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El Gobierno canario asume las competencias de evaluación ambiental de Telde

El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de la revisión parcial del Plan General de Ordenación en el ámbito de Bocabarranco

El Consejo de Gobierno ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de la revisión parcial del Plan General de Ordenación (PGO) de Telde, en el ámbito de Bocabarranco.

Concretamente, el Ayuntamiento delega la ordenación pormenorizada del PGO, que es la que el instrumento de ordenación dedica, parcela por parcela, a la edificabilidad, usos permitidos y número de plantas. La ordenación estructural de este plan, que atiende a cuestiones más generales como clases y categorías de suelo, ordenación de las infraestructuras y servicios públicos básicos, etc., no ha sido delegada porque en los municipios de menos de 100.000 habitantes ya es de competencia autonómica.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en la citada ley.

El Decreto ley 15/2020, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

Esta delegación se justifica en la carencia, por parte del Ayuntamiento, de un órgano ambiental municipal, y en el vencimiento del convenio de encomienda de Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco, suscrito con fecha 18 de noviembre de 2019 y con plazo de vigencia de un año desde su firma.

La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y más concretamente, en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, que es un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.

El Gobierno de Canarias autoriza dos subvenciones en materia de aguas para Moya y Gáldar

De esta manera, se destinan 500.000 euros al Ayuntamiento de Moya y 668.000 al Ayuntamiento de Gáldar, para distintas actuaciones de mejora

El Consejo de Gobierno ha autorizado dos transferencias de crédito a los ayuntamientos de Moya (500.000 euros) y Gáldar (668.061 euros), en Gran Canaria, para distintas actuaciones en infraestructuras dedicadas a la gestión del agua en los citados municipios.

En el caso de Moya, la cantidad presupuestada se destinará a diferentes actuaciones en su red de saneamiento. Por su parte, la Corporación municipal de Gáldar acometerá con estos fondos los trabajos de mejora de su red de abastecimiento para el saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas.

El Gobierno de Canarias tiene como objetivo principal que la gestión y administración del agua como recurso sea sostenible, eficiente, atienda al interés general y mantenga su valor natural, y ha adoptado este acuerdo conforme a este fin.

Para la autorización de estos créditos se ha procedido previamente a la transferencia de un crédito de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a instancia de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

El órgano competente para autorizar estas transferencias de crédito que se solicitan es el Gobierno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1.b) de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.

Aprobada la concesión de 95.000 euros a las fundaciones Pequeño Valiente y Centro de Atención a la Familia

Las ayudas van dirigidas a financiar programas de atención a menores y familias que gestionan ambas organizaciones sociales

El Consejo de Gobierno ha aprobado el destino de una partida de 95.000 euros para financiar actuaciones de la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia (CAF) y la Fundación Canaria Pequeño Valiente.

En concreto, se acordó conceder 50.000 euros a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia (CAF) para la financiación de programas de atención a las familias que tienen como objeto la orientación y mediación en el ámbito familiar y la atención psicológica y psicosocial para menores y adolescentes, en la búsqueda de mejorar y promover la salud mental y la calidad de vida de la población infanto juvenil que presente una necesidad de atención psiquiátrica y psicoterapéutica.

Por otro lado, se otorga una ayuda de 45.000 euros a la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y la de sus familias, mediante el ofrecimiento de la atención social y psicológica; facilitando la integración educativa del niño; poniendo a disposición de las familias alojamiento en traslado, y gestionando ayudas económicas, entre otros servicios.

Aprobado un crédito de 973.247 euros para pagar las nóminas de los nuevos agentes de la Policía Autonómica

El importe cubre los costes salariales del periodo de formación y prácticas de la cincuentena de personas seleccionadas en las pruebas convocadas en julio de 2020

Está calculado para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022

El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles transferir a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad un crédito por importe de 973.247,80 euros, fondo necesario para atender los costes salariales del personal funcionario de nuevo ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), actualmente en periodo de formación y prácticas.

Este acuerdo se deriva del reciente nombramiento, como personal funcionario en prácticas, de una cincuentena de personas aspirantes, seleccionadas a ingresar en el Cuerpo General de la Policía Canaria, mediante resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de fecha 22 de marzo de 2022 y fruto de las pruebas selectivas convocadas al efecto a través de resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencia de fecha 1 de julio de 2020.

El montante del crédito para atender los costes salariales del periodo de formación, que consta de 1.100 horas, y de prácticas, durante 600 horas, de los nuevos funcionarios del CGPC está calculado para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022.

 

El Gobierno acuerda una revisión excepcional de los precios en los contratos de obras públicas

El Ejecutivo autonómico aplica de esta manera en las Islas las normas aprobadas por el Gobierno de España para paliar el impacto de la inflación en los contratistas del sector público

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el acuerdo de aplicación en el Archipiélago de las medidas para la revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público, contenidas en dos reales decretos leyes aprobados por el Gobierno de España el pasado mes.

La decisión del Ejecutivo se justifica ante la exigencia de la propia normativa estatal de que la aplicación de las medidas en las comunidades autónomas y entidades locales se realice mediante acuerdo previo de los órganos competentes en ellas.

A este respecto, el acuerdo del Gobierno de Canarias señala que, “visto que se ha puesto en conocimiento de los cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios el propósito del Gobierno de adoptar un acuerdo que determine la aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias de las referidas medidas excepcionales de revisión de precio, se ha decidido condicionar su aplicación a las entidades locales canarias al previo acuerdo de los órganos competentes de dichas administraciones públicas, a los efectos de que puedan valorar el impacto de la medida en sus respectivos presupuestos”.

La revisión de precios se aplicará a los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, que se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 2 de marzo de 2022.

También a aquellos cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor del citado real decreto ley y a los contratos adjudicados cuyo anuncio de licitación se publique en la plataforma de contratos en el plazo de un año desde la entrada en vigor del real decreto ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares establezca una fórmula de revisión de precios.

Según la norma estatal, la cuantía de la revisión de precios no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato y exigirá la previa solicitud del contratista, a la luz de la cual el órgano de contratación emitirá una propuesta de revisión de la que se dará audiencia al contratista. Transcurrido el plazo de alegaciones, resolverá de forma motivada.

La cuantía de la revisión se aplicará en la certificación final de obra, aunque se faculta al órgano de contratación a realizar pagos a cuenta en las certificaciones ordinarias de obra. El contratista deberá repercutir en los subcontratistas la parte proporcional.

El Gobierno autoriza una subvención para un depósito de agua de abastecimiento en Los Silos

La cantidad presupuestada se eleva hasta los 250.000 euros y abarca la rehabilitación, mejora y puesta en funcionamiento de dicha infraestructura

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una transferencia de crédito de 250.000 euros para la rehabilitación, mejora y puesta en funcionamiento del depósito agua de abastecimiento público del barrio de La Caleta de Interián, en el municipio de Los Silos, en Tenerife.

Ese importe, que se destina al Ayuntamiento de Los Silos a modo de subvención para llevar a cabo esas actuaciones, se autoriza debido a que se tiene constancia de que en el barrio de La Caleta de Interián, perteneciente a Los Silos, es necesario rehabilitar y mejorar la puesta en funcionamiento del depósito de agua de abastecimiento público.

El Gobierno de Canarias tiene como objetivo principal que la gestión y administración del agua como recurso sea sostenible, eficiente, atienda al interés general y mantenga su valor natural, y este acuerdo se ha adoptado conforme a esos fines.

Para la autorización del crédito, se ha procedido previamente a una modificación de créditos al amparo de lo dispuesto en la orden de 3 de julio de 2006, sobre tramitación de determinados expedientes de modificaciones de créditos y otras actuaciones con repercusión presupuestaria en relación con la Ley 6/2021, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.

Aprobada una sanción a Unelco y E-Distribución Redes Digitales por el cero energético de julio de 2020 en Tenerife

Consejo de Gobierno de Canarias

La multa propuesta por las infracciones, calificadas de muy graves, asciende a seis millones de euros para la distribuidora y a más de diez millones para la generadora

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a las entidades mercantiles E-Distribución Redes Digitales, SLU, y Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, por la comisión de infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación con el incidente acaecido el 15 de julio de 2020 a las 9.41 en el sistema eléctrico de Tenerife, que ocasionó un cero energético en toda la isla. No se recuperó el suministro pleno hasta las 16.44.

En la instrucción del expediente se acredita que E-Distribución Redes Digitales, SLU, es responsable por no haber deslastrado la demanda exigida en el Plan de Deslastre vigente aprobado por la CNE, lo que contribuyó a que el incidente derivase en una interrupción total del suministro o cero eléctrico. También queda acreditada la falta de idoneidad técnica de la configuración del sistema de relés en sus instalaciones para cumplir con los objetivos de demanda a deslastrar establecidos en el plan vigente de la CNE.

Por estos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 6.000.001 euros por la comisión de dos infracciones muy graves.

En cuanto a Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, el procedimiento sancionador concluye que es responsable de originar la cadena de sucesos que provocó una reducción de la capacidad de generación disponible y una reducción del suministro que llevó aparejada una interrupción de este, primero parcial y, finalmente, en forma de cero eléctrico.

Por estos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 10.002.751 euros por la comisión de dos infracciones administrativas muy graves.

El Gobierno canario asume competencias de evaluación ambiental de Santa Lucía de Tirajana

El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística del municipio

El Consejo de Gobierno ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, de la competencia para la evaluación ambiental estratégica que evalúa ambientalmente planes o programas de los instrumentos de ordenación urbanística municipales. Recaerá en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental.

La Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal.

El Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a esa ley. En esa nueva redacción, se contempla la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

Esa delegación se justifica por una lado, en la carencia, por parte del Ayuntamiento, de un órgano ambiental municipal, y por otro lado, en la no suscripción del convenio tramitado entre la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento para la encomienda de evaluación ambiental estratégica de los Instrumentos de Ordenación Urbanísticas Municipales por la aprobación y entrada en vigor del Decreto-ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.

La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y más concretamente en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, que es el órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.

El Consejo aprueba el decreto que regula las hojas de reclamaciones electrónicas en el sector turístico

El procedimiento se agiliza a través de un código QR para su presentación telemática, aunque el formato impreso seguirá disponible para el usuario que lo solicite

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto por el que se regulan las características y el procedimiento de obtención de hojas de reclamaciones, así como el procedimiento de tramitación de las quejas y denuncias sobre establecimientos y actividades turísticas. El texto quedó validado tras pasar por el trámite del dictamen correspondiente por parte del Consejo Consultivo de Canarias.

La norma ofrece la posibilidad de que la persona usuaria turística pueda presentar las reclamaciones, quejas y denuncias de forma telemática, en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Este trámite podrá hacerse a través de una hoja de reclamación electrónica, a la que accederá a través del código QR que podrá solicitarse en el propio establecimiento o empresa turística.

El formato de papel no desaparece y seguirá estando a disposición de la persona usuaria turística para que, si lo estima conveniente, pueda ejercer su derecho mediante la presentación del formato impreso en cualquiera de los registros establecidos en la ley.

El presente decreto será de aplicación a las personas titulares de las empresas, actividades y establecimientos turísticos que como tales se encuentren inscritas en el Registro General Turístico, ya sean personas físicas o jurídicas que ejerzan su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La fundamentación del nuevo decreto obedece a la necesidad de adaptarse a una nueva realidad como consecuencia del propio desarrollo de la sociedad de la información y al cambio de las circunstancias tecnológicas y sociales.

La evolución de las nuevas tecnologías y la implantación de estas en la sociedad, de las que el sector turístico ha sabido aprovechar las oportunidades que le otorgan, tanto en la gestión como en la comercialización de sus productos, ha resultado decisiva para instaurar este sistema de hoja electrónica, con el fin de modernizar y ampliar los canales de atención a la ciudadanía e impulsar la tramitación electrónica como medio de gestión habitual de los procedimientos.

De este modo, el acceso voluntario por las personas usuarias turísticas a las hojas de reclamaciones en formato electrónico reforzará el derecho a formular quejas y reclamaciones de un modo más sencillo y simplificado.

Se trata de una actuación administrativa automatizada a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, que reduce trámites administrativos, tiempos de espera y costes adicionales.

Por su parte, las personas titulares de empresas o establecimientos turísticos estarán obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, tanto para la obtención como para la tramitación de las hojas de reclamaciones, así como para las quejas o denuncias.

Las personas titulares de las empresas, actividades y establecimientos turísticos que se encuentren inscritos en el Registro General Turístico solicitarán, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, las hojas de reclamaciones con las que deben contar obligatoriamente para el ejercicio de la correspondiente actividad turística.

Realizada la solicitud, el sistema informático, una vez comprobado que están inscritos en el Registro General Turístico como titulares de la explotación de la actividad o establecimiento para el que solicitan las hojas, de forma inmediata, remitirá a la persona solicitante un cartel, de obligatoria exhibición en lugar visible, por el que se anuncia la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de su clientela.

Además, enviará a la empresa turística un código QR, que se facilitará a solicitud de las personas usuarias para la descarga, en su dispositivo electrónico, mediante el que accederá a la hoja de reclamación electrónica para su presentación en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Por último, se remitirá un ejemplar de hojas de reclamaciones que se deberá imprimir y entregar a las personas reclamantes que no pudieran o quisieran optar por el formato electrónico.

El Gobierno encomienda la gestión de la 38ª Feria de Artesanía al Cabildo de Gran Canaria

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio aporta 300.000 euros y la organización correrá a cargo de la Corporación insular mediante la suscripción de un convenio

Se celebrará entre los días 3 y 8 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la encomienda de gestión a través de un convenio suscrito entre la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la organización de la 38ª Feria de Artesanía de Canarias. Para ello, el Ejecutivo destina 300.000 euros, con los que se fomentará la comercialización de productos artesanos canarios.

La celebración de esta nueva edición del que se considera el encuentro más consolidado de cuantos se realizan en las Islas en materia de artesanía tendrá lugar en esta ocasión entre los días 3 y 8 de diciembre de 2022, ambos inclusive, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La Feria de Artesanía de Canarias se celebra anualmente y de forma alternativa en las dos capitales canarias, para lo que, desde el área de Industria del Gobierno de Canarias, como órgano competente en materia de la promoción, fomento y desarrollo de la artesanía canaria, encarga su organización cada año a los respectivos cabildos insulares.

Un encargo fundamentado en la mayor proximidad y conocimiento del cabildo respecto a las personas artesanas participantes, así como de los medios humanos de los que dispone en la isla, lo que redundará en una mayor eficacia en la organización de la feria.

Por su parte, la Dirección General de Industria será, como es habitual, el departamento responsable de la coordinación, supervisión y control de los trabajos en torno a esta importante cita ferial.

Como ya hiciera en 2021 el Cabildo de Tenerife, para la edición de 2022 el Cabildo Insular de Gran Canaria debe adecuar el recinto a las necesidades de la feria para poder albergar unos 140 artesanos, con el fin de crear sinergias que puedan contribuir a la promoción de la artesanía o a la captación de visitantes.

Podrán participar en la feria las empresas y artesanos que estén en posesión del carné en vigor e inscritos, en situación de alta, en el Registro de Artesanía de Canarias. Asimismo, deben tener el derecho al uso de la marca Artesanía Canaria.

Los gastos originados por la celebración de la feria serán financiados a través de la aportación de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que asciende a 300.000 euros.