Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno canario aprueba la delegación de competencias del Parque Nacional de Garajonay al Cabildo de La Gomera

La Corporación insular asume las funciones de gestión y conservación de este espacio natural protegido

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de delegación, con carácter singular, en el Cabildo Insular de La Gomera de las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional de Garajonay. Esta delegación tendrá una duración de 10 años, prorrogables a partir del día en que se haga efectiva.

Las funciones delegadas incluyen la administración y gestión ordinaria y habitual del parque y la investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa de aplicación, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, previstas en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

En el ejercicio de las competencias delegadas, el Cabildo Insular de La Gomera ajustará su funcionamiento al régimen establecido en la Ley de Cabildos Insulares; a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; a la Ley de Bases del Régimen Local, además de la legislación emanada del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias que resulta de aplicación y a la legislación básica estatal.

Aprobada esta delegación, se determinará junto con el Cabildo en una comisión mixta de transferencia los servicios, medios personales, materiales y recursos que deban ser traspasados a la Corporación insular para el ejercicio de estas competencias delegadas.

El gobierno canario se reserva las funciones de ordenación normativa y de planificación derivadas de los Planes Rectores de Uso y Gestión; la declaración, modificación de los límites y pérdida de la condición como Parque Nacional; y las inherentes a la coordinación y mantenimiento de la coherencia de la Red de Parques Nacionales.

El Parlamento de Canarias, en sesión del Pleno de fechas 11 y 12 de diciembre de 2018, debatió la autorización de delegación de competencias en materia de gestión de los Parques Nacionales de Garajonay y La Caldera de Taburiente a los cabildos insulares de La Gomera y de La Palma, con carácter singular.

Fruto de ese debate surgió la Resolución del 12 de diciembre de 2018, en la que el Parlamento se pronunció favorablemente a la delegación de las referidas competencias, condicionada, entre otras cuestiones, a que el alcance de las funciones delegadas sea sin perjuicio de las competencias de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, prevista la Ley del Suelo y de los Espaciosos Naturales Protegidos de Canarias.

El Gobierno de Canarias aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad de La Laguna

El texto, elaborado con la máxima participación de toda la comunidad universitaria, sustituye al de 2004, adapta la norma a la legislación vigente y mejora su estructura formal, además de reducir la regulación de las cuestiones que ya disponen de previsión normativa

El Consejo de Gobierno acordó hoy, jueves 24 de marzo, la aprobación del Decreto por el que se reforman los Estatutos de la Universidad de La Laguna (ULL), que sustituyen a los de 2004. Su elaboración ha comportado un proceso de reflexión y debate acerca del modelo de la institución que se aspira construir.

La nueva redacción fue elaborada con la máxima participación de toda la comunidad universitaria, y aprobada en la sesión del 16 de septiembre de 2021 por mayoría absoluta en los términos previstos en los Estatutos y la Ley Orgánica de Universidades.

El Preámbulo de la nueva norma señala que, tras tres lustros de vigencia de la anterior, resultaba ineludible acometer la reforma con el propósito de adaptarla a la legislación vigente, al tiempo que era necesario mejorar su estructura formal y reducir la regulación de las cuestiones que, al margen de los Estatutos, ya disponen de previsión normativa, o son materia de desarrollo reglamentario.

De esta manera, el nuevo texto estatutario dota a la vida académica de la ULL de un nuevo ordenamiento inspirado en los principios de democracia, igualdad, justicia, tolerancia, libertad, solidaridad, participación y pluralismo.

El título preliminar recoge las disposiciones generales, que regulan cuestiones como la naturaleza, principios, funciones, instrumentos de actuación, símbolos y distinciones de la ULL. La define como una institución de derecho público con personalidad y capacidad jurídica plenas, que presta el servicio público de la educación superior mediante la docencia, el estudio, la investigación, la transferencia de conocimiento a la sociedad, la difusión de la cultura y la extensión universitaria.

El título primero aborda el gobierno de la Universidad y su representación. Distingue entre los órganos colegiados de ámbito general, los órganos unipersonales de ámbito general, y los de ámbito particular; las Facultades y Escuelas, Departamentos, Escuelas de Doctorado y Centros de Estudios y otros centros o estructuras.

El título segundo alude a la docencia y el estudio, la investigación, las relaciones con la sociedad y la internacionalización, y las funciones que la Ley Orgánica de Universidades atribuye a la Universidad.

El título tercero recoge los aspectos más relevantes de la comunidad universitaria, ocupándose en primer lugar de sus derechos y deberes, del régimen del personal docente e investigador y de administración y servicios, del estudiantado y de la Defensoría Universitaria, de la Unidad de Igualdad de Género y de la Inspección de Servicios.

El título cuarto se dedica de forma específica al régimen general de los servicios universitarios. Señala su definición y la relación de estos que, como mínimo, debe mantener la Universidad.

El título quinto, dentro del ámbito de la autonomía económica y financiera de la institución, regula el régimen económico, financiero y patrimonial, mientras que el sexto fija los principios generales en materia de régimen electoral. Por último, el séptimo aborda el procedimiento de reforma estatutaria.

El Gobierno de Canarias aprueba el anteproyecto de Ley de Economía Circular

Consejo de Gobierno de Canarias

El texto normativo pretende convertir los residuos generados en las islas en recursos, minimizar su generación y establecer la obligatoriedad del reciclaje, entre otros objetivos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Economía Circular de Canarias, a través del informe por el que se valora la oportunidad y los objetivos de esta futura normativa.

El reto principal de este texto normativo es convertir los residuos generados por el conjunto de las actividades económicas de las islas en recursos, establecer la obligatoriedad del reciclaje, optimizar al máximo los productos o materiales, minimizar la generación de residuos y reducir su impacto en el planeta, contribuyendo a su vez a la lucha contra el cambio climático.

Además, establece obligaciones y régimen sancionador para todos los sectores y para la propia ciudadanía del Archipiélago, como parte activa de este proceso.

De esta manera, el Gobierno de Canarias ha logrado cumplir con este trámite para las tres leyes que conforman el ecosistema legislativo medioambiental que se anunció desde el inicio de legislatura. Por su parte, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra ya en tramitación parlamentaria y el objetivo es que la de Biodiversidad y Recursos Naturales y la de Economía Circular entren en la Cámara regional antes de verano de este año.

Los principios generales que conforman este documento son el de responsabilidad compartida de las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general. Para ello todos estos sectores deben implicarse activamente, responsabilizándose en la aplicación del modelo de economía circular en su ámbito respectivo de competencia. Además, como principio general se encuentra también el de enfoque integrado en el análisis del impacto ambiental de los ciclos de vida de bienes, productos y servicios.

El fomento de la información, transparencia y participación pública en el proceso de desarrollo de las políticas públicas a implementar a través de esta Ley también forma parte de los objetivos de esta normativa. Y, de la misma manera, la promoción de la educación para la sostenibilidad, el fomento del progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en análisis de ciclo de vida y materia ambiental, y el fomento y apoyo a la actividad industrial en el Archipiélago canario como sector esencial para lograr que los objetivos de la Ley sean efectivos.

La oportunidad en la tramitación de esta Ley viene dada por la necesidad de dar cumplimiento a distintos hitos normativos tanto nacionales como internacionales en materia de residuos.

En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030, y en el ámbito estatal, la Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC). Desde el punto de vista europeo, destaca el nuevo Plan de la Economía Circular para una Europa más limpia y eficiente, dentro del denominado Pacto Verde Europeo (EU Green Deal) y las políticas comunitarias, en el campo de los residuos.

Este hito se une a la reciente aprobación del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), un instrumento de planificación del que el Archipiélago carecía desde el año 2006, por lo que este trámite fue declarado de urgencia.

El Gobierno de Canarias destina 10,9 millones de euros a la gestión de los centros de medidas judiciales

Se trata de dar cobertura al encargo realizado a la Fundación Canaria de Juventud en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de Menores

El Gobierno de Canarias ha autorizado en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este jueves, 17 de marzo, la realización del gasto derivado de la Orden de prórroga del encargo a la Fundación Canaria de Juventud IDEO.

Este encargo tiene por objeto la realización de determinadas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales, conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores. El gasto autorizado asciende a un importe de 10.932.033,87 euros.

A través de esta encomienda, la Fundación de Juventud Ideo, como medio propio personificado y al servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se hace cargo de la gestión de los centros y recursos de Internamiento Educativo, recursos y centros de convivencia para menores y jóvenes que cumplen una medida judicial en virtud de Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores.

En la actualidad, un total de 886 menores cumplen una medida dictada por una autoridad judicial, 6 de ellos en régimen de internamiento cerrado, 155 en semiabierto y el resto, 725 en régimen abierto (libertad vigilada, centro de internamiento terapéutico, centros de convivencia, prestaciones en beneficio a la comunidad, etcétera).

El Gobierno concede el título de ‘Histórica’ a la Villa de La Matanza de Acentejo

La Comisión Heráldica de la Comunidad Autónoma fundamenta que concurren méritos suficientes acaecidos para ser públicamente honrada con la concesión del privilegio de usar dicho tratamiento

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, 17 de marzo, el Decreto por el que se concede al municipio de la Villa de La Matanza de Acentejo el título de ‘Histórica’ y se autoriza la incorporación de dicha distinción a su escudo heráldico. Este distintivo, que fue solicitado por el Ayuntamiento de la Villa el pasado año, se concede una vez que la Comisión Heráldica de la Comunidad Autónoma ha emitido un informe favorable.

En esta concesión el Ejecutivo canario ha aplicado el procedimiento para otorgar títulos a los municipios, así como para la incorporación de los citados títulos en el escudo municipal, que se prevé en la Orden de 15 de noviembre de 1990, de la Consejería de la Presidencia.

Dicha orden regula el procedimiento a seguir para la aprobación, por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, de escudos heráldicos, blasones y banderas de las islas y municipios del Archipiélago, a los expedientes que se tramiten para la concesión a las Corporaciones Locales de tratamientos, honores y distinciones, así como para el otorgamiento a islas y municipios de títulos, lemas y dignidades.

De acuerdo con dicho procedimiento, se ha recabado el informe de la Comisión Heráldica de la Comunidad Autónoma de Canarias, realizado en la sesión celebrada el 10 de febrero de 2022. Dicha comisión fundamenta el otorgamiento del título de ‘Histórica’ a la Villa de La Matanza de Acentejo en que, tradicionalmente, la concesión de estas distinciones honoríficas municipales ha ido aparejada al reconocimiento y proclamación de sucesos de gran importancia, que merecen ser recordados en los textos históricos, y cuya trascendencia se puede circunscribir al propio ámbito local o exceder del mismo.

Así, señala que, en este supuesto, concurren méritos suficientes acaecidos para ser públicamente honrada con la concesión del privilegio de usar tratamiento del título de ‘Histórica’. Al respecto, destaca que “en la matanza o derrota de Acentejo, acontecida en el año 1494, fueron derrotados los conquistadores por los aborígenes, quienes aprovechándose de las condiciones del terreno que conocían muy bien, encerraron a los castellanos y a sus aliados y les atacaron, suponiendo el retraso en los planes de conquista del Adelantado Alonso Fernández de Lugo”.

Con esta distinción, el municipio de La Matanza de Acentejo tendrá que adherir a su escudo heráldico, bajo la punta, cinta de plata con la leyenda en sable y en letra mayúscula del título de ‘Villa Histórica’.

El Gobierno amplía el crédito de Emergencias en 2,9 millones de euros para abonar gastos generados por la erupción

Declara razones motivadas por la catástrofe para aumentar la partida y poder abonar los costes de traslados, alojamiento y manutención de personas evacuadas y de personal interviniente

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias asumió, entre el 19 de septiembre de 2021 y el 31 de enero de 2022, la gestión de la emergencia en el marco del PEVOLCA

El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves ampliar, por importe de 2.947.109,26 euros, el crédito de las partidas para 2022 de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, con el fin de poder hacer frente a los gastos generados por la erupción volcánica en La Palma, cuyas facturas y documentos equivalentes se han recibido hasta el 31 de enero de 2022, fecha en la que la emergencia pasó a nivel 1 y a ser gestionada por el Cabildo palmero.

Los pagos a realizar están relacionados, principalmente, con traslados, alojamiento y manutención, tanto de personas evacuadas como de personal propio y de activación de recursos de otras administraciones públicas.

De hecho, del total del crédito, 2.630.254,85 euros se corresponden con pagos de alojamiento de personas evacuadas, mientras que el resto se destina a indemnizaciones por razón del servicio del personal de emergencia propio, al transporte del personal ajeno de los servicios de emergencia o a los gastos de infraestructuras.

La ampliación de crédito tiene como finalidad abonar dichos gastos para paliar, con carácter urgente, los problemas que se pudieran ocasionar por la prestación del servicio sin recibir la correspondiente contraprestación, así como evitar la demora en el pago a proveedores.

La gestión de la emergencia por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha generado una serie de gastos que han sido asumidos por la Dirección General de Seguridad y Emergencias desde que se decretó el 19 de septiembre de 2021 la situación de emergencia, en nivel 2 (semáforo rojo), en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), cuya dirección ostentó el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, hasta el 31 de enero de 2022.

El Gobierno aprueba la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias para el periodo 2022-2027

Este instrumento pretende impulsar el sector en el Archipiélago, a través de la creación de empresas y fortalecimiento y modernización de las existentes con el objetivo de posicionarlo en un 7,7% del PIB, un 25% más de lo que registra en la actualidad

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) 2022-2027, un documento elaborado para impulsar el desarrollo del sector industrial de Canarias, a través de la creación de empresas y el crecimiento y modernización del actual tejido.

La EDIC se ha elaborado contando con una extensa e intensa participación de todo el ecosistema de la industria canaria, desde administraciones públicas, universidades, empresas, colegios profesionales, cámaras de comercio, agentes del conocimiento y de innovación, y las patronales Asinca, Femete y Femepa, y se considera el instrumento más importante con el que cuenta la Administración para potenciar este sector.

Para su elaboración, desde la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias se han realizado numerosa encuestas y entrevistas a empresas y entidades y creado un panel de expertos y grupos focales con 76 participantes en torno a temas como la Industria 4.0., la innovación, la posición internacional, la competitividad, el medio ambiente, los recursos humanos y el emprendimiento o la energía y las infraestructuras.

De ahí ha resultado un documento que cuenta con un diagnóstico de situación, compuesto por una radiografía cuantitativa de su peso, así como el análisis de fortaleza, debilidades y oportunidades, y con una definición de toda una serie de políticas industriales y de gobernanza, articuladas en 5 ejes, 21 medidas y 45 acciones cuyo ámbito temporal de aplicación se extienden en los próximos 5 años.

Estas acciones se en torno a la innovación y la transformación digital del sector; la formación dual industrial; la sostenibilidad; la colaboración institucional y la consolidación y crecimiento empresarial.

El plan de acción está dirigido a incrementar en 5 años, entre otros indicadores, la participación del sector industrial en la economía canaria, posicionando al sector en un 7,7% del PIB, un 25% más de lo que registra en la actualidad, fortaleciendo el tejido industrial.

Al respecto, la meta fijada en la EDIC de aquí a 2027 es ampliar en un 10% el tejido manufacturero (con unas 500 empresas más de las 4.990 existentes en la actualidad en las islas).

Asimismo, se habilitarán los medios para propiciar empresas de mayor tamaño, lo que supone disponer en Canarias de unas 50 o 60 empresas más que superen los 10 empleados. Ahora hay 477 y el objetivo para 2027 son 525, así como contar con mayor número de establecimientos en los sectores de las nuevas tecnologías (un 10% más de los existentes ahora).

Según el análisis estadístico, basado en datos de 2019 -para evitar la distorsión que produciría el impacto de la Covid en las principales magnitudes de los dos últimos años-, la industria canaria la componen 5.747 empresas, que emplearon en 2019 a 39.193 personas.

La mayoría de las empresas y del empleo corresponde al sector manufacturero, que representa el 86,8% del tejido industrial canario y el 77% de su empleo, lo cual muestra su carácter estratégico en el tejido industrial de Canarias.

No obstante, se advierte que el tamaño medio de las empresas industriales canarias (6,8 empleos) es sensiblemente inferior a los 13,9 empleos de media de las empresas industriales del conjunto de España. A ello contribuye decisivamente el hecho de que sea un tejido empresarial formado principalmente por microempresas, la mayoría de ellas con menos de 5 empleos y donde el empresariado autónomo tiene una gran relevancia.

En cuanto a su peso, la industria aportó en 2019 a la economía canaria el 6,2% del VAB, mientras que en el conjunto de España representó el 15,8% y en la Unión Europea el 19,1%.

Un dato relevante que sustenta la importancia de apostar por este sector en las Islas es su productividad por persona ocupada, que se eleva a 67.814 euros (VAB/persona), frente a los 50.668 euros del conjunto de la economía canaria, es decir un 33,8% superior.

El documento incorpora también un análisis DAFO de la industria canaria, en el que se distingue como principal fortaleza, entre otras 24, la existencia de un subsector estratégico consolidado, como es el manufacturero, que concentra más del 80% de las empresas industriales y más del 70% de la empleabilidad del sector; y como principal oportunidad se señala, entre 22, la concienciación progresiva existente en las islas de quienes consumen producto local, así como una mayor apuesta por ello desde el sector turístico y comercial.

Como debilidad, entre otras 30 identificadas, se apunta al reducido tamaño del tejido empresarial, en el que más del 80% de las empresas industriales de Canarias tienen 5 o menos empleos; y como amenaza el aumento del coste de la energía y de otras materias primas, con importante afectación a la competitividad del tejido industrial de Canarias.

El Gobierno aprueba elevar las ayudas para la modernización y diversificación del sector industrial

El Consejo suma a la convocatoria de 2022 1,5 millones de euros más para incluir como actuaciones subvencionables las vinculadas a la economía circular y a la eco-innovación aplicada a la mejora del proceso de producción, entre otras

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves una modificación de crédito para el programa de subvenciones para la Modernización y Diversificación del Sector Industrial, lo que supone habilitar 1.530.000 millones de euros más para esta convocatoria de ayudas en el ejercicio de 2022, que ascenderá a un total 7.844.741 millones de euros.

El Consejo de Gobierno autorizó la modificación de tres programas consignados en el presupuesto de la Dirección General de Industria y ya cubiertos por otras vías, para mejorar la dotación de las subvenciones que gestiona este departamento. Estas subvenciones están dirigidas a incentivar la ejecución de proyectos en las pymes industriales canarias, dando así respuesta a las necesidades del sector.

Para esta convocatoria anual de ayudas, el departamento que dirige Yaiza Castilla acometió ya en el año 2020 una modificación de las bases, ampliando su ámbito de actuación con objeto de contemplar dentro de las actuaciones subvencionables las vinculadas a la transformación digital.

A la vista de sus resultados, esta línea de ayudas se ha consolidado como un instrumento público fundamental de fomento del sector industrial y como una referencia importante para las industrias canarias, contribuyendo a un marco estable e incentivador de la planificación de inversiones.

Así lo reflejan los datos publicados de las sucesivas convocatorias, y las posteriores resoluciones de concesión. Dichos datos reflejan que el incremento al alza de los fondos públicos destinados anualmente a dicha línea de ayudas ha tenido una paralela respuesta del sector en forma del aumento de los proyectos presentados y subvencionados, y viceversa.

Por ello, en el presente año 2022, al objeto de continuar dando una adecuada respuesta a la evolución de la realidad económica y social de Canarias se estima necesario seguir realizando ajustes puntuales en la regulación de este régimen de ayudas, conservando su núcleo.

En ese sentido, las principales modificaciones obedecen, por un lado, a cuestiones relacionadas con la política del sector industrial, como puede ser la incorporación entre las actuaciones subvencionables las vinculadas a la economía circular y a la eco-innovación aplicada a la mejora del proceso de producción, o la mejora de las condiciones para los proyectos de transformación digital. Y, por otro lado, a políticas transversales, principalmente contribuyendo a la implantación en el sector industrial de las medidas recogidas en la legislación nacional y autonómica sobre igualdad entre mujeres y hombres.

En este marco, dado el gran volumen de solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones de los años 2020 y 2021, y el elevado importe de los proyectos presentados, se ha considerado oportuno se tramite en el presente año 2022, en el marco de las nuevas bases reguladoras, una convocatoria de subvenciones con una dotación suficiente que pueda dar respuesta a las necesidades del sector industrial y que favorezca la recuperación de la competitividad de las empresas canarias.

El gasto en medicamentos del Servicio Canario de la Salud ascendió a 49,7 millones de euros en febrero

El último mes se facturaron un total de 4.207.517 recetas

La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a febrero de 2022, mensualidad en la que se emitieron 4.207.517 recetas, un 6,72% más que en el mismo período del año anterior.

El gasto en medicamentos y productos dietoterápicos ascendió a 49.738.647,26 euros.

Por Áreas de Salud, Gran Canaria emitió el pasado mes 1.865.191 recetas, seguida de la de Tenerife, con 1.769.640; Lanzarote, con 210.423; La Palma, con 163.813; Fuerteventura, con 137.675; La Gomera, con 40.594, y El Hierro, con 20.181.

En cuanto al gasto medio por receta, se situó en 11,67 euros, un 1% menos respecto a febrero de 2021. El gasto más elevado se registró en el Área de Salud de La Gomera, con 13,07 euros, mientras que la de Fuerteventura, con 11,24 euros, reportó el importe más bajo.

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

De acuerdo a estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de febrero que se comunica al Ministerio asciende a 47.422.310,44 euros.

El Gobierno de Canarias destina 1,3 millones a financiar el recurso Arca de Noé en Fuerteventura

Este instrumento se utiliza para el aislamiento o cuarentena de personas que lo tengan indicado por razón del COVID-19 y presentan dificultad para su cumplimiento

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a las contrataciones realizadas por el procedimiento de emergencia en el Área de Salud de Fuerteventura, dentro del proyecto Arca de Noé, para el alojamiento de corta estancia de personas vulnerables positivas en COVID-19 o que han sido contactos estrechos, por un importe total de 1.342.935,60 euros.

Las contrataciones consistieron en la puesta a disposición de alojamientos de corta duración a personas migrantes o socialmente vulnerables que presentaban dificultades para cumplir los períodos de cuarentena indicados.

El proyecto Arca de Noé fue puesto en marcha por el Servicio Canario de la Salud en octubre de 2020 y está destinado, además, a personal sanitario con diagnóstico, sospecha o contacto de COVID-19 o con alto nivel de exposición laboral al contagio, con independencia de que deban realizar aislamiento o cuarentena.

De esta manera se evita la propagación del virus como consecuencia de nuevos contagios, el uso de recursos sanitarios sin que existan motivos asistenciales que lo justifiquen y la reducción de la presión hospitalaria.