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El Gobierno completa su propuesta de programa de ayudas del Posei para 2023

El nuevo diseño, que incluye financiación de la UE y del Estado, se terminó de definir hoy con la aprobación de la propuesta para el reparto de las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento

El Consejo de Gobierno completó en su reunión extraordinaria de hoy la propuesta canaria de ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para 2023 al alcanzar un acuerdo sobre el Régimen Especifico de Abastecimiento (REA) para ese mismo año. El Ejecutivo autonómico trasladará ahora esta propuesta a las autoridades estatales y europeas para que se pueda aplicar en el año 2023. Se contempla que las ayudas del REA estén abiertas a revisión en función de la evolución de la inflación durante ese periodo anual.

El Posei supone inyectar en la economía canaria un volumen máximo anual de ayudas directas de la UE de hasta 268 millones de euros, más los 33 millones de ayudas de Estado previstos para 2023, el llamado Posei adicional, con un aumento de 12 millones respecto a esa misma variable en 2022 (el total es de 301 millones para 2023). Este programa apoya a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (UE) que se enfrentan a problemas específicos por su lejanía, insularidad, pequeño tamaño, relieve o clima adverso.

Ese marco de apoyo comunitario singular tiene dos componentes: el de ayudas directas a la producción agraria local (con financiación de la UE y del Estado -Posei adicional-) y el de apoyo público a la importación de alimentos transformados y materias primas para la industria y el campo isleño (solo de la UE). Este es el conocido como REA. El objetivo del REA es garantizar el suministro en Canarias de productos alimentarios esenciales para consumo humano y de materias primas para la industria y el sector agrario local.

Esa segunda línea de ayudas del Posei, la que se recoge a través del REA, es la propuesta que aprobó el Consejo en su sesión extraordinaria de hoy. Incluye ayudas a la importación y exenciones arancelarias orientadas fundamentalmente a paliar el sobrecoste del transporte que afronta el Archipiélago como región ultraperiférica.

De ahí que el acuerdo del Consejo sobre el REA se produzca a partir de la propuesta de la Comisión de Seguimiento de este instrumento de política económica, en el que intervienen cuatro consejerías del Gobierno autonómico. En concreto, la preside la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y participan en ella las áreas de Turismo, Industria y Comercio; Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y Agricultura, Ganadería y Pesca.

La aprobación de la propuesta del REA para el año 2023 ha implicado un exhaustivo análisis de las necesidades de abastecimiento que se prevén para cada sector a lo largo del próximo año, para establecer la asignación más equilibrada y eficaz posible a todos los productos, para que se mantenga el tejido productivo y para que las ayudas tengan un efecto beneficioso en el coste de la cesta de la compra.

Como ejemplos, la importación de carnes y productos lácteos mantiene una dotación muy parecida a la de 2022 y, por otro lado, se incrementan los volúmenes subvencionados y la cuantía de la subvención para la alimentación animal con productos como la paja, la alfalfa o el raigrás.

El listado completo de ayudas del Posei (en el que se incluye la parte del REA) se remitirá ahora al Gobierno del Estado y éste, a su vez, a la Comisión Europea, que tendrá que dar su aprobación definitiva a la propuesta canaria antes de final de año, para que los nuevos importes de cada producto y las nuevas medidas destinadas a apoyar la producción agraria local puedan entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

El Gobierno autoriza el gasto de 10,6 millones de euros para poner en marcha el Bono Joven del Alquiler en Canarias

Este programa cuenta con una dotación de 21.200.000 euros para dos años y se estima que podría beneficiar a entre 3.500 y 4.000 jóvenes canarios

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy el gasto plurianual de 10.600.000 euros destinado a la financiación del programa de ayudas Bono Alquiler Joven que se convocará próximamente y del que se calcula que podrían beneficiarse entre 3.500 y 4.000 jóvenes canarios.

De esta forma, con la autorización de hoy, se da uno de los últimos pasos previos a la puesta en marcha en esta Comunidad Autónoma del Bono Joven del Alquiler, una línea de ayuda que se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda y que el Estado financia en Canarias con 21.200.000 euros repartido en dos anualidades.

La ayuda podrá solicitarse desde que se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de forma telemática, o presencialmente en alguno de los registros oficiales. Para acelerar la tramitación de la ayuda, la Consejería volverá a contar con la colaboración de las Cámaras de Comercio -como ocurriera con las ayudas al alquiler general- para que contribuyan con la recogida de solicitudes, la información telefónica y la tramitación posterior.

Esta línea de ayuda está destinada a personas de entre 18 y 35 años que se encuentren empadronadas en alguna vivienda de Canarias en régimen de alquiler y que dispongan de una fuente de ingresos iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone un total de 23.725 euros.

Es una ayuda fundamental porque afecta a un sector de la población muy importante de nuestra comunidad como son los jóvenes, un sector que es el que más dificultades tiene a la hora de buscar alojamiento, que es la que peor sufre las consecuencia de las crisis económicas que hemos padecido en los últimos años, por eso, estoy convencido que este Bono Alquiler Joven será un elemento clave para incrementar los niveles de emancipación que existen actualmente entre los jóvenes canarios y aumente mucho más de ese 14% de la población joven emancipada que existe actualmente.

Con el objetivo de fomentar la emancipación y el acceso a una vivienda digna a este sector, estas ayudas concederán a las personas beneficiarias una ayuda de 250 euros mensuales, con el límite del importe mensual del alquiler que deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales o, en el caso del alquiler de una habitación, no podrá superar los 300 euros al mes.

El abono de esta ayuda se hará trimestralmente previa justificación de los pagos del alquiler. La ayuda se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de dos años y podrá reconocerse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 y por plazo de 24 meses.

Gobierno y Cabildos amplían el plazo de ejecución del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

Esta ampliación se realiza tras la firma de Adendas de prórroga y la imposibilidad de aprobación del Plan antes del 31 de julio de este año

El Gobierno de Canarias acordó hoy jueves, 21 de julio, en Consejo, ampliar el plazo para la elaboración y aprobación del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias de las Consejerías de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y de Sanidad, en coordinación con los Cabildos Insulares, hasta el 30 de noviembre de 2022.

Esta ampliación de los plazos se realiza tras la suscripción en octubre de 2021 de las Adendas Cuartas de prórroga y de modificación de los Convenios de cooperación suscritos entre el Ejecutivo canario, a través de la consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y de la consejería de Sanidad, así como los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife.

El objetivo de estas adendas y convenios es financiar o cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes para la creación de nuevas plazas sociosanitarias. Sin embargo, ante la imposibilidad de completar el proceso de elaboración y tramitación necesario para la aprobación del citado Plan no será posible disponer de dicho documento antes del 31 de julio de 2022, tal y como se contemplaba en las citadas Adendas, por lo que hoy se ha aprobado la ampliación del plazo.

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas previstas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

Sanidad destina 2,4 millones al servicio de Historia Clínica Electrónica del SCS

Con ello se unifica en un único punto el historial médico de cada paciente, tanto de atención primaria como de especializada, esencial para facilitar el acceso a la información clínica personal

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 21 de julio, el gasto relativo a la prórroga del contrato de los servicios de evolución y soporte de la Historia Clínica Electrónica de Atención Especializada (DRAGO AE) del Servicio Canario de la Salud, por un importe de 2.461.512,36 euros.

La prórroga tendrá una duración de veinticuatro meses, comprendidos entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2023, lo que permitirá la continuidad de este servicio que da soporte a la actividad asistencial y resulta esencial para el acceso a la información clínica.

La Historia Clínica Electrónica de Atención Especializada (DRAGO AE) surgió a partir del Real Decreto 1093/2010, que establece el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. En el SCS se implantó con el objetivo de unificar en un único punto toda la historia clínica de cada paciente, tanto en el ámbito de atención primaria como especializada.

Se trata de un sistema de información que contiene un repositorio único de informes para el acceso tanto por los profesionales del SCS como de la ciudadanía y que permite, además, la consulta de la información clínica que pudiera existir en otros servicios de salud de las comunidades autónomas.

La información clínica registrada en el repositorio consta de la Historia Clínica Resumida del paciente (alergias, fármacos, antecedentes de salud, etc.), informes de alta, informes de consultas externas, informes de cuidados de enfermería, entre otros.

El Consejo aprueba destinar 6,5 millones a los programas municipales de atención a la infancia y la familia

Se trata de servicios de carácter especializado que tienen como fin la prevención de factores de riesgo y la atención a familias en situación de vulnerabilidad

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy jueves, 21 de julio, destinar a los ayuntamientos canarios una partida de 6,5 millones de euros destinada a financiar la continuidad y desarrollo del “Programa de atención a la infancia y la familia” durante el año 2022, lo que supone casi 700.000 euros más que en 2021.

Mediante esta financiación, el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y concretamente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, contribuye al sostenimiento económico de los programas municipales de atención a la infancia, la adolescencia y la familia.

Los programas municipales de Atención a la Infancia y la Familia son servicios de carácter especializado de ámbito municipal que tienen como fin la prevención de factores de riesgo. Al mismo tiempo, ofrecen a las familias herramientas con las que afrontar situaciones de vulnerabilidad, al objeto de garantizar el desarrollo integral y crecimiento adecuado de las personas menores y población adolescente.

Estos programas municipales se articulan a través de los equipos municipales de Atención a la Infancia y la Familia y los Centros o Servicios de Día, estos recursos tienen por objeto fomentar en todos los miembros de la familia la adquisición de habilidades básicas y hábitos de conducta necesarios para superar la situación de crisis, riesgo o vulnerabilidad. Lo que supone apoyar al sistema familiar para disminuir los indicadores de riesgo detectados y fomentar los protectores, asegurando así una atención adecuada de las personas menores, cubriendo sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales.

El Gobierno aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar

Permite dotarlos de un régimen jurídico cierto, garantizando las condiciones de profesionalidad y calidad con las que se debe prestar este servicio

Se crea un Registro donde deberán figurar todas las entidades públicas y privadas con este fin y la que ya estén funcionando tendrán un año para adaptarse a las prescripciones de esta norma

En la actualidad, hay once PEF, diez promovidos por el Gobierno de Canarias y uno cuya competencia y gestión corresponde al Cabildo de Gran Canaria, a los que se destina un presupuesto en 2022 de 920.000 euros

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el proyecto de decreto que desarrolla el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar, dando así cumplimiento a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en su artículo 51.5 atribuye a la Administración autonómica la creación de los PEF.

Esta norma dota a estos recursos de un régimen específico, no sólo como un instrumento para hacer efectivo el régimen de visitas establecido en una resolución judicial o administrativa, sino como un verdadero servicio público de asistencia, orientación y mediación familiar, al que puedan ser derivadas aquellas familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo.

Para ello, como su propio nombre indica, regula el régimen de funcionamiento de los PEF, determina los profesionales mínimos de los que deben estar dotados, el procedimiento de derivación y los derechos y obligaciones de las personas usuarias

En cuanto a los requisitos de personal, exige la existencia de un equipo técnico interdisciplinar que cuente con una organización y esté compuesto, como mínimo, por tres profesionales con titulación en Psicología, Trabajo Social y Educación Social, además de formación acreditada en materia de igualdad, violencia de género y atención a la diversidad.

Dispone, igualmente, las condiciones de su ubicación, exigiendo que estén situados en el casco urbano o próximos a este, en locales o pisos integrados en la comunidad, en zonas con buena comunicación mediante transporte público, así como cercanos o con fácil acceso a plazas o jardines públicos. Y fija los requisitos y distribución que tienen que tener sus instalaciones, como son disponer de espacio suficiente que permita desarrollar todas las actuaciones previstas: salas de visita, de entrevistas, zona de recogida y entrega de los menores y un área de juego infantil.

Además, establece la obligación de contar con un reglamento interno de organización y funcionamiento, en el que se deben respetar las normas comunes que contiene este documento, y la posibilidad de que las personas usuarias puedan presentar sugerencias, reclamaciones y quejas.

Se crea, asimismo, el Registro de Puntos de Encuentro Familiar, donde deberán figurar todas las entidades públicas y privadas que presten este servicio. Las que se encuentran funcionando en la actualidad tendrán un año para adaptarse a las prescripciones de esta norma.

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un espacio neutral e idóneo para facilitar la relación de las personas menores de edad con sus progenitores y demás familiares, en aquellos supuestos en los que esta relación resulte dificultosa y así lo haya determinado una autoridad judicial o administrativa.

Se trata de un recurso social especializado de responsabilidad pública, pudiendo establecerse tanto por la Administración autonómica como por los cabildos insulares y los ayuntamientos de canarias. No obstante, también se permite la iniciativa privada, a través de entidades sociales o del tercer sector reconocidas e inscritas en los correspondientes registros de acuerdo a la normativa de servicios sociales.

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, nueve de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias, uno cuya gestión y competencia corresponde al Cabildo de Gran Canaria y otro especializado en violencia de género (Telde) con cargo a los Fondos del Pacto de Estado.

Desde el año 2019 se ha desarrollado una estrategia destinada a favorecer la extensión de estos servicios a través de la concesión de subvenciones a entidades con experiencia y formación en este ámbito. En tal sentido, se han creado cinco PEF y se ha incrementado notablemente el presupuesto dedicado a esta línea de actuación (de 600.000 euros en 2020 a 920.000 euros en 2022), además de una línea específica de financiación apoyada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero con el fin de especializar a los PEF y que den una respuesta específica a esta realidad.

La red, en concreto, está integrada por tres PEF en Gran Canaria –uno promovido por el Gobierno en San Bartolomé de Tirajana, otro a cargo del Cabildo y un tercero especializado en violencia de género que financia el Estado–, tres en Tenerife y uno en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma –con dos sedes, Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane–, La Gomera y El Hierro.

Los PEF ubicados en El Hierro, La Gomera, La Palma y Santa Lucía de Tirajana son gestionados por Cruz Roja Española; los situados en Santa Cruz de Tenerife, La Orotava y Fuerteventura, por la Fundación canaria ‘Centro de Atención a la Familia de Tenerife’; el que está en Lanzarote, por la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial ‘+ Familia’ y el emplazado en Arona por la Asociación ‘Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades’.

Según los últimos datos recabados por la Viceconsejería de Justicia, que dirige Carla Vallejo, el número de familias que utilizan los PEF supera las cuatrocientas, existiendo, en algunos de ellos, lista de espera para poder hacer uso del servicio que prestan.

El reglamento ahora aprobado incluye la posibilidad de que en los PEF se lleven a cabo actuaciones de mediación y orientación familiar, ofreciendo a las personas usuarias herramientas para el desarrollo de sus habilidades parentales y la superación de los conflictos existentes.

La actuación de los PEF se guía, como principio fundamental, por el superior interés del niño, niña y adolescente, debiendo desarrollarse sus funciones bajo las máximas de neutralidad y objetividad, confidencialidad y protección del derecho a la intimidad, temporalidad, gratuidad y profesionalidad, integrando a su vez la perspectiva de género en todas sus actuaciones.

Sus objetivos principales son cuatro. Facilitar el encuentro y relación del niño, niña y adolescente con sus progenitores y otras personas integrantes de su familia, en un espacio neutral, seguro y libre de violencia, garantizando su bienestar psíquico, afectivo y emocional; orientar y promover la autonomía de las personas usuarias, facilitándoles las herramientas necesarias para que sean capaces de relacionarse y comunicarse con las personas menores, sin la ayuda ni supervisión de este servicio; informar regularmente a los órganos de los que derivó su uso de la evolución de los encuentros y visitas, de las incidencias que se puedan producir y, si es necesario, realizar propuestas sobre el ejercicio de los derechos de relación y comunicación; y prestar, en su caso, servicio de mediación familiar para la consecución de acuerdos que permitan la resolución de una crisis familiar y el adecuado ejercicio de los derechos de los usuarios.

El Gobierno acuerda el nombramiento de Alberto Brito como miembro del Consejo Social de la ULL

Sustituye a Luis Ortigosa, que cesa del cargo como vocal por las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Universidad

El Consejo de Gobierno aprobó hoy jueves, 21 de julio, el decreto por el que se dispone el cese de Luis Ortigosa y el nombramiento de Alberto Brito como vocal del Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL), en representación de los intereses sociales de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Universidad.

La Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias dispone que el nombramiento de los vocales del Consejo Social se realizará por acuerdo del Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero competente en materia de educación, con arreglo a la designación que realice el Consejo de Gobierno de la Universidad y las instituciones, entidades, organizaciones o colectivos correspondientes, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Además, establece que la representación de los intereses sociales se verificará a través de 22 vocales nombrados entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, incluyendo un representante propuesto por las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Universidad.

El Gobierno autoriza el gasto plurianual de Turismo para actividades promocionales de clubes deportivos canarios

Darán a conocer la marca Islas Canarias Latitud de Vida y difundir el destino turístico a través de los grandes equipos profesionales de fútbol y baloncesto durante cuatro años

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves el gasto plurianual de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para financiar actividades promocionales de la marca ‘Islas Canarias, Latitud de Vida’ a través de los clubes deportivos canarios para los ejercicios de 2022, 2023, 2024 y 2025.

El objeto de este presupuesto, que ya para la temporada 2022-2023 sumará una aportación conjunta de 3.050.000 euros, es dar a conocer Canarias como destino turístico a través de los equipos profesionales de fútbol y baloncesto como son: Unión Deportiva Las Palmas (1.000.000 de euros) Club Deportivo Tenerife (1.000.000 de euros), Club de Baloncesto Gran Canaria (400.000 euros) Cantera Base 1939 Canarias (400.000 euros) y Club Deportivo Akeki de Tenerife (250.000 euros).

Con esta autorización el Consejo de Gobierno aprueba la promoción de las Islas Canarias a través de patrocinios publicitarios con los equipos de fútbol y baloncesto canarios profesionales, durante las próximas cuatro temporadas deportivas, ya que participan en ligas deportivas y profesionales de gran repercusión mediática generando, mediante esta actividad promocional un retorno publicitario de la inversión que se realiza.

Con ello la Consejería de Turismo, Industria y Comercio pretende dar a conocer la marca Islas Canarias no solo para la promoción turística sino en acciones o proyectos deportivos de contenido social, ético o medioambiental a través de la actividad deportiva de los clubes canarios, añadiéndose también a esta iniciativa el equipo de fútbol femenino de división de honor UD Granadilla Tenerife.

El Gobierno canario realizará la evaluación ambiental simplificada para un centro de salud en Playa Honda

El acuerdo supone que el Ejecutivo asume esta competencia delegada del Ayuntamiento de San Bartolomé

El Consejo de Gobierno en su sesión de hoy jueves, 21 de julio, ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de San Bartolomé de la competencia para la evaluación estratégica simplificada de la ordenanza provisional municipal para la construcción de un centro de salud en el entorno de Playa Honda.

La aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someten al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Los instrumentos autonómicos de esta índole son competencia del órgano que designe el Gobierno de Canarias, mientras que en el caso de los instrumentos municipales lo será el que pueda designar el Ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes, pudiendo delegar esta competencia en el órgano ambiental autonómico o el órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca, o bien constituir un órgano ambiental en mancomunidad con otros municipios.

En los municipios de menos de 100.000 habitantes, la evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico.

El Gobierno prorrogará el plazo para que los ayuntamientos presenten planes de seguridad para sus playas

El Consejo de Gobierno decide buscar el mecanismo jurídico más adecuado para esta ampliación del margen, que inicialmente se estableció en 4 años en virtud del decreto que regula la seguridad en las calas y zonas de baño

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta tarde, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado desde esta mañana en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo ha decidido buscar el mecanismo jurídico adecuado para prorrogar el plazo que tenían los ayuntamientos de las Islas para cumplimentar los planes de seguridad de sus playas.

Pérez explicó que, tras analizar la situación, el Gobierno ha optado por ampliar ese margen de tiempo, que según el decreto (de 2018) que regula la seguridad en las zonas de baño era inicialmente de cuatro años (vencería el próximo 8 de agosto). Sin embargo, la mayoría de municipios (en torno a un 70% de las playas) aún no han cumplimentado toda la documentación y, por ese motivo, se ha decidido la prórroga, cuyo plazo se definirá en los próximos días en coordinación con la Fecam.

Según indicó Pérez, hay un total de 360 zonas de baño que requieren de ese plan de seguridad específico y que, en su mayoría, aún no cuentan con esa exigencia del decreto.

El portavoz explicó también que, en unos días, la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad publicará una orden, elaborada en colaboración también con la Fecam y los servicios técnicos del departamento, con unas correcciones y aclaraciones de los anexos del decreto y que concretará también la prórroga a aprobar. Por ejemplo, se aclararán los tipos de bandera, la necesidad de servicios de seguridad únicos en calas anexas, la modulación de los servicios en función de la afluencia, peligrosidad y otras características de cada cala o zona de baño, entre otros aspectos.

Pérez aludió a la reciente sentencia del TSJC que ratifica el decreto de seguridad en las playas 2018 y que sostiene que no se aumentan las exigencias estatales de seguridad en sus concretos, sino que se concretan aspectos puntuales. En este sentido, el consejero recalcó que la complejidad del sistema trata de adaptarse precisamente a las características de cada playa en función de su peligrosidad, media de bañistas y otros aspectos, siempre con el objetivo prioritario de evitar ahogamientos y aportar la máxima seguridad posible. “Que Canarias tenga unas playas seguras es algo a lo que no podemos renunciar”, remarcó.