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Acuerdos de gobierno

El Gobierno aprueba la inversión de 400.000 euros para la construcción del centro de día de mayores de Mogán

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias quiere otorgar un mayor protagonismo a la población mayor que reside en las islas

En la sesión celebrada este lunes 23 de septiembre, el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado autorizar la transferencia de crédito de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, destinada a la construcción del nuevo centro de día de mayores en el Ayuntamiento de Mogán.

Este nuevo centro permitirá complementar la atención que se presta en la actualidad en el centro de Arguineguín y atender mejor al resto de población mayor residente en zonas más alejadas como Mogán pueblo, Playa de Mogán y Veneguera.

Con esta actuación, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias cumple con uno de sus objetivos, como es promover la financiación de proyectos de inversión que permitan acometer obras y reformas necesarias, así como la dotación de los equipamientos precisos para asegurar la accesibilidad universal de las personas mayores, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, así como ofrecer una atención “integrada”, de carácter social y sanitario.

Además, la Consejería quiere otorgar un mayor protagonismo a la población mayor que reside en las islas. Para ello, trabaja ya en la elaboración del primer programa de atención integral para las personas mayores de Canarias. Esta herramienta permitirá desarrollar un proyecto para mejorar la imagen social del envejecimiento, promover la solidaridad intergeneracional y fomentar una aproximación lúdica y socializante del envejecimiento activo a través de la actividad física.

Esta legislatura es la primera que Canarias cuenta con una dirección general específica dedicada a la población mayor. En los últimos 22 años la población de más de 65 años ha aumentado considerablemente, de forma que en el año 2000 representaba el 11,6% y en 2022 ya suponía el 17,1% de los residentes en las islas.

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Canarias incrementa en 1,5 millones de euros la ayuda a los consorcios insulares de bomberos

La Dirección General de Emergencias destina este año un total de 5,2 millones de euros a los cuerpos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para incrementar en 1,5 millones de euros la aportación económica a los tres consorcios insulares de bomberos en funcionamiento en el archipiélago, adscritos a los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

La partida presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, destinada a subvencionar el funcionamiento de los consorcios de bomberos, registra así en 2024 un incremento del 7,6% con respecto al ejercicio anterior.

El objetivo de este aumento es garantizar la movilización de los recursos insulares necesarios en caso de emergencias de nivel autonómico, sin causar un perjuicio en las cuentas públicas de los respectivos consorcios participados por el Gobierno de Canarias.

El incremento de 1,5 millones de euros aprobado hoy supone igualar las cantidades que los consorcios venían recibiendo en el ejercicio pasado, a las que además se suma un aumento de 125.000 euros añadido para cada consorcio.

El Gobierno de Canarias pone en valor de esta manera la aportación que al sistema público de protección civil canario realizan cada día los cuerpos insulares de extinción de incendios y rescate, integrados en los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

El Gobierno canario aprueba un incremento de 24 millones de euros para la atención a menores

A través de esta partida se financiarán recursos destinados a la infancia migrante no acompañada y se aumentarán las partidas para los centros de medidas judiciales

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado hoy el incremento de crédito de diversas partidas presupuestarias de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para hacer frente a compromisos y obligaciones relativos a gastos de menores extranjeros no acompañados y a la ejecución de medidas judiciales de menores infractores, por un total de 24.127.199,22 euros.

En concreto, el Ejecutivo canario ha autorizado 18.894.493,27 euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores extranjeros no acompañados y otros 4.944.705,95 euros para el programa de ejecución de medidas judiciales de menores infractores que desarrolla la Fundación IDEO, así como para financiar los convenios con varias entidades destinados a la ejecución de las medidas judiciales impuestas por los jueces, y que a la presente fecha carece de crédito para hacer frente a los compromisos adquiridos.

Por último, se incrementa con 288.000 euros la partida destinada a gastos de la Fundación IDEO.

En la actualidad, Canarias cuenta con más de 5.500 menores extranjeros no acompañados acogidos y 81 dispositivos de emergencia. Desde agosto del año pasado está declarada la situación de emergencia para agilizar los trámites administrativos y poder atender a estos menores.

El Gobierno exige al Estado cumplir con sus obligaciones ante la crisis migratoria que vive Canarias

En el plazo de un mes, el Ejecutivo, a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas

Se insiste en el incumplimiento en materia económica por parte del Gobierno de España derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad

El Consejo de Gobierno ha aprobado realizar un requerimiento dirigido al Consejo de Ministros para que cumpla con sus obligaciones, recogidas en su protocolo marco estatal, ante la crisis migratoria que vive Canarias. En el acuerdo adoptado, el Gobierno detalla la situación actual, la acumulación de incumplimientos legales por parte del Estado en esta crisis y expone que, transcurrido el plazo de un mes, el Ejecutivo, “a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas” con el objetivo de que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, que son de su responsabilidad y de los que está obligada a ocuparse.

En el acuerdo se argumenta que la actuación en materia migratoria afecta al menos a cuatro ministerios, que son los que firmaron el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, y que estos tienen que ejercer las competencias sobre salvamento marítimo, migración, fronteras y relaciones exteriores. Además, insiste en el incumplimiento en materia económica derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad.

Entre los motivos, se plantea el agravamiento de la crisis migratoria sumado a la ausencia de recursos para atender a las personas que siguen llegando, “la imposibilidad de habilitar nuevos dispositivos de asistencia (salvo los habilitados por emergencia en los puertos), por inexistencia material de instalaciones adecuadas, salvo las solicitadas y no cedidas por la Administración General del Estado”.

El texto recuerda que, desde los primeros momentos de la crisis migratoria, el Gobierno de Canarias “ha cumplido y gestionado todas sus obligaciones de manera responsable y cohesionada, y así continuará haciéndolo. De ese modo, siempre ha estado y continuará, priorizando el objetivo de proteger el interés superior de las niñas y niños extranjeros no acompañados, el mejor desarrollo de su personalidad y su plena integración social. Sin perjuicio de muchas otras actuaciones anteriores, el compromiso político y social resulta incuestionable”.

En cuanto a la situación específica de los migrantes menores no acompañados que siguen llegando, el acuerdo señala que “la realidad es que, desde su desembarco, se encuentran atendidos”. De acuerdo con el protocolo vigente, “tras su recogida en el mar por las autoridades competentes, una vez desembarcados, las autoridades estatales se ocupan de su guardia y custodia, además de llevar a cabo su identificación, prestándoles atención y cuidado en los recursos disponibles y habilitados específicamente para atender la emergencia en los puertos y otras instalaciones. La atención por los recursos de acogida de la Administración autonómica tiene lugar, según viene haciéndose, a partir del momento de su entrega de los grupos de menores por funcionarios la Policía Nacional con un acta de entrega que contiene una lista de nombres, en algunos casos con datos tachados o incompletos e incumpliendo el protocolo marco estatal aprobado a tal respecto en 2014. Aún así, la Comunidad Autónoma se hace cargo de los menores, asignándoles a alguno de los recursos que se encuentran disponibles”.

El Ejecutivo insiste en el hecho de que, “mientras la Comunidad Autónoma de Canarias sigue atendiendo a todos los menores no acompañados con unos medios desbordados e insuficientes para la magnitud de una migración continental, el Gobierno de España y la Administración General del Estado convierten la crisis migratoria agravada en un debate político y mediático, sin formular la menor propuesta dirigida a resolver la situación”.

En el acuerdo se recalca que el sistema de acogida y protección de menores migrantes no acompañados ha incrementado su dimensión de 29 a 81 centros de acogida en el último año, y ha recibido a muchos más menores no acompañados que las plazas previstas ya ampliadas, “en perjuicio del bienestar y seguridad de los menores”.

El documento suscrito por el Consejo de Gobierno insiste en la ausencia de actuaciones de repatriación de menores migrantes no acompañados y en el hecho de que en relación con los 6000 menores migrantes no acompañados que están acogidos en Canarias no se ha desarrollado “actuación alguna para su retorno al país de origen para integrarse con su familia”.

Asimismo, expone que el Estado infringe diferentes normas como los artículos 2 bis 3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) o el artículo 172 del Código Civil. Esto se debe a que el Estado equipara el lugar en que se halle el menor en desamparo con el territorio del puerto de llegada, aunque el desamparo era previo, así como por la inexistencia de situación de desamparo al proporcionar el Estado la atención inmediata precisa a los menores migrantes no acompañados que salva en el mar o recibe en frontera terrestre.

Finalmente, en el acuerdo adoptado el Ejecutivo regional reitera la “plena disposición de la Comunidad Autónoma para buscar y adoptar de común acuerdo las medidas más adecuadas para la correcta atención de los menores extranjeros no acompañados, en razón del interés superior del menor que debe guiar la correcta atención de todos los poderes públicos”.

Cabe recordar, que en la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, de marzo de 2022, ya Canarias, con el gobierno de Ángel Víctor Torres, presentó un informe jurídico en el ponía en tela de juicio que la responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados fuera competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, tal como se especifica en el acta de la reunión, son al menos competencias concurrentes con el Estado en aplicación del art. 35 de la Ley4/2000, la cual indica que “hasta que los menores no sean documentados son responsabilidad del Estado”.

El Gobierno de Canarias, ante la imposiblidad de que el Gobierno de España tome acción en esa línea, y para ordenar esta situación, adoptó su propio protocolo territorial derivado del protocolo marco estatal, aprobado por resolución de 13 de octubre de 2014 de la subsecretaría de Presidencia, y que fue consensuado entre los ministerios con competencias en el fenómeno migratorio. En este sentido, el apartado 1 punto tres de este documento establece que “el Protocolo marco, entendido como tipo o patrón de buenas prácticas que, independientemente de su valor vinculante para las instituciones del Estado que lo suscriban, debería ser completado con la redacción de los correspondientes protocolos territoriales para que –según sus respectivas normas estatutarias– pueda obligar a las administraciones e instituciones autonómicas respectivas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Canarias aprueba el Plan Hidrológico de Fuerteventura con 222 actuaciones en aguas

La Consejería de Política Territorial ha desbloqueado en un año cuatro de los cinco planes insulares pendientes desde 2021

El consejero Manuel Miranda anuncia que toda la planificación hidráulica estará finalizada antes de diciembre para evitar más sanciones europeas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, tramitado por el Cabildo de la isla, y espera completar la planificación hidráulica del archipiélago antes de finalizar el año. De los cinco planes pendientes al inicio de la legislatura, ya se han aprobado en tiempo récord los de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. En estos momentos solo falta por concluir el Plan Hidrológico de La Palma, cuya aprobación está prevista para el mes de diciembre, según confirmó en rueda de prensa el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda.

“La aprobación del tercer ciclo del Plan Hidrológico de Fuerteventura es una muy buena noticia no solo para la isla, que se encuentra en emergencia hídrica desde el pasado verano, sino una gran noticia también para toda Canarias, porque nos acerca un poco más a un objetivo estratégico que nos marcamos al llegar al gobierno, un objetivo que pasa por la urgente actualización de la planificación hidráulica de las siete demarcaciones insulares, que inexplicablemente acumulaba un retraso de tres años”, aseguró Miranda.

Según explicó el consejero, esta planificación en materia de aguas “resulta imprescindible para priorizar las inversiones, distribuir los recursos económicos y combatir los efectos de la sequía”, y además supone la única garantía para evitar nuevas sanciones de la Comisión Europea, que mantiene abierto un expediente sancionador desde el año 2022 por incumplimiento en la planificación.

222 ACTUACIONES

El Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, aprobado hoy en Consejo de Gobierno, describe los objetivos respecto al ciclo del agua en el periodo 2022-2027 y debió haberse aprobado en diciembre de 2021. El responsable de Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, felicitó al Consejo Insular de Aguas y al Cabildo majorero por “la diligencia con la que han tramitado esta planificación, al mismo tiempo que siguen atendiendo la emergencia hídrica en la que se encuentra la isla”.

El documento establece las medidas para alcanzar los objetivos marcados respecto a la calidad de las aguas, subterráneas, superficiales y de zonas protegidas; para garantizar el suministro a la población y el sector primario; mejorar la prevención frente a sequías e inundaciones; y racionalizar su uso de acuerdo con el desarrollo de la isla de Fuerteventura.

Estos objetivos se articulan en una serie de medidas, 222 en concreto, que suponen una inversión total de 201.500.812 euros. Por objetivos, un 29% de dicha inversión iría destinada a aumentar los recursos disponibles y un 22%, a acciones para reducir la contaminación. Más de 8 millones de euros dan cobertura a 41 medidas incluidas en el segundo ciclo del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, también aprobado en el día de hoy.

Además de las obras para mejorar el suministro de agua de producción industrial o uso doméstico, contempladas en el Plan Insular de Cooperación en Actuaciones de Garantía del Abastecimiento de Agua, se incluyen otras medidas destinadas al uso de agua regenerada y para la producción de agua agrícola, con acciones en cauces, embalses y otros sistemas de aprovechamiento de este recurso, así como infraestructuras exclusivas para el sector primario, como el Plan de Regadíos para la zona centro-sur en convenio con el Estado que se prevé iniciar este mismo año. Una infraestructura que se va a complementar con proyectos similares para aumentar la superficie cultivada en toda la Isla.

Manuel Miranda ha reiterado que “Canarias ha sufrido un retraso importante en cuanto a planificación hidrológica, retraso que este Gobierno se ha propuesto corregir ejerciendo un liderazgo y coordinación junto a los consejos insulares, proceso que culminará antes de que termine este año con la aprobación del Plan Hidrológico de La Palma”.

El consejero ha anunciado que en los próximos días se celebrará una comisión Permanente de Aguas con los consejos insulares “para determinar las condiciones y plazos de redacción del siguiente ciclo de planificación hidrológica”, que corresponde al periodo 2028-2033, y que deberá estar concluido antes de que termine el año 2027.

“El objetivo que nos hemos marcado”, concluyó Miranda, “es que al finalizar esta legislatura Canarias esté en el grupo de cabeza de las regiones europeas respecto a la planificación hidráulica”.

El Gobierno autoriza a Sanidad a un gasto de 36,1 millones de euros para adquirir medicamentos

La contratación se realizará mediante acuerdo marco para cubrir las necesidades de los centros asistenciales del Servicio Canario de la Salud

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, tres autorizaciones de gasto por un importe total de 36.104.755,79 euros, para la contratación de tres expedientes de suministro de medicamentos con destino a los centros asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El suministro, con el presupuesto base de licitación más elevado, de 21.092.239,09 euros, es el relativo a medicamentos de uso humano de fabricación industrial biológicos/biosimilares.

La contratación de este suministro se realizará en 7 lotes, por procedimiento de compras centralizadas y la suscripción de acuerdos marco por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS, con un plazo de vigencia de un año.

Asimismo, el Consejo de Gobierno autorizó destinar otros 8.885.230,06 euros al expediente de contratación del suministro de medicamentos de uso humano tipo I (genéricos), mediante procedimiento de compras centralizadas y la suscripción de acuerdos marco con un período de vigencia de dos años.

Esta contratación se dividirá en 32 lotes de medicamentos de fabricación industrial, no exclusivos.

La tercera autorización de gasto se refiere al expediente de contratación del suministro de medicamentos no exclusivos de uso humano tipo I incluidos en los grupos terapéuticos A, B y C de la clasificación ATC, mediante acuerdo marco, procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, por importe de 6.127.286,64 euros.

La contratación se dividirá en 31 lotes de medicamentos con el fin de cubrir las necesidades asistenciales de los centros dependientes del Servicio Canario de la Salud.

El plazo de vigencia del actual acuerdo marco suscrito con los adjudicatarios del procedimiento finalizará el 31 de enero de 2025.

El Gobierno autoriza destinar 45,2 millones al servicio de terapias respiratorias domiciliarias

Se contratará por un período de tres años para atender a pacientes del Servicio Canario de la Salud con afecciones que requieran soporte ventilatorio

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes, 16 de septiembre, la realización de un gasto por importe de 45.255.612 euros por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para la contratación del servicio de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida.

La contratación se realizará mediante tramitación anticipada y procedimiento abierto de adjudicación, con un plazo máximo de duración de tres años y fecha de inicio prevista de 1 de febrero de 2025.

El objeto de la contratación es la prestación del servicio de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida, no reguladas como prestación farmacéutica, con el fin de cubrir las necesidades asistenciales de los pacientes con afecciones respiratorias, mejorar el soporte ventilatorio y controlar los diferentes parámetros indicativos de alteraciones en la oxigenación del organismo.

El presupuesto base de licitación, que se encuentra exento de IGIC, se distribuirá a razón de 12.894.319,68 euros en 2025, 14.914.267,67 euros en 2026, 16.097.212,42 euros en 2027 y 1.349.812,23 euros en 2028.

El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro Integrado de Formación Profesional Adeje, en Tenerife

Las nuevas instalaciones, que permitirán aliviar las matriculaciones en otros centros del municipio, han supuesto una inversión de casi seis millones de euros

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero regional de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, aprobó este lunes el preceptivo decreto para la creación definitiva del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Adeje, que estos días inicia su actividad y será inaugurado por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo.

Esta nueva infraestructura, cuya inversión ha alcanzado los 5,8 millones de euros, ofrecerá enseñanzas de las familias de Hostelería y Turismo, Informática, Industrias Alimentarias y Comercio y Marketing, y permitirá desahogar las matriculaciones de los institutos de enseñanza secundaria (IES) El Galeón y Adeje.

Aunque con capacidad para entre setecientas y mil plazas, en el curso 2024/2025, que acaba de comenzar, el CIFP Adeje dará cabida a unos cuatrocientos estudiantes, que contarán con una oferta íntegramente dual de una quincena de ciclos, certificaciones o títulos especializados.

Tenerife contaba hasta la fecha con cinco centros de este tipo en el área metropolitana, por lo que se espera que el CIFP Adeje se convierta en un referente por su amplia oferta de enseñanzas, para una población que abarca los municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona, Vilaflor de Chasna, San Miguel y Granadilla de Abona.

Construcción escalonada

Este centro ha supuesto la construcción de una nueva edificación en una parcela de nueve mil metros cuadrados, ubicada en la calle Lisboa de la urbanización Playas de Fañabé.

Consta de cuatro plantas, tres de las cuales tienen acceso directo al exterior y se han proyectado de manera escalonada en tres niveles, a modo de terrazas.

Además, la construcción se desarrolla linealmente en cada uno de sus cuatro niveles, siguiendo un eje de circulación que conecta todos los espacios a través de él, con tres escaleras que lo comunican verticalmente.

Desde la Consejería de Educación se ha querido que la organización interior de los espacios sea lo más funcional posible, atendiendo a las necesidades detectadas y a la naturaleza de los diferentes ciclos formativos impartidos.

Así, cuenta con área administrativa, aulas, seminarios, lugares de reunión, orientación o estudio, además de con servicios comunes.

Por último, se trata de un centro energéticamente eficiente, en cuya construcción se ha tenido en cuenta la adaptación a episodios de altas temperaturas con espacios más amables y naturalizados, accesibles, seguros, sostenibles y ajustados a las necesidades del alumnado.

Seis en total

La apertura del CIFP Adeje se suma a la red de centros públicos canarios junto con otros cinco nuevos centros que también abren este curso: el Instituto de Educación Secundaria (IES) Agáldar, en Gran Canaria; el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Castillo, en Fuerteventura, y tres nuevos centros de educación especial (CEE), que próximamente abrirán sus puertas en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), y en Icod de los Vinos y el propio Adeje (Tenerife).

Estas infraestructuras, a las que además habrá que sumar 35 aulas Enclave para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), han supuesto una inversión total de más de 27 millones, entre obras (23 millones de euros) y equipamiento (cuatro millones).

El Gobierno de Canarias amplía la oferta de formación universitaria con la implantación de nuevas titulaciones

La nueva Facultad de Ciencias de la Educación se integra en la Universidad del Atlántico Medio (UNAM)

Recientemente, también se aprobó la creación de la Facultad de Enfermería en la Universidad de La Laguna (ULL)

El Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada hoy, 16 de septiembre de 2024, ha dado el visto bueno a la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Atlántico Medio (UNAM). Esta nueva facultad se enmarca dentro de la estructura académica de la universidad y comenzará sus actividades al día siguiente de la publicación de la conformidad en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La memoria justificativa que acompaña a esta iniciativa informa sobre el crecimiento en la demanda de titulaciones relacionadas con la educación en la Universidad del Atlántico Medio. En particular, se ha observado un incremento significativo en la matriculación en los grados de Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria, así como en los programas de máster orientados a la formación del profesorado y la educación bilingüe. Según el centro de formación académica, este aumento en la demanda ha motivado la reorganización y expansión de la oferta universitaria. La nueva facultad no supondrá un coste adicional para la administración autonómica, ya que la UNAM, como entidad privada, asumirá los gastos necesarios para su funcionamiento.

Esfuerzo por ampliar la oferta pública

Desde la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura se refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con la ampliación de la educación universitaria pública: Se trabaja para reforzar y diversificar la oferta de educación superior en las universidades públicas canarias, asegurando que los estudiantes de las islas tengan acceso a una formación académica de calidad, adaptada a las demandas del mercado laboral, y haciendo que nuestros centros de formación académica sean cada vez más competitivos, con precios que se sitúan entre los más bajos, solo por detrás de Galicia.

Este esfuerzo continuo del Gobierno de Canarias se refleja en la reciente aprobación de nuevas estructuras académicas y titulaciones en las universidades públicas. Un ejemplo es la reciente creación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Laguna (ULL), aprobada el pasado 2 de septiembre de 2024. Con la creación de esta nueva facultad, los estudios de Enfermería se separan de la Facultad de Ciencias de la Salud, ganando mayor autonomía en su gestión.

Nuevas titulaciones en las universidades públicas

Además, está previsto que a partir de este curso 2024/2025 se comiencen a impartir nuevas titulaciones en los centros de formación académica públicos del archipiélago, reforzando aún más la oferta educativa de calidad en Canarias. Entre las titulaciones aprobadas destacan:

Universidad de La Laguna (ULL):

Máster Universitario en Tecnologías Cuánticas, en colaboración con otras seis universidades españolas, incluyendo la Universidad de Murcia, la Universidad de Zaragoza y la Universitat de València, entre otras.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC):

Máster Universitario Erasmus Mundus en Islas y Sostenibilidad, un programa conjunto con universidades de Islandia, Grecia y Países Bajos, financiado por el programa Erasmus+.
Máster Universitario en Competencias Digitales Docentes, orientado a fortalecer las habilidades pedagógicas en entornos digitales.

Estas nuevas titulaciones, junto con la creación de la Facultad de Enfermería en la ULL, reflejan el compromiso del Ejecutivo autonómico por seguir mejorando y diversificando la educación superior pública en el archipiélago.

El Gobierno asegura la financiación del GRANTECAN hasta el 2030 con una inversión plurianual de 21,3 M€

Gracias al convenio con la Administración General del Estado se reafirma el compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico en las islas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, lunes 16 de septiembre de 2024, la autorización de un gasto plurianual por un importe total de 21.302.337 euros, destinado a cubrir la financiación del Gran Telescopio Canarias (GRANTECAN) hasta el año 2030. Esta inversión, crucial para mantener operativa esta infraestructura científica de referencia, se enmarca en el convenio firmado entre la Administración General del Estado (AGE) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC).

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó la importancia de esta iniciativa: “Con esta medida, aseguramos que el Gran Telescopio de Canarias continúe siendo un pieza esencial en la investigación astronómica. La inversión plurianual aprobada no solo garantiza su operatividad, sino también su capacidad para seguir aportando avances científicos de gran relevancia.”

El acuerdo prevé una distribución anual del gasto, lo que permitirá a la Comunidad Autónoma de Canarias cumplir con su compromiso financiero hacia el GRANTECAN, garantizando su óptimo funcionamiento y su capacidad para continuar siendo una herramienta clave en la observación del universo.

“Con esta medida, reforzamos nuestro compromiso de situar a Canarias en el mapa mundial de la investigación científica. El Gran Telescopio Canarias es una herramienta clave en esta estrategia, y su financiación estable es una garantía de que continuará aportando prestigio a nuestras islas”, agregó la consejera.

El convenio también contempla una aportación total de 42.337.752 euros por parte de la AGE que refuerza el compromiso conjunto para mantener al GRANTECAN a la vanguardia de la investigación científica.

El Gobierno ha dispuesto la remisión del presente acuerdo al Parlamento de Canarias, conforme a lo establecido en la normativa vigente.