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Acuerdos de gobierno

El Gobierno autoriza la suscripción de un Convenio de la Consejería de Turismo con el Cabildo de Tenerife

El departamento, que dirige Rita Martín, destinará 326.825 euros para renovar y mejorar las infraestructuras existentes en enclaves turísticos de Tenerife

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana a la Consejería de Turismo a la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Cabildo de Tenerife para la redacción de distintos proyectos técnicos destinados a la mejora de las infraestructuras turísticas de la Isla de Tenerife.

El departamento, que dirige Rita Martín, pretende renovar y mejorar las infraestructuras existentes en enclaves turísticos de Tenerife mediante la ejecución de actuaciones a cuyo fin resulta imprescindible contar con los proyectos técnicos que respalden las obras.

El importe global para la redacción de los proyectos técnicos correspondientes a dichas actuaciones asciende a 326.825 euros y las obras son:

Actuaciones Importe

(en euros)

Terminación del Parque Central (T.M. de Arona) 65.000,00

Intervención en Barranco de Aquilino (desde el Mojón hasta el mar) (T.M. de Arona) 26.250,00

Mejora y acondicionamiento C/ Arquitecto Gómez Cuesta (T.M. de Arona) 26.250,00

Actuación en zonas verdes márgenes Ctra. Botánico (T.M. de Puerto de la Cruz) 9.000,00

Intervención en vías Urbanización La Paz (T.M. de Puerto de la Cruz) 27.000,00

Acondicionamiento de C/ San Felipe (T.M. de Puerto de la Cruz) 42.700,00

Centro Multifuncional Parque San Francisco (Estudio Previo) (T.M. de Puerto de la Cruz) 28.875,00

Recuperación del Frente Playa de La Arena (T.M. de Santiago del Teide) 97.475,00

Mejora y sustitución del alumbrado público del núcleo de Los Gigantes (T.M. de Santiago del Teide) 4.275,00

El Gobierno concede una subvención de 1,62 euros a los cabildos para homologar las emisiones de las guaguas

Se trata de una medida para contribuir a la lucha contra el cambio climático

El Gobierno de Canarias aprobó esta mañana la propuesta de Juan Ramón Hernández, consejero de Obras Públicas y Transportes de conceder una subvención total de 1,62 millones de euros a los Cabildos de Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, por razones de interés general, para la renovación de la flota de guaguas: lucha contra el cambio climático. Concretamente, la subvención se distribuye de la siguiente manera: Lanzarote, 166.156,00 euros; Gran Canaria, 649.176,00; euros; La Palma, 164.524,00 euros y Tenerife, 649.011,00 euros.

Esta medida responde al cumplimiento de los programas de medidas reglamentarias de la Comisión Europea y aprobadas por el Parlamento Europeo, normas Euro 4 y Euro 5, que establecen los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos de motor en lo que se refiere a las emisiones, para evitar que difieran de un Estado miembro de la Unión Europea a otro y asegurar un elevado nivel de protección medioambiental.

El programa Euro 5, aprobado en mayo de 2007, sustituye al Euro 4 que entró en vigor en el 2005 y que será de obligado cumplimiento a partir de octubre de 2009.

Por esta razón, en los Presupuestes Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente ejercicio de 2008, se consignó la ejecución del proyecto denominado «Lucha contra el cambio climático: Plan de renovación de flota», con el fin de promover la reposición de las actuales guaguas adscritas al transporte regular por otras de nueva fabricación conforme a las citadas normas Euro 4 y Euro 5.

El Gobierno toma en consideración el proyecto de Decreto para la creación del Registro audiovisual

Regula el procedimiento para la obtención del certificado de obra audiovisual canaria respecto a largometrajes, cortometrajes, series de ficción y animación, así como documentales

El Consejo de Gobierno ha aprobado la toma en consideración del Proyecto de Decreto por el que se creará el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del certificado de obra canaria respecto de largometrajes y cortometrajes y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias. No obstante, antes de su aprobación definitiva, se ha acordado solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias.

Este trámite constituye un importante avance en la creación de este registro, cuyo proyecto podría estar aprobado en el primer trimestre de 2009, siempre que cuente previamente con el informe favorable del citado órgano. La propuesta presentada procede de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, departamento al que quedaría adscrito este registro.

Hay que señalar que la Ley del Cine expresa que la inscripción de una empresa en el registro de empresas cinematográficas y audiovisuales propio de una Comunidad Autónoma que lo tenga establecido, conllevará su inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, integrado en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, sin necesidad de que la empresa tramite una segunda solicitud de inscripción.

Dicho Registro Administrativo de ámbito estatal tiene carácter de registro publico, y en él se pueden inscribir las personas físicas o jurídicas titulares de empresas establecidas en España que realizan actividades en el sector cinematográfico y audiovisual, en sus diferentes especialidades -producción, distribución, exhibición, laboratorios, estudios de rodaje y doblaje, material audiovisual, etc.-, así como los titulares de salas de exhibición cinematográfica que, aunque no revistan forma empresarial, realicen alguna de tales actividades.

Uno de los aspectos más destacables de esta normativa es que la inscripción en dicho Registro constituye un requisito imprescindible para poder obtener los certificados de calificación, créditos, ayudas y subvenciones establecidos por la Ley del Cine.

Además, cabe destacar que la reserva de inversiones en Canarias (RIC) se podrá materializar en la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series o documentales, así como en el desarrollo de programas, cuanto todas ellas se han efectuado en Canarias. Para ello será necesario estar inscrito en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias del Gobierno de Canarias y obtener el sello de «obra canaria», previo cumplimiento de una serie de requisitos que tratan de garantizar tal condición.

La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) constituye, junto con la Zona Especial Canaria, uno de los principales incentivos del REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias), para el sector audiovisual en Canarias. Ésta está configurada como un beneficio fiscal que puede ahorrar, reduciéndola de forma muy amplia, la tributación directa de las empresas radicadas en Canarias.

Este mecanismo permite, mediante la creación de un reserva contable específica (RIC), la reducción de hasta un 90% de la base imponible del Impuesto de Sociedades, por el importe que las empresas radicadas en Canarias mediante domicilio social o E.P., destinen de los beneficios obtenidos, a través de tales establecimientos, a la dotación de la RIC, reduciéndose al mínimo, por tanto, la tributación por el citado Impuesto.

El Gobierno de Canarias regula el decreto de transporte de animales vivos en el Archipiélago

Se aplicará a los transportistas, medios de transporte y contenedores cuyo domicilio o sede social se encuentre en la Islas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el decreto que regula el procedimiento de autorización de transportistas, medios de transporte y contenedores de animales vivos en la comunidad autónoma y crea su registro, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La norma es de aplicación a los transportistas de animales vivos cuyo domicilio o sede social se encuentre en el ámbito territorial de Canarias y a los medios de transporte y contenedores de estos animales, pertenezcan o no a un transportista. El procedimiento se iniciará a petición del interesado, mediante la presentación de las solicitudes aprobadas por el Gobierno, que pueden descargase a través de Internet.

El Gobierno considera oportuno regular este proceso debido a que el transporte de animales en las Islas, al igual que sucede en el resto del Estado, y por extensión, en la Unión Europea, constituye un aspecto de enorme relevancia dentro del ámbito de la producción ganadera, sobre el que convergen numerosas actuaciones administrativas, que resulta necesario ordenar y racionalizar. Para acceder al registro, será necesario haber sido autorizado conforme a lo dispuesto en el decreto.

La autorización tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la notificación de la resolución de concesión de la misma, si bien podrá ser renovada por periodos de cinco años de duración, siempre y cuando el solicitante presente nueva solicitud como máximo, dos meses antes de la finalización de su período de vigencia.

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, al establecer la ordenación sanitaria del mercado de los animales, determina que los medios de transporte de animales, y las empresas propietarias de éstos, deberán estar autorizados por la Comunidad Autónoma en la que radiquen, al tiempo que deben cumplir con las normas higiénico¿sanitarias y de protección de los animales aplicables, así como llevar para cada medio de transporte, un registro donde se reflejen todos los movimientos de los animales.

El Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen las normas relativas a la protección de los animales durante su transporte, establece la obligatoriedad de que todo transportista figure inscrito en un registro, de manera que las autoridades puedan identificarlo. Así mismo, esta norma contempla determinados requisitos relativos al registro de los transportistas que deben ser recogidos por el presente Decreto.

El Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte, entre otras cuestiones, crea el Registro General de transportistas, contenedores y medios de transporte de animales vivos integrando datos obrantes en los registros autonómicos y establece la obligatoriedad de que las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas inscriban en un registro a los transportistas de animales vivos cuyo domicilio se ubique en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma que correspondan, así como a sus contenedores y medios de transporte.

En este sentido hay que tener en cuenta, que la Comunidad Autónoma de Canarias, en el desempeño de sus competencias, expide certificados sanitarios y otros documentos relacionados con el traslado o movimiento de animales, junto a los que debe constar información relativa al transportista, al contenedor, y al medio de transporte utilizado.

Este marco normativo se completa con la referencia a la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Esta Ley dispone un conjunto de principios relativos al cuidado de los animales, así como el cuadro de infracciones y sanciones que dota de eficacia jurídica las obligaciones establecidas en la normativa aplicable.

El Gobierno distribuye, entre los Cabildos, 1.200.000 euros para el mantenimiento de las obras en carreteras

El Gobierno de Canarias a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda, José Manuel Soria y de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, ha aprobado el proyecto de Decreto por el que se distribuye entre los Cabildos el crédito de «Ajuste de incremento de la longitud de la red regional y mantenimiento de obras singulares de carreteras de Canarias».

Dicha distribución esta contemplada en la Ley territorial 12/2007 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007, que, señala, que se realizará por el Ejecutivo de acuerdo con la propuesta conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y Transportes, previo dictamen de la Conferencia Sectorial correspondiente.

Respecto de la cantidad a distribuir, (1.200.000,00 euros), al darse las mismas circunstancias que en el ejercicio 2007, el dictamen del Conferencia Sectorial establecía que la distribución no variase, quedando tal y como sigue:

Al Cabildo de El Hierro le corresponde un importe total de 27.758,00 euros; al de Fuerteventura, 138.156,00 euros; Gran Canaria, 324.582,00 euros; La Gomera, 95.430,00 euros; Lanzarote,106.786,00 euros; La Palma, 178.214,00 euros y Tenerife, 329.074,00 euros.

El Gobierno da luz verde a la integración del HUC y otras unidades asistenciales en el Servicio Canario de la Salud, a partir del 1 de enero

La Consejería de Sanidad está en disposición de suscribir junto al Cabildo Insular de Tenerife el acuerdo que permitirá fijar las condiciones de integración

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería de Sanidad a la firma del acuerdo entre el Servicio Canario de la Salud y el Cabildo Insular de Tenerife que instrumentalizará las condiciones de integración del Hospital Universitario de Canarias y determinadas unidades asistenciales del Hospital Psiquiátrico de Tenerife en la red de centros sanitarios del SCS.

Con esta autorización, la Consejería de Sanidad está ya en disposición de suscribir junto al Cabildo de Tenerife el acuerdo que permitirá fijar las condiciones de integración efectiva, a partir del 1 de enero de 2009, para lo que se convocará antes de finalizar el año un consejo de administración del Consorcio Sanitario de Tenerife (CST), con carácter extraordinario.

Se trata de uno de los trámites finales del proceso administrativo impulsado el pasado 29 de abril con la aprobación por el Consejo de Administración del CST de la propuesta de integración, un importante acuerdo adoptado por unanimidad que dio paso a la creación de una comisión que articuló las pautas del proceso y designó a los peritos correspondientes.

La autorización del Gobierno de Canarias y de la Corporación Insular para la disolución del Consorcio y la integración del HUC y las unidades del Hospital Psiquiátrico en el Servicio Canario de la Salud fue adoptada en el mes de julio.

A continuación, el consejo de administración del Consorcio Sanitario de Tenerife creó una comisión encargada de la liquidación del patrimonio del Consorcio y otra para la negociación de las condiciones de integración del personal.

Esta última, finalizó su tarea el 13 de noviembre con la firma de un acuerdo con la totalidad de las organizaciones sindicales representadas en el Comité de Empresa, que recoge, entre otros aspectos, que la integración del personal será un proceso voluntario, de aplicación a los trabajadores que expresamente lo soliciten.

Asimismo, del trabajo realizado en el seno de esa Comisión resultó la obtención de un nuevo convenio colectivo de los trabajadores, que fue definitivamente aprobado en la sesión ordinaria del consejo de administración del CST celebrada el pasado lunes, día 15.

Respecto a la Comisión Liquidadora, la propuesta de liquidación y distribución del patrimonio neto resultante fue presentada al mismo consejo del día 15, así como la proposición de adscripción del personal, contratos y convenios.

El Gobierno destina 668.065 euros al Cabildo de La Palma para acondicionar el vertedero de Barranco Seco

Considera acreditado el interés público de la ayuda mientras finalizan las obras del Complejo Ambiental de Mazo

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy una subvención de 668.065 euros al Cabildo de La Palma para el acondicionamiento y mejora del vertedero de Barranco Seco, en la capital de la isla. El Ejecutivo, y así la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, considera acreditada la concurrencia de razones de interés público que justifican la citada ayuda para la canalización del barranco mediante un arco de bóvedas, siguiendo su traza actual hasta su desembocadura en el mar, con el fin de depositar los residuos sobre dicha estructura. Actualmente, dicho vertedero se utiliza para residuos no peligrosos y urbanos.

El Cabildo de La Palma ha de justificar ante la Consejería el cumplimiento de la actividad que fundamenta la ayuda, así como la finalidad que determine la concesión de la misma. Asimismo, está obligado a someterse a las actuaciones de comprobación que en relación con la subvención concedida se practique por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas, así como a facilitar toda la información que le sea requerida por los mismos o por otros órganos de control financiero, tanto nacionales como comunitarios, portando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

El Gobierno de Canarias delimita el ámbito de protección de la Iglesia de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife

El Decreto garantizará la prevención de posibles impactos sobre el histórico edificio y construcciones aledañas, que puedan afectar a su estudio o contemplación

El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de decreto por el que se delimitará el área de protección de la Iglesia Nuestra Señora de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife. El templo, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 1983, se ubica en el ámbito urbano más antiguo de la capital tinerfeña.

Se configura como un templo de cinco naves, cuyas dimensiones actuales data de la primera mitad del siglo XVIII, tras sucesivas ampliaciones de su construcción original, cuya cronología se remonta al tránsito del siglo XV al XVI.

La delimitación se justifica por la necesidad de preservar uno de los inmuebles religiosos más destacados del Archipiélago, así como el de su entorno histórico configurado por los inmuebles que rodean la Plaza de la Iglesia o que discurren frente a la fachada principal del templo. Dicho entorno pretende prevenir posibles impactos sobre la iglesia y edificios aledaños, que puedan afectar su estudio o contemplación.

De esta manera, la delimitación de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción se ajusta al borde de la acera de la Avenida Bravo Murillo hasta el eje de la calle Charco de la Casona, por el que prosigue hasta la intersección con la calle Puente del Cabo. Engloba los inmuebles nº 1 y 2 de la citada vía, así como los inmuebles nº 2, 4 y 6 de la calle Domínguez Afonso. Por último, la delimitación incluye la totalidad de la Plaza de la Iglesia y limita con las fachadas de los inmuebles que dan hacia la misma.

El Gobierno modifica el reglamento de la Consejería de Turismo para potenciar las competencias en materia de renovación edificatoria y rehabilitación urbana

El Gobierno de Canarias ha modificado, mediante Decreto, el rreglamento orgánico de la Consejería de Turismo, que dirige Rita Martín, por el que se introducen modificaciones con el fin de potenciar la colaboración entre la Agencia Canaria de Rehabilitación de la Planta Alojativa Turística y la Consejería , delimitando las competencias en las materias de renovación edificatoria y rehabilitación urbana.

Respecto a la renovación edificatoria, se contemplan funciones de informe y de coordinación con los órganos y departamentos competentes en materia de rehabilitación de la planta de alojamiento turístico.

En relación con la rehabilitación urbana, se prevé la intervención de la Consejería de Turismo en los siguientes ámbitos:

o La declaración, en su caso, y la delimitación de los núcleos y zonas a rehabilitar, previo informe de la consejería con atribuciones en materia de urbanismo y del órgano competente en materia de rehabilitación de la planta alojativa turística.

o La aprobación de los planes, programas y medidas tendentes a la rehabilitación de los espacios urbanos turísticos o la propuesta al Gobierno de su aprobación cuando competa a éste, y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos u órganos.

o La suscripción de los acuerdos y convenios para la rehabilitación de los espacios urbanos turísticos, así como, en su caso, la participación en los consorcios u órganos especializados que se constituyan con dicho objetivo.

El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el proyecto de Decreto del nuevo reglamento del Bingo

Con el nuevo texto se propone incorporar varias modificaciones al actual reglamento de este juego, con el fin de adaptarlo a la continua evolución del sector, propiciado sobre todo por la incoporación de las nuevas tecnologías

El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión de hoy, tomar en consideración y solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este proyecto de Decreto, presentado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad tras ser consensuado con el sector, introduce varias modificaciones a la normativa vigente que regula esta actividad (Decreto 85/2002, de 2 de julio).

A pesar de que la normativa en vigor ha cumplido satisfactoriamente su función hasta la fecha, el nuevo reglamento incorpora varias modificaciones con las que se trata de adaptarla a la continua evolución del sector, propiciada por la incorporación de las nuevas tecnologías.

Entre los aspectos más relevantes del citado proyecto de Decreto, hay que destacar la regulación de las nuevas modalidades del juego ya implantadas en todo el territorio nacional (Prima de Bingo y Bingo Acumulado Interconectado), el nuevo régimen jurídico de la instalación, al optarse por el concurso como procedimiento de concesión, así como aspectos relativos al régimen de publicidad, al incorporar el patrocinio y la promoción.

Entre las modificaciones planteadas, el nuevo texto establece, en concreto, que la adjudicación de las autorizaciones de instalación de sala de bingo se harán por concurso público y las resolverá el titular de la Viceconsejería de Administración Pública (art. 7); se obliga a las salas de bingo a tener un sistema de videovigilancia para verificar el normal desarrollo de las jugadas, y se permite el patrocinio y la promoción de las salas de bingo, previa autorización por la Dirección General.

En cuanto a los premios, el proyecto de Decreto prevé el establecimiento del Premio de Prima de Bingo Acumulado de Sala, cuyo objetivo es dar numerosos premios de pequeño y mediano importe (entre 30 y 1.000 euros), así como una nueva regulación del Premio del Bingo Acumulado Interconectado Canario (BAI), cuyo importe máximo se establece en 150.000 euros. Se incluye, además, un anexo IV con las condiciones técnicas de la infraestructura del BAI.