicios Integrales de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), por un periodo de un año. Estos dos nuevos Servicios Integrales de Empleo, con un coste cada uno de 571.000 euros, se suman a los dos ya existentes gestionados por las confederaciones empresariales y financiados por el SCE.

El objetivo fundamental del Servicio Integral de Empleo es, en primer lugar, el fomento de la inserción laboral de los ciudadanos, interviniendo en la intermediación laboral de acuerdo con las competencias que demanden las empresas y facilitando a éstas disponer de una adecuada oferta de recursos humanos. Igualmente, por el Servicio se impulsa la capacidad de los ciudadanos a adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral de un modo fácil, rápido, económico y, sobre todo, eficaz.

De este modo, el Servicio Integral de Empleo se concibe como un servicio que, sin fines lucrativos, pretende ayudar a los ciudadanos a encontrar un empleo, así como colaborar con las empresas en la contratación de los trabajadores apropiados en función de sus necesidades. Este primer objetivo se desarrolla a través de la intermediación laboral y la orientación profesional al empleo.

En segundo lugar, el Servicio Integral de Empleo fomenta el espíritu emprendedor entre los ciudadanos y apoya la creación y consolidación de empresas, prioritariamente innovadoras y basadas en el conocimiento. Este segundo objetivo se desarrolla a través del fomento de la emprendeduría, orientación al potencial empresario, estudios de viabilidad, franquicia, asesoramiento a la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y asesoramiento al autoempleo, tutorización y apoyo a la consolidación de empresas.

Los destinatarios de las acciones de intermediación laboral, de orientación profesional para el empleo y de formación para el empleo serán los ciudadanos en situación de desempleo e inscritos en las Oficinas de Empleo del SCE. En el caso de la orientación profesional para el autoempleo y las acciones de fomento de la emprendeduría y entidades de economía social, los beneficiarios pueden ser personas en situación de desempleo, aunque no se encuentren inscritas en las Oficinas de Empleo, trabajadores ocupados inscritos en mejora de empleo o ciudadanos interesados en la emprendeduría o el autoempleo.

La utilización coordinada de recursos propios y externos permite cumplir de una manera más ágil y eficaz los objetivos del SCE. En el ámbito de este modelo mixto de funcionamiento, el SCE está desarrollando un proyecto de modernización orientado a mejorar la prestación de sus servicios a los ciudadanos y a las empresas, lo que no significa una valoración negativa acerca de la labor realizada hasta ahora, sino una actitud de permanente mejora de los servicios públicos.

En este sentido, la Unión Europea recomienda que la modernización de los servicios ha de partir de considerar a los trabajadores y las empresas como su público objetivo, y concibiendo la gestión de empleo como un proceso integral, que se desarrolla con vistas a la inserción profesional a través de una serie de fases como son la prospección, la clasificación profesional, la orientación, la formación y la intermediación.

En el proceso de modernización del SCE, un eje de actuación prioritario es la consolidación de su modelo de funcionamiento, de modo que los entes colaboradores y cooperadores del Servicio, tanto públicos como privados, actúen en un modelo de trabajo colaborativo en red bajo el liderazgo del SCE.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el anteproyecto de la nueva Ley de Sanidad de Canarias

El nuevo texto permitirá reforzar la posición de los ciudadanos ante el sistema sanitario canario y establecer un modelo organizativo que mejore la eficiencia en la gestión de los recursos y prestaciones sanitarias públicas

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de hoy la propuesta de acuerdo de la Consejería de Sanidad de toma en consideración y solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Canarias del anteproyecto de la nueva Ley de Sanidad de Canarias que, una vez aprobada, sustituirá el actual marco legal representado por la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

Con la elevación del citado anteproyecto al Consejo Consultivo, la Consejería de Sanidad ultima la tramitación de esta nueva iniciativa legislativa, cuyos objetivos básicos son actualizar con la normativa básica del Estado el reforzamiento de la posición de los ciudadanos ante el sistema sanitario canario y establecer un modelo organizativo que mejore la eficiencia en la gestión de los recursos y prestaciones sanitarias públicas.

En los dieciséis años que han transcurrido desde el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de las competencias en sanidad, el marco jurídico organizador en este ámbito ha estado integrado por la Ley 11/1994 y el Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.

Ambas normas, con escasas modificaciones, han constituido el eje fundamental por el que se ha regido el sistema sanitario canario durante este período, en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar y aclarar las competencias de cada Administración Pública Canaria en materia sanitaria.

La presente iniciativa legislativa obedece, en consecuencia, a la necesidad de afrontar nuevos retos en cumplimiento del derecho constitucional de protección a la salud, al producirse en los últimos años la superación del binomio protección de la salud-vinculación al régimen de la Seguridad Social, consolidándose la universalización en el acceso a las prestaciones sanitarias.

De este modo, la Consejería de Sanidad afronta en el actual anteproyecto una regulación completa de la posición jurídica de los ciudadanos ante el Sistema Sanitario de Canarias, que se traducirá en una ampliación y actualización del catálogo de derechos y el refuerzo de la defensa del usuario.

Por otra parte, a medida que se ha ido consolidando el modelo sanitario, se ha puesto de manifiesto la necesidad de separar las funciones de regulación sanitarias de las de compra de servicios y de provisión entre la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud, así como una escasa precisión en la separación de funciones y competencias.

El análisis de esta situación por parte de la Consejería ha tenido como resultado la definición de los siguientes objetivos, recogidos por la nueva Ley:

– El reconocimiento de un amplio catálogo de derechos de los ciudadanos en materia sanitaria, redefiniendo su posición ante la Administración Sanitaria dotándoles de un órgano independiente que garantice su efectividad.

– La regulación de un marco general organizativo e integrador de todos los niveles de la asistencia sanitaria, dirigido a la atención integral del paciente.

– El diseño de una organización que facilite la coordinación asistencial, mejore la calidad e incremente los resultados en la salud de la población de Canarias.

– La separación de las funciones de ordenación, planificación y financiación de las de compra y provisión de servicios sanitarios.

– La distribución de funciones entre los órganos centrales y periféricos, teniendo en cuenta las peculiaridades de la configuración geográfica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

– La deslegalización de la regulación de aquellas materias que no requieran rango legislativo, reconduciéndolas a la correspondiente regulación reglamentaria.

Con la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley de Sanidad, la Consejería dará cumplimiento a una de las principales líneas de actuación de su programa político para esta Legislatura, con la finalidad de mejorar el acceso de los ciudadanos al sistema sanitario público y dotar a la estructura pública sanitaria de mayor flexibilidad, en línea con los modelos adoptados por otras Comunidades Autónomas.

El Gobierno remite al Consultivo el proyecto de Decreto sobre Servicios de Comunicación Audiovisual

Una vez aprobado definitivamente, el Ejecutivo convocará el concurso para la adjudicación de licencias de FM

El decreto estará adaptado a la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, de ámbito estatal

El Consejo de Gobierno de Canarias tomó hoy en consideración el proyecto de Decreto sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, al tiempo que solicitó el preceptivo dictamen al Consejo Consultivo de Canarias.

El decreto, que regulará las competencias que corresponden a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la prestación de servicios de comunicación audiovisual, servirá de base para la convocatoria del concurso de adjudicación de licencias de Frecuencia Modulada.

El nuevo decreto se adapta a Ley General de la Comunicación Audiovisual, una norma de carácter estatal cuya entrada en vigor ha obligado a modificar la legislación autonómica vigente hasta el momento, puesto que se pasa a considerar la comunicación audiovisual como una actividad de «interés general» en lugar de un «servicio público». Como consecuencia de esta nueva concepción, las empresas adjudicatarias de FM no disfrutarán de una concesión administrativa, sino de una licencia.

En este sentido, el decreto derogará otro de 23 de junio de 2009 por el que se aprobó el reglamento de la concesión administrativa del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Canarias. Asimismo, deja sin efecto la orden de 2 de febrero de 1987 por la que se regula la inscripción en el Registro de Empresas Radiodifusoras.

La Comunidad Autónoma de Canarias es pionera en el conjunto del Estado en la adaptación de su normativa a la nueva Ley General Audiovisual.

El nuevo decreto establece los criterios que han de regir los concursos para la concesión de licencias en el sector audiovisual. De esta manera, los criterios de valoración serán la viabilidad económica de la emisora; las características técnicas del proyecto; las características de la emisión y programación; el compromiso de no transmitir la licencia durante un período determinado y la creación de empleo.

De acuerdo con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, las licencias deben otorgarse por un período de quince años.

El Gobierno destina 268.915 euros al desarrollo del Sistema de Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en Fuerteventura

Estos recursos están constituidos por el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA)

El Gobierno de Canarias ha acordado autorizar hoy la suscripción de la addenda por la que se modifica el convenio suscrito entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo insular de Fuerteventura para el desarrollo del Sistema Social para la Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en esa isla.

Con el objeto de articular las actuaciones necesarias para el desarrollo de dicho Sistema, el 14 de mayo de 2007 se suscribió entre el entonces Instituto Canario de la Mujer (en la actualidad Instituto Canario de Igualdad) y el Cabildo Insular de Fuerteventura un Convenio de colaboración.

En dicho convenio se estipuló, por un lado, la realización de actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género.

Por otro, la gestión de los recursos que integran la Red Canaria de servicios y centros públicos especializados, así como, en su caso, la puesta en marcha de otros nuevos, previa conformidad de las partes, para la protección integral y la asistencia multidisciplinar de las mujeres víctimas de violencia de género y personas de ellas dependientes.

Estos recursos están constituidos por el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA.), como recurso de atención inmediata; servicios especializados de atención, información, asesoramiento e intervención integral; y recursos de acogida temporal en sus diferentes tipologías; centros de acogida inmediata, casas de acogida y pisos tutelados.

Por último, estos convenios estipulan también la sistematización, a través de los centros y servicios que integran la Red, de la información sobre violencia de género mediante el establecimiento de sistemas comunes para el registro, la compilación y explotación de datos de carácter regional e insular, en los términos que acuerden las partes.

Dicho Convenio de colaboración tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010 y el coste derivado de la ejecución del mismo se cofinancia, a partes iguales, entre la Administración de la Comunidad Autónoma y el Cabildo Insular de Fuerteventura.

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Canarias aportará para la anualidad de 2010 en Fuerteventura, 268.915,61 euros.

El Gobierno eleva al Consultivo el Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de constitución de listas de empleo

Tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos el pasado mes de mayo

El Gobierno de Canarias acordó, en su reunión de hoy, solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración general y docente no universitario de la Administración Pública, así como del personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

Este proyecto de Decreto nace de la necesidad de dotar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias de un sistema uniforme que, mediante una adecuada consideración de la aptitud de los aspirantes, le permita en todo momento asegurar la continuidad en la prestación del servicio público. Además, se sustenta en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece la selección de los citados funcionarios mediante procedimientos ágiles que respetarán, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La remisión de este nuevo Proyecto de Decreto al Consejo Consultivo se realiza después de haber llegado a un acuerdo con los diferentes sindicatos, sobre el contenido del mismo, el pasado mes de mayo. La principal novedad de este sistema radica en la configuración de las listas de empleo en base a los méritos adquiridos en el periodo después de cada procedimiento y no en la antigüedad como se hacía hasta ahora.

Este acuerdo establece que se constituirá una única lista que se ordenará mediante un concurso de méritos por el que se podrá obtener una puntación máxima de diez puntos. Para formar parte de esta lista será obligatorio la participación en los correspondientes procesos selectivos.

Los principales méritos valorados serán, por un lado, la nota de oposición y la experiencia laboral; no obstante ésta última se medirá según lo que establezcan las bases de la convocatoria de cada departamento. Ambos méritos, que tendrán el mismo peso, podrán ser valorados con un máximo de cuatro puntos cada uno.

A estos aspectos habrá que sumar la regulación que realicen los diversos departamentos competentes de otros dos méritos, siempre que, uno de ellos o ambos, sea la formación y un informe sobre la práctica profesional que se realice sobre el periodo de un año o un curso académico. Por cada uno de esos méritos se podrá alcanzar una puntuación máxima de tres puntos.

Asimismo, este acuerdo contempla el mantenimiento del Plan de Claustros Inestables de Educación por cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del futuro Decreto. No obstante, antes del vencimiento de dicho plazo se estudiará la necesidad de mantener dicha medida.

El Consejo de Gobierno aprueba dos subvenciones a las universidades canarias para la contratación de 168 personas desempleadas del sector de la construcción

La dotación presupuestaria para los proyectos de fomento del empleo y rehabilitación de instituciones universitarias suma un total de 2,1 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, la concesión de dos subvenciones directas a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la financiación de sendos Programas Integrales de Fomento del Empleo y Rehabilitación de Instalaciones Universitarias. A través de estos dos programas se contratará a un total de 168 personas desempleadas provenientes del sector de la construcción. La suma total de estas subvenciones asciende a 2,1 millones de euros, de los que 1.048.163,47 euros corresponden a la Universidad de La Laguna y 1.050.373,45 euros. Las subvenciones, que gestiona el Servicio Canario de Empleo a través del Plan Canarias Emplea, serán destinadas en cada una de las instituciones universitarias, a financiar los costes laborales generados por la contratación del personal necesario para la puesta en marcha de los programas citados.

El objetivo básico de ambos proyectos es desarrollar un conjunto de acciones destinadas a fomentar el empleo de personas desempleadas provenientes del sector de la construcción mediante un plan de rehabilitación de las instalaciones de las dos universidades canarias. La Universidad de La Laguna contratará a 85 personas, mientras que la Universidad de Las Palmas contratará a 83 trabajadores. La realización de estos proyectos supone un empleo para las 168 personas que se van a contratar, pero también es una oportunidad de aprendizaje y adquisición de experiencia profesional en obras de rehabilitación, acondicionamiento y mejora de instalaciones que incremente la empleabilidad de las personas que participan en ellos. Los contratos tendrán una duración de entre seis y siete meses y entre las personas a contratar habrá pintores, jardineros, peones, administrativos, carpinteros, arquitectos técnicos, cerrajeros, albañiles y yesistas, entre otros.

Los trabajadores para estos proyectos serán seleccionados por las oficinas del Servicio Canario de Empleo, entre el colectivo de jóvenes desempleados provenientes del sector de la construcción con baja cualificación, también entre los desempleados mayores de 45 años provenientes del mismo sector, teniendo preferencia aquellas personas en cuyas unidades familiares todos sus miembros estén en situación de desempleo. Ante la drástica caída del mercado de edificación de obra nueva, el área de actividad de restauración y rehabilitación de edificios se ha configurado como una alternativa con un elevado potencial de crecimiento, que permite dar cabida a personas desempleadas procedentes del sector de la construcción, que está generando elevadas tasas de desempleo en las Islas.