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Acuerdos de gobierno

El Gobierno destina más de 8,3 millones en 2022 a Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

El año pasado también aportó 2.552.477 euros al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife

El 1-1-2 Canarias atendió en 2022 a 562.075 personas que demandaron ayuda urgente y gestionó 576.810 incidentes en el archipiélago, lo que supone una media diaria de 1.580 y un promedio mensual de 48.068

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno que, en el ejercicio 2022, su departamento aportó 8.319.819 euros a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y 2.552.477 euros al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife.

De esta forma, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cumple con el deber de informar al Gobierno de Canarias de las autorizaciones de gastos de cuantía superior a dos millones de euros cuando se refieren a subvenciones y aportaciones nominadas, tanto de corriente como de capital, tal y como establece el artículo 27.1 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.

A Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, empresa pública dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, está adscrita el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que el año pasado atendió a un total de 562.074 personas que demandaron ayuda en cualquier punto de Canarias, estando un 40% en situación de peligro inminente para la vida, los bienes o los derechos. Esto supone un incremento del 8% respecto al año 2021.

En 2022 se gestionaron 576.810 incidentes en el archipiélago, lo que supone una media diaria de 1.580 y un promedio mensual de 48.068 incidentes. Para dar respuesta a los 576.810 incidentes, el CECOES 1-1-2 activó el año pasado un total de 536.025 recursos de emergencias. Más de la mitad (56,1%) fueron de tipo sanitario; mientras que el 35,5% correspondieron al sector de seguridad ciudadana, lo que incluye medios de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Cuerpo General de la Policía Canaria. En lo que se refiere al sector de extinción de incendios, salvamento y rescate, las salas operativas activaron 25.414 recursos, lo que supuso el 4,7% del total de activaciones, y el resto están relacionados con otro tipo de servicios.

Por su parte, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife, también conocido como Consorcio de Bomberos de Tenerife, dispone de cinco parques de bomberos profesionales y coordina 9 parques de voluntarios con presencia de 44 bomberos de guardia permanente las 24 horas de los 365 días del año que velan por la seguridad de la ciudadanía.

El Gobierno aprueba los trabajos de emergencia para evitar desprendimientos sobre la GM-1 en Valle Gran Rey

El consejero en funciones, Sebastián Franquis, informa también de la tramitación por la vía de urgencia del servicio para la redacción del proyecto de trazado de un nuevo falso túnel en ese tramo de la carretera

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda en funciones, Sebastián Franquis, a la obra de emergencia para la  estabilización y protección contra desprendimientos a ejecutar en las laderas de la GM-1, a la salida de Vale Gran Rey. La Consejería ya había declarado hace una semana la emergencia de la actuación, que ha sido autorizada hoy por el Consejo, en esta zona lindante con la carretera de interés regional por lo que ya se ha procedido a contratar los trabajos y se han empezado a ejecutar las obras.

Las obras ya en marcha han sido contratadas por esta vía de emergencia a la empresa Conservación, Asfalto y Construcción SAU con un presupuesto estimado de 3.220.735 euros. Los trabajos consistirán en dotar a las laderas que están a la carretera de acceso a Valle Gran Rey de un mallado dinámico para evitar la caída de piedras de grandes dimensiones, como ocurre de forma habitual cuando hay lluvias fuertes, como ocurrió en febrero de este mismo año. Se va a actuar en un tramo de 400 metros a la altura del kilómetro 58 de la GM-1 en la zona conocida como Barranco Seco.

Los informes técnicos de la Consejería consideraban que la actual situación de las laderas supone un grave peligro para la seguridad de las personas y los vehículos que circulan por el kilómetro 58 de la GM-1, y que precisa una actuación inmediata antes de que se produzcan nuevos  desprendimientos como los acontecidos en febrero pasado. Por eso, se justifica que las actuaciones necesarias para la protección contra desprendimientos y la estabilización del talud se contraten con arreglo a lo previsto en el artículo 120 de la vigente Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por el procedimiento de tramitación de emergencia.

Además, en el mismo Consejo de Gobierno de hoy, el consejero en funciones Sebastián Franquis ha dado cuenta de la declaración de urgencia que su departamento ha otorgado a la tramitación de del expediente de contratación de los servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la actuación GM-1. Falso túnel de Valle Gran Rey P. K. 58. Isla de La Gomera. Se trata de una intervención contemplada en el actual Convenio de Carreteras y consensuada entre la Consejería y el Cabildo de La Gomera junto con el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, con la que se pretende poner fin de forma definitiva al problema de los desprendimientos.

Tras concederle el carácter de urgente, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los plazos se abrevian por lo que la Consejería podría licitar esta redacción de proyecto el próximo otoño.

Aprobado un gasto de 22 millones para la adquisición de medicamentos de uso humano en la red de hospitales

El suministro se compone de los principios activos adalimumab (20, 40 y 80 mg), trastuzumab y rituximabse, y se licitará en régimen de contratación centralizada

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 22.700.902 euros con destino a la contratación de un suministro de medicamentos de uso humano compuesto por los principios activos adalimumab (20, 40 y 80 mg), trastuzumab y rituximab, para abastecer las necesidades asistenciales de la red de hospitales del Servicio Canario de la Salud.

El expediente se licitará en régimen de contratación centralizada y la suscripción de los correspondientes acuerdos marco, conforme a la Orden nº 90 de la Consejería de Sanidad de 21 de febrero de 2019, relativa al aprovisionamiento centralizado de determinados bienes de naturaleza sanitaria, como los medicamentos genéricos de uso humano de gran impacto económico.

El presupuesto de la licitación se ha calculado teniendo en cuenta las previsiones de consumo de estos medicamentos por los nueve hospitales del SCS durante un periodo de dos años, si bien los contratos resultantes contemplarán una prorroga por otras dos anualidades.

El Ejecutivo aprueba el proyecto de decreto por el que se crea el Comité para la Igualdad Social

También acuerda la remisión del proyecto de decreto al Consejo Consultivo para su perceptivo informe

El Comité será el encargado de garantizar la participación de las asociaciones y organizaciones que gestionan servicios, orientación y asesoramiento para personas trans e intersexuales

El Gobierno de Canarias ha tomado hoy en consideración el proyecto de decreto por el que se crea el Comité Consultivo para la Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento.

Asimismo, acuerda su remisión al Consejo Consultivo de Canarias para recabar su preceptivo dictamen.

Según se establece en el proyecto de decreto, el Comité se constituye como un órgano colegiado de consulta, participación ciudadana y mecanismo de seguimiento para la evaluación de las medidas adoptadas en la Ley 2/2021, de 7 de junio, de Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, y estará adscrito a la Consejería del Gobierno de Canarias con competencias en materia de diversidad.

Entre sus funciones, estarán las de garantizar la participación de las asociaciones y organizaciones especializadas en la gestión de los servicios de responsabilidad pública de orientación y asesoramiento previstos en la normativa, para adecuarlos a las necesidades reales de las personas trans e intersexuales; realizar el seguimiento y evaluación sobre la efectividad de las medidas adoptadas en la ley, para la protección integral de las personas trans e intersexuales en el ámbito de las competencias autonómicas, y elevar conclusiones o propuestas de mejora y adaptación a los servicios o administraciones competentes sobre la base de los hechos que se constaten y las necesidades reales de las personas trans e intersexuales.

Además, será responsabilidad del Comité la elaboración anual de un informe sobre el grado de cumplimiento e impacto social de la Ley de Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género que será remitido al Parlamento de Canarias, así como servir como un canal de consulta para cuantas medidas estimen oportuno realizar los poderes públicos canarios, en relación con la igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, a la vez que aprobar las normas de funcionamiento interno del Comité en desarrollo de lo establecido en este reglamento.

El Gobierno acuerda un nuevo incremento de la partida para ayudas de libros de texto por valor de 900.000 euros

Consejo de Gobierno de Canarias

Esta acción completa la transferencia de 800.000 euros de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que el Ejecutivo autonómico acordó la semana pasada, con lo que la cifra destinada a ese concepto el próximo curso
llega a 9,6 millones de euros

El Gobierno autorizó hoy, jueves 22 de junio, incrementar en 900.000 euros la partida destinada a las ayudas dirigidas a la adquisición y préstamo de libros de texto y material didáctico, con la finalidad de dar cobertura así a las familias beneficiarias de esta medida en convocatorias anteriores cuya situación económica no haya variado.

Esta acción complementa la transferencia de 800.000 euros de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para esta misma finalidad, que el Ejecutivo autonómico acordó en Consejo de Gobierno la semana pasada. Con esta nueva cuantía la cifra destinada a este concepto ascenderá a 9.685.000 euros el próximo curso.

Esta medida está dirigida a compensar las situaciones socioeconómicas desfavorables y contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades. Alrededor de 70.000 alumnos y alumnas del 2º Ciclo de Infantil, Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Formación Básica y Adaptada se acogen cada curso a estos fondos.

Si bien, cada curso se hace preciso contar con estas ayudas para la adquisición de libros y material didáctico, en el periodo lectivo 2023-2024 resulta imprescindible dado que todas las enseñanzas no universitarias se incorporarán al pleno desarrollo normativo y de ordenación curricular de la nueva ley educativa, la LOMLOE, por lo que el alumnado requerirá de nuevos materiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Autorizada la subvención de 10,7M€ a los cabildos para impulsar el transporte público de viajeros por carretera

La Consejería de Transporte eleva este año la aportación de esa ayuda, con la que se financia el Bono Residente Canario para fomentar el uso de este título de viaje que se emplea de forma masiva para beneficiarse del transporte gratuito en las islas

El Consejo de Gobierno, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en funciones Sebastián Franquis, ha autorizado hoy a la Dirección General de Transportes el reparto entre los siete cabildos canarios de los 10.720.000 millones de euros de la anualidad 2023 correspondientes al Bono Residente Canario, una subvención que el Ejecutivo activa para impulsar el uso del transporte público entre la ciudadanía. Estos fondos se repartirán posteriormente, a través de los cabildos, entre las empresas de líneas regulares de guaguas y tranvía de las siete islas, para compensarlas por el uso que hacen los pasajeros del Bono Canario en sus vehículos.

Esta subvención que se otorga anualmente a los cabildos experimenta este año una ampliación en 720.000 euros para compensar, en parte, el uso masivo que se está haciendo de este título de viaje en todas las islas gracias a la gratuidad del transporte público terrestre que estará en vigor todo este 2023. En concreto, el Consejo ha autorizado hoy el gasto de una partida 8,5 millones de euros que forman parte de la subvención global de 10,7 millones, y que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda repartirá a partes iguales entre los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, las islas con más demanda de viajes y más abonados. Los cabildos de estas dos islas distribuirán luego los 4,28 millones que le corresponden a cada una entre las compañías de transporte público que operan en su territorio.

Los algo más de dos millones de euros restantes de la subvención se repartirán, sin necesidad de autorización previa del gasto, entre los cabildos de las otras cinco islas. De esta forma, el reparto de la subvención en las islas no capitalinas se establece de la siguiente forma: 536.000 euros para cabildos de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote; y 250.000 euros para los cabildos de El Hierro y La Gomera. Este reparto se realiza según los acuerdos alcanzados con los cabildos en función al número de habitantes de cada isla y a los usuarios del transporte público en ellas

El Bono Residente Canario, tras consolidarse en el Archipiélago como una alternativa eficaz y económica, se ha convertido este año también en la herramienta prioritaria para la implantación en el Archipiélago de la gratuidad del transporte terrestre que está en vigor desde el 1 de enero pasado. El número de usuarios de este título de viajes válido para guaguas y tranvías se ha multiplicado de forma destacada gracias a las políticas de fomento del transporte terrestre gratuito impulsadas por los gobiernos de España y de Canarias en el último año debido a la crisis económica generada por la guerra en Ucrania y el precio de los combustibles. Gracias a las subvenciones de ambas administraciones (el Estado aporta 81 millones de euros para financiar la gratuidad del transporte terrestre en las islas), se garantiza el uso sin coste alguno para miles de viajeros que usan las guaguas o el tranvía más de 15 veces al mes.

Con la autorización aprobada hoy, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda agiliza también los trámites de este abono para facilitar a las empresas de transporte terrestre poder disponer de este dinero con celeridad y contribuir a la reactivación del sector para superar la crisis económica generada por la guerra en Ucrania.

Además, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda tramita también ya la concesión de otra subvención a los cabildos por valor de 47,5 millones de euros correspondientes a la aportación ordinaria que cada año realiza la Administración General del Estado para financiar el sistema de transporte público terrestre en las islas, y que ya ha sido transferida a la Comunidad Autónoma.

El Gobierno atribuye a Modernización la implantación del canal interno para informar sobre casos de corrupción

Está dirigido a los trabajadores del sector público, trabajadores de empresas que hayan contratado con el sector público, personas en programas de formación…, que puedan estar en conocimiento de prácticas que pudieran ser corruptas

Debe diseñarse, establecerse y administrarse de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, atribuir a la a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la gestión para la implantación del canal interno de comunicación que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que entró en vigor el pasado 13 de marzo.

Esta ley, que proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, los conocidos como whistleblower, pretende amparar a los ciudadanos y ciudadanas que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada.

Su finalidad es proteger, frente a las represalias que puedan sufrir, a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma. Es decir, que informen sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, entendiendo como tal todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

Dentro de las claves de esta normativa, está la implementación de dos canales de información de situaciones de corrupción, uno interno y otro externo. Estos deben diseñarse, establecerse y administrarse de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante.

El interno es para todos aquellos trabajadores del sector público, trabajadores de empresas que hayan contratado con el sector público, personas en programas de formación, etc., que puedan estar en conocimiento de prácticas que pudieran ser corruptas. El externo es para cualquier persona en conocimiento de actos de corrupción, que podrá ser propio de la Comunidad Autónoma o ser el que la Autoridad Independiente de Protección del Informante del Estado implemente. Ambos deberán garantizar tanto la información verbal como por escrito.

Están obligados a implementar canales internos el sector público y las empresas que tengan más de 50 empleados, y las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. En el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir el sistema y los recursos entre sí o con otras administraciones.

La ley también obliga a disponer de un canal interno de información a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de trabajadores.

En el caso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 94.1 n) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo, establece que corresponde a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la Inspección de los Servicios.

En idéntico sentido, el artículo 9 del Decreto 163/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Inspectora de la Inspección General de Servicios –la Inspección General de Servicios fue suprimida por el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determinada la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias, asumiendo sus competencias la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios–, establece el objeto de la actuación inspectora y en su apartado primero señala que “La actuación inspectora tiene por objeto la realización de controles internos de legalidad, eficacia y eficiencia”.

En relación con el control de legalidad, el artículo 10 del citado decreto establece, en primer lugar, que el control de legalidad tiene por objeto velar por el pleno sometimiento de la actividad de los servicios administrativos y del personal de la Administración autonómica de Canarias y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella a las disposiciones legales vigentes.

Además, señala que este control comprende, entre otras, las siguientes actuaciones: a) Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en los términos previstos en el apartado 1; b) Determinar las disfunciones existentes y proponer las medidas correctoras oportunas; y c) Realizar las verificaciones que se estimen precisas, ya sea por propia iniciativa o a propuesta de los órganos competentes.

Por todo ello, parece adecuado entender que sea la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios el centro directivo competente dentro de la estructura del Gobierno de Canarias para la implantación del canal interno de comunicación que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Respecto a las sanciones, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción fija multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y entre 100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas, las que cometen una infracción. Por ejemplo, impedir o dificultar una denuncia, no cumplir con el derecho de confidencialidad o por practicar represalias puede suponer una multa de 50.000 euros.

El Gobierno de Canarias otorga una subvención de 300.000 euros para los damnificados en Cuba por el huracán Ian

La partida se utilizará para la entrega de material sanitario a 11 municipios de Pinar del Río, la provincia afectada por las intensas lluvias y vientos

El Ejecutivo autonómico también aprueba la concesión de 200.000 euros al Club Deportivo Todo Sport por la organización de la 47 edición del Rally Islas Canarias

El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria aprobó la concesión de una subvención directa de 300.000 euros por razones humanitarias a favor de la Asociación Social Casa de los Pueblos en Canarias, de Cuba, como ayuda de emergencia ante los daños ocasionados por el huracán Ian en la provincia de Pinar del Río, en la isla caribeña, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2022.

La subvención la otorga la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia y trata de mitigar los efectos de las intensas lluvias y vientos de hasta 205 kilómetros por hora en viviendas, agricultura, sistemas eléctricos, telefónicos y otras infraestructuras en un total de 11 municipios cubanos de Pinar del Río, afectando a 106.128 casas (13.213 con derrumbe total) y unos 47.000 damnificados. La partida se empleará, sobre todo, en la compra de material sanitario, que se trasladará desde Gran Canaria.

Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó otra subvención directa, en este caso por razones de interés público, al Club Deportivo Todo Sport para financiar los gastos de la 47 edición del Rally Islas Canarias por un total de 200.000 euros. En este caso, la subvención la tramita la Dirección General del Gabinete del Presidente. La ayuda se justifica por la dinamización económica en los municipios por los que transcurre la carrera y por el retorno publicitario con el impacto económico que genera esta prestigiosa prueba automovilística.

Juventud incrementa en 30.000 euros la financiación de los campos de voluntariado

Estas actividades constituyen espacios de encuentro en el que las personas jóvenes de diferentes procedencias se comprometen y participan en un proyecto de interés social

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud realizar una ampliación de crédito por un importe de 30.000 euros para dar cobertura a los Campos de Voluntariado Juvenil.

Los Campos de Voluntariado Juvenil se desarrollan desde el año 2013 en Canarias, a través de la Dirección General de Juventud y en coordinación con el Instituto de la Juventud de España y los departamentos del área de las comunidades autónomas españolas, impulsando el intercambio de plazas de todas las instituciones participantes.

El total de plazas ofertadas este año, que se celebra después de tres años sin convocarse debido a la situación de pandemia, es de 44 plazas para jóvenes residentes en Canarias de 18 a 30 años.

Los Campos de Voluntariado Juvenil se conciben como un espacio de encuentro en el que las personas jóvenes de diferentes procedencias se comprometen, de forma voluntaria y desinteresada, a desarrollar durante un tiempo determinado un proyecto de interés social.

Entre las líneas de trabajo de esos campos de voluntariado se contemplan los de investigación, documentación y recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural Canario; Arqueología-Etnografía; Conservación del Medio Ambiente; Dinamización del Ocio y Tiempo Libre, específicamente dirigido a población infantoadolescente; Intervención Socio-Educativa; Integración Social; Audiovisual y Artístico, y Cultural/Animación Sociocultural-Expresión Artística.

Economía ampliará las ayudas a pymes afectadas por la pandemia en 20 millones de euros

Consejo de Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado al departamento de Economía, Conocimiento y Empleo la ampliación hasta los 30,5 millones de euros de la cuantía establecida provisionalmente en la convocatoria publicada el pasado mes de abril para compensar a las pymes canarias, por las inversiones realizadas para superar la crisis sufrida en 2021 y 2022 como consecuencia de la Covid-19

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias publicó a comienzos de abril de este año una nueva línea de ayudas a las empresas que habían realizado inversiones para recuperarse de las pérdidas derivadas de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 en los dos ejercicios anteriores, por un importe ampliable de 10,5 millones de euros.

En concreto, esa línea de abonos, de carácter retroactivo, se dirigió a las pequeñas y medianas empresas del archipiélago, como parte de la respuesta conjunta de la Unión Europea (UE) a la pandemia de covid-19, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios (React-EU).

Una vez analizadas las 1.750 solicitudes recibidas, la Dirección General de Promoción Económica estima que con ese incremento de crédito por una cuantía de 20 millones de euros, hasta alcanzar el crédito definitivo de 30,5 millones de euros, podrá atender todas las solicitudes de subvención presentadas por empresas y personas trabajadoras autónomas que cumplen con los requisitos subjetivos y materiales establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria aprobadas mediante la Orden de 5 de abril de 2023.

Así, el Gobierno entiende que, con los nuevos fondos, justificables dentro del Programa Operativo FEDER Canarias, se logra potenciar el efecto de la finalidad principal de esta iniciativa, como es la reactivación empresarial en Canarias mediante el apoyo a la creación de nuevas pymes y la consolidación de las sociedades existentes, a través de la subvención de proyectos que se hayan destinado a realizar mejoras productivas, innovadoras y organizativas durante el periodo de reapertura de la economía isleña.

Las nuevas ayudas a proyectos ejecutados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 oscilan de 1.500 a 60.000 euros, para gastos subvencionables por un importe mínimo de 10.000 euros, como costes constitutivos y primer establecimiento en el caso de creación de pymes, bienes de equipo necesarios para desarrollar la actividad, inversiones inmateriales (software), acondicionamiento de local o colaboraciones externas en los casos de inversiones tanto innovadoras (desarrollo tecnológico) como organizativas (implantación y certificación de normas).