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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias aprueba la implantación de nuevos títulos oficiales en las universidades del archipiélago

La oferta académica se amplía con grados, másteres y programas de doctorado en diversas áreas

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su reunión celebrada este lunes 9 de diciembre, ha aprobado la implantación de varias nuevas titulaciones oficiales en las universidades del archipiélago. Estas iniciativas, propuestas por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, liderada por Migdalia Machín, refuerzan la oferta educativa y amplían las oportunidades de formación en el sistema universitario canario.

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se impartirán el Grado en Biotecnología, el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) y el Máster Universitario en Estudios Africanos, que responden a la creciente demanda de formación académica en estos campos.

Además, se ha aprobado el Máster Universitario en Bioética y Bioderecho, que será desarrollado de manera conjunta por la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Este máster se suma a los esfuerzos por fomentar la colaboración interuniversitaria en titulaciones de alto nivel académico.

Asimismo, ambas universidades públicas, ULL y ULPGC, coordinarán el nuevo Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, destinado a la formación investigadora en el ámbito educativo.

La Universidad del Atlántico Medio ha obtenido la autorización para la implantación del Grado en Medicina, el Máster Universitario en Psicología Forense y el Máster Universitario en Terapias de Tercera Generación.

Estas titulaciones han sido evaluadas favorablemente por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), garantizando su adecuación al marco normativo establecido en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.

Con esta aprobación, el Gobierno de Canarias continúa avanzando en su compromiso de ampliar y diversificar la oferta académica universitaria, reforzando las oportunidades de formación superior para el estudiantado del archipiélago.

El Gobierno de Canarias y la Comunidad de Castilla-La Mancha colaboran en materia de control interno

Ambas administraciones autonómicas compartirán herramientas tecnológicas para optimizar los recursos y simplificar la carga administrativa de la intervención pública

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha acordado aprobar el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la de Castilla-La Mancha para agilizar y perfeccionar el trabajo de control de la Intervención General.

Las intervenciones generales son los centros directivos competentes legalmente en materia de contabilidad y de control interno económico-financiero del sector público. Las nuevas atribuciones en la gestión y el gran volumen de ejecución presupuestaria sujeto a control y certificación, en particular en lo que se refiere a la gestión de fondos comunitarios, exige contar con herramientas tecnológicas integradas que contribuyan y simplifiquen el desempeño de la actividad de control que se realiza.

El convenio prevé, entre otros aspectos, la cesión del uso de la tecnología disponibles, propiedad de ambas administraciones, con el fin de optimizar los recursos dedicados al ejercicio del control interno del sector público, y simplificar la carga administrativa de dicho proceso.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cederá el uso de los aplicativos de su propio sistema de control interno (SICON) para su despliegue en la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. De esta manera, la Intervención General de la CAC contará con una moderna herramienta que actúa como un escritorio colaborativo de trabajo, a través del que se centraliza la función interventora.

Este convenio, que firmarán los presidentes de ambas comunidades autónomas, permitirá compartir conocimientos, buenas prácticas y experiencias relacionadas con el control interno, con especial atención a sus aspectos tecnológicos.

Bienestar Social y Cabildo de Lanzarote acuerdan elaborar informes para reconocer grado de discapacidad en la isla

El Ejecutivo destinará más de 32.000 euros a financiar la elaboración de informes para la realización del dictamen de reconocimiento de grado de discapacidad

El Gobierno de Canarias ha autorizado suscribir el Convenio por el que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias encomienda al Cabildo Insular de Lanzarote la gestión de la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, por un importe que asciende a 32.462,58 euros.

De esta manera, el Gobierno continúa fomentando herramientas que impulsen la agilización de los dictámenes del reconocimiento del grado de discapacidad, en atención al interés público y social perseguido con su desarrollo, con el fin de garantizar este importante servicio público para el colectivo en la isla de Lanzarote.

Igualmente, se incluye en el objeto del convenio la redacción de informes relacionados con la discapacidad, tales como informes técnicos para vivienda de protección oficial, ingreso en centros residenciales sociosanitarios, acceso y adecuación a puestos de trabajo y acceso a planes de ayudas de ayuntamientos, así como cualquier otro que corresponda emitir a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

Dicha encomienda se llevará a cabo en coordinación con los equipos multiprofesionales, encuadrados orgánica y funcionalmente, en el Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria, centro dependiente de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

La empresa pública Gestur actuará como medio propio del ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura

Con estas incorporaciones, son ya 46 municipios y seis cabildos los que disponen de la empresa pública para planificar y desarrollar sus proyectos urbanísticos o gestionar sus subvenciones, entre otras acciones

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el reconocimiento de Gestur Canarias S.A. como medio propio del Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo Insular de Fuerteventura. Con estas dos administraciones son ya seis cabildos y 46 municipios los que disponen de esta empresa, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. De esta forma pueden disponer de un apoyo externo para la realización de diferentes proyectos de todo tipo, entre otras, los de planificación y desarrollo urbanístico.

El expediente aprobado hoy en Consejo de Gobierno autoriza la modificación de los estatutos de Gestur Canarias, y permite a ambas administraciones realizar encargos a la empresa pública, siempre que formen parte de sus competencias y, de manera especial, aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, destacó el valor de estas dos nuevas incorporaciones, promovidas dentro de la estrategia seguida por su departamento “para prestar desde el Gobierno de Canarias todo el apoyo posible a cabildos y ayuntamientos en poner al día la ordenación del territorio y seguir impulsando su planeamiento y desarrollo”.

Entre las actuaciones que tiene reconocidas Gestur Canarias en su objeto social se encuentra el impulso a trabajos relacionados con los instrumentos de ordenación y de planificación territorial, o los proyectos de urbanización, actividad urbanizadora, promoción o gestión de suelo industrial, comercial, de servicios y residencial.

Además, están contemplados los encargos relacionados con el planeamiento, proyectos urbanísticos y arquitectónicos, la preparación de pliegos, licitación, adjudicación o ejecución de obras e incluso la gestión de subvenciones.

Así tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de La Oliva podrán recabar asistencia y asesoramiento técnico en planeamiento, gestión de suelo, obras y en procesos de adquisición o venta, valoraciones inmobiliarias, gestión de subvenciones o de explotación de fuentes de energía, en especial las energías renovables, entre otras cuestiones.

Los cabildos que tienen a Gestur Canarias como medio propio, además del recién incorporado, son los de Tenerife, La Palma, Lanzarote, La Gomera y El Hierro.

En la misma situación están los ayuntamientos de Adeje, Agulo, Alajeró, Arafo, Arico, Arrecife, Breña Alta, Candelaria, El Paso, El Pinar, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Fasnia, Fuencaliente, Garachico, Garafía, Guía de Isora, Hermigua, Icod de los Vinos, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Los Llanos de Aridane, Los Realejos, Los Silos, Puerto de la Cruz, Puntagorda, San Andrés y Sauces, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de la Laguna, San Juan de La Rambla, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, San Miguel de Abona, San Sebastián de la Gomera, Santa Úrsula, Tacoronte, Tazacorte, Tegueste, Tijarafe, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valverde. A ellos se suma ahora La Oliva.

 

 

El TSJC convalida el acuerdo entre la Consejería y OHL para cumplir la sentencia del Anillo insular de Tenerife

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado el visto bueno al acuerdo suscrito entre el Ejecutivo canario y la UTE por valor de 13.777.496,74 euros

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha dado cuenta de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de validar el acuerdo suscrito entre la Consejería y la UTE OHL., para dar cumplimiento a la sentencia que anula la adjudicación realizada por el anterior equipo de gobierno sobre la obra del Anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide, en la isla de Tenerife.

De esta forma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha dado el visto bueno al acuerdo entre el Ejecutivo canario y la UTE por valor de 13.777.496,74 euros, cuyo objetivo ha sido el de velar en todo momento porque las obras no fuesen interrumpidas y se pudiera cumplir con los plazos previstos. De esta forma, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad asegura la continuación de esta obra de gran relevancia para la conectividad y para la movilidad de la isla.

Cronología de la situación

La obra del Anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide, en la isla de Tenerife fue adjudicada en junio de 2019 a la UTE OHL, cuando Pablo Rodríguez era consejero de Obras Públicas, con un presupuesto de 213,4 millones de euros, IGIC excluido, después de que los técnicos de la Consejería concluyeran que no había causa de anormalidad en su oferta.

Sin embargo, posteriormente, la UTE FCC presentó un recurso en el que argumentaba que la oferta de OHL no cumplía con las normativas laborales y sociales. El Tribunal Administrativo de Contratos ordenó la exclusión de OHL, y la Consejería resolvió adjudicar la obra a otra UTE en octubre de 2023, ya con el exconsejero del anterior gobierno al frente.

En marzo de este año, se notifica la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, de 14 de marzo de 2024, anulando la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la Orden del exconsejero de Obras Públicas y Transportes, por medio de la cual se declaraba la viabilidad de la oferta de UTE-OHL y se le adjudicaba la obra.

Actualmente, la obra se encuentra en un estado avanzado de ejecución, superando el 60% del presupuesto inicial.

El Gobierno de Canarias suspenderá el planeamiento para impulsar definitivamente el proyecto Santa Cruz Verde 2030

El 67% del suelo recuperado a la refinería tinerfeña será público, en una operación de regeneración urbana y medioambiental sin precedentes en España

El portavoz Alfonso Cabello resalta que la aplicación del artículo 168 de la Ley del Suelo, consensuada con el ayuntamiento y el cabildo, permitirá incorporar a la expansión de la capital tinerfeña más de 573.000 m²

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este lunes del inicio del procedimiento de suspensión de planeamiento en el ámbito de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Este expediente, a propuesta del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, da vía libre también a la redacción de las normas urbanísticas transitorias que permanecerán vigentes hasta que se apruebe la planificación definitiva de los terrenos que ocupa esta instalación industrial.

Según el expediente, iniciado a instancias del propio Ayuntamiento de la capital tinerfeña y del Cabildo Insular de Tenerife, el proyecto Santa Cruz Verde 2030 persigue recuperar para la expansión de la capital unos 573.000 metros cuadrados que actualmente ocupa la refinería de petróleo, e integrarlos en la malla urbana de la ciudad, destacó el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello.

El objetivo es reconvertir esa zona industrial en un espacio urbano para viviendas, espacios libres, dotaciones y actividad comercial, y al mismo tiempo recuperar para la ciudad esta franja del litoral en la entrada sur de Santa Cruz de Tenerife. Según destaca el informe técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, existe también la previsión de ubicación de infraestructuras estratégicas de interés insular, como las relacionadas con el transporte y la movilidad.

Estas razones relevantes de interés público, social y económico justifican la aplicación del artículo 168 de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias, que permite la suspensión del planeamiento, de manera excepcional.

El portavoz ha resaltado que esta suspensión de la ordenación, consensuada con el Cabildo y el Ayuntamiento, viene a desbloquear definitivamente el desarrollo de este proyecto estratégico, en un suelo hasta ahora considerado industrial, tanto en el planeamiento municipal como en el insular.

Cabe recordar que la refinería se encuentra en proceso de desmantelamiento, toda vez que cesó la actividad de transformación de productos petrolíferos, y su actividad actual, de almacenamiento y suministro, está siendo trasladada al puerto de Granadilla.

Fases del proyecto

La implementación del mecanismo previsto en el artículo 168 de la Ley del Suelo, demanda un proceso participativo y colaborativo que se desarrollará en cuatro fases. Esta iniciativa exige una amplia consulta a la ciudadanía residente en los cinco distritos y barrios, fomentando una escucha activa que permita construir un marco inclusivo en estrecha colaboración con las instituciones públicas.

En una fase preliminar se promoverá una consulta a la ciudadanía para recabar información y contemplar las propuestas trasladadas por la población. La segunda fase incluirá la convocatoria de mesas y talleres participativos para la construcción conjunta de las alternativas de ordenación para el ámbito.

Posteriormente, en una tercera fase se realizará una devolución de las dinámicas realizadas para la definición del modelo de ordenación. Y, por último, en una cuarta fase se hará un análisis de todas las aportaciones recabadas en el periodo de información pública, con el objeto de definir su viabilidad dentro de la propuesta de ordenación resultante.

 

 

El Gobierno destina 3 M€ en ayudas al sector pesquero ante el alza de precios por la guerra de Ucrania

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de razones de coyuntura económica para incrementar en 804.362 euros la dotación inicial de 1.009.818 euros de la aplicación presupuestaria ‘Ayuda a la flota artesanal Ucrania 2’

Con cargo a esta aplicación presupuestaria, el Ejecutivo prevé habilitar además una línea de ayuda de 1,18 millones de euros para compensar el incremento de costes de los piensos en el subsector de la acuicultura

El Gobierno de Canarias destinará tres millones de euros de fondos propios al sector pesquero del archipiélago a través de la aplicación presupuestaria ‘Ayuda a la flota artesanal Ucrania 2’ con el objetivo de compensar la pérdida de rentabilidad ocasionada por el alza de precios de los insumos desde el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Por este motivo, el Consejo de Gobierno celebrado este lunes, 2 de diciembre, ha aprobado la declaración de razones de coyuntura económica para reforzar la cuantía inicialmente prevista para este fin y destinar 804.362,33 euros adicionales a paliar el aumento de los costos de los insumos que afectan a la flota artesanal.

Estos fondos se suman a la dotación inicial de 1.009.818 euros con la que el Ejecutivo canario concederá una subvención directa de 0,104 euros por kilo capturado desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, dirigida tanto a buques de artes menores como a atuneros, cañeros y de palangre.

Por último, se prevé habilitar una tercera línea de 1.180.000 euros destinada a compensar el incremento en más de un 25% del coste de los piensos en el sector de la acuicultura, de forma que estas tres cantidades sumarán un total de tres millones de euros.

A través de estos fondos, el Ejecutivo refuerza el compromiso con la viabilidad del sector pesquero de Canarias, que ya manifestó en el ejercicio anterior mediante una línea de cerca de 900.000 euros, en el marco de las primeras ayudas a la flota pesquera por el conflicto de Ucrania.

Desde febrero de 2022, las consecuencias derivadas de la agresión de Rusia a Ucrania, así como las sanciones impuestas y sus contramedidas han perturbado los flujos comerciales y las cadenas de suministro con subidas de precios importantes en los costos de insumos como piensos, hielo y combustibles.

 

Estas tensiones inflacionistas tienen un impacto directo en la rentabilidad del sector, especialmente para la flota artesanal de Canarias, que opera con márgenes ajustados y depende del mercado local. Por este motivo se han articulado medidas excepcionales para compensar estos sobrecostes de acuerdo con los datos recientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y agentes sociales del sector, que reflejan las consecuencias de la crisis internacional y recogen las particularidades logísticas y energéticas de las islas.

El Gobierno destina 3,82 millones de euros a la ejecución de la red de riego de apoyo San Andrés-Isora en Valverde

El Consejo aprueba la inversión para la fase I de esta obra, que abarca 12.928 metros de ramales correspondientes a la red de San Andrés y la interconexión de trasvase con Isora, así como dos depósitos con capacidad para 2.200 m³ cada uno

El Consejo de Gobierno celebrado este lunes, 2 de diciembre, ha autorizado el gasto plurianual de 3.829.055,33 euros por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria destinados a la fase I de la red de riego de apoyo San Andrés-Isora, en Valverde (El Hierro), con cargo a la aplicación presupuestaria ‘Infraestructuras de Regadío de Interés Regional’ para la ejecución de esta obra mediante un encargo a la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SAU. (GESPLAN).

Estas actuaciones, que cuentan con un plazo de ejecución de quince meses, comprenden una infraestructura total 12.928 metros, la mayoría de ellos pertenecientes a una docena de ramales de la red de San Andrés, que se extenderán a lo largo 10.714 metros. El resto del trazado corresponde en su mayoría al trasvase de conexión con el depósito de riego de Isora, que se ejecutará en una fase posterior, así como un pequeño tramo de aducción a estas instalaciones.

Por otra parte, los dos depósitos de Entremontañas, que contarán con una capacidad de 2.200 m³ cada uno, se ubicarán a 1.180 metros sobre el nivel del mar, en una parcela de 10.409 m² próxima a la carretera HI-4. En este terreno, asimismo, se habilitarán las pertinentes vías de acceso y obras accesorias, entre ellas una caseta de válvulas, el vallado exterior o un muro de contención. Además, con el objeto de minimizar su impacto visual y mejora de paisajística, los depósitos se revestirán con piedra de mampostería careada.

Este proyecto se ejecuta con la finalidad de dotar a esta zona de El Hierro de una nueva infraestructura que cubra las necesidades hídricas y permita consolidar la superficie de regadío existente en la zona.

Por este motivo, la red de riego se constituirá como una infraestructura auxiliar para aquellos cultivos que, ante la escasez de precipitaciones y en época de máxima demanda, precisen de una red de apoyo para obtener unos rendimientos adecuados.

De esta manera, las explotaciones podrán disponer de puntos de agua que permitan la instalación de sistemas más eficientes, como aspersión o goteo, y se posibilita un riego controlado que evita el uso de agua de abastecimiento con fines agrícolas.

 

Actualmente la superficie de cultivos susceptibles de riego a través de esta nueva red alcanza un total de 35,28 hectáreas, si bien a la hora de dimensionar la infraestructura se ha tenido en cuenta el previsible incremento de la superficie de regadío cuando la obra esté en servicio, de manera que la red instalada tendrá capacidad para abastecer hasta 65,16 hectáreas de terreno.

El Gobierno aprueba 293.000 euros para actuaciones de mejora en la Vega de Río Palmas en Fuerteventura

El Ayuntamiento de Betancuria recibirá esta subvención para actuar en el área de descanso y senda peatonal, así como para la restauración de muros de piedra

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, aprobó hoy la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Betancuria por importe de 293.021,20 euros destinada al acondicionamiento de un área de descanso y senda peatonal, así como a la restauración de muros de piedra en el asentamiento rural de la Vega de Río Palmas.

Estas actuaciones dan respuesta a las necesidades de mejora planteadas por la corporación local, primando la creación de espacios eficientes, accesibles, estéticos y en consonancia con el entorno medioambiental.

El Gobierno envía al Consejo Consultivo anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó que la Ley persigue ante todo mejorar la calidad de vida de los residentes y que la implantación de las viviendas vacacionales no perjudique a la ciudadanía

A partir de este martes se habilitará una página web con información completa sobre la futura Ley

El Ejecutivo autonómico, reunido hoy en Consejo, ha acordado la remisión con carácter de urgencia al Consejo Consultivo de Canarias del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para que emita el correspondiente informe, como paso siguiente en su tramitación.

Una vez que este órgano emita el preceptivo dictamen, que no es vinculante, el Gobierno recogerá las correspondientes observaciones para, posteriormente, aprobar el anteproyecto de ley en una nueva sesión antes de su remisión al Parlamento como proyecto de Ley.

La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas aportará un marco normativo para regular el alquiler vacacional en Canarias. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, remarcó este lunes los ejes sobre los que pivotará la nueva Ley.

“Frente a la situación actual, cuando la norma entre en vigor, no podrá implantarse ninguna vivienda vacacional más si el planeamiento urbanístico no habilita expresamente ese uso, al menos durante los próximos cinco años”. Es, por lo tanto, “una decisión que deberá decidirse democráticamente por cada uno de los Plenos municipales de los 88 ayuntamientos de Canarias, previa información pública, de manera motivada y acorde a criterios de sostenibilidad”, añadió.

La futura Ley contempla una reserva adecuada para el uso residencial propio de las viviendas “con el fin de hacer efectivo el derecho de toda la ciudadanía canaria a una vivienda digna y a precios asequibles”. Igualmente, indicó que se garantiza “la apropiada integración de las viviendas vacacionales en los entornos residenciales, priorizando la calidad de vida de los residentes por encima de todo”.

Jéssica de León señaló también que “para iniciar la actividad se mantiene la declaración responsable, pero acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, técnicas, de actividades clasificadas, sectoriales y turísticas”. El texto “no innova en materia de actividad clasificada, el propio decreto 113/2015 así lo recuerda”.

El anteproyecto autonómico incorpora también la posibilidad de que los pequeños propietarios que actualmente explotan su vivienda de manera legal, cumpliendo el decreto vigente “puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la nueva norma, aunque no será transmisible”, puntualizó De León. En el supuesto de los explotadores no propietarios, se establece la posibilidad de continuar por un periodo inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o bien, veinte años.

El nuevo marco legislativo impedirá la implantación de edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial. Igualmente, el texto excluye la posibilidad de que las nuevas viviendas que se incorporen al mercado puedan destinarse al uso turístico en los próximos diez años desde su terminación, garantizando de esta manera su destino residencial.

Jéssica de León aseguró que la Ley persigue ante todo mejorar la calidad de vida de los residentes y que la implantación de las viviendas vacacionales no afecte ni perjudique a la ciudadanía. Además, anunció que a partir de este martes se habilitará una página web con información completa sobre los principales aspectos de la nueva regulación (leycanariadeviviendavacacional.com).