– Las modificaciones afectarán a la tributación de los biocarburantes, al plazo de solicitud de devolución del IGIC a empresarios o profesionales no establecidos en Canarias, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias trabaja actualmente en la configuración de un nuevo anteproyecto de ley de medidas fiscales que contendrá modificaciones normativas en el ámbito de los tributos propios, de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal y de los tributos cedidos por el Estado a Canarias. El Consejo de Gobierno aprobó hoy la memoria justificativa de dicho anteproyecto y autorizó al departamento que dirige José Manuel Soria para que continúe adelante con su tramitación administrativa.
A principios del presente año, el Gobierno de Canarias aprobó, a instancia del Consejero de Economía y Hacienda, un informe sobre la ‘Situación de la economía canaria: perspectivas y objetivos frente a la desaceleración’, estableciendo de manera pormenorizada un conjunto de medidas fiscales y económicas para paliar los efectos negativos de la actual situación económica sobre el consumo privado, para el fomento de la inversión y del entorno empresarial, para la racionalización del gasto público, para el fomento de las exportaciones y para la mejora de la eficiencia de los mercados de bienes y servicios.
Las medidas fiscales incluidas en tal informe se han enfocado, básicamente, dentro de las acciones sobre el consumo privado y afectan al Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Arbitrio sobre Importación y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
Las medidas relativas al Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fueron ya adoptadas mediante la Ley 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial sobre Combustibles y de establecimiento de una deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la variación del Euríbor.
El nuevo anteproyecto de ley comprende tres títulos: el primero, referido a los tributos propios de la Comunidad Autónoma, contendrá un solo artículo relativo al Impuesto Especial de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo; el segundo, referido a los tributos derivados del REF, tendrá un solo artículo relativo al Impuesto General Indirecto Canario y el tercero, sobre los tributos cedidos por el Estado, contendrá dos preceptos; uno relativo a las modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y otro sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En cuanto al Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma sobre combustibles derivados del petróleo, se pretende evitar ahora con el nuevo anteproyecto una tributación discriminatoria de los biocarburantes en Canarias, en el ámbito de la imposición indirecta específica respecto al territorio peninsular y a las Islas Baleares.
La directiva europea de 2003 relativa al fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte tiene como fin fomentar la utilización de biocarburantes u otros combustibles renovables como sustitutivos del gasóleo o la gasolina, con el objetivo de contribuir a objetivos tales como el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de cambio climático, la seguridad de abastecimiento en condiciones ecológicamente racionales y la promoción de las fuentes de energía renovables. Un artículo de esta directiva obliga a los Estados miembros a velar por la comercialización en sus mercados de una proporción mínima de biocarburantes y otros combustibles renovables en un estado puro o en una concentración elevada en derivados del petróleo, mezclados con derivados del petróleo o en líquidos derivados de los biocarburantes. Asimismo, la Unión Europea establece unos niveles mínimos adecuados de imposición a la energía en el que los Estados miembros pueden aplicar una exención o un tipo reducido a determinados productos que tengan la naturaleza de biocarburantes o contengan uno o varios de tales bienes.
El Impuesto Especial de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo no incluye al biodiesel, el bioetanol y el biometanol, por lo que su comercialización mayorista en Canarias se encuentra no sujeta al tributo autonómico. Sin embargo, la comercialización mayorista de gasolina o gasóleo que contenga tales biocarburantes está sujeta al Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma, sin que exista actualmente ninguna especialidad, a distinción del Impuesto sobre Hidrocarburos, en relación a la comercialización de estos biocarburantes mezclados con productos derivados del petróleo, implicando con ello una situación tributaria peor en Canarias que en el territorio peninsular e Islas Baleares. Para evitar esta situación se propone establecer un supuesto de no sujeción respecto de la parte de biocarburante contenido en la gasolina o gasóleo comercializado en su fase mayorista.
En el ámbito del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y con el fin de evitar pronunciamientos judiciales contrarios a la Administración Tributaria Canaria respecto a la falta de cobertura legal del plazo de solicitud de devolución del IGIC a empresarios o profesionales no establecidos en Canarias, se propondrá elevar el rango normativo de este plazo, actualmente regulado en un decreto, teniendo en cuenta diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Por otra parte, y para cumplir el mandado del Gobierno de Canarias de establecer medidas fiscales para incrementar el consumo privado a través de la adopción de medidas relativas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el nuevo anteproyecto de ley se propone rebajar los actuales tipos reducidos del 6% y del 0,5% e introducir ciertas modificaciones, puramente técnicas, para evitar situaciones discriminatorias desde la perspectiva de la renta familiar.
Los nuevos tipos reducidos serán del 4% y el 0,4% y afectarán a la transmisión onerosa sujeta a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales de vivienda habitual por familia numerosa, menores de 35 años, personas con discapacidad, cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 65%, y vivienda de protección oficial. Además, afectará a la transmisión onerosa sujeta al IGIC y a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados de vivienda habitual, igualmente por familia numerosa, menores de 35 años, personas con discapacidad y viviendas de protección oficial, además de a los préstamos hipotecarios, sujetos a la modalidad a Actos Jurídicos Documentados, para financiar la adquisición de la vivienda habitual en los mismos supuestos que los anteriores.
Asimismo, se creará un nuevo tipo reducido en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del 0,1% para las operaciones de constitución de garantía hipotecaria realizadas a favor de las sociedades de garantía recíproca.
La medida relativa al Impuesto sobre el Patrimonio ha perdido todo sentido, pues se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados un anteproyecto de ley en el que se prevé el establecimiento de una bonificación del 100 por cien de su cuota íntegra.
Sucesiones y Donaciones
El nuevo anteproyecto de ley también incluye la introducción de determinadas medidas para mejorar la gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Estas medidas son establecer la posibilidad, igual que se refleja en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de que el contribuyente se reserve el derecho a promover la tasación pericial contradictoria. Asimismo, se prevé la modificación de la bonificación del 99,9% de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para suprimir la exigencia de documento público a las pólizas de seguros de vida que deban tributar como donación.