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Acuerdos de gobierno

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley para la modificación de SCE y la regulación del sistema de empleo de Canarias

El objetivo es prestar un mejor servicio a los ciudadanos en materia de empleo y formación a través de un modelo basado en la colaboración, coordinación y eficiencia en la asignación y gestión de los recursos

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Modificación de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (SCE) y de Regulación del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tiene por objetivo prestar un mejor servicio a los ciudadanos en materia de formación y empleo a través de un modelo basado en la colaboración, coordinación y eficiencia en la asignación y gestión de los recursos.

El proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno clarifica las competencias en materia de empleo del Gobierno de Canarias, el consejero competente y el SCE, así como del presidente y director del mencionado organismo autónomo. Por otra parte, crea y regula el Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias como el conjunto de las actividades, servicios y prestaciones desarrolladas por organizaciones o entidades públicas o privadas en Canarias para el desarrollo de la política de formación y empleo del Gobierno canario.

Tal como figura en el proyecto de ley, el funcionamiento del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias se ajustará a los principios de eficiencia, complementariedad, coordinación y acción sinérgica de los medios y las actividades públicas y privadas. Además, establece la evaluación continua de los medios y recursos del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la compensación y eliminación de las desigualdades socioeconómicas y territoriales en el acceso a las políticas de formación y empleo del Gobierno de Canarias.

El Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias lo forman el SCE y la red de estructuras, medidas y acciones subvencionadas por el mismo para promover y desarrollar la política de empleo del Gobierno de Canarias. La red, a fin de lograr la eficiencia de las políticas de empleo, quedará coordinada por el SCE, el cual pondrá en marcha los instrumentos de cooperación con otras administraciones y entidades públicas o privadas para lograr que los recursos subvencionados por el Servicio funcionen conforme a criterios de coordinación para lograr la máxima eficacia y eficiencia.

Respecto a la red de estructuras del Sistema de Empleo, está integrada por las entidades cooperadoras y las entidades colaboradoras del SCE. Las entidades cooperadoras pueden ser los entes cuya titularidad corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias fuera del SCE, las administraciones locales canarias, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las instituciones sin ánimo de lucro creadas por alguna de las anteriores entidades. Éstas pueden ofrecer servicios integrales de las actuaciones correspondientes a las políticas de formación y empleo del Gobierno de Canarias.

Y las entidades colaboradoras del SCE son las que permiten desarrollar algunas actuaciones propias del Servicio en el ámbito de la intermediación laboral, la formación y el asesoramiento, como las cámaras de comercio o las academias de formación., entre otras. Las entidades colaboradoras serán autorizadas por el SCE de acuerdo con la normativa que desarrolle las acciones en que participen.

El Gobierno aprueba las ayudas para reparar los daños causados por las últimas lluvias en las Islas

– Las familias que hayan perdido sus enseres recibirán una ayuda de emergencia de hasta 8.500 euros

– El Ejecutivo asumirá el 50 por ciento de los costes de reparación de las viviendas destruidas

– El decreto aprobado hoy prevé también compensaciones por daños en vehículos y en explotaciones agrarias y turísticas

– El Gobierno participará en la rehabilitación de las infraestructuras municipales e insulares dañadas por el temporal

– La Consejería de Obras Públicas y Transportes acometerá una actuación especial para recuperar los accesos a los núcleos incomunicados del macizo de Anaga

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su sesión de hoy el Decreto de Ayudas y Medidas Urgentes y excepcionales para reparar los daños producidos por el temporal de lluvia y viento que afectó al Archipiélago a principios de semana.

El texto contempla diversas medidas de apoyo para las familias afectadas, así como subvenciones para la reparación de daños en viviendas, vehículos, producciones e infraestructuras agrarias o turísticas. De la misma manera, se contempla la reparación de infraestructuras municipales e insulares. Las medidas y ayudas serán complementarias y compatibles, en su caso, con las que pudieran establecer otras administraciones públicas.

De acuerdo con el decreto aprobado hoy, el Gobierno de Canarias concederá una ayuda de emergencia extraordinaria con destino a cubrir las necesidades básicas y perentorias de las familias que han visto dañada seriamente su vivienda y han perdido sus enseres, y que podrá llegar hasta los 8.500 euros. Esta aportación será compatible con las otras medidas que, en materia de vivienda, también se establecen en la normativa.

Así, en el caso de que las lluvias hubieran provocado la destrucción total de la vivienda habitual, siempre que la misma no esté asegurada contra lluvias ¿y si lo estuviera, en la cantidad que no cubra dicho seguro- el Gobierno concederá una ayuda de hasta el 50 por ciento del coste de restitución o reparación para aquellas unidades familiares que no superen los 33.214 euros de ingresos anuales.

En los casos de vivienda no habitual destruida por completo, los propietarios podrán ser beneficiarios de una ayuda económica de hasta un máximo de 12.000 euros. Si la casa sólo estuviera dañada el propietario podría recibir hasta 8.600 euros para sufragar los gastos de reparación o rehabilitación. Cuando los daño se hubieran producido en elementos comunes, la comunidad de propietarios podría recibir, igualmente, un máximo de 8.600 euros.

Ayudas para alquileres

En relación con las viviendas que hubieran quedado inutilizadas, el Gobierno concederá una ayuda de 600 euros mensuales a los propietarios para que puedan alquilar una vivienda adecuada a las necesidades familiares por una plazo de 24 meses, prorrogables.

De la misma manera, se prevén ayudas para los arrendatarios de viviendas que hubieran quedado destruidas. En este último caso, la ayuda consistirá en la diferencia que pueda existir entre la renta de la vivienda siniestrada y la de la vivienda de nuevo arrendamiento de características análogas por un periodo máximo de 24 meses.

El decreto aprobado hoy también prevé ayudas por daños en vehículos de hasta un máximo de 6.000 euros.

Por lo que respecta a las producciones e infraestructuras en el sector agrario, la Consejería de Agricultura será la encargada de tramitar y conceder las ayudas en las explotaciones ganaderas y agrícolas, que se determinarán en función de una serie de parámetros como la producción esperada en la campaña o el coste de reposición de las plantaciones afectadas (en el caso de producciones agrícolas leñosas), entre otros aspectos.

El decreto aprobado hoy también establece ayudas para establecimientos turísticos y de restauración o para empresas y profesionales que cuenten con 49 o menos trabajadores y que hayan sufrido daños en vehículos, edificaciones o maquinaria.

En cuanto a la reparación de infraestructuras municipales e insulares, el Gobierno de Canarias aportará como máximo el 25 por ciento de las obras insulares y el 45 por ciento de las municipales.

A todos los procedimientos que se inicien al amparo del decreto se les aplicará la tramitación de urgencia, por lo cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos. Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en el decreto se podrán presentar en los registros de los ayuntamientos en cuyo término municipal se hayan producido las lluvias.

Actuación especial

El Consejo de Gobierno también acordó en su reunión de hoy que la Consejería de Obras Públicas y Transportes declare la emergencia de las obras urgentes que se precisen para restablecer los accesos con los núcleos de población que permanecen incomunicados en el macizo de Anaga.

El Gobierno autoriza la implantación del título oficial de Máster Universitario en Formación del Profesorado

Sustituye al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) y al Curso de Cualificación Pedagógica (CCP)

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de decreto por el que se autoriza la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

Dicho máster, que se comenzará a impartir el curso actual bajo la coordinación de la universidad lagunera, sustituye al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) y al Curso de Cualificación Pedagógica (CCP).

El motivo de la implantación de este nuevo máster en Formación del Profesorado es consecuencia de la aplicación de la LOE, que en su artículo 100.2 especifica que para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en dicha ley será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñanza.

Además, dicho artículo precisa en uno de sus apartados que la formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas reguladas en la presente ley se adaptará al sistema de grados y postgrados del Espacio Europeo de Educación Superior.

El Gobierno incrementa en casi 7 millones de euros las subvenciones a los ayuntamientos para el mantenimiento de los centros de Servicios Sociales

El Ejecutivo invirtió 56.330.455 euros en 2009 para la gestión y mantenimiento de todos los Centros de Servicios Sociales municipales

El Gobierno de Canarias ha acordado autorizar la modificación, para el año 2010, de las subvenciones específicas concertadas, de carácter plurianual, a los Ayuntamientos radicados en el territorio autonómico para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, así como la suscripción de las respectivas adendas a los convenios de colaboración suscritos.

Esto supondrá un incremento de casi 7 millones de euros en las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos canarios con respecto al 2009, año en el que el Gobierno de Canarias destinó un total de 56.330.455 euros.

Cabe recordar que el Gobierno, tras el acuerdo de la Federación Canaria de Municipios, de fecha 12 de diciembre de 2008, ha autorizado a lo largo del ejercicio 2009 la modificación de las cantidades económicas previstas para la financiación en este año de los gastos de mantenimiento y programas de los Centros de Servicios Sociales y de las Prestaciones Básicas que desarrollan los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, incrementando así el coste total de los proyectos y de las aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los municipios.

Para el ejercicio 2010 está previsto y presupuestado en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma el incremento de las cantidades económicas aportadas por la Administración de la Comunidad Autónoma, previstas para la financiación en el referido año de los gastos de mantenimiento y programas de los Centros de Servicios Sociales y de las Prestaciones Básicas que desarrollan los Ayuntamientos canarios.

Con este incremento se pretende mejorar los servicios sociales, procurando un mayor apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales en el desarrollo de sus competencias, y consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales, así como dar respuesta a las necesidades sociales que surjan.

El gasto medio por receta del Servicio Canario de la Salud entre los meses de enero y diciembre de 2009 se situó por debajo de los 14 euros

El número de recetas facturadas en diciembre del año pasado fue de 3.495.284, a razón de 1,79 por usuario sanitario, según se desprende del último informe de evaluación del gasto en medicamentos de la Dirección General de Farmacia

El gasto medio por receta del Servicio Canario de la Salud se situó entre enero y diciembre de 2009 por debajo de los 14 euros, a solo seis céntimos de diferencia del promedio del gasto por receta del mismo período del año anterior, establecido en 13,90 euros, lo que confirma la tendencia a la baja de este indicador del gasto en medicamentos en la Comunidad Autónoma.

El promedio de recetas prescritas por usuario sanitario se situó el último mes en 1,79, período en el que el número total de recetas facturadas fue de 3.495.284, según consta en el informe de evaluación de la facturación en medicamentos emitido por la Dirección General de Farmacia y que formó parte de los asuntos tratados hoy por el Consejo de Gobierno.

Del total de usuarios adscritos al Servicio Canario de la Salud, que en diciembre ascendían a 1.951.280, un total de 25.015 más que en el mismo mes del año anterior, la mayor cantidad de recetas prescritas se concentró entre los pensionistas, grupo que experimentó un incremento del 4,83 por ciento, hasta situarse en 384.787 personas.

En este sentido, por cada usuario pensionista se facturó en diciembre del orden de 6,07 recetas, mientras que por cada usuario activo el promedio fue de 0,74.

Respecto al gasto medio por asegurado, osciló entre los 8,15 euros para los activos y los 94,45 euros para los pensionistas.

Del análisis de la evolución de estos indicadores en los últimos doce meses, la Dirección General de Farmacia confirma la tendencia a la reducción del crecimiento del número de recetas, del gasto medio y del gasto final en medicamentos con cargo al Servicio Canario de la Salud en los últimos cuatro años.

La dispensación por Receta Electrónica

La dispensación de medicamentos con Receta Electrónica en las islas que tienen en proceso de extensión este nuevo sistema informático se incrementó hasta suponer en diciembre el 40,09 por ciento de las recetas, con un total de 1.401610 recetas, con los siguientes porcentajes: 69,34 % en el Área de Salud de El Hierro, 85,33 % en La Gomera, 80,94 % en La Palma, 69,76 % en Fuerteventura, 64,55 % en Lanzarote y 68,59 % en Tenerife.

El Gobierno de Canarias da luz verde a la creación del Consejo Audiovisual

Se trata de un órgano público independiente, demandado por expertos y profesionales, que velará por los valores constitucionales y legales en el sector

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la Lista de Evaluación del Consejo Canario del Sector Audiovisual, lo que supone el primer paso para el desarrollo del anteproyecto de Ley del Consejo Canario del Sector Audiovisual para la creación de una autoridad independiente que vele por el respeto y cumplimiento en Canarias de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen la actividad de este importante segmento económico y sociocultural.

Este órgano, ampliamente reivindicado por expertos y profesionales del sector en documentos como el Libro Blanco del Audiovisual Canario (2007) o la Declaración de la I Cumbre del Audiovisual de Canarias (2009) y respaldado por la resolución del Parlamento de Canarias sobre el audiovisual como sector estratégico (2009), tendrá por cometido garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz, objetiva e imparcial; garantizar la libertad de expresión; asegurar el pluralismo; velar por el respeto de igualdad ante la Ley, la protección de la juventud y de la infancia, la promoción de los intereses de Canarias, el fomento de la unidad de las Islas o el cumplimiento de la normativa reguladora del sector audiovisual, en especial en lo que se refiere a la publicidad.

De esta forma, la Comunidad Autónoma de Canarias se suma a otras como la andaluza, la navarra o la catalana, que disponen desde hace años de órganos de similares características para la supervisión y coordinación del sector audiovisual.

El Consejo Canario del Sector Audiovisual estará integrado por siete consejeros, cinco de los cuales serán elegidos por el Parlamento de Canarias y dos por el Ejecutivo para un mandato de seis años. Su consideración será la de organismo de Derecho Público independiente, con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, y autonomía orgánica y funcional, para garantizar su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, como asesorar al Parlamento, al Gobierno y a las corporaciones locales en su materia; informar preceptivamente de cualquier proyecto de disposición del Parlamento o Gobierno; informar con carácter preceptivo sobre las propuestas de las mesas de contratación de concursos; velar por el cumplimiento de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen esta actividad; promover actuaciones que favorezcan la cohesión social y la lucha contra las discriminaciones o ejercer la potestad inspectora y sancionadora en este ámbito.

El número de empresas de actividades cinematográficas y de vídeo registradas en Canarias a 1 de enero de 2009 era de 247, el doble que en 1999, cifra que se eleva a 3.128 si se consideran todas las actividades contempladas en el Libro Blanco, lo que supone un crecimiento del 66% en los últimos 10 años y un 4,1% de la participación del Archipiélago en el total del Estado.

En función de la información de la clasificación de las empresas por estratos de asalariados, el sector audiovisual canario emplearía a cerca de 6.000 personas, es decir un 28% más que en 1999 y casi un 1% de todo el empleo canario en 2008.

El Gobierno reforma el funcionamiento de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

Se trata de un órgano público independiente, demandado por expertos y profesionales, que velará por los valores constitucionales y legales en el sector

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la Lista de Evaluación del Consejo Canario del Sector Audiovisual, lo que supone el primer paso para el desarrollo del anteproyecto de Ley del Consejo Canario del Sector Audiovisual para la creación de una autoridad independiente que vele por el respeto y cumplimiento en Canarias de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen la actividad de este importante segmento económico y sociocultural.

Este órgano, ampliamente reivindicado por expertos y profesionales del sector en documentos como el Libro Blanco del Audiovisual Canario (2007) o la Declaración de la I Cumbre del Audiovisual de Canarias (2009) y respaldado por la resolución del Parlamento de Canarias sobre el audiovisual como sector estratégico (2009), tendrá por cometido garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz, objetiva e imparcial; garantizar la libertad de expresión; asegurar el pluralismo; velar por el respeto de igualdad ante la Ley, la protección de la juventud y de la infancia, la promoción de los intereses de Canarias, el fomento de la unidad de las Islas o el cumplimiento de la normativa reguladora del sector audiovisual, en especial en lo que se refiere a la publicidad.

De esta forma, la Comunidad Autónoma de Canarias se suma a otras como la andaluza, la navarra o la catalana, que disponen desde hace años de órganos de similares características para la supervisión y coordinación del sector audiovisual.

El Consejo Canario del Sector Audiovisual estará integrado por siete consejeros, cinco de los cuales serán elegidos por el Parlamento de Canarias y dos por el Ejecutivo para un mandato de seis años. Su consideración será la de organismo de Derecho Público independiente, con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, y autonomía orgánica y funcional, para garantizar su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, como asesorar al Parlamento, al Gobierno y a las corporaciones locales en su materia; informar preceptivamente de cualquier proyecto de disposición del Parlamento o Gobierno; informar con carácter preceptivo sobre las propuestas de las mesas de contratación de concursos; velar por el cumplimiento de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen esta actividad; promover actuaciones que favorezcan la cohesión social y la lucha contra las discriminaciones o ejercer la potestad inspectora y sancionadora en este ámbito.

El número de empresas de actividades cinematográficas y de vídeo registradas en Canarias a 1 de enero de 2009 era de 247, el doble que en 1999, cifra que se eleva a 3.128 si se consideran todas las actividades contempladas en el Libro Blanco, lo que supone un crecimiento del 66% en los últimos 10 años y un 4,1% de la participación del Archipiélago en el total del Estado.

En función de la información de la clasificación de las empresas por estratos de asalariados, el sector audiovisual canario emplearía a cerca de 6.000 personas, es decir un 28% más que en 1999 y casi un 1% de todo el empleo canario en 2008.

El Gobierno aprueba el decreto para la creación de un nuevo CEIP en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, aprobó hoy el decreto de creación de un Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en el término municipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

La edificación de este nuevo centro se realizó de forma urgente utilizando la construcción preindustrializada dado el crecimiento poblacional de este municipio. Un vez acabado no se pudo utilizar como CEIP Puerto de Rosario II al surgir la necesidad de acoger al alumnado del CEIP San José de Calasanz, cuyo centro presentaba serios problemas de infraestructura.

Una vez reconstruido el CEIP San José de Calasanz el alumnado retornó a sus aulas en septiembre de este año, circunstancia que ha permitió el curso 2009/2010 entrar en funcionamiento como tal al CEIP Puerto del Rosario II, que lo hizo con 3 grupos de Educación Infantil y un aula enclave. Por tanto, se hace necesario formalizar su decreto de creación, circunstancia que ahora ocurre.

A lo largo de los próximo cursos el CEIP Puerto del Rosario II seguirá completando su capacidad, pues hablamos de un colegio de línea 3, es decir de 27 unidades y capacidad para casi 700 alumnos.

El Gobierno prorroga el convenio de asistencia jurídica para el personal del Servicio Canario de la Salud

– Tiene como finalidad la prestación de asistencia letrada especializada en caso de agresión en el ejercicio de sus funciones

La Consejería de Sanidad recibió hoy la autorización del Consejo de Gobierno de Canarias para la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 del convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y el Consejo Canario de Colegios de Abogados para la prestación del servicio de asistencia jurídica especializada al personal de los centros asistenciales, en caso de agresión derivada del ejercicio de sus funciones.

Con la autorización recibida hoy por parte del Gobierno, la Consejería de Sanidad incorpora al texto del convenio una cláusula que clarifica el concepto de asistencia letrada en juicio hasta sentencia en primera instancia, refiriéndolo a juicio de falta y juicios rápidos con conformidad; incluye el asesoramiento previo sobre los términos y alcance del convenio, así como amplía la asistencia a la fase de apelación.

Otra de las novedades a incorporar en el texto del acuerdo es la modificación relativa a la forma de pago a los Colegios de Abogados, con el objeto de introducir la posibilidad de presentar certificados de los gastos de asesoramiento y orientación jurídica y los derivados de la prestación del servicio de asistencia letrada en procesos judiciales.

La firma del convenio de colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y el citado órgano colegial tuvo lugar el 8 de noviembre de 2007 y su primera addenda de prórroga fue suscrita el 26 de diciembre del mismo año.

En virtud de este acuerdo, los trabajadores del SCS que sufran agresiones en el ejercicio de sus funciones pueden recibir asesoramiento y orientación jurídica gratuita en materia civil y penal, sobre cuestiones relacionadas o derivadas de la agresión sufrida, al tiempo que pueden recibir asistencia letrada en los procedimientos judiciales que se inicien.

Este convenio, unido al firmado hace diez días con la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, permitirá dar el mejor trato a los profesionales frente a las agresiones que puedan sufrir y contribuir a dignificar su trabajo.

El Gobierno aprueba las ayudas para reparar los daños causados por las últimas lluvias en las Islas

– Las familias que hayan perdido su vivienda recibirán una ayuda de emergencia de hasta 8.500 euros

– El Ejecutivo asumirá el 50 por ciento de los costes de reparación de las viviendas destruidas

– El decreto aprobado hoy prevé también compensaciones por daños en vehículos y en explotaciones agrarias y turísticas

– El Gobierno participará en la rehabilitación de las infraestructuras municipales e insulares dañadas por el temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su sesión de hoy el Decreto de Ayudas y Medidas Urgentes y excepcionales para reparar los daños producidos por el temporal de lluvia y viento que afectó al Archipiélago los pasados días 22 y 23 de diciembre.

El texto contempla diversas medidas de apoyo para las familias afectadas, así como subvenciones para la reparación de daños en viviendas, vehículos, producciones e infraestructuras agrarias o turísticas. De la misma manera, se contempla la reparación de infraestructuras municipales e insulares. Las medidas y ayudas serán complementarias y compatibles, en su caso, con las que pudieran establecer otras administraciones públicas.

De acuerdo con el decreto aprobado hoy, el Gobierno de Canarias concederá una ayuda de emergencia extraordinaria con destino a cubrir las necesidades básicas y perentorias de las familias que han visto dañada seriamente su vivienda y han perdido sus enseres, y que podrá llegar hasta los 8.500 euros. Esta aportación será compatible con las otras medidas que, en materia de vivienda, también se establecen en la normativa.

Así, en el caso de que las lluvias hubieran provocado la destrucción total de la vivienda habitual, siempre que la misma no esté asegurada contra lluvias ¿y si lo estuviera, en la cantidad que no cubra dicho seguro- el Gobierno concederá una ayuda de hasta el 50 por ciento del coste de restitución o reparación.

En los casos de vivienda no habitual destruida por completo, los propietarios podrán ser beneficiarios de una ayuda económica de hasta un máximo de 12.000 euros. Si la casa sólo estuviera dañada el propietario podría recibir hasta 8.600 euros para sufragar los gastos de reparación o rehabilitación. Cuando los daño se hubieran producido en elementos comunes, la comunidad de propietarios podría recibir, igualmente, un máximo de 8.600 euros.

Ayudas para alquileres

En relación con las viviendas que hubieran quedado inutilizadas, el Gobierno concederá una ayuda de 600 euros mensuales a los propietarios para que puedan alquilar una vivienda adecuada a las necesidades familiares por una plazo de 24 meses, prorrogables.

De la misma manera, se prevén ayudas para los arrendatarios de viviendas que hubieran quedado destruidas. En este último caso, la ayuda consistirá en la diferencia que pueda existir entre la renta de la vivienda siniestrada y la de la vivienda de nuevo arrendamiento de características análogas por un periodo máximo de 24 meses.

El decreto aprobado hoy también prevé ayudas por daños en vehículos de hasta un máximo de 6.000 euros.

Por lo que respecta a las producciones e infraestructuras en el sector agrario, la Consejería de Agricultura será la encargada de tramitar y conceder las ayudas en las explotaciones ganaderas y agrícolas, que se determinarán en función de una serie de parámetros como la producción esperada en la campaña o el coste de reposición de las plantaciones afectadas (en el caso de producciones agrícolas leñosas), entre otros aspectos.

El decreto aprobado hoy también establece ayudas para establecimientos turísticos y de restauración o para empresas y profesionales que cuenten con 49 o menos trabajadores y que hayan sufrido daños en vehículos, edificaciones o maquinaria.

En cuanto a la reparación de infraestructuras municipales e insulares, el Gobierno de Canarias aportará como máximo el 25 por ciento de las obras insulares y el 45 por ciento de las municipales.

Trámite de urgencia

A todos los procedimientos que se inicien al amparo del decreto se les aplicará la tramitación de urgencia, por lo cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos. Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en el decreto se podrán presentar en los registros de los ayuntamientos en cuyo término municipal se hayan producido las lluvias.