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Acuerdos de gobierno

El Consejo de Gobierno aprueba 685.000 euros en becas y ayudas de formación

Estas ayudas se enmarcan el Plan de Formación e Inserción Profesional del SCE

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un crédito de 685.961 euros para becas y ayudas destinadas a las personas desempleadas que realicen cursos de formación en el marco del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP) del Servicio Canario de Empleo (SCE).

Los cursos de formación financiados por el SCE y el Fondo Social Europeo persiguen alcanzar la inserción laboral de sus alumnos, mejorando su formación o adecuándola a las demandas reales del mercado laboral. Uno de los puntos fuertes de la formación para el empleo consiste en las medidas de apoyo previstas para compensar los gastos que pueden

ocasionar a las personas la participación en los cursos. Conscientes del perfil de los destinatarios de la oferta formativa se prevé que los asistentes puedan recibir becas y/o ayudas que les permitan compensar algunos gastos, en especial los derivados del transporte, la manutención y, en algunos casos, hasta del alojamiento.

También, se tiene en cuenta a los alumnos que tengan al cuidado hijos menores de 6 años o familiares dependientes hasta el segundo grado, para que reciban una ayuda destinada a conciliar la vida familiar con la formación y el acceso al empleo.

En el caso de las ayudas al transporte, las becas consistirán en el pago de los billetes de ida y vuelta del transporte público utilizado ó 0,19 euros por kilómetro en caso de que no exista transporte público. Las subvenciones para la manutención, que se otorgan en los casos en que los cursos son con turno de mañana y tarde con un intervalo inferior a do s horas, están estipulada en 9 euros al día.

Para las ayudas de alojamiento, de 67 euros por día natural, sólo podrán acceder los alumnos que residan en las islas de la Gomera, la Palma o El Hierro y reciban cursos de formación en Tenerife, así como los que residan en Lanzarote o Fuerteventura y reciban cursos en Gran Canaria. Por último, para la conciliación de la vida familiar se concederá el 75% del Indicador Público de Rentas (IPREM) diario por día de asistencia.

El Gobierno de Canarias declara Bien de Interés Cultural la Batalla de Lepanto

Con la categoría de Ámbito Local, se celebra en Barlovento en la isla de La Palma

El Gobierno de Canarias suma al Patrimonio Histórico de las islas, con la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Ámbito Local, la representación teatral de la Batalla de Lepanto que se celebra en el municipio palmero de Barlovento cada tres años.

El origen y establecimiento de esta fiesta en Barlovento, a la que se refieren también como «moros y cristianos» o «La Naval», es confuso. La tradición oral habla de su celebración durante todo el siglo XX, lo que significa que provenía de épocas anteriores, hecho que según los investigadores no se ha podido comprobar de forma documental.

La primera referencia a la «Fiesta de Naval» se encuentra en el libro segundo de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, en las cuentas de los años 1802 a 1810 y de 1811 a 1829, donde consta el pago de gastos en pólvora para «La Naval». Bien pudiera ser esta fiesta el origen de la representación de la Batalla de Lepanto.

La representación teatral de «La Batalla de Lepanto» se celebra cada tres años, antiguamente el 13 de octubre, último día de las octavas de la Virgen del Rosario y por las «inclemencias del tiempo» se ha trasladado al mes de agosto.

Los preparativos para la fiesta de la batalla comienzan varios meses antes, con la confección de la vestimenta de las dos armadas y la fabricación del barco y el castillo. En las vísperas se realiza el traslado de los elementos de la fortaleza musulmana, elaborada con palos de monte y papel, en la que se pintan alegóricas cúpulas, ventanas y murallas.

Con todo el marco preparado, la guardia turca del castillo pasea vigilando cualquier incursión que por el mar se apresure. A más de quinientos metros y sobre un llano comienzan a divisarse los velámenes de la Santa Liga y tras el desconcierto inicial de la fortaleza musulmana, se establece un parlamento, de autor desconocido, que se repite cada año. Al no llegarse a un acuerdo, se desencadena la batalla y las artillerías comienzan a escupir pólvora y metralla que se simula con grandes bolsas de papel cargadas de arena y explosivos. En medio de toda la confusión aparece la armada turca con sus velámenes negros y rojos. A pesar de la evidente desventaja de los cristianos, la batalla culmina con el abordaje de la nave capitana otomana y el último asalto a la fortaleza turca que arría la enseña con la media luna para izar la bandera española a los sones del himno nacional.

En Barlovento se representa el ocaso de poderío musulmán de casi un siglo en el Mediterráneo, mientras, la Virgen del Rosario contempla la escena desde el otro margen del barranco. A continuación, las tropas desfilan en dirección a la iglesia: los cristianos victoriosos bajo el mando de D. Juan de Austria, y la marinería turca, malherida, cabizbaja y encadenada precedida por Alí Bajá. Cristianos y moros rinden pleitesía a la Virgen, que aguarda en el atrio de la iglesia y tras una tácita conversión de los musulmanes al catolicismo y una misa solemne, ambas tropas, el clero, las autoridades locales e insulares y un pueblo respetuoso, acompañan a la imagen en la procesión que recorre las calles adyacentes al templo haciendo un último alto para ver los fuegos artificiales que siembran el cielo de luz, sonido, música, devoción y emociones contenidas.

La Batalla de Lepanto, como hecho histórico, tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, y a consecuencia de ella los turcos perdieron la hegemonía en el Mediterráneo. El triunfo fue para la «Liga Santa» lo que motivó que el Papa Pío V instituyese la fiesta de «El Rosario».

Turismo solicita al Consejo de Gobierno el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias del proyecto de Decreto que regula la profesión de Guía de Turismo

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias lleva a Consejo de Gobierno la propuesta de acuerdo por el que se toma en consideración y se solicita Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias respecto al proyecto de Decreto por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de Guía de Turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las previsiones contenidas en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DOCE 21.12.06), incorporadas al ordenamiento interno español por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que próximamente entrará en vigor, determinan la necesidad de modificar la regulación actual de los guías de turismo contemplada en el Decreto 59/1997 de 30 de abril (BOC 14.05.97).

Esta modificación también viene impuesta por la necesidad de adaptar la normativa aplicable a este colectivo profesional a las exigencias de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DOCE 30.09.05), así como a las previsiones del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre (BOE 20.11.08), por el que se incorpora esta Directiva al ordenamiento interno español. La regulación contenida en la Directiva 2005/36/CE desplaza parcialmente a las previsiones de la Directiva 2006/123/CE, tal y como se contempla en la ésta.

El reconocimiento de la actividad de los guías de turismo como profesión regulada, así como numerosos pronunciamientos de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (sentencias de 26.2.1991 en los asuntos C 154/89, C 180/189 y C-198/89, contra Francia, Italia y Grecia y sentencia de 22.03.94, en asunto C-375/92, contra España), permiten mantener la exigencia de autorización para el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo, basada en la defensa, protección y promoción del patrimonio cultural y natural, que, siguiendo la jurisprudencia consolidada del citado Tribunal, constituyen razones imperiosas de interés general que avalan su necesidad, así como su proporcionalidad y no discriminación.

En el artículo 11. B.b. de la ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, dispone que el este órgano dictaminará sobre la competencia del Gobierno y proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión Europea.

En este caso, el artículo 49 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias dispone que: «La actividad de informadores y guías turísticos será regulada reglamentariamente con expresión de la habilitación que se exija, forma de obtenerla, conocimientos adecuados que se requieran y demás requisitos que redunden en beneficio de la calidad de su actividad».

El Consejo de Gobierno remite al Consultivo el proyecto de modificación del Decreto del Sistema Agrícola de Producción Integrada de Canarias

Se prevé impulsar estos métodos productivos como sistemas que generan alimentos mediante el uso equilibrado de recursos y tecnología

Unos 800 productores del Archipiélago cuentan con certificación de producción integrada en plátano, tomate, papa y viña

El Consejo de Gobierno acordó hoy, a propuesta de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pilar Merino, remitir al Consejo Consultivo de Canarias el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula el Sistema Agrícola de Producción Integrada de Canarias.

A través de este decreto se pretende impulsar un modelo que genera alimentos y otros productos de alta calidad mediante el uso equilibrado de recursos y mecanismos que evitan el abuso de métodos contaminantes. De esta forma la producción integrada se sitúa entre la agricultura productivista y la ecológica, con la utilización eficiente de los «inputs» y tecnologías agrarias y el mínimo empleo de productos fitosanitarios.

La producción integrada ha generado la necesidad de diferenciar las producciones agrícolas obtenidas por estos métodos, garantizar las características de tales productos e informar al consumidor sobre ellas. El tiempo transcurrido desde la aprobación del decreto que se va modificar ha llevado a constatar la necesidad de cambiar aspectos de su articulado, para salvar algunas dificultades puestas de manifiesto en la ejecución del sistema diseñado en el mismo y adaptarlo a posteriores cambios normativos.

Es objetivo del Gobierno de Canarias profundizar en métodos agrarios compatibles y respetuosos con el medio ambiente, por lo que se han agilizado los trámites para acreditar a productores que cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la producción integrada o ecológica, y se han aprobado subvenciones destinadas a sufragar los gastos de certificación a los interesados.

Esto ha llevado a que en apenas un año de aplicación de estas ayudas, 800 productores cuenten con certificación en Agricultura Integrada, muchos de ellos agrupados en cooperativas. Actualmente los interesados pueden certificar su producción en plátano, tomate, papa y viña, si bien se espera aprobar en breve nuevas normas técnicas que permitan avalar estos sistemas hasta en quince cultivos distintos.

La agricultura ecológica o la integrada se ofrecen como una alternativa necesaria para ayudar a preservar los recursos productivos ante los efectos de los pesticidas sobre la salud, la conservación del suelo y los acuíferos y la necesaria reducción de elementos nocivos para el entorno. En Canarias se practica una agricultura intensiva que conjuga modelos subtropicales y atlánticos que necesitan transitar hacia fórmulas sostenibles, preservando la singularidad insular y la riqueza de sus suelos.

Adaptación normativa

Desde la aprobación del decreto originario en 2003 se han producido diferentes modificaciones normativas, especialmente en el ámbito comunitario, que aconsejan operar cambios en su articulado de manera que pueda seguir siendo de aplicación.

Así, la regulación actual establece un sistema de autorizaciones para los operadores y para las entidades de control y certificación que no resulta compatible con los principios de la normativa comunitaria relativa a los servicios en el mercado interior ¿que datan de 2006- y que por tanto es preciso suprimir, sustituyéndose tales regímenes autorizatorios por comunicaciones previas al inicio de la actividad.

Por contra, se regula un reconocimiento provisional para las entidades de control y certificación que se encuentran en proceso de acreditación y que en consecuencia no cumplen los requisitos establecidos para ejercer la actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2.c) del Reglamento (CE) 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, por razones de protección de los derechos de los consumidores.

Dicho precepto permite que la autoridad competente pueda delegar tareas específicas en un organismo particular si el organismo trabaja y está acreditado de acuerdo con la norma europea EN 45004 o con otra norma que resulte más pertinente para las tareas delegadas de que se trate. De este modo tales entidades pueden ejercer la actividad de forma provisional, en tanto obtienen la acreditación que les permita su libre ejercicio mediante una comunicación previa.

Por ultimo, la aprobación de La Ley 1/2005, de 22 de abril, que creó el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha llevado a la modificación del marco competencial establecido en el citado Decreto, pues se configura como organismo autónomo de carácter administrativo, para el ejercicio de las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de calidad agroalimentaria y como entidad prestadora de servicios en relación con el control y la certificación de la calidad de los productos agroalimentarios.

El Gobierno autoriza un gasto de más de 130.000 euros para la gestión de recursos naturales y actuaciones forestales en El Hierro

El importe está destinado a financiar actuaciones de restauración del potencial silvícola y prevención de incendios forestales

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, ha autorizado hoy, martes, 15 de diciembre, la suscripción de una Adenda de 137.516,20 euros, correspondiente a la anualidad 2009 relativa a proyectos de gestión de recursos naturales y actuaciones forestales, al convenio marco de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y el Cabildo de El Hierro para actuaciones de gestión de recursos naturales y del Plan Forestal de Canarias durante el periodo 2007-2013.

La Adenda mencionada, en virtud de la cual se prorroga el plazo de justificación de programas del presente año hasta el 28 de diciembre de 2009, incluye actuaciones de proyectos cofinanciados por la Unión Europea, concretamente por el Fondo de Desarrollo Rural (FEADER), relativos a prevención de incendios forestales, capítulo al que se destina 87.526,85 euros, y Red Natura 2000, para la que se dedica 16.039,09 euros. Sin financiación europea se establece además una partida de 33.950,26 euros para acciones de aprovechamiento de la biomasa forestal.

La financiación contempla, de cara a lograr una mejora del medio ambiente y medio rural, actividades de restauración del potencial silvícola e introducción de acciones de prevención en materia de incendios forestales, así como ayudas a inversiones no productivas. De manera concreta, el importe se asignará a la adquisición de vehículos de vigilancia y primer ataque en materia forestal, tratamientos silvícolas de mejora en el «Llano La Fuente» de El Pinar y adquisición de biotrituradora de residuos forestales.

El Gobierno de Canarias destina 75.499 euros a reformas y equipamiento en Centros de Día de Atención a personas mayores

El Gobierno de Canarias ha acordado autorizar una transferencia de crédito para incrementar el crédito del proyecto de inversión «Obras, reformas y equipamiento de Centros de Atención a Mayores», por importe de 75.499,46 euros.

Esta cantidad será destinada a financiar determinadas obras de adecuación de Centros de Día para personas mayores, dependientes del Gobierno de Canarias, al colectivo al que atienden.

La realización de dichas obras se hace necesaria ya que, al tratarse de inmuebles antiguos, es preciso que se adecuen sus instalaciones al colectivo al que atienden, mejorando de esta forma la oferta de infraestructuras destinadas a la población mayor del Archipiélago.

El Gobierno de Canarias aprueba un gasto de más de 9 millones de euros para la financiación del complejo de Valle Tabares

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno autorizar el gasto plurianual por importe de 9.471.750 euros para financiar el gasto de mantenimiento del complejo de Valle Tabares para la atención de jóvenes de medidas dictadas por un juez de Menores.

En concreto, el gasto, conveniado con la Fundación Canaria de Juventud Ideo, permitirá el mantenimiento del complejo de Valle Tabares para la ejecución de medidas en régimen cerrado, semiabierto y terapéutico que se lleva a cabo en este complejo para la atención de jóvenes que cumplen medidas judiciales.

En la actualidad, un total de 97 jóvenes cumplen medidas en este centro, 63 en régimen semiabierto, 5 en régimen cerrado y 29 en régimen de tratamiento terapéutico.

Centro de Medidas Judiciales ‘Montañeta’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno acordó igualmente proceder al abono a la Fundación Canaria de Juventud Ideo de la prestación del servicio y gestión en el centro de régimen semiabierto ‘Montañeta’, por importe de 503.400 euros relativa a los meses de junio y julio de 2009.

En este centro, un total de 18 jóvenes cumplen medida en régimen semiabierto.

El Gobierno autoriza un gasto de 8,5 millones de euros para un convenio con el Ministerio sobre la LOE

El Consejo de Gobierno autorizó hoy un gasto de 8.513.348 euros para la suscripción de un convenio con el Ministerio de Educación para el desarrollo del programa de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

La cantidad citada corresponde al 60% del total del convenio, el 40% restante, 5.676.989 euros, lo aporta el Estado, por acuerdo del Consejo de Ministros, tras el examen de la Conferencia Sectorial de Educación, que también determinó las cantidades que le corresponden al resto de Comunidades Autónomas.

Las actuaciones objeto del convenio se agrupan en los cinco programas siguientes: Programa de formación del profesorado, que incluye cursos tanto de carácter presencial como de tele información, así como acciones formativas dirigidas a servicios concurrentes de apoyo (Inspección, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos y Equipos de los Centros del Profesorado).

Programa de apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras, que consiste en acciones de formación para el profesorado de educación infantil, primaria y secundaria, e incremento del número de auxiliares de conversación en los centros de educación primaria y en los de secundaria que tengan secciones bilingües.

Programa para mejora del éxito escolar, dirigido a los alumnos de primaria y secundaria que promocionen sin haber superado todas las áreas y materias, incluyendo también medidas de refuerzo tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en la educación primaria.

Programa para disminuir bolsas de abandono temprano, tendente tanto a la reincorporación a un régimen normalizado de educación secundaria del alumnado que presente desajustes de conducta o riesgos de abandono, como al desarrollo de los Programas de Cualificación Profesional Inicial adaptados (PCA), preparación para acceso a ciclos de FP y para la obtención del título de Graduado en ESO de personas adultas.

Programa para la extensión o modificación del tiempo escolar, que tiene por objeto el Plan de Medidas de Calidad Educativa que se centra a su vez en tres pilares básicos: refuerzo escolar de tarde, acogida temprana y plan de formación de familias.

El Gobierno autoriza una adenda al Convenio de Regadíos entre la Consejería de Agricultura y el Cabildo de La Gomera

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy la suscripción de una adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Cabildo Insular de La Gomera, suscrito 31 de julio de 2008 y modificado mediante adenda el 26 de diciembre de 2008, para la ejecución de actuaciones destinadas a la mejora de regadíos y el gasto que conlleva. El importe global de las actuaciones asciende a 1.464.688,80 euros.

Esta adenda amplía el objeto del Convenio para amparar la realización de obras de infraestructura rural así como la modificación de su cuadro financiero. Así, con cargo a estos fondos se contribuirá a la realización de obras de ampliación y mejora de la Bodega Insular.

Además, se sustituirá un antiguo tramo de aducción de la Red de riego de Valle Gran Rey, obra ejecutada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que debido a su urgente necesidad, será ejecutada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Este Convenio de Regadíos tiene por objeto definir los términos y las condiciones de colaboración entre las partes que lo suscriben para dar continuidad a las actuaciones públicas que se vienen realizando en La Gomera en materia de regadíos, hasta que se aprueben definitivamente los planes y programas sectoriales relativos a dicha materia.

El Gobierno eleva al Consultivo el Anteproyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos

El nuevo texto normativo busca promover la actividad económica y adaptarse a la Directiva 2006/123/CE, así como actualizar y regular determinados aspectos no contemplados en la actual legislación

El Gobierno de Canarias acordó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Anteproyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, cuya finalidad es regular el régimen jurídico y los instrumentos de intervención administrativa aplicables a la instalación y apertura de las citadas actividades, así como a la realización de espectáculos públicos.

Con este acuerdo, el Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y que se caracteriza por ser un texto abierto, consensuado con el sector y las corporaciones locales y que marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario.

La nueva normativa, que ya ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, incluye una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y que se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con ello se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad.

Por otra parte, se sustituye la exclusividad del régimen autorizatorio, que ahora tendrá carácter excepcional, incorporando con carácter prevalente el de comunicación previa. Con este sistema se consigue liberar de carga de trabajo a las corporaciones locales; agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas -con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis-, y se reconduce la responsabilidad al autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra.

Esta modificación permitirá, asimismo, que la competencia para calificar actividades sea en la inmensa mayoría de los casos municipal, por lo que no que existe una fase intermedia de calificación, sino un trámite de informe de calificación que emitirán los ayuntamientos. Los Cabildos retienen únicamente esta competencia con respecto a aquellas actividades que el Gobierno considere -por su relevancia-, mantener una calificación por un órgano insular, así como -con carácter general-, con relación a los ayuntamientos que por su escasa organización carezcan de medios propios para asumir dicho cometido o por ser un proyecto supramunicipal.

Hay que destacar, además, que el nuevo texto apuesta claramente por un régimen de plazos cortos para la tramitación del procedimiento (3 meses con carácter general, y 5 meses cuando deba intervenir el Cabildo) y un régimen generalizado de silencio positivo automático.

Finalmente, se propone la regulación expresa de situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, así como la coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, excluyendo la necesidad de una licencia municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y respecto a aquellas otras autorizaciones de carácter sectorial que conlleven un régimen de control medioambiental específico.

Esta nueva regulación normativa se justifica, no sólo en la necesidad de agilizar y promover la actividad económica, sino también en la obligación de adecuar la vigente legislación autonómica a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, que insta a los Estados miembros a adaptar su normativa antes del 28 de diciembre de 2009, lo que supondrá la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que dificulten la prestación de servicios entre los mismos.