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Acuerdos de gobierno

El decreto de asignación de cantidades de referencia del plátano, a un paso de su aprobación

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha acordado solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto de asignación y reserva de las cantidades de referencia para los productores de plátano según lo establecido en el POSEI

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, 17 de marzo, solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto por el que se regula la asignación de cantidades de referencia y de reserva para las personas productoras de plátanos, conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

Así, una vez realizados todos los trámites y recabados todos los informes preceptivos, y tras la valoración de las alegaciones presentadas en el trámite de información y audiencia pública, la nueva norma se encuentra en la última fase de tramitación, esto es, la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo. Una vez recibido el mencionado dictamen, el proyecto de decreto se elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

El propósito de dicha norma es la adaptación a las modificaciones del POSEI y promover la estabilidad y sostenibilidad del sector, estableciendo un nuevo marco regulatorio, coherente e integrado, de la asignación y método de cálculo de las cantidades de referencia, mediante la aplicación de un límite de asignación de dichas cantidades, la ampliación de su periodo de revisión, y la identificación de la superficie asociada para el cálculo del rendimiento individual.

Asimismo, dicho texto contiene una nueva regulación de la reserva de cantidades de referencia no asignadas, a través de la implantación de procedimientos más ágiles y transparentes, que fomenta también el relevo generacional.

Este consta de un preámbulo justificativo de la norma, una parte dispositiva y una final. Los tres capítulos en los que se estructura la parte dispositiva contienen las disposiciones generales, la revisión de cantidades de referencia y la regulación de la reserva de las mismas. La parte final contempla una disposición adicional única en la que se recoge la excepción para las personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma o por expropiaciones para la realización de equipamientos de interés general.

Esta norma recoge lo aprobado en la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias.

El Gobierno apoya que la RIC pueda usarse en la construcción de inmuebles para alquiler de vivienda habitual

El Ejecutivo destaca la importancia de que el Congreso saque adelante la proposición de ley en trámite para seguir fomentando la puesta a disposición de inmuebles en el mercado

Esta iniciativa requiere de la modificación del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago y amplía las posibilidades de destinar la Reserva de Inversiones de Canarias en esta materia

El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido esta mañana en Santa Cruz de Tenerife, ha reafirmado su posicionamiento sobre que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda materializarse en la construcción de inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda habitual, lo que incrementará la oferta de inmuebles en alquiler permitiendo precios más asequibles.

La proposición de Ley de modificación de La ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias fue tomada en consideración el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados y se encuentra en fase de presentación de enmiendas a la totalidad.

Esta iniciativa va a permitir que los 2.000 millones de euros que se estima que alberga la RIC también se puedan invertir en la construcción de viviendas que, posteriormente, sean destinadas al alquiler de vivienda habitual para dar respuesta a aquellas personas que han visto reducidas las oportunidades de acceder a una vivienda digna en las islas.

En este sentido, la colaboración público-privada está siendo fundamental para incrementar la puesta a disposición de más inmuebles en el mercado. Prueba de ello es el incremento sin precedentes en las solicitudes de promotores privados para la puesta a disposición en el mercado de nuevas viviendas protegidas. Durante el último año y medio se han recibido 56 solicitudes para la calificación de 2.137 inmuebles como protegidos, para llevar a cabo su construcción o rehabilitación en el archipiélago en los próximos meses.

Enfoque integral de las políticas de vivienda

El Gobierno de Canarias está abordando la escasez de oferta de inmuebles con un enfoque integral, sentando las bases para impulsar la construcción, rehabilitación y regulación del mercado. El pasado año aprobó un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que agiliza los procedimientos para la cesión de suelo para la construcción de vivienda de promoción pública; el uso de suelo dotacional o de equipamiento para la construcción de inmuebles protegidos, así como la compatibilidad de uso residencial y turístico en suelo sin desarrollar.

Ahora, el Ejecutivo se encuentra en fase de aprobar un segundo decreto ley que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, abordando uno de los mayores obstáculos para la construcción de viviendas, así como nuevas medidas para impulsar la construcción.

Otro instrumento que se prevé desarrollar durante este 2025, y que se contempla en este segundo decreto, es el de las viviendas asequibles incentivadas, una figura que se recoge en la Ley estatal de vivienda, pero que carece de desarrollo normativo, por lo que Canarias será pionera en su desarrollo. Estas viviendas, destinadas exclusivamente al alquiler, se impulsarán mediante beneficios urbanísticos para también dar respuesta a las clases medias y a aquellas personas que encuentran dificultades para acceder a la vivienda en el mercado libre.

El Gobierno aprueba la RPT para la puesta en marcha de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito

Se crean ocho plazas de personal funcionario en la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, para la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya creación y regulación se recoge en un decreto del año 2019.

El Consejo de Gobierno autorizó el 22 de julio de 2024 esta tramitación de la modificación de la RPT por la vía de urgencia, iniciando la consejera Nieves Lady Barreto el procedimiento que culmina hoy, tras recabar los informes de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y de la Dirección General de la Función Pública.

Para la puesta en marcha de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se crearán ocho puestos de trabajo de personal funcionario, cuatro para cada oficina provincial. Las oficinas estarán adscritas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y cada equipo constará de psicólogo/a, trabajador/a social, técnico/a, y jefe/a de negociado.

La modificación puntual se considera justificada dado que es necesario estructurar la organización administrativa de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 89/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la creación y organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 46/2021, de 12 de mayo que modifica el anterior.

El Gobierno de Canarias autoriza la incorporación de Santa María de Guía a Gesplan

Con este son ya 79 los ayuntamientos canarios que pueden realizar encargos directos a la empresa pública especializada en el planeamiento territorial y la gestión medioambiental

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la modificación de los estatutos sociales de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, con el fin de declarar a la sociedad mercantil como medio propio personificado del Ayuntamiento de Santa María de Guía, en Gran Canaria.

Con esta modificación de los estatutos ya son 79 los municipios que han realizado esta habilitación a la entidad pública, además de los siete cabildos. Este trámite les permite hacer encargos directos a Gesplan, y así agilizar la tramitación de la ejecución de obras y servicios, siempre que los mismos estén recogidos en el objeto social de la empresa, constituida en 1991.

Gesplan está especializada en trabajos de planificación y gestión territorial, proyectos relacionados con la transición ecológica y el medioambiente, o el desarrollo de infraestructuras, a través de tecnologías de vanguardia digital.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y presidente del consejo de administración de Gesplan, Manuel Miranda, ha destacado “el relevante papel de Gesplan en la mejora de la eficiencia y eficacia de las administraciones canarias en el desarrollo de sus políticas públicas”, y recordó que la empresa intervino el pasado año unos 350 proyectos, con una plantilla que supera las 2.000 personas y un volumen de negocio de más de 80 millones de euros, de los cuales más de 22 millones retornaron directamente al tejido empresarial canario a través de sus 1.500 proveedores de suministros y servicios.

El Gobierno aprueba el reembolso de 3,8 M€ a Naviera Armas de bonificación por el descuento de residente

Con esta partida, el Ejecutivo regional bonifica el 25% del coste de los billetes del transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias

Esta medida busca garantizar la conectividad entre islas y favorecer la cohesión social del archipiélago

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha autorizado el reembolso de 3.840.582,96 de euros a la entidad mercantil Naviera Armas, S.A. para compensar las bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias por los viajes efectuados durante el cuarto trimestre del año 2024.

Este reembolso corresponde a la subvención otorgada a los residentes canarios por realizar viajes interinsulares durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en esta compañía que opera entre islas y que es bonificada en un 25% por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En este sentido, la Consejería realiza este pago en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias de forma trimestral.

Desde la implantación del 75% en los viajes interinsulares aéreos y marítimos tras el acuerdo alcanzado con el Estado, la movilidad de los residentes canarios ha aumentado notablemente por la bajada de precios, y la mejora de las frecuencias.

Con esta subvención, ambos gobiernos pretenden consolidar e impulsar la movilidad entre islas con frecuencia y precios razonables, favoreciendo la cohesión social del archipiélago.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que simplifica el reconocimiento de la dependencia

La nueva normativa permitirá reducir los plazos para obtener la ayuda, al pasar de dos procedimientos a uno

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado, a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, considerar el proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y elevar el mismo al Consejo Consultivo de Canarias a fin de recabar su preceptivo dictamen.

Una vez que entre en vigor, el decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.

Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla-León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.

La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas dependientes y a sus familias. Cabe recordar que la nómina que pagó el Gobierno de Canarias por prestaciones totales en el mes de enero de 2025 superó los 12,4 millones de euros, con los que se realizó la cobertura de ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia de 29.441 personas en el Archipiélago. En julio de 2023, este importe era de 7,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 58% en tan solo 18 meses de legislatura.

“Hay que recordar que una sola persona puede recibir varias ayudas -en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias la ratio es de 1,38 por persona, la media nacional es 1,40- y que, según el informe del IMSERSO, disponible en su página web, a 31 de enero de 2025, se otorgaban 65.078 prestaciones, 21.410 prestaciones más que al inicio de esta legislatura”, desveló.

“En definitiva, esta legislatura supone un punto de inflexión en lo que a gestión de la Dependencia se refiere. Está claro que nos gustaría resolver de un día para otro los expedientes, pero por el momento no se puede. Entre otras cosas, la financiación del Estado, que tiene que ser al 50%, sigue siendo escasa. El esfuerzo económico que se realiza desde esta Comunidad Autónoma, incluidos los cabildos, que no olvidemos que son los que tienen los centros residenciales, es muy superior a la que se espera de cualquier autonomía”, añadió la titular del departamento.

El Gobierno autoriza un gasto de 68,7 millones para la atención de pacientes del Servicio Canario de la Salud

La partida aprobada para 2025 se destinará a financiar pruebas diagnósticas, procesos quirúrgicos y hospitalización de pacientes en listas de espera que sean derivados a centros concertados

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 68.727.406,97 euros, mediante tramitación ordinaria, para financiar durante 2025 los gastos derivados de la asistencia sanitaria de pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) en centros concertados, de las Áreas de Salud de Tenerife y Gran Canaria. Esta actividad se presta de forma complementaria a la realizada en los hospitales públicos.

La partida autorizada por el Gobierno se destinará a financiar, fundamentalmente, la realización de pruebas diagnósticas, procesos quirúrgicos y la hospitalización de pacientes del SCS en listas de espera, para reducir los tiempos de demora.

Los últimos datos de evolución de las listas de espera del SCS reflejan un descenso continuado tanto del número de pacientes a la espera de una intervención quirúrgica, del 9,5 por ciento, como de la demora media, que se ha reducido en 30 días desde el segundo semestre de 2023.

Esta reducción es el resultado del Plan Activa que ha intensificado la actividad quirúrgica, de consultas y pruebas de los hospitales del SCS y que se complementa con la asistencia sanitaria en centros concertados.

Bienestar Social lleva al Gobierno el proyecto de decreto de la tarjeta que acredita el grado de discapacidad

Digital o física, la tarjeta facilitará el acceso a los beneficios que corresponden a las personas con esa condición

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado, a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, tomar en consideración el proyecto de Decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención, así como elevar al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto para recabar su informe.

Según se exponen en el proyecto de Decreto que contempla la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad en Canarias, tanto digital como física, se dotará de esta tarjeta a las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de proporcionarles un instrumento útil para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, y facilitarles así el acceso a los beneficios de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.

La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil. “Es una acción muy demandada por las personas del colectivo, porque evita que estas tengan que llevar a diario el decreto de resolución de su grado, y simplemente mostrarlo en el móvil”, aseguró en rueda de prensa la consejera Candelaria Delgado.

Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones de género, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Canarias amplía la declaración de emergencia en materia de menores migrantes con el fin de garantizar su protección

El Ejecutivo canario ya tomó esta medida en agosto de 2023, que ha ido reiterando ante la situación de incremento de llegada de niños y niñas no acompañados a las costas canarias

La media de ocupación de los centros de acogida de menores migrantes alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte

Canarias tutela en estos momentos a más de 5.800 chicos y chicas migrantes no acompañados

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado hoy la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico, nacional e internacional en materia de protección de la infancia, garantizado una respuesta adecuada a la crisis del sistema de acogida de Canarias.

Hay que recordar que en agosto de 2023, el Gobierno de Canarias acordó declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de inmigrantes que entonces llegaban a las islas, adoptando cuantas medidas ha tenido en su mano para hacer frente a esa realidad y, de modo especial, a las necesidades de los migrantes menores no acompañados.

Sin embargo, la llegada de menores no acompañados se ha ido incrementando de forma constante, desbordando la capacidad de gestión de los recursos y dispositivos para atenderlos. Por ese motivo, ante el agravamiento de dicha emergencia migratoria, el 2 de septiembre de 2024, Gobierno de Canarias acordó reiterar dicha declaración de emergencia migratoria, al objeto, entre otros, de impulsar con la máxima prioridad un conjunto de medidas para hacer frente a dicha situación, en especial las relativas a la concertación de nuevas plazas para atender a los menores y la ampliación de la plantilla de personal destinada a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

La situación actual, de emergencia migratoria sobrevenida o agravada, queda descrita en los datos sobre la situación de desbordamiento de los recursos de que dispone la Canarias para atender a los migrantes menores no acompañados. A fecha de septiembre de 2024 se registraban 4.285 menores tutelados por el Ejecutivo canario, el 36,5% del total nacional. Esta cifra se ha incrementado superando los 5.800 menores en febrero de 2025, por lo que la capacidad de acogida de los 86 centros destinados a este fin se ha visto desbordada, con una media de ocupación de los centros de acogida alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte.

A pesar de los esfuerzos realizados, la continua llegada de menores y la saturación persistente de los centros de acogida evidencian la necesidad de ampliar la declaración de emergencia agravada, con el fin de incrementar la capacidad de los centros existentes y habilitar nuevas instalaciones adecuadas para garantizar entornos seguros para la infancia y la adolescencia migrante; reestructurar los centros según los perfiles de menores; contratar y formar a profesionales en áreas como trabajo social, psicología e interpretación, esenciales para la atención integral de los menores y acelerar los trámites necesarios para la documentación y regularización de los menores, facilitando su integración y acceso a derechos básicos.

Con esta acción se podrá, en definitiva, movilizar los recursos necesarios, fortalecer las infraestructuras de acogida y garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados.

Bienestar Social destina 24,3 millones de euros a la atención de menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales

A través de esta partida se da cobertura a la realización de programas de actividades en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales en Canarias

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha autorizado la realización del gasto derivado de la Orden de encargo a la Fundación Canaria de Juventud IDEO para la realización de determinadas actividades en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2025, por un importe 24.310.174,65 euros.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias desarrolla, a través de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, un programa de actividades relacionadas con la ejecución de las medidas dictadas por los jueces y fiscales de Canarias, para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales en Canarias.

La Fundación Canaria de Juventud IDEO es una entidad sin fin lucrativo, con personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes en cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra “el fomento, promoción y apoyo de actividades, acciones y programas, destinados a la población infantil y juvenil de Canarias en aras de favorecer el desarrollo integral del individuo, eliminando, en lo posible, los obstáculos con los que se encuentren”.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en su artículo 45.1, establece que la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores es competencia de las Comunidades Autónomas.