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El gasto medio por receta disminuye este marzo el 2,04% respecto al mismo mes de 2022, al pasar de 11,55 a 11,31

La factura farmacéutica de Canarias fue de 58,1 millones de euros el mes pasado

La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves, 13 de abril, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a marzo de 2023, mensualidad en la que se emitieron 5.076.291 recetas, con un gasto medio de 11,31 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 58.087.820,57 euros.

Por áreas de Salud, Gran Canaria y Tenerife emitieron el 86,23% del total de recetas, a razón de 2.235.733 y 2.141.832, respectivamente. Les siguen las de Lanzarote, con 260.060; La Palma, con 196.704; Fuerteventura, con 169.794; La Gomera, con 48.255, y El Hierro, con 23.913.

En cuanto al gasto medio por receta, de 11,31 euros, disminuyó un 2,04% respecto a marzo del año anterior, mensualidad en la que se situó en 11,55 euros.

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

Según estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de  marzo que se comunicará al Ministerio asciende a 55.345.412,05 euros.

El Gobierno solicita dictamen al Consultivo de un proyecto de decreto para regular los encargos a la Administración

El Consejo de Gobierno de Canarias tomó hoy en consideración el proyecto de decreto por el que se regularán los encargos de la Administración de la Comunidad Autónoma y solicitó el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo.

El proyecto de decreto desarrolla el régimen jurídico de los encargos a formalizar por los órganos, entes y entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, regulando aspectos como su preparación y formalización, las tarifas a aplicar, la ejecución, así como la planificación de los encargos y su forma de publicidad.

Del mismo modo, la nueva norma determina los requisitos para poder reconocer a las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo como medios propios personificados respecto de las entidades locales canarias, regulando esencialmente el Comité de Control conjunto, como órgano con representación «paritaria» de las Administraciones territoriales y las entidades del sector público autonómico.

El proyecto de decreto se estructura en cinco capítulos con veinticinco artículos, una disposición adicional única, dos disposiciones transitorias y una final.

Sanidad contratará por 3,9M€ el servicio de asistencia técnica para el Centro de Servicios TIC del SCS

La asistencia técnica resulta indispensable para dar soporte a los usuarios de los servicios digitales de salud, puestos de trabajo de los Servicios Centrales, así como a los sistemas de información y comunicaciones corporativas

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 13 de abril, a la Consejería de Sanidad a destinar 3.936.728,81 euros a la contratación del servicio de asistencia técnica necesario para dar soporte a los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información y comunicaciones corporativas del Servicio Canario de la Salud.

La contratación de este servicio resulta indispensable para dar soporte técnico a los puestos de trabajo de los Servicios Centrales y Direcciones Generales del SCS, a los usuarios de los servicios digitales de salud (miSCS), a los Centros de Proceso de Datos de los Servicios Centrales, así como a los sistemas de información y comunicaciones corporativas, especialmente del ámbito asistencial, de las Gerencias de Atención Primaria y Especializada.

El contrato de asistencia técnica vigente fue suscrito el 1 de enero del año 2018 con un plazo de vigencia de 36 meses y con posibilidad de prórroga por otro período similar, que finaliza el 30 de noviembre de este año.

El nuevo expediente de contratación se tramitará por procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, para un período de 24 meses, comprendidos entre las anualidades de diciembre de 2023 a noviembre de 2025.

El presupuesto base de licitación asciende a un total de 3.936.728,81 euros, a razón de 3.679.185,80 euros, más 257.543,01 euros de IGIC.

El Gobierno aporta 250.000 euros a Involcan para su estrategia de reducción del riesgo volcánico en Canarias

Autoriza una transferencia de crédito por ese montante desde la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a instancia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves una transferencia por un importe de 250.000 euros de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a instancia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), para su línea de actuación Involcan. Estrategia Canaria para la reducción del riesgo volcánico.

La autorización de esta aportación dineraria a Involcan cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias y el informe de las oficinas presupuestarias de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Esta operación está regulada en la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 –artículos 10, 16, 17.1 a) y 22.1 b)–, la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de Canarias –artículos. 54 y 60.b y c)– y la Orden de 3 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre tramitación de determinados expedientes de modificaciones de créditos y otras actuaciones con repercusión presupuestaria.

Involcan es una entidad que tiene por finalidad contribuir a la mejora de la gestión del riesgo volcánico en Canarias, la única región volcánicamente activa de España con riesgo volcánico, y la optimización de la gestión de los numerosos beneficios que conllevan convivir en un territorio volcánico (recursos geotérmicos, geoturismo, etc.). Su misión y visión tienen como propósito el contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, así como de otras regiones volcánicas.

El Gobierno solicita al Consultivo el dictamen sobre el proyecto de decreto que regula la modalidad del teletrabajo

Consejo de Gobierno de Canarias

Con la aprobación del teletrabajo, el personal de una organización puede desarrollar su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo, sin que la calidad del servicio que preste y su relación con la ciudadanía se vea afectada

Se podrá teletrabajar un día a la semana durante los seis primeros meses, pudiendo aumentarse a dos días a la semana posteriormente, hasta llegar a un máximo de tres días a la semana

La prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo debe contribuir a una mejor organización y ordenación del trabajo para mejorar la eficacia, introducir modelos innovadores, descongestionar los centros o reducir desplazamientos

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este viernes, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración y solicitar, con carácter urgente, al Consejo Consultivo de Canarias el dictamen del proyecto de decreto por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

El teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios en la que, a través de un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, se posibilita que el personal de una organización pueda desarrollar su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo, sin que por ello la calidad del servicio que preste y su relación con la ciudadanía se vea afectada.

Incluido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue incorporada a nuestra Comunidad Autónoma a través de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, y con la transformación tecnológica como uno de sus retos, el Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge, en su disposición adicional tercera,  que “el departamento competente en materia de recursos humanos, inspección y calidad de los servicios públicos y tecnologías de la información adoptará las medidas oportunas para el desarrollo de un programa experimental de teletrabajo con la finalidad de contrastar la viabilidad de la aplicación de este sistema de prestación de servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

El proyecto de ley explica que, a través de una disposición adicional, se podrá teletrabajar un día a la semana durante los seis primeros meses, pudiendo aumentar a dos días a la semana posteriormente, y llegando a un máximo de tres días a la semana.

La prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización y ordenación del trabajo para mejorar la eficacia, introducir modelos innovadores, descongestionar los centros o reducir desplazamientos. De no ser así, el trabajador no podrá acogerse a esta modalidad.

El documento, que cuenta con la aprobación de los órganos de representación de los trabajadores, será de aplicación al personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y sus organismos públicos vinculados o dependientes, así como al personal funcionario de las entidades públicas empresariales, que ocupe un puesto de trabajo susceptible de ser desempeñado en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en este decreto, excepto al personal que, por la naturaleza de su trabajo, no puede teletrabajar, quedando excluidos de este decreto, como el personal al servicio de la Administración de Justicia, Educación, Sanidad, Centros Sociosanitarios y la Policía Canaria, salvo que se establezca lo contrario.

En nuestro país, además de las experiencias desarrolladas por la Administración General del Estado, varias comunidades autónomas han regulado el teletrabajo para su personal empleado público, como Castilla y León, País Vasco, Islas Baleares, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Valencia, Cataluña o Comunidad de Madrid.

El Consejo aprueba el destino de 300.000 euros para el acondicionamiento de la calle Bentejuy del Matorral

A petición del ayuntamiento majorero, el Gobierno de Canarias otorga prioridad a la mejora de esta vía del núcleo turístico

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves la ampliación en 300.000 euros de la partida presupuestaria Ayuntamiento de Pájara para la mejora de las infraestructuras turísticas municipales, acto que se produce a petición del ayuntamiento para acometer, mediante esa subvención, la actuación de acondicionamiento de la calle Bentejuy, en el núcleo turístico Solana Matorral.

El Ejecutivo canario realiza esta modificación presupuestaria a petición del municipio de Pájara y, por razones de coyuntura económica, ya que en principio los fondos estaban consignados para la actuación en la avenida marítima Morro Jable-Puerto.

El Ayuntamiento informó al Gobierno de que existen obras de necesidad más perentoria en 2023 como el acondicionamiento de la calle Bentejuy, razón por la cual se amplía el crédito con baja en crédito del estado de gastos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para dotar de crédito la partida Ayuntamiento de Pájara para la mejora de las infraestructuras municipales por importe de 300.000 euros.

Asimismo, conforme a lo informado por la Corporación, se trata de una actuación que ya cuenta con proyecto técnico, aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 16 de agosto de 2022.

El Consejo aprueba el decreto para la ampliación de la delimitación del BIC de Tindaya

Se verifica la potencialidad arqueológica de la totalidad de la montaña y de su entorno de protección, circunscrito hasta ahora a las manifestaciones rupestres de la cima

Los expertos concluyen que Tindaya debe ser entendida como unidad principal de todas las manifestaciones arqueológicas allí registradas, tal y como establecen los principios de la arqueología y el territorio

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto para la modificación de la delimitación del entorno de protección del BIC, con categoría de zona arqueológica, Grabados rupestres de la montaña de Tindaya. Tindaya, en La Oliva, isla de Fuerteventura, alberga la que posiblemente sea la mayor concentración de podomorfos del mundo. La presencia de grabados rupestres le valió su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que cuenta con la máxima figura de protección, aunque hasta ahora esta solo estaba circunscrita a la parte superior de la montaña.

En febrero 2020, el  Área Insular de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura solicitó a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias la colaboración para que se realizaran los estudios y la documentación necesaria para que todos los valores de la montaña de Tindaya fueran protegidos, por lo que se llevó a cabo un exhaustivo trabajo de prospección arqueológica, cuyo objetivo principal era comprobar y verificar la potencialidad arqueológica de la totalidad de la montaña y ver si era necesario ampliar los límites del actual BIC y de su entorno de protección, para acoger nuevos elementos patrimoniales o bien instruir un nuevo expediente de bien de interés cultural para incluir los elementos  que en la actualidad no gozaban de reconocimiento ni protección.

Potencialidad patrimonial de la montaña

El trabajo de prospección arqueológica se centró en el estudio de todos aquellos elementos patrimoniales situados fuera de los límites del BIC, acotando este estudio por la base de la montaña. Asimismo, durante la prospección, se registraron todos aquellos elementos que pudieran considerarse de carácter arqueológico y etnográfico, que podían ofrecer una visión global de los usos que el ser humano ha realizado a lo largo de la historia de este espacio.

También se llevó a cabo la topografía de las zonas y elementos identificados, la fotografía aérea de los yacimientos con dron para complementar la topografía y fotografías generales y de detalle, junto a una diagnosis para el conocimiento exhaustivo del grado de conservación y las afecciones reales y potenciales a las que está expuesto el Monumento. Además, contempla en su conjunto y de manera individual todos los yacimientos y elementos arqueológicos presentes en la montaña, incluida su base y entorno adyacente, acompañado de un buen corpus de planos y dibujos arqueológicos que permiten concluir la pertinencia de modificar la actual delimitación del BIC de la montaña de Tindaya.

A partir del análisis realizado de 95 elementos inventariados, se concluye la valoración de la potencialidad patrimonial de la montaña de Tindaya, donde no sólo están presentes los bienes relacionados con el mundo aborigen, concentrados en la cima donde se sitúan los grabados podomorfos y en las dos importantes zonas con presencia de materiales y estructuras de piedras, sino que en toda ella se puede observar la evolución en cuanto al aprovechamiento agroganadero a lo largo de la historia por la población de Tindaya hasta prácticamente la actualidad, generándose elementos y materiales testigos de estos usos posteriores a la conquista, proponiendo que se inste a la modificación del BIC actual, circunscrita a los grabados podomorfos y a los rellenos arqueosedimentarios de su entorno.

De esta forma, se contempla a la montaña de Tindaya como un conjunto de valores arqueológicos, etnográficos, paisajísticos, naturales… que vienen a definir en definitiva uno de los elementos más singulares de la cultura canaria.

Cabe resaltar la exhaustividad y el necesario rigor metodológico con el que se han realizado los trabajos de prospección arqueológica, que se manifiestan en la correcta identificación y adscripción cronocultural de los bienes patrimoniales documentados, su registro documental y gráfico, georreferenciación, descripción de las estructuras constructivas y/o arqueose-dimentarias constatadas, así como la valoración patrimonial de los bienes, atendiendo en este caso a sus características y estado conservacional.

El Gobierno destina 2,6 millones de euros a los servicios de atención a menores migrantes

A través de la partida se financian los recursos de atención a menores migrantes no acompañados en dispositivos de atención inmediata gestionados por Quorum Social 77

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto derivado del servicio consistente en la atención a personas menores migrantes no acompañadas en dispositivos de atención inmediata  por parte de la Asociación Quorum Social 77, por un importe de 2.682.542 euros.

El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, está dirigido a la atención integral de personas menores extranjeras no acompañados en diversos dispositivos de atención inmediata en las islas de Gran Canaria y Tenerife que llegan a las costas canarias garantizando su atención inmediata así como su integración a espacios residenciales y recursos de formación educativa y laboral.

Canarias cuenta con un total de 39 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, en los que se da acogida y atención a unos 2.100 menores migrantes.

El Gobierno da cumplimiento al último expediente relacionado con la sentencia del TSJC sobre la moratoria turística

El Ejecutivo aprueba el decreto que afecta al expediente de la Parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado este jueves, 30 de marzo de 2023, el decreto para la ejecución del último expediente relacionado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada sobre el procedimiento del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

El decreto, que se refiere a la parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, establece el deber de la referida entidad local de proceder a la modificación del planeamiento general.

Actualmente, se encuentra en trámite la valoración por parte del Servicio de Valoraciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de la incoación paralela del expediente para la fijación de la cuantía de la indemnización que corresponda por los trámites establecidos en la normativa de expropiación forzosa.

Consta en el expediente un informe de valoración de la parcela presentado por la entidad mercantil Centro Helioterápico de Canarias, SA, que establece el valor de la indemnización en 38.275.356,02 euros.

La citada Consejería remitió una orden al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con fecha 20 de enero de 2023, para que, en el plazo de un mes, realizara las consideraciones que estimase convenientes respecto a la modificación del planeamiento general donde se ubica la parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda.

Autorizada una ampliación de crédito para que Vivienda destine 34M€ a pagar las ayudas al alquiler general

Elevada al Consejo de Gobierno una propuesta para ampliar en 13 millones de euros el crédito inicial en esa línea de ayuda, que se va a pagar por primera vez a 8.600 familias vulnerables la mitad de su alquiler durante dos años

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, un incremento del gasto en 13.088.050 euros que se destinarán a ampliar el crédito para pagar la ayuda al alquiler general del periodo 2022-2023, que de esta forma alcanza la cifra récord de 34.460.699 euros, la más alta que el Gobierno de Canarias ha destinado nunca a esta ayuda, casi el doble de la de la anterior convocatoria, 2020-2021, y superior en 20 millones de euros a la última que convocó el anterior Gobierno, en 2018-2019.

Gracias a esta ayuda, 8.651 familias con pocos recursos empezarán a cobrar en las próximas semanas, una vez se publique en el BOC, esta ayuda que también por primera vez cubre la mitad de las mensualidades que pagan estas personas durante los 24 meses de la convocatoria, ya que hasta ahora sólo se les pagaba el 40% del alquiler mensual. Las 8.651 familias beneficiarias suponen también una cifra récord en comparación a convocatorias anteriores (6.700 familias en la 2020-2021 o 4.620 en la 2018-19).

El incremento presupuestario permite que el número de familias beneficiarias también aumente notablemente, ya que con los 21,3 millones de euros presupuestados inicialmente se alcanzaban las 5.705, a las que ahora se suman 2.946 familias más gracias a los 13 millones aprobados hoy por el Consejo.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunció en octubre pasado en el Parlamento regional la publicación de una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler general y joven, con un presupuesto de 21.372.649 euros, lo que suponía un incremento del 22% sobre la anterior convocatoria.

Con el incremento presupuestario aprobado hoy ese aumento de fondos asciende hasta el 97%. Canarias fue, en octubre de 2022, una de las primeras comunidades autónomas en sacar la convocatoria de estas ayudas tras firmar el convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en julio de ese mismo año.

Estas ayudas van destinadas a las familias y jóvenes más vulnerables ya que debían demostrar que sus ingresos son 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, igual o menor a 23.724 euros anuales, en la categoría general.

La solicitud de estas ayudas se realizó a través del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) con la colaboración de las cámaras de comercio canarias para agilizar las tramitaciones y resolver dudas a los solicitantes, tras ponerla en marcha en la convocatoria 2020-2021 con notable éxito.

Esta convocatoria contó con varias novedades impulsadas por el Instituto Canario de la Vivienda para aumentar el número de posibles beneficiarios. Entre ellas, por primera vez la convocatoria de la ayuda al alquiler general añadía entre sus requisitos la posibilidad de solicitar la subvención para el arrendamiento de una habitación, mientras que en anteriores convocatorias se contemplaba exclusivamente el alquiler de una vivienda entera. Esta medida se impulsó con el objetivo de llegar a los más jóvenes de Canarias, ya que por segundo año consecutivo la ayuda englobó la subvención destinada a menores de 35 años.

Por otro lado, y como se dijo anteriormente, se incrementó la cuantía de la ayuda, pasando del 40% subvencionable al 50% de la renta, obteniendo así un aumento de la subvención en sus recibos de alquiler dentro del periodo que va desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Como última novedad, esta última convocatoria de la ayuda al alquiler elevó el límite de la renta máxima mensual que pagan los inquilinos por sus casas; es decir, en anteriores convocatorias se daban ayudas a aquellos que pagaban hasta 500 euros de alquiler, y con la convocatoria 2022-2023 ese límite se aumentó hasta los 600 euros.