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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias declara el conjunto histórico de Arico el Nuevo como Bien de Interés Cultural

El caserío adquirió importancia a partir del siglo XVIII con el traslado de varias familias procedentes de Lomo de Arico debido a la escasez de agua

El Gobierno de Canarias ha aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural a favor del conjunto histórico de Arico el Nuevo, en la Isla de Tenerife. Este caserío se encuentra a unos 60 km de la capital hacia el sur, localizado entre los barrancos de La Atalaya y Lere, a unos 350 metros de altitud, constituido por edificaciones de una y dos plantas, patios interiores y graneros. En la parte alta del pueblo se encuentra la plaza y la ermita, núcleo alrededor del cual se edificaron las casas y a partir del que se alineó la primera calle. Adquirió importancia a partir del siglo XVIII con el traslado de varias familias que abandonaron Lomo de Arico debido a la escasez de agua de uso doméstico.

Durante las primeras décadas del siglo XVIII, el Lomo de Arico (actual Villa) vio disminuir su población a causa de graves deficiencias en el abasto de agua. Siguiendo el relato de D.Darias Padrón, el agotamiento de manantiales históricos como consecuencia de movimientos telúricos, propició diversas acciones para captar caudales del Barranco de Paso Girón o de las fuentes del Brezo, Añaza y Albardero.

La escasez de agua para uso doméstico impulsó a las familias de mejor posición a trasladarse a Arico el Nuevo, donde el abasto estaba garantizado con el manantial que manaba de la Degollada. El pueblo se constituye, al igual que el anterior, en un núcleo eminentemente agrario donde predominaban, además del trigo, la ganadería caprina, los viñedos e incluso los árboles frutales.

Poco tardó Arico el Nuevo en rivalizar con el Lomo de Arico. Llegó incluso a arrebatarle la capitalidad desde 1924 a 1927, amparándose en argumentos como la posición más céntrica y la mayor potencial agrícola y comercial. En la actualidad es un núcleo estrictamente residencial, cuya población se halla en franco retroceso. Numerosas viviendas se encuentran desocupadas.

El Gobierno de Canarias aprueba impartir 15 títulos oficiales de posgrado en las universidades canarias

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy lunes, día 5 de febrero, impartir 15 títulos oficiales de posgrado en las universidades canarias, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios de posgrado y modificado por el Real Decreto 1509/2005.

Esta aprobación supone el trámite previo a la aprobación final de los programas por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y la publicación de una relación de los mismos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los títulos de posgrado aprobados hoy por el Consejo de Gobierno son los siguientes:

– Universidad de La Laguna: Astrofísica; Neurociencia cognitiva y necesidades educativas específicas; Filosofía, Cultura y Sociedad; Dirección de Comercio Exterior; Dirección y Planificación del Turismo; Gobernabilidad para un desarrollo sostenible: Planificación, Gestión y Evaluación Ambiental; Estructura de la materia; Seguridad y Calidad de los Alimentos; Biomedicina y Biotecnología; y Psicología:

– Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Banca y Finanzas; Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería; Ciencias del Mar; y Dirección y Planificación del Turismo.

A estos estudios de posgrado hay que sumar el de Intervención y Mediación Familiar, propuesto por las dos Universidades canarias y coordinado por la Universidad de La Laguna.

El Gobierno de Canarias declara urgentes las expropiaciones por las carreteras de la Orotava-Aguamansa en Tenerife y el acceso a La Lomada de La Gomera

El Gobierno de Canarias declaró hoy la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución de los proyectos «Acondicionamiento de la carretera c-821. Tramo: Orotava-Aguamansa. y «Variante de acceso desde la TF-711 a La Lomada de San Sebastián de La Gomera, con ramal de acceso hacia El Clavo y Avalos.

La urgencia de estas expropiaciones, en el caso del proyecto de La Orotava ¿Aguamansa, se basa en la necesidad de ejecutar cuanto antes las obras contempladas en el citado proyecto y así dar solución a los graves problemas de seguridad vial que padece dicho tramo por su bajo nivel de servicio.

Estos problemas se traducen principalmente en el estado deficiente del firme, encontrándose degradado y necesitado de refuerzo y/o reparación, con presencia de grietas, ondulaciones y baches. El trazado del citado tramo es sinuoso, con pendientes del 6% al 8% y con numerosas curvas de pequeño radio. Su plataforma es escasa, con una anchura media de menos de seis metros y la señalización vertical y horizontal precisa de ampliación y actualización.

Asimismo, el tramo carece de cunetas y de alumbrado en casi toda la longitud de la vía, agravándose todo ello con la presencia de árboles muy próximos a los bordes de la carretera. El drenaje transversal es insuficiente y el mantenimiento del existente no ha sido el adecuado. Incidiendo todo ello negativamente en la seguridad de los usuarios de la vía. Al propio tiempo, existen numerosos accesos y cruces de caminos que carecen de las condiciones mínimas exigibles, así como múltiples accesos directos de vehículos y personas a edificios y fincas situados en los bordes de la carretera o próximos a ella.

Además, el aparcamiento anárquico de vehículos junto a los bordes de la carretera genera situaciones de peligro por maniobras inadecuadas e invasiones de calzada en zonas sin visibilidad.

Finalmente, el tránsito intenso de peatones en ambos márgenes de la carretera, sin que se disponga de los espacios adecuados para ello, comporta un gran peligro para su integridad física y la seguridad vial. El proyecto de «Acondicionamiento de la carretera c-821. Tramo: Orotava-Aguamansa, aportará soluciones a todos estos problemas aumentando la

comodidad, la seguridad y velocidad de recorrido de la vía, por un lado y por otro, dotando a la carretera una imagen propia distinguiendo además entre los tramos rurales y los urbanos y mejorando la dotación de elementos naturales.

Por su parte, en el caso del proyecto de la Variante del acceso a La Lomada de San Sebastián de La Gomera, la urgencia de la expropiación viene condicionada por la necesidad de dar solución a los graves problemas de seguridad vial que padece la vía de acceso a la zona alta de San Sebastián de La Gomera por su bajo nivel de servicio, debido a que se trata de una vía muy estrecha de dos carriles, con un trazado en planta muy sinuoso y que atraviesa zonas urbanas donde los vehículos aparcan ocupando uno de los dos carriles; lo que origina situaciones de peligro por maniobras inadecuadas o invasiones de calzada, y congestiones de tráfico con retenciones muy frecuentes.

Asimismo, en algunos tramos de la vía no hay aceras, con el consiguiente peligro que ello supone para la integridad física de los peatones que por ella transitan y para la seguridad de los conductores.

Finalmente, la vía, que se encuentra al límite de su capacidad, está condicionando el desarrollo urbanístico de la zona alta de San Sebastián de La Gomera, al ser imposible cualquier actuación sobre la misma de cara a aumentar su capacidad, dada la existencia de viviendas a ambos lados de la misma.

Por todo ello se ha decidido la construcción de una nueva vía capaz de soportar el tráfico actual, y el previsto para el futuro, en condiciones de seguridad y de circulación fluida. A tal fin, se pretende construir una carretera convencional de calzada única, de tráfico bidireccional, con dos carriles y acera delimitada por bordillos elevados.

El Gobierno de Canarias aprueba el anteproyecto de Ley del Estatuto del Municipio Turístico

Tras obtener el consenso de todas las instituciones y asociaciones implicadas en su elaboración y el dictamen favorable del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno de hoy lunes, 5 de febrero, ha acordado la aprobación del anteproyecto de Ley del Estatuto del Municipio Turístico, tras ser dictaminado por el Consejo Consultivo de Canarias la conformidad, concluyendo que «el Proyecto de Ley del Estatuto de Municipio Turístico se ajusta al parámetro jurídico de aplicación, ostentando la Comunidad Autónoma de Canarias, competencia suficiente para aprobar la Ley».

Con este documento se da cumplimiento a la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias en su Disposición Adicional Segunda que encomendaba a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias elaborar este documento.

En reuniones mantenidas con los representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se ha conseguido avanzar en el articulado del Estatuto de Municipios Turísticos y consensuar las propuestas sobre las líneas de financiación.

La previsión legal de que los municipios con predominio de actividades turísticas cuenten con un régimen específico, viene contemplada en el artículo 30 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, siendo la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, a través de su Disposición Adicional Segunda, la que encomienda al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería competente en materia turística, la elaboración de un Estatuto de los municipios turísticos, en forma de proyecto de ley. La elaboración de este Estatuto también se recoge en el apartado 6.1 de la Memoria de las Directrices de Ordenación del Turismo.

El Estatuto de los municipios turísticos, en forma de proyecto de Ley, se constituye sobre las siguientes bases:

-En ellos el dominio público y los servicios públicos tendrán una orientación turística expresa, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

-Se crea un fondo de financiación de los municipios turísticos con la finalidad de coadyuvar a la mejora de la calidad de los servicios turísticos que vienen obligados a prestar dichos municipios en virtud de lo dispuesto en la presente Ley. El fondo, que será dotado con los créditos que se consignen anualmente en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y que tendrá la consideración de transferencia, se regirá por lo establecido en la presente Ley.

El Gobierno de Canarias aprueba el Decreto que establece el Reglamento de Asociaciones en el Archipiélago

La norma contempla la creación del Consejo Canario de Asociaciones como órgano de participación y consulta de la Administración Pública

El Consejo de Gobierno acordó, en su sesión de hoy, aprobar el Reglamento de Asociaciones de Canarias, tras recibir el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias.

El reglamento aprobado hoy recoge, en su articulado, el procedimiento de inscripción en el Registro de Asociaciones de Canarias, la estructura y funcionamiento del Registro, los procedimientos relativos a asociaciones de interés público, estructura y composición del Consejo Canario de Asociaciones, así como la denominación de las asociaciones y sus obligaciones documentales.

Esta norma será de aplicación en todas las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de la Ley 4/2003 de Asociaciones de Canarias, en el que se incluyen todas las asociaciones que no tienen ánimo de lucro y no estén sometidas a un régimen asociativo específico, como pueden ser las asociaciones de consumidores y usuarios, las asociaciones de alumnos y asociaciones de padres y madres.

El Consejo Canario de Asociaciones se constituye como el órgano de participación y consulta de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de sus competencias en la materia y estará adscrito al Departamento con competencias en materia de asociaciones. Asimismo, el Reglamento contempla la constitución de los Consejos Canarios, Insulares y Municipales de Asociaciones y abre las puertas a que las de nueva creación puedan registrarse a través de la red.

El nuevo texto, aprobado como Decreto, comienza su exposición con un reconocimiento a la importancia de estos movimientos sociales en el fortalecimiento de la democracia, e insta a las asociaciones a fomentar la no discriminación por razón de sexo, tanto en sus asambleas como en los órganos de toma de decisión.

El Gobierno de Canarias eleva al Consultivo el proyecto de decreto que regula el horario y la jornada laboral

El documento fija las normas para flexibilizar el horario del personal funcionario, una acuerdo entre Administración y sindicatos que constituye una de las primeras medidas de conciliación familiar

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha elevado al Consejo Consultivo el Proyecto de Decreto por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este documento representa el primer paso para la aplicación del conjunto de medidas, acordadas con los sindicatos, para contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar mediante la flexibilización del horario del personal funcionario.

Con este fin, queda establecido en el Proyecto de Decreto que los empleados públicos podrán acogerse al horario flexible con las siguientes condiciones: La parte fija semanal de la jornada laboral será de 27,5 horas y media a realizar entre las 9:00 y 14:30 horas. La parte variable del horario flexible cubrirá el tiempo de la jornada no cumplida en el horario fijo y se podrá cumplir entre las 7:00 y las 9:00 horas y entre las 14:30 horas y las 16:30 horas. Durante el periodo de verano, la parte fija se realizará entre las 9:00 y las 13:30 horas y la parte flexible entre las 7:00 y las 9:00 horas y entre las 13:30 y las 15:30 horas.

Este horario habrá de ser solicitado por los interesados, generalmente, por un periodo mínimo determinado de un mes y con una antelación no inferior a siete días antes del comienzo. Se dará prioridad a aquellos que justifiquen la solicitud por motivos de conciliación de la vida familiar.

De lo dispuesto en este Proyecto de Decreto estarían excluidos el personal docente, el personal al Servicio de la Administración de Justicia, el personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud y el personal delegado a los Cabildo insulares. No obstante si este personal fuera destinado en plaza de la relación de puestos de trabajo, o en comisión de servicios o atribución temporal de funciones, en cualquier centro directivo, organismo autónomo o entidad de derecho público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sí estaría sujeto a lo establecido en el Proyecto de Decreto. Asimismo, este último no sería de aplicación al personal eventual. En lo referido al personal laboral, el Decreto se aplicaría en la medida que no contravenga lo previsto en el Convenio Colectivo o en el contrato de trabajo. Por último señalar que los secretarios de altos cargos se sujetarán a la naturaleza y características propias de los puestos que desempeñen.

El Gobierno de Canarias aprueba una modificación del Reglamento de Procedimientos del Sistema Planeamiento de Canarias

Esta norma regula y simplifica los procedimientos por los que se aprueban los instrumentos de ordenación territorial, urbanística o de los recursos naturales del Archipiélago

El Consejo de Gobierno acordó, en su reunión de hoy, lunes, 5 de febrero, en Santa Cruz de Tenerife, realizar algunas modificaciones al Decreto 5/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel.

El objeto de este Reglamento es facilitar la labor de las distintas Administraciones que intervienen en los procesos de formulación, tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos de ordenación, otorgando mayor seguridad jurídica a la intervención de los distintos operadores, y dotando de la máxima transparencia y publicidad a la actuación administrativa y sus decisiones. Asimismo incluye el procedimiento de evaluación previsto en la Ley 9/2006.

Sin embargo, la proximidad temporal entre la publicación y entrada en vigor de la mencionada Ley básica y la fecha de aprobación del reglamento autonómico, ha propiciado la necesidad de realizar pequeños ajustes que, por trascender de una simple corrección de errores, requieren tramitarse como modificación del citado Decreto 55/2006.

Con el interés de mejorar la norma aprobada, se acomete la presente modificación que pretende corregir situaciones no deseadas derivadas de la aplicación temporal que, en algunos casos, pueda hacerse de los trámites de participación pública y de consultas, sin que tal variación reduzca o altere las garantías y la participación que persigue la legislación europea en los procesos de aprobación del planeamiento.

En este sentido, debe recordarse que Canarias cuenta, desde 1995, con el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento que, en lo sustancial, a partir del año 2003 se vieron aumentados de forma significativa por la aplicación de ciertas normas incluidas en las Directrices de Ordenación General de Canarias.

Se trata, por tanto, de modificaciones mínimas que pretenden armonizar los requerimientos ambientales con los mandatos legislativos de adaptación del planeamiento, incorporándose, asimismo, algunas correcciones de errores y de estilo del texto vigente, de carácter menor.

Por otra parte, se ha entendido que no es necesario someter a evaluación ambiental a instrumentos de ordenación territorial, como a los Proyectos de Actuación Territorial y a las Calificaciones Territoriales, y de ordenación urbanística, como los Planes de desarrollo en suelo urbano consolidado y Estudios de Detalle, considerando además que, por sus escasas dimensiones, cuando se pretenda ordenar usos, actividades o edificaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental, el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden conseguirse de forma similar mediante la aplicación de aquella evaluación.

Se simplifican, por último, los procedimientos establecidos para la tramitación de los Proyectos de Actuación Territorial y las Calificaciones Territoriales, subsanando, asimismo, la omisión reglamentaria a la especialidad de los Proyectos de Actuación Territorial derivada de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que, en este aspecto, es desarrollada por la regulación reglamentaria que acompaña como Anexo a este Decreto.

El Sistema de Planeamiento se ha configurado legalmente como una pieza esencial del ordenamiento urbanístico canario, atribuyéndosele no sólo un carácter legitimador del ejercicio de las potestades de las Administraciones Públicas competentes en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial con relevancia sobre el territorio, así como de todo acto de transformación del territorio o uso del suelo, sea de iniciativa pública o privada, sino también un carácter instrumental para coordinar las distintas competencias e intereses que confluyen en esta materia como integrantes de un único y común interés general.

El Gobierno de Canarias declara Bien de Interés Cultural el Conjunto Histórico de El Toscal

– Comprende parte de este tradicional barrio de Santa Cruz de Tenerife de gran singularidad urbanística e histórica

El Gobierno de Canarias ha dado hoy luz verde a la declaración del Conjunto Histórico de El Toscal, tradicional barrio de Santa Cruz de Tenerife, como Bien de Interés Cultural. Este conjunto, que se despliega en el corazón de la capital tinerfeña, comprende parte del barrio tradicional, constriñéndose al sector septentrional del mismo, de génesis posterior, pero que ha podido conservar mejor sus tipologías edificatorias, junto con la trama urbana original. La zona meridional mantiene la organización viaria, si bien los procesos especulativos desde los años 50 del pasado siglo propiciaron una arquitectura de sustitución de escaso valor, con volumetrías desmesuradas, que han aconsejado su exclusión del ámbito de protección.

El barrio de El Toscal es uno de los de mayor superficie ocupada de Santa Cruz de Tenerife. Originalmente se trataba de una zona de huertas y baldíos que se extendía al norte del convento franciscano de San Pedro de Alcántara. En general, el tipo edificatorio característico ha sido el de viviendas humildes de una sola planta, de cierto desarrollo en profundidad, con patio lateral o posterior y fachadas sencillas. Las casas estaban ligadas entre sí y con escasos matices que las diferenciaran, tanto desde el punto de vista arquitectónico como ornamental.

Sin embargo, algunas construcciones muestran algo más de empaque, articulándose en dos alturas y fachadas en lenguaje ecléctico, interpretadas con mayor sencillez respecto a los ejemplos ubicados en otros sectores de la ciudad, asociados a clases más pudientes, pero mostrando una composición simétrica. Cabe destacar las «ciudadelas», puesto que constituyeron un modelo de hábitat urbano presente en El Toscal y que refleja, junto con los anteriores, la menor extracción social de sus habitantes, a la vez que su singularidad urbanística e histórica.

Los datos histórico-artísticos se remontan al establecimiento de los frailes franciscanos en 1680, en la ermita de la Soledad y San José, que más tarde dio origen al Convento de San Pedro de Alcántara, construcción que puede considerarse el hito fundacional del barrio de El Toscal. El cenobio propició la génesis de una trama urbana incipiente, con edificaciones que crecían en número y se ubicaban a su sombra. De esta manera, mientras el centro de Santa Cruz -expuesto a una intensa remodelación urbanística a partir de las iniciativas de los ingenieros militares y en el siglo XIX con el impulso del arquitecto Manuel Oraá- fue ocupado por administrativos y por una burguesía comercial de cierta pujanza, los habitantes más humildes fueron desplazados hacia la periferia, surgiendo así los primeros barrios populares, como El Toscal, primero de esta índole en Santa cruz de Tenerife.

La expansión y consolidación del barrio se produce desde la primera mitad del siglo XIX con el auge del puerto capitalino, a partir de la apertura de nuevas calles en dirección norte. Desde principios del siglo XX, el barrio se extiende hasta la antigua muralla y la batería de Almeida, en dirección paralela a la costa, en un trazado definido por su principal arteria inicial -calle San Francisco y su apoyo, La Marina-, posibilitando la máxima línea de contacto con el pujante tráfico portuario, para luego crecer tierra adentro.

A partir de los años 50 del pasado siglo, la transformación que sufriría el barrio, lo condujo a la desaparición de la mayor parte de la edificación histórica de la zona más cercana al centro, conservándose en mayor medida la configuración espacial, arquitectónica y paisajística del área septentrional, en torno a la que se organiza la nueva delimitación. En ella sobreviven testimonios arquitectónicos que evidencian los rasgos pretéritos del barrio como núcleo urbano individualizado y singular.

El Gobierno de Canarias evaluará los riesgos ecológicos y ambientales del Proyecto Monumental Montaña de Tindaya

– La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial realizará la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental
– El análisis garantizará la preservación de los valores naturales y culturales de la montaña tras las obras del Monumento a la Tolerancia que Eduardo Chillida pensó para Fuerteventura

El Gobierno canario acordó hoy someter el Proyecto Monumental Montaña de Tindaya a Evaluación de Impacto Ecológico, en la categoría de Impacto Ambiental, una decisión adoptada a instancias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial que garantizará la preservación integral y conjunta de los valores naturales y culturales del Monumento Natural tras la ejecución de las obras del mencionado proyecto.

La evaluación de las circunstancias extraordinarias que pueden revestir un riesgo ecológico o ambiental en este espacio natural se hace necesaria debido a su localización en un Monumento Natural, su cercanía a una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), así como su ubicación en un paisaje con significación histórica, cultural y arqueológica.

La propuesta elaborada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial contempla la posibilidad, recogida en las Normas de Conservación del Monumento Natural de la Montaña de Tindaya, de incorporar el espacio natural a la gestión cultural, educativa o recreativa, cuando ello no ponga en peligro los valores naturales y culturales que motivaron la declaración del espacio como Bien de Interés Cultural y como Monumento Natural, así como su normal y apacible contemplación.

La montaña de Tindaya es un espacio protegido que encierra un alto valor científico por su origen volcánico, y que presenta además un destacado valor paisajístico por su gran belleza, morfología y cromatismo. A estas características hay que añadir su importante valor cultural, ya que alberga yacimientos arqueológicos de importancia patrimonial, además de constituir un refugio de creencias aborígenes.

También es el lugar donde habitan especies de flora y fauna silvestres amenazadas. Concretamente, en Tindaya ha sido registrada la presencia de la cuernúa (Caralluma burchardii), una planta incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias en la categoría de «sensible a la alteración de su hábitat», además de estar amparada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Asimismo, linda con la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), denominada «Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio», cuya propuesta de declaración fue realizada por el Gobierno de Canarias el 17 de octubre de 2006. El motivo que justifica la designación del entorno de Tindaya como ZEPA es, eminentemente, la reconocida importancia de la localidad para la conservación de las poblaciones insulares de aves esteparias.

El Gobierno de Canarias declaró de interés para Canarias, con especial relevancia para Fuerteventura, la elaboración del Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, ideado por el artista Eduardo Chillida. Esta decisión, adoptada el 24 de mayo de 1995, se ha llevado a cabo con la redacción del proyecto que pretende plasmar la escultura pensada por el artista vasco para el interior de la montaña de La Oliva.

La iniciativa, promovida por la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO, SAU), establece la realización de un proyecto arquitectónico, ingenieril y artístico, que pretende ejecutar una colosal obra de arte integrada en un entorno singular, la restauración del componente cultural de este entorno y su rehabilitación cultural. Según recoge el plan, se trata de una obra de arte insólita que debe integrarse en el entorno. El proceso constructivo deberá formar parte de un conjunto integrado, cuyas partes actuarán de modo independiente, contribuyendo a la idea de monumento a la tolerancia del escultor.

El Gobierno autoriza una sanción de 60.000 euros a Unelco por cometer una infracción administrativa grave

– La sanción se produce por las interrupciones en el suministro eléctrico que sufrieron las islas de Tenerife, La Gomera y La Palma los días 27 y 28 de febrero de 2006

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a Endesa Distribución Eléctrica S.L., por la comisión de una infracción administrativa grave, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

La multa, de 60.000 euros, se produce por las interrupciones en el suministro eléctrico que sufrieron las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera durante los días 27 y 28 de febrero de 2006. Dichas interrupciones afectaron a más de 130.000 usuarios durante periodos distintos según la zona de interrupción. Todas las alteraciones en el suministro tuvieron la misma causa genérica: la provincia de Santa Cruz de Tenerife se vio afectada por un temporal con fuertes vientos, precipitaciones y aparato eléctrico que afectó a la red en varios lugares y de varios modos.

A la vista de estos hechos, la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, mediante Orden de fecha de 27 de julio de 2006, inició el correspondiente procedimiento sancionador por la presunta comisión de una infracción administrativa grave, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, se regulación del Sector Eléctrico Canario. Según la cual, se reconoce como infracción grave «la interrupción del suministro de energía eléctrica a grupos importantes de usuarios». En este sentido, al inicio del procedimiento se consideró que el corte de suministro a más de 130.000 usuarios debe estimarse como infracción grave.

Para valorar la cuantía de la sanción, se han tenido en cuenta los criterios de modulación del artículo 20 de la Ley 11/1997. No constan evidencias de que estos cortes provocaran peligro para la vida de las personas o los bienes, ni tampoco concurren en este caso intencionalidad, entendida como dolo o malicia. En conclusión, dado que no es de aplicación ninguno de los agravantes previstos en la ley, resulta procedente aplicar la multa correspondiente a las infracciones graves en su grado mínimo.