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Acuerdos de gobierno

Turismo de Canarias protege y da más seguridad jurídica a los viajeros

El texto que regula la actividad de intermediación turística se adapta a la normativa europea, aportando mayor protección a los consumidores en sus relaciones con los operadores y evitando el intrusismo profesional

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Jéssica de León, a la modificación del Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística, cumpliendo así con las directrices europeas en materia de viajes combinados (dos o más servicios en el mismo paquete) y servicios de viajes vinculados (paquete con dos o más servicios facturados de manera independientes). De esta forma, se proporciona una mayor protección al viajero y se refuerza la seguridad jurídica en el sector evitando el intrusismo profesional.

Entre las novedades de esta normativa, se simplificarán todos los aspectos relacionados con las agencias de viajes. Por ejemplo, a partir de ahora no existirá una diferencia entre mayoristas y minoristas en términos de agencias. La norma amplía el alcance de viaje combinado, dando cabida a muchos productos de viaje que se encontraban en una indefinición jurídica, e introduce el concepto de servicios de viaje vinculados.

El nuevo decreto incide de manera significativa en el sistema de garantías para responder con carácter general del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios, especialmente para el reembolso de los pagos anticipados y la repatriación de los viajeros en caso de que se produzca la insolvencia por parte del intermediario turístico.

Además se simplificará la tramitación de los procedimientos administrativos, por lo que a partir de ahora sólo hará falta la presentación de la declaración responsable para el acceso al ejercicio de intermediación turística por parte de las agencias de viajes. Con este punto se contribuye a la supresión de obstáculos administrativos en el marco jurídico para el funcionamiento de estas empresas turísticas.

El nuevo Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

 

 

El Servicio Canario de la Salud emitió en julio 4,7 millones de recetas, con un gasto medio de 11,59 euros

El gasto farmacéutico y en productos dietoterápicos se situó́ en la mensualidad de julio en 55.085.976,08 euros

La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves, siete de septiembre, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a julio de 2023, mensualidad en la que se emitieron 4.752.002 recetas, con un gasto medio de 11,59 euros, lo que situó́ la factura farmacéutica en 55.085.976,08 euros, en el que se incluye el gasto en productos dietoterápicos.

Por Áreas de Salud, Gran Canaria emitió́ en julio 2.102.849 recetas y Tenerife, 1.989.897. Les siguen las de Lanzarote, con 243.293 recetas; La Palma, con 187.054; Fuerteventura, con 160.265; La Gomera, con 45.662; y El Hierro, con 22.982 recetas emitidas.

En cuanto al gasto medio por receta, el más elevado se registró en el Área de Salud de La Gomera, con 12,76 euros, y el más bajo en Fuerteventura, con 11,11 euros, si bien el mayor descenso porcentual se registró́ en La Gomera, del 1,91%, pasando de 13,01 a 12,76 euros en el periodo de referencia (julio 2022-julio 2023).

Al gasto farmacéutico del SCS del mes de julio se añaden 651.009,62 euros resultantes de la aplicación del Decreto Ley 1/2020 de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros, por lo que el importe total del gasto en medicamentos ascendió́ a 55.736.985,70 euros.

Gasto correspondiente al mes de junio

También en el Consejo de Gobierno de este jueves se dio cuenta del gasto farmacéutico correspondiente al mes junio, mensualidad en la que se emitieron 4.788.190 recetas, con un gasto medio de 11,64 euros, lo que situó́ la factura farmacéutica en 55.747.417,10 euros, en el que se incluye el gasto en productos dietoterápicos.

Por Áreas de Salud, Gran Canaria emitió́ en junio 2.121.628 recetas y Tenerife, 2.007.998. Les siguen las de Lanzarote, con 243.224 recetas; La Palma, con 186.203; Fuerteventura, con 161.198; La Gomera, con 45.800; y El Hierro, con 22.139 recetas emitidas.

El Consejo de Gobierno aprueba dos nombramientos en las áreas de Servicios Jurídicos y Dependencia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, lunes, en su reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, dos nuevos nombramientos que cargos públicos se integran en el equipo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Son los nombramientos siguientes:

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

Ángel Alexis Montesdeoca García

Director general de los Servicios Jurídicos

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Diplomado en Derecho Comunitario por CEU San Pablo, adscrito a la Universidad Complutense. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Escala de Letrados de la Comunidad Autónoma de Canarias (1998-2003) en la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo y en la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Miembro del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, ha desarrollado su actividad profesional en el despacho Manuel Pascual Abogados. Posee un máster en Derecho Urbanístico en Canarias por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y cursó el programa de Liderazgo para la Gestión Pública en IESE Madrid. Ha ejercido como profesor del máster de acceso a la abogacía impartido conjuntamente por la ULPGC y el ICALP en el área de práctica de Derecho Administrativo y como profesor a tiempo parcial de la ULPGC. También ha impartido cursos y conferencias sobre Derecho Administrativo y ha colaborado en artículos y obras especializadas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS

Concepción Ramírez Cuélliga

Directora general de Dependencia

Licenciada en Sociología por la Universidad de La Laguna. Diplomada en Trabajo Social por la ULL y graduada en Trabajo Social por la Universidad Internacional de la Rioja. Máster en Mediación Civil y Mercantil. Experta en Mediación Familiar. Posgrado de Directores de Centros de Servicios Sociales. Con dos décadas de trayectoria en el área del trabajo social, ha trabajado 16 años en la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración para gestión y trámite de subvenciones a administraciones locales y entidades del tercer sector, así como ayudas de emergencia social. Ejerció como técnico responsable del Gobierno de Canarias en la evaluación territorial del programa Ayudas Canarias. Tiene amplia experiencia como tutora externa de alumnos en prácticas de grado en Trabajo Social, así como profesora asociada de Trabajo Social de la ULL. Ha impartido cursos de formación sobre políticas sociales y emigración.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a un 99,9 %

Matilde Asián considera que el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, tal y como estaba concebido, supone una sobreimposición sobre la renta no justificada porque ya se ha gravado cuando se obtiene y cuando se ahorra

En una Comunidad con un régimen fiscal con una tributación favorable, no se sostiene este perjuicio frente a otras regiones que disfrutan de la bonificación

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos, que preside Matilde Asián, modificar la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y bonificarlo en un 99,9%, devolviéndolo a la situación que había a 31 de diciembre de 2019.

Asián considera que este impuesto, tal y como estaba concebido en estos últimos años, supone una sobreimposición no justificada sobre la Renta porque se ha gravado cuando se obtiene, y sobre el Patrimonio, al gravarse cuando se ahorra. Además, a su juicio, tampoco tiene sentido que en una Comunidad como Canarias, que posee un régimen fiscal con una tributación favorable, los canarios tengamos que pagar más por este concepto que en otras regiones españolas que sí tienen el impuesto bonificado.

La medida vendría a implementar lo previsto en el Pacto de Gobierno mediante  el acuerdo para la mejora de la calidad de vida y modernización de Canarias que establece aplicar una política tributaria justa, progresiva y equilibrada que persiga, como objetivo fundamental, aliviar la presión fiscal del contribuyente y proporcionar liquidez a los ciudadanos en un contexto de alta inflación. Además, se reforzaría el ahorro de las familias y, con ello, que puedan adoptar las decisiones económicas que consideren oportunas susceptibles de relanzar la economía en su conjunto.

Con este cambio normativo se pretende, precisamente, proteger a las rentas medias y bajas que, fundamentalmente, se derivan de la renta del trabajo. Según datos del Consejo General del Notariado, en el año 2022 unos 2.000 canarios rechazaron los bienes que les llegaron por herencias de ascendentes o familiares, batiéndose un récord que sitúa a la Comunidad Autónoma entre las regiones con mayor porcentaje de herederos que declinan la sucesión debida, principalmente, a los costes que les supone la aceptación. A esto hay que añadir los excesivos costes fiscales que supone el realizar una planificación fiscal para trasmitir los bienes por vía hereditaria (sucesiones) o inter vivos a título lucrativo (donaciones).

Se trata también de paliar, en la medida de lo posible, el fuerte incremento en la imposición directa que supone la elevación que se ha producido en los valores de referencia de los bienes inmuebles tras la norma que entró en vigor el 1 de julio de 2021.

Con este cambio normativo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, nos homologamos con las regiones que tienen un mayor dinamismo económico.

Bienestar Social destina 7 millones de euros a los programas municipales de atención a la infancia y las familias

El Consejo de Gobierno autorizó el gasto para las aportaciones dinerarias a los ayuntamientos canarios

El Gobierno de Canarias ha autorizado en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la realización del gasto para la concesión de las aportaciones dinerarias a los ayuntamientos canarios, destinadas a financiar el desarrollo y continuidad de los programas de atención a la infancia y la familia durante el año 2023, por un importe de siete millones de euros.

En octubre de 2021 se suscribió un acuerdo entre la Federación Canaria de Municipios y el Gobierno de Canarias por el que se estableció un protocolo de orientación y actuación para el reparto objetivo de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, para contribuir al sostenimiento económico de los programas municipales de atención a la infancia y la familia, y se determinó su distribución para ese ejercicio y sucesivos

De esta forma, y en aplicación de este acuerdo, se autoriza la partida de siete millones de euros con el fin de garantizar el sostenimiento económico de los programas municipales de atención a la infancia y la familia, que incluyen servicios de información, promoción, prevención, detección e integración socio-familiar de la población menor y las familias, al ser un elemento clave del sistema público de nuestra Comunidad Autónoma en el ámbito de la prevención y protección de menores y de atención a sus familias.

Se aprueba el reglamento de la Comisión de Coordinación del Sistema Canario de Prevención de la Violencia de Género

El Consejo del Gobierno de Canarias aprobó en su sesión de hoy lunes 4 de septiembre, el Decreto por que da vía libre al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión General de Coordinación del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género. Este punto del orden del día se incluyó a instancias de las consejerías de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

La comisión a crear será el órgano colegiado en Canarias de asesoramiento y coordinación en materia de prevención e intervención integral contra la Violencia de Género y su funcionamiento permite fortalecer la relación de colaboración, coordinación y cooperación ya consolidada entre el Instituto Canario de Igualdad y cada una de las corporaciones insulares en esta materia.

La Red canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados en la atención social de víctimas de violencia de género está integrada en el ámbito insular por el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), los servicios y centros de información, orientación y asesoramiento, así como los de atención e intervención integral y multidisciplinar, y los recursos de acogida en sus diferentes tipologías: centros de acogida inmediata, casas de acogida y pisos tutelados.

Como argumenta el propio decreto, “la violencia contra las mujeres se proyecta en muy variados ámbitos, por lo que requiere la intervención de las distintas administraciones públicas, en función de sus correspondientes competencias materiales: igualdad, servicios sociales, salud, justicia, educación, seguridad, entre otras, y la participación de las entidades del Tercer Sector que están más cerca de las víctimas y que cuentan con experiencia en la atención a las mismas”.

La Comisión aborda entre otros asuntos:

a) La determinación de criterios básicos y comunes para evaluar las situaciones de violencia de género o de riesgo de la misma, así como para el reconocimiento y provisión de las prestaciones incluidas en el Catálogo de servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias destinadas a la prevención de la violencia de género y a la asistencia y protección a sus víctimas.

b) La fijación de fines y objetivos mínimos comunes en materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y de la autonomía de las víctimas, y de prevención y detección de la violencia de género, así como los destinados a garantizar la dignidad personal de las víctimas y el pleno respeto a su entorno personal y social.

c) El establecimiento de marcos de cooperación entre las distintas administraciones públicas con competencia en la materia, así como la fijación de criterios prioritarios de actuación.

d) El establecimiento de los criterios generales básicos para el seguimiento y evaluación de los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales de Canarias destinados a la prevención de la violencia de género y a la atención y protección de sus víctimas.

e) El seguimiento de la implementación de programas, protocolos y demás instrumentos de colaboración, coordinación y cooperación en materia de violencia de género, que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la formulación de propuestas de mejora.

La comisión estará presidida por quien ocupe la dirección del Instituto Canario de Igualdad y se integrará por quienes tengan atribuidas la coordinación insular del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género en cada una de las islas; dos personas en representación de los municipios de Canarias; y representantes de la Delegación del Gobierno en Canarias, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. Representantes de las consejerías de Educación, Bienestar Social, Sanidad, así como de las entidades colaboradoras del Sistema, asociaciones y federaciones de asociaciones de mujeres que, de acuerdo con sus fines estatutarios, desarrollen actuaciones destinadas a la atención a las víctimas de violencia de género.

El Gobierno canario amplía en más de 340.000 euros la financiación de la Renta de Ciudadanía

Un total de 12.667 personas son perceptoras de esta ayuda en Canarias

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, incrementar en 341.676,24 euros la financiación de créditos para dar cobertura a la línea de Ayudas Integración Social-Renta Ciudadana

Con este incremento, se busca cubrir parcialmente el déficit presupuestario estimado en la partida hasta final de ejercicio, que se cifra en 1.923.966,15 euros, y poder así atender las prestaciones de la renta de ciudadanía en el periodo de septiembre a diciembre de 2023, habida cuenta de la evolución al alza del gasto que ha supuesto tanto el crecimiento del importe de las ayudas como el volumen de las personas beneficiarias.

En Canarias, un total de 12.667 personas son perceptoras de esta ayuda.

El Consejo de Gobierno da luz verde a la implantación de cinco nuevas titulaciones en la Universidad del Atlántico

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destaca la apuesta decidida de su departamento “por ampliar y diversificar la oferta académica y adaptarla a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral en el Archipiélago”

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, en la reunión de hoy, lunes, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, ha dado luz verde a la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención de cinco nuevas titulaciones oficiales- un grado, tres másteres y un doctorado-  en la Universidad del Atlántico Medio.

En concreto, los nuevos títulos oficiales que se podrán obtener por la citada institución universitaria serán: Grado en Enfermería; Máster Universitario en Fisioterapia Musculoesquelética; Máster Universitario en Gestión de la Seguridad Alimentaria; Máster Universitario en Logística Internacional y Programa de Doctorado en Psicología.

La consejera Migdalia Machín destaca que “la aprobación de este nuevo decreto es un paso más dentro de la apuesta del Gobierno por ampliar y diversificar la oferta académica y adaptarla a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral en el Archipiélago”.

En este sentido, añade que “no sólo es esencial ofrecer programas de estudio que estén alineados con las demandas de los estudiantes y las oportunidades profesionales emergentes, sino que estas nuevas titulaciones que ofrecerá la Universidad del Atlántico Medio contribuyen a los objetivos que nos hemos marcado desde el Ejecutivo canario, como son fomentar la especialización, promover la investigación y la innovación, así como favorecer el desarrollo de Canarias y el acceso a la educación superior”, añade.

Esta iniciativa ha contado con los preceptivos informes favorables del Consejo Universitario de Canarias y de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).

Hay que recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 24 de la Ley 11/2003, de 4 abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, son acordadas por decreto del Gobierno de Canarias. La implantación de estas enseñanzas no supone coste alguno para la Administración autonómica.

El Gobierno de Canarias amplía la oferta educativa de Santa Lucía de Tirajana con la creación de un CEO

Las nuevas instalaciones permitirán mejorar la escolarización en el municipio, tras la ampliación efectuada en el CEIP El Cardón, y contarán con dos grupos de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión celebrada este lunes la creación de un Centro de Educación Obligatoria (CEO) en Santa Lucía de Tirajana tras finalizar los trabajos de ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Cardón. Esta transformación permitirá desahogar las matriculaciones de los IES José Zerpa y Gran Canaria, ubicados en el mismo municipio, cuyo alumnado podrá cursar sus estudios de forma progresiva en el nuevo centro.

De esta manera, y con el fin de mejorar la escolarización del municipio, en el curso 2023-2024 el nuevo Centro de Educación Obligatoria contará con dos grupos de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que estarán integrados por alumnos y alumnas procedentes del CEIP Barranco de Balos y de El Cardón.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, dada la alta demanda de plazas en el municipio, da respuesta a la necesidad detectada en este municipio grancanario con una planificación eficiente de los recursos de los que dispone. Esta medida se traduce en la transformación de las instalaciones disponibles –en este caso, las del CEIP El Cardón– en un centro de educación obligatoria de manera que se garantiza una educación pública de calidad e igualitaria para todo el alumnado.

El nuevo centro es el resultado de una ampliación del CEIP El Cardón, ubicado en la calle Almería, en Vecindario, y consta de doce aulas, más cuatro específicas, además de zona administrativa, comedor, sala de profesores, biblioteca y polideportivo cubierto. Desde las diferentes competencias de la Consejería de Educación se han articulado todos los mecanismos para que este nuevo curso cuente con 13 grupos de Educación Infantil y Primaria, 2 grupos de Educación Secundaria Obligatoria y 270 puestos de trabajo tanto de personal docente como no docente.

La nueva denominación de este centro de educación obligatoria será propuesta en el primer Consejo Escolar que se celebre durante el curso escolar 2023-2024, para ser aprobado posteriormente por la Consejería, tras haberlo puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

“Dada la alta demanda de plazas detectada en el municipio y las limitaciones de infraestructura educativa, se ha dado respuesta con la creación de este nuevo centro de educación obligatoria a que todo el alumnado tenga derecho a una educación pública de calidad y lograr así objetivos tan importantes como la cohesión social y la igualdad”, se informa desde la Consejería.

 

Autorizado un incremento de gasto de 1,22 millones de euros para la mejora de las presas públicas de San Sebastián

Este aumento de financiación supone una inversión total de 3,71 millones de euros y está dirigido a dar cobertura a una modificación del proyecto inicial para abordar situaciones que no se pudieron prever durante su redacción

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión de hoy lunes, 4 de agosto, ha autorizado la realización del gasto de 1.225.232,39 euros para un proyecto de mejora de las presas públicas del término municipal de San Sebastián de La Gomera. Con esta medida se incrementa la financiación inicial de dicho proyecto con el fin de dar cobertura a las acciones recogidas en la modificación del mismo, de forma que la inversión final asciende a 3,71 millones de euros (un total de 3,96 millones de euros si se incluye la liquidación de las obras).

El proyecto modificado incorpora una serie de trabajos adicionales centrados en la retirada de tierras, lodos y vegetación de los vasos y galerías de fondo de las presas. Concretamente abarca la ejecución y mejoras de los accesos a las presas, tanto a pie como rodado, junto a cambios en el diseño y la tipología de las rejas de protección y los tapones de las galerías de fondo. Además, comprende diversas modificaciones en la valvulería (sustitución de elementos en mal estado) y ajustes en la instalación eléctrica, el aumento de los trabajos subacuáticos en las operaciones de escudado y desescudado de la presa, y la ampliación de la superficie de tratamiento y blindaje de los conductos de los desagües de fondo. Además, se han incrementado las mediciones de diferentes unidades de obra (reparación de las pantallas en las presas, perforaciones, volúmenes de tierra a retirar, así como vallados y escaleras).

En la documentación que acompaña la propuesta de acuerdo se explica que ha sido necesario realizar estos cambios en el proyecto original para abordar situaciones que no se podían conocer o prever durante su fase inicial de redacción, ya que muchos elementos de las presas estaban ocultos o eran inaccesibles en condiciones de seguridad hasta que comenzaron las obras. Además, estas presas estaban en funcionamiento y explotación por parte del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, lo que hizo imposible vaciarlas durante la fase de redacción del proyecto.

Por otro lado, la entrada en vigor de diversas normativas estatales durante la ejecución de las obras ha afectado a las normas técnicas de seguridad para las presas y embalses, así como a las condiciones de seguridad de las actividades de buceo, lo que ha requerido cambios con respecto al proyecto original.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, y Pesca encargó la ejecución de las obras a la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) en agosto de 2020 y en julio de 2023 se emitió el informe justificativo de la necesidad de aprobar el reformado del mencionado proyecto.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 establece que una vez autorizado por el Ejecutivo un gasto de cantidad superior a 2.000.000 de euros, dicho órgano deberá aprobar cualquier modificación presupuestaria que conlleve una variación superior al 20 % sobre el gasto autorizado inicialmente, ya sea individualmente o acumulativamente con otras modificaciones previamente autorizadas por el órgano departamental competente.