Esta norma regula y simplifica los procedimientos por los que se aprueban los instrumentos de ordenación territorial, urbanística o de los recursos naturales del Archipiélago
El Consejo de Gobierno acordó, en su reunión de hoy, lunes, 5 de febrero, en Santa Cruz de Tenerife, realizar algunas modificaciones al Decreto 5/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel.
El objeto de este Reglamento es facilitar la labor de las distintas Administraciones que intervienen en los procesos de formulación, tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos de ordenación, otorgando mayor seguridad jurídica a la intervención de los distintos operadores, y dotando de la máxima transparencia y publicidad a la actuación administrativa y sus decisiones. Asimismo incluye el procedimiento de evaluación previsto en la Ley 9/2006.
Sin embargo, la proximidad temporal entre la publicación y entrada en vigor de la mencionada Ley básica y la fecha de aprobación del reglamento autonómico, ha propiciado la necesidad de realizar pequeños ajustes que, por trascender de una simple corrección de errores, requieren tramitarse como modificación del citado Decreto 55/2006.
Con el interés de mejorar la norma aprobada, se acomete la presente modificación que pretende corregir situaciones no deseadas derivadas de la aplicación temporal que, en algunos casos, pueda hacerse de los trámites de participación pública y de consultas, sin que tal variación reduzca o altere las garantías y la participación que persigue la legislación europea en los procesos de aprobación del planeamiento.
En este sentido, debe recordarse que Canarias cuenta, desde 1995, con el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento que, en lo sustancial, a partir del año 2003 se vieron aumentados de forma significativa por la aplicación de ciertas normas incluidas en las Directrices de Ordenación General de Canarias.
Se trata, por tanto, de modificaciones mínimas que pretenden armonizar los requerimientos ambientales con los mandatos legislativos de adaptación del planeamiento, incorporándose, asimismo, algunas correcciones de errores y de estilo del texto vigente, de carácter menor.
Por otra parte, se ha entendido que no es necesario someter a evaluación ambiental a instrumentos de ordenación territorial, como a los Proyectos de Actuación Territorial y a las Calificaciones Territoriales, y de ordenación urbanística, como los Planes de desarrollo en suelo urbano consolidado y Estudios de Detalle, considerando además que, por sus escasas dimensiones, cuando se pretenda ordenar usos, actividades o edificaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental, el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden conseguirse de forma similar mediante la aplicación de aquella evaluación.
Se simplifican, por último, los procedimientos establecidos para la tramitación de los Proyectos de Actuación Territorial y las Calificaciones Territoriales, subsanando, asimismo, la omisión reglamentaria a la especialidad de los Proyectos de Actuación Territorial derivada de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que, en este aspecto, es desarrollada por la regulación reglamentaria que acompaña como Anexo a este Decreto.
El Sistema de Planeamiento se ha configurado legalmente como una pieza esencial del ordenamiento urbanístico canario, atribuyéndosele no sólo un carácter legitimador del ejercicio de las potestades de las Administraciones Públicas competentes en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial con relevancia sobre el territorio, así como de todo acto de transformación del territorio o uso del suelo, sea de iniciativa pública o privada, sino también un carácter instrumental para coordinar las distintas competencias e intereses que confluyen en esta materia como integrantes de un único y común interés general.