Los indicadores de salud financiera de ahorro neto, deuda a largo plazo y remanente de tesorería de los ayuntamientos canarios registraron, en 2005, una mejora a nivel de la Comunidad Autónoma, según el estudio del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) sobre la Evaluación General de la Situación Económico Financiera y Tributaria Fiscal de las corporaciones municipales analizado, esta mañana, por el Consejo de Gobierno. Sin embargo, empeoran los indicadores de cuantía de libre disposición referidos a gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal.
El ahorro neto mejoró, en concreto, un 0,3% con respecto a 2004, la deuda a largo plazo lo hizo en un 1,6% y el remanente de tesorería creció un 2,7%. Por contra, la gestión recaudatoria empeoró un 0,4% y el esfuerzo fiscal pasó del 98,3%, en 2004, al 95,9% de 2005.
El estudio refleja, no osbtante, que sólo 10 de los 87 ayuntamientos de Canarias cumplen con todos los indicadores que se analizan (ahorro neto, endeudamiento a largo plazo, gestión recaudatoria, remanente de tesorería y esfuerzo fiscal), cinco menos que en 2004.
De manera global, y al igual que en el 2004, las ratios cubiertas por más ayuntamientos son el esfuerzo fiscal, superado por 76 de las 87 corporaciones municipales analizadas, y la gestión recaudatoria, que también la cumplen 71 haciendas locales; en cambio, vuelve a ser el ahorro neto el indicador que menos ayuntamientos lo alcanza, con 21.
Aún así, ésta última ratio ha mejorado en los ayuntamientos canarios, pasando del 5,6% al 5,9% de los ingresos corrientes, lo que hace que el ejercicio de 2005 se haya cerrado con un superávit de 230 millones de euros. Ese incremento del ahorro, en términos absolutos, permite mejorar las posibilidades de financiación de los gastos de inversión de las corporaciones municipales con cargo a sus propios recursos.
La deuda a largo plazo es otro de los aspectos analizados en este estudio que mejora, ya que se produce una disminución, respecto al 2004, de un 1,6% sobre los ingresos corrientes. Si se realiza un análisis por ayuntamientos, sólo 13 incumplen esta ratio -tres menos que en 2004-; en ellos su nivel de endeudamiento se sitúa por encima del 70% de sus ingresos corrientes, por tanto mejora también el número de ayuntamientos que cumplen con este indicador.
Sin embargo, la gestión recaudatoria de los ingresos propios empora, al pasar del 83,2% de recaudación sobre el total de derechos en 2004, al 82,7% en 2005. No obstante, la recaudación total creció un 9,6%, pasando de 627,2 a 687,6 millones en 2005. Esta ratio ha sido cumplida, en 2005, por 71 ayuntamientos frente a los 72 de 2004.
El remanente de tesorería mantiene la tendencia de 2004, y experimenta una mejora de 14,7%, por lo que este indicador ha pasado de un 9,1% en 2004 a un 11,8% en 2005, con un valor absoluto de 282 millones de euros. Este indicador lo cumplieron en el último año estudiado 55 ayuntamientos, frente a 56 del ejercicio anterior.
El esfuerzo fiscal promedio de las corporaciones locales en el 2005 alcanzó el índice del 95,9%, frente al 98,3% del ejercicio 2004. Del total de ayuntamientos, sólo 11 no superaron este indicador, lo que significa 3 más que en 2004.
Con estos resultados, para el ejercicio 2006 habrá que destinar a saneamiento un total de 68 millones de euros del FCMC, frente a los 61,5 millones de euros destinados en el ejercicio anterior. En cuanto al destino de la inversión, se deberán aplicar 14,3 millones de euros en 2006, mientras que en 2005 se destinaron 15,6 millones.
Objetivo del FCFM
El Fondo Canario de Financiación Municipal tiene como objeto dotar a los municipios canarios de recursos económicos para gastos de libre disposición y para inversión o saneamiento económico financiero, según se cumplan o no los indicadores de saneamiento.
De acuerdo con la Ley que regula el citado Fondo, el reparto del presupuesto se realiza atendiendo a los siguientes criterios: el 68% según la población, el 16% por la solidaridad, un 1% en base a la insularidad periférica, un 2% según la extensión territorial, los espacios naturales protegidos y las plazas alojativas turísticas, respectivamente, un 5% de acuerdo con la dispersión territorial y un 4% en función de las unidades escolares con que cuente el municipio. La distribución de estos criterios se lleva a cabo de forma directamente proporcional, excepto la solidaridad y la insularidad periférica, que se realizan de forma igualitaria.