El consejero Sebastián Franquis eleva al Consejo de Gobierno este Decreto-Ley por el que se establece una revisión de precios extraordinaria en el servicio público de transporte marítimo entre los puertos de La Estaca y Los Cristianos con el objetivo de paliar las consecuencias negativas del incremento del precio del combustible motivado por la guerra en Ucrania
La Consejería impulsa esta medida para favorecer el transporte de mercancías y pasajeros en esta ruta marítima, igual que ya se hace con el transporte terrestre al que se bonifica el impuesto sobre el combustible
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, un Decreto Ley para establecer una revisión de precios extraordinaria en el contrato de la Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta entre los puertos de La Estaca (El Hierro) y Los Cristianos (Tenerife) con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas del incremento del precio del combustible motivado por la guerra en Ucrania y la crisis internacional.
El consejero Franquis ha presentado este Decreto Ley como una herramienta más de las medidas que el Gobierno de Canarias está tomando para paliar los efectos del alza desmesurado del precio de los combustibles en el transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, en Canarias, como ya hiciera el pasado mes de abril con el sector del transporte terrestre. En aquella ocasión, el Ejecutivo regional decidió aplicar una bonificación especial por la que se devuelve a los profesionales del transporte el 99,9% del impuesto sobre los combustibles que utilizan en su desempeño profesional.
En el caso del Decreto Ley aprobado hoy, se establece una revisión de precios en el contrato que presta la naviera Trasmediterránea para cubrir el servicio marítimo en la ruta entre El Hierro y Tenerife, declarada como OSP desde 2020 por el Gobierno de Canarias, que aporta cada año tres millones de euros para su cumplimiento.
Según la exposición de motivos que recoge el Decreto Ley, la partida que dedican las empresas navieras a pagar el combustible de sus barcos supone aproximadamente un 80% del total de los gastos de explotación de un buque, por lo que el impacto de estas subidas de precio repercute de manera directa en la viabilidad económica de las líneas de navegación, especialmente, como es este caso, en aquellas donde estas subidas no pueden verse trasladadas a los precios que pagan los usuarios.
El contrato firmado en 2020 con Trasmediterránea incluye una previsión anual del incremento de los precios del combustible que usan los barcos, que para este 2022 se situó en un 5%. Sin embargo, la realidad actual sobrepasa con diferencia esas previsiones realizadas hace dos años, con incrementos que, en la actualidad, van del 20 al 30% en los combustibles de usos marinos. Por eso el Gobierno ha decidido revisar el precio del contrato y afrontar el sobrecoste del combustible en la ruta de esta OSP con El Hierro.
Las cuentas de 2023, presentadas por el presidente de Canarias y el consejero de Hacienda, ofrecen una respuesta de progreso frente a las crisis y alcanzan los 10.180 millones de euros, el 11,9% más que este año
El gasto social se sitúa en 7.478 millones de euros, con un incremento significativo del departamento de Derechos Sociales, que gestionará 669 millones, el 45% más que en 2019
La modificación del IRPF supondrá un coste fiscal de 100 millones de euros y un ahorro medio de 105 euros por contribuyente
Los Presupuestos consignan 160 millones de euros para las tareas de reconstrucción en la isla de La Palma
Las inversiones llegan a los 1.764 millones, mientras que el apoyo a los sectores económicos ronda los 400 millones
Las políticas sociales han crecido durante la legislatura el 31%, por encima del aumento de las cuentas durante el mismo periodo, que se sitúa en el 29,6%
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy (lunes 24 de octubre de 2022), a propuesta del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023, el cuarto del mandato, con idéntico compromiso social que los anteriores y con una rebaja fiscal selectiva en el IRPF para aliviar el impacto de la inflación entre la ciudadanía de rentas bajas y medias. El gasto no financiero (capítulos del I al VII) alcanza los 10.180.784.382 euros, el 11,9% más que este año (2022).
Las cuentas conservan las señas de identidad del Pacto de Progreso e incrementan las partidas orientadas al blindaje de los servicios públicos esenciales, en defensa de la mayoría social del Archipiélago, y a la promoción de la economía y el empleo mediante el refuerzo de las consignaciones para los sectores productivos y la inversión pública.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, subrayó en la presentación del proyecto de ley ante los medios que estos Presupuestos son “los mejores de los presentados hasta ahora en las Islas” porque, entre otras cuestiones relevantes, van a aportar “certidumbres frente a las incertidumbres internacionales” y además vuelven a dar prioridad a los derechos sociales, la sanidad y la educación públicos, “que son las partidas que más crecen”.
Según remarcó Torres, “se preserva el estado del bienestar, la inversión pública, y hay un compromiso claro con una transición ecológica justa; los sectores primario, turístico y económico, y las reivindicaciones de los trabajadores públicos, que tienen contemplados la subida salarial decidida por el Gobierno central, excepto los consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias, que nos congelamos el sueldo”.
Torres destacó que las nuevas cuentas alcancen la desconocida cifra de 10.180 millones de euros, “con propuestas equilibradas y territorializadas para las ocho islas. Esto supone un aumento global del 11,9% y hay 7.500 millones de gasto social, siendo de nuevo la partida con más porcentaje” del global.
El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó el hecho de que el Gobierno actual haya aprobado cuatro presupuestos pese a las enormes dificultades en estos últimos años. Según indicó, esto obedece “a la convicción de los cuatro partidos que conforman el Gobierno en afrontar la realidad y los problemas desde respuestas progresistas y con la voluntad de seguir caminando”.
Para el presidente de Canarias, resulta muy importante que el Presupuesto sea más exigente con las aportaciones fiscales de las rentas más altas, mientras que se han introducido tres paquetes con deducciones fiscales que beneficiarán a las rentas medias y bajas, inferiores a los 50.000 euros. Según recalcó, se ahonda en la política fiscal aplicada en este mandato, que se fundamenta en que “paguen más los que más tienen” y en ayudas específicas a los sectores más vulnerables, los más afectados por las distintas crisis.
En la misma convocatoria pública, el vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó el crecimiento de los Presupuestos en el 26,9% en relación con las cuentas autonómicas del año 2019, lo que certifica la importancia de las políticas públicas en estos cuatro años de dificultades económicas.
“El hecho de que el despliegue de recursos públicos haya ido contracorriente de la situación económica explica claramente el cambio de tercio de las instituciones a la hora de enfrentar las crisis”, dijo el vicepresidente, quien subrayó que Canarias no ha aumentado los impuestos ni generado nueva deuda para ejecutar sus políticas.
Rodríguez destacó el ajuste fiscal que incorporan los Presupuestos, en la medida que aliviarán el impacto de la inflación en las familias de rentas bajas y medias, pero indicó que lo sustancial es el resto del gasto publico en áreas como la sanidad, la educación, los derechos sociales, y la apuesta por las inversiones y el apoyo a los sectores productivos.
Elementos centrales en las cuentas de 2023
En el proyecto de Ley de Presupuestos de Canarias para 2023, el gasto social experimenta un incremento del 9,4% para situarse en los 7.478 millones de euros. Dentro de esta política, destaca especialmente el crecimiento del departamento de Derechos Sociales, tanto en términos relativos como absolutos: las partidas para atender a la ciudadanía más vulnerable del Archipiélago suben 89 millones de euros, un 15,3%, para situarse en los 669 millones. Se da la circunstancia de que Derechos Sociales habrá incrementado en 2023 su presupuesto en 207 millones respecto a 2019, es decir un 45%.
Un momento de la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.
Esta consignación es paradigmática de la acción de gobierno durante los últimos cuatro años, en los que, a pesar de las sucesivas crisis que han golpeado las Islas, el gasto de carácter social no ha dejado de crecer; exactamente lo ha hecho un 31,2% desde el año 2019, por encima del aumento que han experimentado los propios Presupuestos, que se situará a final del mandato en un 29,6%.
Dentro de este apartado, destaca también el incremento del Servicio Canario de la Salud, que gestionará 3.793 millones de euros (331,7 millones más que este año), lo que supone un incremento del 9,5%. Educación, por su parte, crece un 8,8% para situarse en los 2.326 millones de euros.
Deducciones y ampliación de tramos en el IRPF
Precisamente, esa respuesta de progreso para la mayoría social se completa en esta ocasión con un nuevo ajuste fiscal selectivo en el IRPF que beneficiará a las rentas bajas y medias y supondrá un coste fiscal de 100 millones de euros. Dado que el número de contribuyentes ascendió a 954.521 el pasado año 2020 (el último con datos definitivos disponibles por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), el ahorro medio por contribuyente se sitúa en los 105 euros. El ajuste tendrá efecto a 1 de enero de 2022, con lo que se podrá incluir en la próxima campaña de la renta.
Las medidas incluyen una deducción extraordinaria por el alza de precios, el incremento de las deducciones actuales entre un 20 y un 40 por ciento y la ampliación de los tramos autonómicos, con un marcado carácter progresivo, de modo que las rentas inferiores se benefician en mayor medida de las deducciones.
La deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.00 euros (28.700 euros de salario bruto) y 125 euros para bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto).
Del mismo modo, se mejoran hasta quince deducciones actuales, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y las obras en vivienda por discapacidad.
La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%.
Respecto a las políticas de apoyo a los sectores productivos, estas crecen hasta los 395 millones de euros, mientras que las inversiones (capítulos VI y VII) alcanzarán los 1.764 millones de euros, lo que supone un significativo incremento respecto al año 2019 de un 90,8% y un 75%, respectivamente.
En relación con el capítulo de Personal, el incremento responde básicamente a la subida de los salarios de los empleados públicos, acordada por el Gobierno central, y a los costes de la Seguridad Social, de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas, así como a la consolidación de las plazas de docentes y parte de las sanitarias generadas durante la pandemia de la covid-19.
Los miembros del Consejo de Gobierno vuelven a tener congelados los salarios.
Prudencia y realismo ante la incertidumbre “macro”
A pesar de que las reglas fiscales seguirán en suspenso en 2023, los Presupuestos se han diseñado desde la responsabilidad, la prudencia y el realismo, de modo que se garantice la sostenibilidad del gasto público en los próximos ejercicios, a lo que contribuirá la buena salud económico-financiera de la Comunidad Autónoma, que registra la deuda pública más baja del Estado y a la que se podría recurrir si fuera necesario.
Las cuentas del próximo año se circunscriben en un escenario económico global de incertidumbre, debido fundamentalmente a la guerra en Ucrania, el incremento de los precios de las materias primas o la ruptura en las cadenas de suministros globales. Todos estos elementos siguen condicionando la economía, lo que, unido a la subida de los combustibles, afecta a los costes de producción de las empresas y al poder adquisitivo de las familias.
El preceptivo informe económico de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización que se incorpora a los Presupuestos llama la atención sobre lo incierto del medio plazo y fija, como siempre, tres escenarios macroeconómicos posibles para el próximo año, de los que el departamento de Hacienda ha elegido el central para la confección de las cuentas, a excepción de la previsión de ingresos, para la que ha preferido un cálculo inferior (1,3%). La previsión de crecimiento del PIB en el escenario central se sitúa en el 3,3%, mientras que la tasa de paro se fija en el 17,6% y la inflación en el 3,7%.
Respecto a los ingresos, las cuentas recogen un incremento del 23,4% de las partidas asociadas al Sistema de Financiación Autonómica -tanto de los anticipos a cuenta como de la liquidación del año 2021-. En relación con los ingresos tributarios (impuestos indirectos), se espera un incremento en el entorno del 15,8% sobre lo presupuestado inicialmente este año, si bien el peso de estos sobre el total de ingresos no llega a crecer ni siquiera un punto respecto a los Presupuestos de 2022 en ninguno de los dos casos.
Con respecto a los fondos europeos, se mantiene la senda de presupuestar aquellos fondos que se prevén ejecutar en relación con los Next Generation EU, añadiendo los que están pendientes del ejercicio anterior, y se incluyen las previsiones de certificación de los fondos ordinarios que finalizan en 2024.
El Consejo aprueba instar a las consejerías competentes y administraciones afectadas a articular las compensaciones y medidas necesarias, con especial atención a La Aldea de San Nicolás, el municipio más afectado en Canarias
El Consejo de Gobierno celebrado hoy, jueves 20 de octubre, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado abrir el proceso de gestión de ayudas a los afectados por el reciente paso por las islas del ciclón tropical Hermine, que obligó a decretar la alerta máxima en el Archipiélago desde las 00.00 horas del pasado sábado 24 de septiembre a las 12.00 del lunes 26 de ese mes.
A propuesta del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con este paso se encomienda a las consejerías regionales competentes, en coordinación con las administraciones locales afectadas, a articular las medidas y compensaciones precisas, siempre compatibles y complementarias con las que hayan fijado o establezcan en el futuro otras instituciones públicas. Para ello, se propone también que se tengan en cuenta y se apliquen las modificaciones presupuestarias que sean necesarias.
Este ciclón causó daños por lluvias abundantes, viento e inundaciones. El fenómeno meteorológico adverso trajo consigo desprendimientos y cierres de vías, sobre todo en zonas urbanas, aparte de cortes de luz. Aunque en su mayoría fueron afecciones poco graves o leves, hubo daños más cuantiosos en municipios como La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria.
En esta localidad, el agua acumulada desbordó varios barranquillos y provocó destrozos en vehículos, viviendas, mobiliario urbano, infraestructura pública e incluso en la red de abasto. Además, dos de las tres carreteras que conectan el municipio con el exterior fueron cortadas, tanto por el norte como por el centro, lo que agravó la lejanía, singularidades y reducida conectividad de esta localidad.
Las afecciones no se limitaron a la red de agua y alcantarillado, sino a la propia planta desaladora local, en la que se tuvo que trabajar durante días para su total recuperación y poder garantizar el servicio adecuado.
También se vieron perjudicadas viviendas del barrio de Barranco Santo, que debieron ser limpiadas a fondo, y dos explotaciones ganaderas, cuyos accesos quedaron bloqueados por la acumulación de piedras. Asimismo, la crecida del barranco afectó a la carretera de Tarahalillo.
El Gobierno de Canarias entiende que los daños ocasionados obligan a aplicar el principio constitucional de solidaridad y, por eso, se activa este proceso para reparar y paliar, en la medida de lo posible, las pérdidas y daños producidos, de manera que las zonas afectadas recuperen cuanto antes la normalidad.
El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el municipio
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de El Sauzal, en Tenerife, en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales.
La Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Lsenpc), establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal.
El Decreto Ley 15/2020, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, dio nueva redacción a la Lsenpc, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico e introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y otro de aceptación del Gobierno de Canarias.
En este caso, el ayuntamiento delega la competencia para la evaluación de impacto ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística municipales que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento de El Sauzal.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la segunda revisión del Régimen Específico de Abastecimiento que se produce este año, fruto del esfuerzo de los distintos sectores para dirigir las ayudas a los colectivos más afectados por las subidas de precios
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 20 de octubre de 2022, la segunda modificación el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) de este año, tras la del pasado mes de julio, cuando la evaluación de la situación de los diferentes sectores económicos hizo recomendable un ajuste en las ayudas a la importación de varios de los productos contenidos en sus listados o balances de aprovisionamiento y el Gobierno se comprometió a seguir monitorizando los costes de abastecimiento, para efectuar nuevos ajustes en el caso de ser necesarios.
Fruto de ese constante análisis de los costes, la Comisión de Seguimiento del REA consideró oportuno realizar algunos ajustes, después de la negociación con los sectores industrial y primario, que se saldó con el esfuerzo común para que el colectivo ganadero cuente con recursos que le permitan afrontar mejor los sobrecostes producidos en el mercado internacional de materias primas, a raíz de la invasión de Ucrania. Así, la Comisión ha trasladado al Consejo de Gobierno la propuesta aprobada en la sesión de hoy, para incrementar el cupo del forraje para el ganado en 19,5 millones de kilos.
La Comisión de Seguimiento de este instrumento de política económica integrado en el programa Posei está formada por cuatro consejerías del Gobierno autonómico. En concreto, la preside la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y participan en ella las áreas de Turismo, Industria y Comercio; Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y Agricultura, Ganadería y Pesca. Entre todas, evalúan los diferentes costes para la importación de los productos incluidos en la lista previamente aprobada por la Unión Europea y distribuyen entre ellos la limitada ficha financiera y los cupos por cada producto que recoge el REA.
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 20 de octubre, un gasto plurianual de 2,4 millones de euros para financiar la tramitación de la prórroga del contrato para el mantenimiento de licencias del sistema económico financiero SEFLogic de la Administración de la Comunidad Autónoma por dos años.
La aprobación del gasto se produce ante el vencimiento, el próximo 4 de febrero, del contrato original formalizado en octubre de2020, por un periodo de dos años.
El SEFLogic se implantó en la Comunidad Autónoma el año 2016 y en aquel momento unificó los modelos de información SEFCAN y TARO -específico para el Servicio Canario de la Salud-, puestos en funcionamiento en el año 2009.
El sistema tiene por objeto registrar todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y de tesorería de la Comunidad Autónoma. Entre otras características, mejora y facilita el acceso a la información y la toma de decisiones, además de ampliar la oficina virtual dirigida a los usuarios de los servicios públicos.
El gasto medio por receta se sitúa en 11,63 euros, el 0,60% inferior al de septiembre de 2021
La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente a septiembre de 2022, mensualidad en la que se emitieron 4.578.625 recetas, con un gasto medio de 11,63 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 53.910.949,75 euros.
Por áreas de Salud, Gran Canaria emitió el pasado mes 2.013.870 recetas, seguida de Tenerife, con 1.927.872; Lanzarote, con 233.577; La Palma, con 181.531; Fuerteventura, con 153.588; La Gomera, con 45.546, y El Hierro, con 22.641.
En todas las áreas, se registró un aumento del número de recetas emitidas respecto a septiembre de 2021, que osciló entre el 0,92% en el área de La Palma y el 7,76% en Lanzarote.
En cuanto al gasto medio por receta, disminuyó un 0,60% de promedio. El gasto más elevado se registró en el Área de Salud de La Gomera, con 12,82 euros, y el más bajo, en la de Fuerteventura, con 11,19 euros. El mayor descenso del gasto medio por receta estuvo en el Área de Salud de El Hierro, con un 2,93%, al pasar de 11,60 a 11,26 euros.
Comunicación al Ministerio de Sanidad
La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las comunidades autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes y por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros. Ambos conceptos representaron 2.591.750,73 euros en la última mensualidad, por lo que el gasto que se comunicará al Ministerio asciende a 51.319.199,02 euros.