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Acuerdos de gobierno

El Gobierno aprueba el inicio de elaboración de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias

El Gobierno de Canarias aprueba el inicio de elaboración del anteproyecto de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias. Con esta ley se pretende de forma general establecer un marco normativo que atendiendo a los principios de liberalización del transporte marítimo establecidos por la Unión Europea, a su vez garantice la integración territorial, social y económica de nuestro territorio.

Esta normativa proporciona entre las islas la garantía de unos servicios mínimos de comunicación marítima en condiciones de calidad y accesibilidad equiparable a los que disfrutan, en territorio continental, los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea.

Los principales objetivos de estas directrices son:

– El establecimiento de los principios y criterios que han de observar los poderes públicos en la ordenación, planificación y gestión del transporte marítimo.

– La dotación de los instrumentos legales que permitan la satisfacción de las necesidades de movilidad en Canarias, con especial atención a los colectivos menos favorecidos económicamente.

– El establecimiento de los mecanismos económicos, fiscales o de cualquier otra índole que permitan la equiparación de los costes que han de satisfacer los usuarios del transporte marítimo interinsular en Canarias a los que soportan los ciudadanos de territorios continuos. Reduciendo los costes de doble insularidad que soportan las islas no capitalinas.

– Medidas que promuevan la competencia.

– El reconocimiento de este rango normativo para establecer en el transporte de cabotaje marítimo interinsular, obligaciones de servicio público que proporciones los mecanismos necesarios para que la Comunidad Autónoma pueda garantizar una conectividad marítima básica, si esta no es satisfecha por el mercado en unas determinadas condiciones de frecuencia, calidad y accesibilidad económica.

– La regulación del transporte marítimo no regular, tanto de ocio como turístico.

– Sistemas de control, inspección y sanción.

Aspectos técnico-jurídicos

En el marco de la Unión Europea, las directrices de la política europea de transportes, se basan principalmente en los siguientes principios:

– Homogeneización, que permita la equiparación entre todos los territorios y ciudadanos de la Unión Europea, mejorando la eficiencia de los servicios de transporte.

– Liberalización del mercado, para ofrecer igualdad de oportunidades, siendo necesario armonizar las legislaciones laborales y técnicas de los diferentes Estados.

– Fomento del transporte público.

– Red integrada que permita un transporte puerta a puerta, individualizado, a través de los modos de transporte público. Los tres elementos principales de un sistema integrado son horarios coordinados, billetes integrados y terminales intermodales.

El Consejo de Gobierno aprueba el reglamento de declaración de Bienes de Interés Cultural de Canarias

Desarrolla la Ley de Patrimonio Histórico, ofreciendo a las administraciones un marco de actuación para la tramitación de los BIC.

El Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión de hoy, el Reglamento sobre el Procedimiento de Declaración de los Bienes de Interés Cultural (BIC), que desarrolla lo dispuesto al respecto por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (Ley 4/1999, de 15 de marzo). Con este Reglamento se ofrece a las administraciones (tanto Cabildos Insulares como Comunidad Autónoma a instancia de los mismos o de particulares) un marco normativo concreto para que sigan un procedimiento reglado sobre la tramitación, régimen jurídico y declaración de los Bienes de Interés Cultural del Archipiélago.

En concreto, el nuevo Reglamento establece que la declaración de BIC requerirá la tramitación previa de un procedimiento administrativo incoado por los Cabildos Insulares (de oficio o a instancia de parte) o por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma (respecto a bienes y servicios por ella gestionados o por el retraso de más de dos meses por parte de los Cabildos de un expediente solicitado por ella).

Asimismo, regula la forma en que los expedientes deben ser presentados para la iniciación de la tramitación, como la relación de los posibles afectados, planos de los inmuebles o descripción y fotografías de los bienes muebles, títulos acreditativos de propiedad u objetos y área sobre la que se solicita la declaración.

Una vez iniciado el expediente, se especifica en el reglamento que, de forma provisional, ¿para evitar la destrucción o deterioro del bien, los Ayuntamientos deberán suspender el procedimiento de otorgamiento de licencias municipales de intervención en el inmueble de que se trate y su entorno, así como los efectos de las ya otorgadas¿, especificando que se permitirá la realización de obras y actuaciones que, por fuerza mayor, tuviesen que llevarse a cabo (restauraciones, conservación etcétera).

Deberá recabarse informe de dos de las instituciones consultivas de Patrimonio Histórico y de las Universidades Canarias. Además, deberá oírse el parecer de la Comisión Mixta Iglesia Católica-Comunidad Autónoma de Canarias en el supuesto de que los bienes sean de titularidad eclesiástica y de las Asociaciones de Propietarios de Edificios o Bienes Históricos en el caso de que la solicitud afecte a bienes muebles o inmuebles de titularidad privada. En cualquiera de los casos, se dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes tras la emisión de dichos informes y antes de la resolución. Asimismo, habrá un período de información pública por un plazo de veinte días mediante la publicación en el BOC.

Antes de elevar la propuesta de resolución al Gobierno de Canarias, se solicitará el informe correspondiente al Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, que deberá emitirlo en el plazo máximo de dos meses.

La declaración de BIC se notificará a los interesados, al Cabildo Insular afectado y a los Ayuntamientos de los municipios donde radica el bien. Además, se publicará en el BOC y se instará de oficio su inscripción en el Registro Canarios de Bienes de Interés Cultural.

Asimismo, se establece que los BIC deberán estar señalizados y con un logotipo común a todo el Patrimonio Histórico de Canarias, con independencia de la Administración que tenga encomendada su gestión.

El Gobierno aprobó el proyecto de decreto por el que se declara la urgente ocupación de bienes y derechos afectados por el modificado del proyecto de ejecución de la obra ¿Complejo Medio Ambiental de Residuos de Mazo¿

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Decreto por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el modificado del proyecto de ejecución de la obra ¿Complejo Medio Ambiental de Residuos de Mazo¿, en La Palma.

El Gobierno considera que la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos a expropiar resulta implícita a tenor de lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Los bienes y derechos a expropiar de manera urgente afectan a la empresa HORPA, S.L. Se trata de nueve parcelas de suelo rústico que ocupan 53.965 metros cuadrados de superficie catastral.

El Gobierno ha aprobado este Decreto debido a que la obra correspondiente a la primera fase del Complejo Ambiental de Residuos Sólidos de Mazo se encuentra actualmente en situación de suspensión temporal, ya que es necesaria la ejecución de un vial de acceso para poder continuar con ella.

La urgencia de esta ocupación se fundamenta en la grave situación en que se encuentran los sistemas de gestión de residuos de la isla de La Palma, cuyos habitantes sumados a las plazas turísticas realmente censadas totalizan una población generadora de residuos de 85.822 personas, que producen un total de 25.400 toneladas de residuos al año, lo que supone para el conjunto de la isla un ratio de 0,89 kilos por habitantes al día.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias pretende dejar definitivamente establecidos los requisitos necesarios para que la isla de La Palma, Reserva de la Biosfera, cuente con un adecuado Sistema Integral de Gestión de Residu

Propuesta de acuerdo por el que el Gobierno de Canarias muestra su protesta ante el ministerio de Defensa por el nuevo varamiento masivo de cetáceos y por el que promueve la declaración de Santuario de Cetáceos de la Macaronesia

Canarias constituye un lugar de interés especial a nivel mundial por la riqueza y diversidad de cetáceos en sus aguas. Se tiene constancia de la presencia de 26 especies de cetáceos en aguas del Archipiélago, lo que supone el 69,4 % de las 39 especies registradas en el Atlántico Norte y el 31,6 por ciento del total de las especies de cetáceos conocidos en la actualidad. Los zifios son miembros de la familia Ziphiidae, y algunos de ellos se encuentran entre los mamíferos ,menos conocidos del mundo, debido a sus hábitos oceánicos.

En los últimos años se ha producido varios varamientos en masa de zifios en todo el mundo que han suscitado la atención de los investigadores, debido a su posible relación con ejercicios navales. Varios de estos desafortunados eventos han tenido lugar en las costas de las Islas orientales del Archipiélago canario. Según los especialistas, los animales presentan una lesión acústica que provoca el varamiento, y, posteriormente la muerte por colapso cardiovascular.

En Canarias, el primero de estos varamientos tuvo lugar en febrero de 1985, repitiéndose posteriormente en los años 1986, 1987, 1988, 1989 y 1991.

El último varamiento registrado de varios zifios ocurrió en septiembre de 2002, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, mientras se celebraban unos ejercicios navales en las proximidades. A raíz de ello, se estableció la necesidad de coordinar un trabajo de investigación entre el Gobierno de Canarias y el ministerio de Defensa y se creó un Comité Permanente de Investigación para conocer las causas de los varamientos, para lo que se suscribió un convenio de colaboración el pasado 5 de marzo.

El Comité, tras un año de estudios, concluyó que existe una población permanente de zifios en la costa sureste de la isla de Fuerteventura, y los resultados epidemiológicos y patológicos evidenciaron científicamente la existencia de un mecanismo embólico asociado a la exposición de los zifios a sonares activos.

Se constató, además, que los zifios, dada sus características biológicas, anatómicas, fisiológicas y ecológicas, son especialmente sensibles frente al uso de algunas fuentes emisoras de energía acústica.

No obstante, no existían, según el informe, datos concluyentes sobre el rango de frecuencias y potencias que producen dichos mecanismos. Asimismo, se constató la poca información existente sobre el comportamiento, en su medio natural, de esta familia y el nivel de distribución en otros puntos del Archipiélago canario.

A raíz de este informe, el Comité de Investigación recomendó literalmente las siguientes acciones, recogidas en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias antes referido:

1.- Delimitación de una zona en la que se prohiba la utilización de sónares antisubmarinos activos.

2.- Aplicar una figura de protección a esta zona marítima.

3.- Realizar un estudio pormenorizado de otros lugares del Archipiélago, en los que se pueda determinar la necesidad de aplicar algún tipo de protección especial. Para ello, y sin ser excluyente de otras medidas, se recomienda que el Plan Nacional de I+D incluya un capítulo dedicado a la biología, fisiología, sanidad, patología y distribución nacional de cetáceos.

4.- Trabajar en las características acústicas, modelos y sistemas, que determinen los márgenes de frecuencia e intensidades que pueden causar efectos dañinos a los zifios.

5.- Aplicar la máxima del principio de precaución, ante la carencia de datos, que permita la toma de decisiones responsables, para que no se produzcan daños a la biodiversidad.

Por todo ello, y en atención a lo anteriormente expuesto, el Consejo de Gobierno de Canarias acuerda:

1.- Manifestar la enorme preocupación ante el ministerio de Defensa en relación con la reiterada aparición de varios cetáceos muertos en las costas de las Islas Canarias, que este Gobierno entiende están relacionadas con la celebración de maniobras militares en este caso las ¿Majestic Eagle 04¿, circunstancia que produce profundo rechazo en la sociedad canaria.

2.- Interesar al ministerio de Defensa información precisa sobre las características y países intervinientes en las maniobras, ante la inhibición de responsabilidad que se desprende del comunicado de prensa emitido por la OTAN, dado en Bruselas el pasado 27 de marzo de 2004.

3.- Demandar del ministerio de Defensa el estricto cumplimiento de los contenidos del Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Canarias, el 5 de marzo de 2004.

4.- Solicitar a los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Exteriores, que garanticen la aplicación del llamado principio de precaución, para que no vea afectado nuevamente el medio marino de Canarias por la realización de maniobras militares con utilización de sónares activos, o cualquier otro instrumento que ponga en riesgo la preservación de la biodiversidad.

5.- Impulsar ante los organismos oportunos la acciones tendentes para garantizar la aplicación de lo contenido en el Convenio Internacional para la Protección de la Biodiversidad, y en la consideración de ¿punto caliente para la biodiversidad marina¿, tal y como ha quedado reflejado en el acuerdo que soporta la Declaración de la Zona Marítima de Especial Sensibilidad Ecológica, aprobado inicialmente por al Organización Marítima Internacional el pasado día 2 de abril en Londres.

El Consejo de Gobierno aprueba el anteproyecto por el que se modifica la Ley del Voluntariado de Canarias

El Consejo de Gobierno analizó ayer el anteproyecto por el que se modifica la actual ley del Voluntariado de Canarias.

Las razones para su modificación se pueden agrupar en cuatro apartados:

Adecuación de la normativa vigente en materia de voluntariado a la normativa vigente en materia de asociaciones y, en particular su incidencia en materia de registro, en documentación obligatoria y en criterios de prevalencia para ayudas y subvenciones para que se ajuste a la Ley de asociaciones de Canarias.

Distinción entre acciones de voluntariado y actividades relacionadas con la prestación de servicios, por la que se trata de dar solución al planteamiento de algunos profesionales de las corporaciones locales, o de organismos de ellos dependientes, que quieren desarrollar programas de voluntariado a través de la participación voluntaria de personas, ya que la ley actual no concreta en su objeto si la promoción y sensibilización de las actividades de voluntariado se extiende a las entidades públicas.

Distribución de la función de favorecimiento del voluntariado en la que se fomenta la descentralización de las oficinas de voluntariado a la administración local.

Por último la modificación de la ley tiene en cuenta las consideraciones relativas a la elaboración de un Plan Estratégico de voluntariado que permita coordinar los esfuerzos que se realizan desde diferentes ámbitos para el desarrollo de actividades voluntarias.

Con la modificación de la Ley del Voluntariado de Canarias se pretende, por un lado, abundar en la coordinación de las actuaciones que, desde diversos órganos, se realizan para la consecución de una sociedad más solidaria y, por otro, aclarar aspectos que pudieran resultar confusos en la normativa vigente.

El Gobierno de Canarias aprueba los planes especiales de emergencia exterior de la refinería CEPSA en Santa Cruz de Tenerife y de almacenamiento de DISA en Salinetas

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Plan Especial de Emergencias Exterior por riesgo químico de la refinería Cepsa de Santa Cruz de Tenerife y el Plan Especial de Emergencias Exterior de la planta de almacenamiento de DISA-Salinetas, en el municipio grancanario de Telde.

De esta forma, Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma del Estado que finaliza la elaboración de todos los planes de emergencia de riesgo químico exterior, puesto que la aprobación de estos planes, junto con los ya elaborados para las cinco instalaciones de DISA en las islas no capitalinas hace que la Consejería de Presidencia y Justicia haya completado al 100% los planes de todas las plantas de almacenamiento industrial con riesgo químico exterior del Archipiélago.

El Plan Especial de Emergencias Exterior de la refinería de Cepsa, consta de tres volúmenes. El primero constituye el Plan Director y recoge toda la información relevante relacionada con el entorno de influencia de las instalaciones de la refinería, sus procesos y la operación y describen los medios y recursos que se disponen para atender una emergencia. El segundo volumen establece las bases y criterios con la justificación de las medidas de prevención y de atención propuestas, y por último, el tercer volumen contiene una guía de respuesta con los procedimientos de actuación para cada uno de los posibles riesgos.

Por otra parte, el Plan Especial de Emergencias Exterior de Salinetas mantiene una estructura similar a la del resto de los planes exteriores de riesgo químico ya elaborados por la Dirección General de Seguridad y Emergencias. En primer lugar, se realiza una identificación de las instalaciones industriales y una descripción del ámbito geográfico como, por ejemplo, el tipo de climatología de la zona, vientos predominantes, la densidad poblacional, etc. Por otro lado, también se establece la estructura, la organización y las funciones de cada órgano de intervención y la respuesta según el tipo de riesgo.

Además, el documento recoge una clasificación de los diferentes tipos de accidentes, los criterios de activación del plan, los niveles de actuación y las fases de emergencia. En cuanto a la organización se establecen los órganos de dirección de apoyo, coordinación operativa y de intervención que abarca el control ambiental, sanitario, de seguridad, comunicaciones, logístico y de apoyo.

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para otorgar las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el registro de gestores de residuos en Canarias

El Decreto será de aplicación a las actividades de gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, que se importen o generen en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobó ayer el Decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las Autorizaciones de Gestión de Residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos en Canarias.

El Decreto establecerá, desde su entrada en vigor, el régimen para la obtención de la condición de gestor de residuos, preceptiva para el desarrollo de cualquiera de las actividades de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Canarias, como son las actividades de recogida, transporte, almacenamiento, valorización y eliminación de residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre, de conformidad con la legislación vigente (Ley 10/1998, de 21 de abril, y Ley 1/1999, de 29 de enero).

Cabe precisar que sólo se autorizarán aquellas actividades, que cumpliendo los requisitos técnicos exigidos por la normativa de residuos, hayan previsto las medidas de protección del medio ambiente adecuadas para garantizar el fin pretendido, incluidas las relativas a la atmósfera, el agua subterránea y marina, y sean conformes a las previsiones del Plan Integral de Residuos de Canarias, con los Planes Directores Insulares de Residuos y con las Directrices de Ordenación de Residuos.

El Decreto especifica igualmente que los gestores de residuos deberán presentar en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial una memoria anual sobre el trabajo realizado en ese periodo.

Cada gestor autorizado estará obligado a especificar la procedencia de los residuos, su cantidad, naturaleza, composición y código de identificación. Del mismo modo, deberá contar con un registro interno donde se anote la fecha de entrada de los residuos y medio de transporte utilizado, el tiempo de almacenamiento, las operaciones de tratamiento y eliminación, así como el destino de los nuevos residuos o subproductos generados en el proceso.

Registro de Gestores de Residuos

El Consejo de Gobierno también aprobó la creación de un Registro de Gestores de Residuos de Canarias en el que se inscribirán todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gestión de residuos.

El registro se estructura en tres secciones: la de residuos peligrosos, la de residuos no peligrosos y la de autogestión, en la cual se anotarán aquellos productores o poseedores de residuos que reutilicen o recuperen residuos que generen o posean en las instalaciones de origen.

El Gobierno de Canarias aprueba el inicio del procedimiento de elaboración de las Directrices de Aguas

El Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, ha acordado el inicio del procedimiento de elaboración de las Directrices de Ordenación de Aguas, que tendrán por ámbito todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas directrices serán elaboradas como desarrollo de las Directrices de Ordenación General y conforme a las determinaciones, criterios y objetivos establecidos en las mismas.

Los principales objetivos de estas directrices son:

– Desarrollar las competencias autonómicas en materia de aguas superficiales, costeras y de transición;

– Establecer las bases de coordinación administrativa y sectorialde la planificación hidrológica insular.

– Fomentar el ahorro de consumo, la preservación de la calidad de los recursos, el adecuado tratamiento y reutilización de las aguas residuales y la integración de los criterios ambientales en las actuaciones y planes que se lleven a cabo.

Criterios de planificación

– Asegurar la gestión integrada del ciclo de las aguas superficiales y subterráneas así como las de transición y costeras y a efectos del estado químico, las de naturaleza marina territorial.

– Se establecen criterios para el análisis de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas.

– Criterios para la definición y delimitación de las zonas protegidas para la captación de aguas.

– Asegurar la utilización más eficiente del agua.

– Fomentar la educación de la población sobre el valor del agua y su coste ambiental, energético y económico.

– Preservar los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua, manteniendo el caudal ecológico.

– Fomentar la recarga de acuíferos.

– Recuperar y mantener la buena calidad de las aguas.

– Maximizar el empleo de las aguas residuales.

– Completar con aguas procedentes de desalación las carencias existentes

– Estimular la articulación entre los diferentes sistemas de abastecimiento de cada isla.

– Estimular la articulación entre los diferentes sistemas de control de la calidad de los recursos.

– Asignar, mediante el planeamiento hidrológico, los recursos a sus posibles usos conforme a las siguientes prioridades:

El abastecimiento a la población, incluidas las industrias de bajo consumo.

Los regadíos y usos agrícolas.

Los usos industriales de gran consumo y los usos turísticos.

Los usos recreativos.

– Adaptar al marco autonómico los manuales y guías técnicas europeas y estatales.

Criterios de gestión

– Establecer a largo plazo, ritmos sostenibles de los recursos hidráulicos subterráneos.

– Conservar las surgencias y corrientes de agua y redes de drenaje de aguas superficiales

– Aumentar la eficiencia de la gestión pública del agua

– Optimizar la producción industrial de agua mediante la adecuada combinación de las iniciativas de carácter público y privado.

– Gestionar la administración hidráulica con arreglo a los principios de descentralización insular, participación social y prioridad de la planificación hidrológica

– Potenciar la erradicación de los vertidos al dominio público hidráulico de agua sin depurar

– En cuanto a la ordenación territorial y urbanística, se intentará compaginar la generación de suelo para uso residencial y turístico y la autorización de edificación, con la disponibilidad de recursos de agua suficientes.

También se aplicará al planeamiento urbanístico criterios para la clasificación del suelo rústico en las categorías de protección hidráulica y de protección forestal y se asegurará la conexión de los nuevos desarrollos urbanísticos con las redes de saneamiento y las instalaciones de tratamiento existentes.

Se impulsará también el establecimiento de corredores para conducciones de agua en alta y la previsión de redes separativas de saneamiento en la áreas urbanas para la reutilización Las Directrices de Ordenación de Aguas serán formuladas por el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez al tratarse de una materia que afecta exclusivamente a las competencias de este Departamento. El plazo para la formulación y tramitación de la Directrices de Aguas viene condicionado por la fecha límite del 16 de abril de 2005.

de pluviales y de depuración y reutilizacion.

El Consejo de Gobierno autoriza la generación de créditos a proyectos de la Iniciativa Comunitaria EQUAL

El Gobierno aprobó hoy en Consejo autorizar la generaciones de crédito relativas a varios proyectos de la Iniciativa Equal.

En concreto, se acordó destinar 186.721,63 euros al proyecto Canarias Futurem y 361.585,88 euros al proyecto Canarias Avanza.

El objetivo general de la iniciativa europea Equal es facilitar la igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral a los colectivos más desfavorecidos socialmente. En este sentido, Equal Canarias Avanza se especializa en la creación de servicios de asesoramiento a las iniciativas emprendedoras dirigidas a emplear a personas discapacitadas, inmigrantes y mujeres con cargas familiares y baja cualificación.

Por su parte, el proyecto Equal Futurem tiene como finalidad la investigación y el intercambio de experiencias innovadoras, que favorezcan la adecuación de los sistemas globales de formación que contribuyen a la inserción de las personas en situación de exclusión.

El Gobierno de Canarias destina casi tres millones de euros para promocionar Canarias a través de los equipos de fútbol de Segunda División B

El Gobierno de Canarias ha destinado casi tres millones de euros (2.703.000 euros) para promocionar las Islas como destino turístico líder en el mercado nacional, a través de los equipos de fútbol de Segunda División B.

Se trata de llevar a cabo una actuación de promoción turística del Archipiélago canario con la participación de los equipos de fútbol de Segunda División B, mediante un convenio de patrocinio publicitario que abarcará tres temporadas, por un importe de ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros, a cada equipo por temporada.

El desglose por anualidades es el siguiente:

2004: 450.759 euros

2005: 901.518 ¿

2006: 901.518 ¿

2007: 450.759 ¿

Así, siempre y cuando el equipo mantenga su categoría se mantendrá el convenio de patrocinio establecido a partir de la próxima temporada deportiva 2004-2005 con equipos canarios en la Segunda División B de la competición futbolística nacional.

Con esta acción promocional Canarias estará presente en todos los terrenos de juego en los que compitan la U.D. Lanzarote, U.D. Fuerteventura, U.D. Pájara Playas de Jandía, Castillo Club de Fútbol, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol, y U.D. Vecindario.