Este importe está destinado a financiar una asistencia técnica de apoyo a la organización y modernización de las oficinas técnicas municipales
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, ha autorizado hoy martes 11 de noviembre, un gasto de más de tres millones de euros, en concreto 3.020.749 euros, para la organización y modernización de las oficinas técnicas municipales en la gestión, sistematización, digitalización y difusión del planeamiento de Canarias.
La aportación económica se autoriza para la encomienda a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental (GESPLAN) del Ejecutivo canario de la asistencia técnica denominada «Apoyo a la organización y modernización de las oficinas técnicas municipales en la gestión, sistematización, digitalización y difusión del planeamiento», con cargo a una serie de partidas presupuestarias. De esta manera, para el apoyo en la materia en Fuerteventura se destinan 200.000 euros; para Lanzarote, 183.000 euros; Gran Canaria, 771.440 euros; La Gomera, 277.718 euros; El Hierro, 123.430 euros; La Palma, 524.579 euros; y Tenerife, 740.582 euros. Para el proyecto de sistematización, digitalización y difusión del planeamiento en las Islas en general se destinan 200.000 euros más.
El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Ordenación Territorial y de sus Direcciones Generales de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo, tanto económico como técnico, que continúa en la actualidad, para que todos los municipios de las Islas tengan sus instrumentos de ordenación urbanística y de los espacios naturales, adaptados al nuevo marco legislativo canario en materia urbanística y medioambiental.
En este sentido, la encomienda se justifica ante la importante necesidad de continuar con la labor emprendida de apoyo a la modernización de los ayuntamientos canarios. Esta cuestión es de vital importancia para la gestión integral de los territorios municipales, pero también para el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno de Canarias en materia de suelo vinculadas a la vivienda protegida, infraestructuras y mejora de los servicios sociosanitarios, educativos, deportivos, etc., que encuentran freno en las dificultades de gestión que tienen los ayuntamientos en materias relacionadas con el desarrollo del planeamiento. Igualmente se justifica esta encomienda en la imposibilidad material por parte del departamento autonómico de contar directamente con los medios técnicos necesarios que permitan la implantación y ejecución del Programa de Cooperación Territorial Interadministrativa en todo el territorio de la Comunidad autónoma, en especial las actuaciones de apoyo a la organización y modernización de las oficinas técnicas municipales para la gestión, sistematización, digitalización y difusión de los Planes Generales de Ordenación y de los Planes de Espacios Naturales Protegidos.
Este programa tiene por objeto mejorar la gestión técnica y administrativa en las oficinas municipales, dotándolas de los instrumentos y la formación necesarios, así como de las herramientas de planificación, gestión y verificación de proyectos, modernizando los sistemas de gestión para mejorar los servicios de atención al ciudadano y profesionalizando la gestión del territorio en todos los ayuntamientos de Canarias que suscriban un convenio interadministrativo de colaboración, relativa a la aplicación de las nuevas tecnologías a la ordenación urbanística mediante la generación de bases de datos integradas del territorio en los Planes Generales de Ordenación y en el planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos.
Igualmente, se persigue potenciar una cultura del territorio, ampliamente extendida, cuyas premisas se fundamenten en entender éste como un recurso fundamental, que es necesario proteger y valorar, incrementando la calidad de los servicio al ciudadano en proximidad, potenciando la gestión municipal, aportando medios técnicos y económicos a las oficinas municipales para garantizar la transparencia, agilidad y accesibilidad de la información y en los criterios normativos, evitando su mal uso, para hacerlos más accesibles a todos los usuarios.



