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El Gobierno designa nuevos gerentes para los Servicios Sanitarios de Fuerteventura y Atención Primaria de Tenerife

Alejandro Miguens Uriel y Juan José Afonso Rodríguez sustituyen a María Luisa Naranjo Báez y a Jesús Delgado Santana como gerentes de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura y de Atención Primaria de Tenerife, respectivamente

El Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión de hoy, los nombramientos de los gerentes de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura y de Atención Primaria de Tenerife, tras el cese a petición propia de las personas que ocupaban dichos cargos en ambas instituciones del Servicio Canario de la Salud, a quienes el Gobierno agradece los servicios prestados.

Así, Alejandro Miguens Uriel sustituye a María Luisa Naranjo Báez como gerente de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura, mientras que Juan José Afonso Rodríguez ocupará el cargo de gerente de Atención Primaria de Tenerife en sustitución de Jesús Delgado Santana.

Alejandro Miguens, gerente de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura

Alejandro Miguens Uriel, licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina de Urgencias y Emergencias. Además, cuenta con los másteres en Ecografía Clínica para Emergencias y Cuidados Críticos e Iniciación a la Investigación en Medicina.

Hasta la actualidad ocupaba el puesto de director médico de Atención Especializada del Hospital General de Fuerteventura. Anteriormente, fue médico y coordinador del servicio de Urgencias Hospitalarias del centro hospitalario majorero, con lo que cuenta con amplia experiencia en la actividad clínica y de gestión de la Gerencia de Servicios Sanitarios. También cuenta con una amplia trayectoria como docente en cursos formativos en el ámbito clínico.

Cuenta con experiencia en gestión sanitaria hospitalaria, dirección médica, coordinación de servicios críticos y liderazgo de equipos multidisciplinares. Orientado a la optimización de recursos, mejora de la calidad asistencial y eficiencia organizativa dentro del sistema sanitario público.

Juan José Afonso, gerente de Atención Primaria de Tenerife

Juan José Afonso Rodríguez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, premio extraordinario de Licenciatura, y doctor en Medicina y Cirugía por la ULL, con premio extraordinario de Doctorado. También cuenta con el Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias y un máster en Dirección de Sistemas Integrados de Salud.

A lo largo de su trayectoria ocupó los puestos de gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, del Hospital La Colina, y director general de centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. También fue asesor académico en programas de gestión y alta dirección sanitaria en ADES Health Pro.

Afonso cuenta con una trayectoria de cuarenta años de experiencia en el sector sanitario como médico cirujano, profesor universitario, investigador-doctor en Medicina, asesor, director de hospitales y de grandes organizaciones sanitarias. Asimismo, tiene experiencia en el diseño y ejecución de planes estratégicos para la transformación e innovación.

El Gobierno aprueba el decreto ley de medidas fiscales y ayudas directas para paliar el impacto de la guerra

Incluye la aplicación del IGIC cero al combustible, el refuerzo de las devoluciones a transportistas y agricultores, la ampliación de productos básicos y ayudas directas al sector primario e industrial

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto ley que recoge un conjunto de medidas fiscales, económicas y de apoyo directo a los sectores productivos con el objetivo de paliar los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio. La norma será de aplicación desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y deberá ser convalidada en el Parlamento de Canarias.

El paquete de actuaciones responde a la necesidad de adaptar al archipiélago las medidas estatales recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico, y reforzar así el escudo socioeconómico en un territorio especialmente vulnerable por su condición de región ultraperiférica.

El conjunto de medidas tendrá, finalmente, un coste estimado de 29,8 millones de euros, que podría alcanzar los 60 millones de euros anuales en caso de prolongarse la crisis.

La aprobación del decreto ley se justifica por la evolución del conflicto y su impacto inmediato en los precios de la energía, los combustibles, el transporte y los bienes básicos, con especial incidencia en sectores estratégicos como el transporte, el turismo, el sector primario y la industria.

Medidas fiscales sobre la energía y los combustibles

El decreto ley establece la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluyendo combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña, con el objetivo de contener el incremento de precios y reducir el coste para familias y empresas. Esta medida tendría un coste estimado de 14,1 millones de euros anuales, y de 3,9 millones de euros para un periodo inicial de 100 días, que es el periodo que estableció el decreto ley estatal para su paquete de ayudas.

Asimismo, se incrementa hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, lo que supondrá un coste de 19,4 millones de euros anuales y de 5,3 millones en los citados 100 días.

Ampliación del IGIC cero a productos básicos

Como medida de apoyo a las familias, el decreto incorpora nuevos productos a la cesta de bienes esenciales que tributan al 0% de IGIC. En concreto, se incluyen ahora la sal, la mantequilla y el café. Esta medida tendrá un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros anuales y de 900.000 euros en el periodo inicial de aplicación.

Apoyo a autónomos

La norma permite elevar hasta 50.000 euros el límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, lo que permitirá reducir cargas fiscales y administrativas, la denominada exención de declaración del impuesto.

Esta medida está dirigida a personas físicas (autónomos) y tiene carácter voluntario, pudiendo optar por acogerse a este régimen quienes cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, se establece un régimen transitorio para facilitar la incorporación a partir del 1 de julio de 2026. El coste estimado de esta medida asciende a 12,5 millones de euros para el año en curso.

Apoyo al sector industrial y al primario

El decreto ley prevé la habilitación de una partida extraordinaria para el desarrollo de actuaciones de apoyo al sector industrial canario y al primario, con el fin de compensar el incremento de costes energéticos y de producción. En este ámbito, se contempla una dotación adicional de 7,2 millones de euros.

El Gobierno de Canarias subraya que este decreto ley permite dar una respuesta inmediata y adaptada a las singularidades del archipiélago, garantizando la eficacia de las medidas de apoyo en un contexto de elevada incertidumbre internacional.

Asimismo, insiste en la necesidad de que las futuras medidas estatales incorporen una “cláusula canaria” que permita ajustar las políticas públicas a las condiciones específicas de las islas.

Sanidad destina10,5 millones de euros para el servicio de lavandería del Hospital Insular-Materno Infantil

El servicio se contratará por un período de cuarenta y ocho meses e incluirá la gestión integral de un sistema de trazabilidad de la uniformidad

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 10.512.127,16 euros con destino a la contratación del servicio de lavandería y gestión de la trazabilidad de la uniformidad del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Canarias , dependiente del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La contratación del servicio se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, por un período de cuarenta y ocho meses, comprendidos entre las anualidades de 2026 a 2030, prorrogable por un año más.

El servicio de lencería a contratar se encargará de realizar los procesos de lavado e higienización de la ropa hospitalaria del complejo hospitalario, que garanticen la descontaminación y preservación del textil, mediante la aplicación de sistemas, procedimientos y programaciones muy rigurosas y respetuosas con la actividad asistencial.

Paralelamente, para disponer de un mayor control de la uniformidad puesta a disposición del personal y mejorar la organización y gestión de la lencería se contratará un sistema que permita asegurar la trazabilidad de las prendas dentro del complejo hospitalario y durante el proceso de lavado.

La ropa hospitalaria es un recurso esencial para garantizar el funcionamiento de la actividad sanitaria, la seguridad y la calidad asistencial, que requiere de procesos de lavado e higienización en instalaciones específicas y personal especializado en estas tareas.

La realización centralizada de estos procesos, objetivo que se persigue con la licitación del servicio de lavandería, permitirá aprovechar economías de escala en inversiones en maquinaria industrial, implantación de infraestructura de trazabilidad y organización logística.

El Gobierno aprueba destinar 60.000 euros a la redacción del Plan de Accesibilidad Universal de Adeje, en Tenerife

El Plan busca mejorar la calidad del destino turístico y garantizar que todas las personas usen los espacios públicos con plena inclusión
La actuación se enmarca en la estrategia autonómica para modernizar infraestructuras, crear entornos más accesibles, eficientes y sostenibles

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Jéssica de León, ha aprobado una partida de 60.000 euros destinada a financiar el proyecto de redacción del Plan de Accesibilidad Universal del municipio de Adeje, en Tenerife, tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento.

El Plan tiene como objetivo que residentes y visitantes, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan disfrutar de los espacios urbanos del municipio en igualdad de condiciones y con plena inclusión.

Esta actuación se integra en la estrategia del Ejecutivo autonómico para modernizar equipamientos, crear entornos más accesibles, eficientes y sostenibles, contribuyendo también a mejorar la infraestructura turística local y a cumplir los objetivos del programa de Infraestructuras Turísticas y Gestión Integral de Núcleos Turísticos.

El Gobierno aprueba un paquete de medidas para paliar la crisis generada por la guerra de Irán

La rebaja a cero del IGIC a los combustibles, la bonificación del Impuesto sobre combustibles a los transportistas y agricultores y las ayudas directas al sector primario e industrial, entre las prioridades del Ejecutivo

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este lunes a la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales y económicas destinadas a paliar los primeros efectos que el inicio de la guerra en Irán ha provocado en las Islas. El coste de algunas de estas acciones será asumido por el Gobierno de España, ya que el archipiélago había quedado fuera de los beneficios de las iniciativas adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis internacional.

Dichas actuaciones respondían al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias —centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos— no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico; además, dicho decreto tiene una duración inicial de 100 días.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha ideado un paquete de medidas propias, dentro de sus competencias, para trasladar a las islas los efectos positivos de dichas iniciativas y mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles, la energía y los bienes básicos.

El conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Canarias tendrá un coste de 29,8 millones de euros y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones anuales. Las acordadas este lunes en el Consejo de Gobierno son:

  • Reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales, se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.

  • Incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones.

  • Aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.

  • Ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.

  • Creación de un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.

Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.

Solicitudes al Gobierno de España

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado trasladar al Estado un conjunto de medidas complementarias orientadas a reforzar la respuesta económica y social ante la crisis.

Entre las principales propuestas destacan:

  • La flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias.

  • La implantación de una bonificación estatal al precio del combustible.

  • La reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

  • La actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura.

  • La puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos.

  • La creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.

Asimismo, se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.

El Ejecutivo canario también reclama al Estado la adopción de medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, entre ellas:

  • La rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias.

  • El impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina.

  • El incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).

  • La exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad.

  • El aumento del límite de ayudas minimis para empresas.

El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico subraya que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.

Sanidad destinará 54,8 millones a la adquisición de un suministro de medicamentos para terapias génicas

Se trata de fármacos innovadores para tratar la hemofilia B y la atrofia medular espinal (AME), cuya indicación y seguimiento se realiza en los hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 54.804.480 euros para la adquisición de medicamentos destinados a terapias génicas de la hemofilia B y la atrofia medular espinal (AME), cuya indicación y seguimiento se realiza en hospitales del Servicio Canario de la Salud designados centros de referencia para estos tratamientos.

Se trata de nuevos fármacos, cuya financiación pública fue aprobada recientemente por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que se comprarán por primera vez por el Servicio Canario de la Salud para el tratamiento de los pacientes.

Estos fármacos innovadores están basados en genes que, por su precisión y acción correctiva o modificadora del defecto genético causante de la enfermedad, ofrecen oportunidades para tratar algunas patologías, lo que supone un avance muy significativo para la mejora de la esperanza y la calidad de vida de algunos pacientes. Asimismo, estas terapias génicas se encuentran incluidas dentro de las consideradas terapias avanzadas.

Actualmente, los hospitales universitarios Ntra. Sra. de Candelaria y Doctor Negrín están designados centros de referencia provinciales para la indicación, administración y seguimiento del tratamiento de la hemofilia B grave, así como el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, para la indicación, administración y seguimiento de las terapias génicas de la atrofia medular espinal (AME).

El expediente de contratación agrupará la compra de todos los medicamentos financiados dentro del Sistema Nacional de Salud, que sirven de base a las terapias génicas para estas dos patologías, por un período de cinco años, sin posibilidad de prórroga.

La contratación del suministro se realizará mediante el establecimiento de un sistema dinámico de adquisición, considerado el más idóneo por el elevado impacto presupuestario de las terapias génicas, la variabilidad existente en las empresas suministradoras, la posibilidad de aparición de nuevas moléculas para estas indicaciones y la agilidad administrativa de la contratación mediante la homologación de proveedores.

El sistema dinámico de adquisición ha sido utilizado en el Servicio Canario de la Salud para la adquisición de otros suministros de medicamentos, como las terapias CAR que se administran en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Las terapias génicas tienen un alto impacto presupuestario, lo que requiere de un tratamiento específico a través de un instrumento de contratación pública que responda adecuadamente a las peculiaridades que surgen tanto de los diversos agentes del mercado que lo pueden suministrar como de la forma de dispensación del tratamiento y de su forma de pago.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización de tres explotaciones con un total de 725 cabezas de ganado

El Consejo autoriza la actividad de estas instalaciones localizadas en Telde (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Arico (Tenerife), que suman ya un total de 36 desde el inicio de la legislatura

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 30 de marzo, la legalización territorial de tres explotaciones, que suman en total 725 cabezas de ganado, en los municipios de Telde (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Arico (Tenerife), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

La medida supone un avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y afecta a tres explotaciones dedicadas principalmente al ganado caprino, una de las cuales se complementa con producción avícola. Con las tres aprobadas hoy, el total asciende a 36 legalizaciones desde el inicio de la legislatura.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones se enmarcan en un plan de regularización para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como a otras administraciones públicas, entre ellas la Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Consejo de Gobierno autoriza las condiciones y requisitos para la jubilación parcial del personal laboral

La medida regula el procedimiento y las condiciones de reducción de jornada de entre el 25 % y el 75 %

El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, el acuerdo por el que se establecen las condiciones y requisitos para el ejercicio del derecho al acceso a la jubilación parcial, sin necesidad de suscribir un contrato de relevo obligatorio, del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

El acuerdo regulatorio, alcanzado con la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo del Personal Laboral a través de la Dirección General de la Función Pública, permitirá reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75%. A partir de ese momento, la persona trabajadora continuará desempeñando su mismo puesto mediante la transformación de su contrato de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, con la correspondiente reducción proporcional de sus retribuciones.

La solicitud deberá presentarse con al menos seis meses de antelación respecto a la fecha en la que pretenda dejar de trabajar a jornada completa. Para poder acceder a esta modalidad, será necesario ser personal laboral de la Administración autonómica, estar en régimen de jornada completa y cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social.

Requisitos

El texto establece que, con carácter general, durante los tres primeros meses de jubilación parcial, la persona trabajadora deberá prestar servicio diariamente en la parte de jornada que le corresponda. Este periodo tiene como objetivo facilitar la transmisión de conocimientos y experiencia al resto del personal de la organización.

Una vez superados esos tres meses iniciales, la prestación del trabajo podrá mantenerse de forma diaria o bien organizarse de manera acumulada —semanal, mensual, anual o incluso concentrada en un único periodo— hasta el momento en que la persona acceda a la jubilación ordinaria total.

En los puestos vinculados a servicios públicos esenciales, como centros educativos o del área de bienestar, la jornada podrá organizarse de forma acumulada desde el inicio para garantizar la prestación del servicio.

Derechos

El acceso a la jubilación parcial estará condicionado al reconocimiento de la pensión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Una vez concedida, se modificará el contrato a tiempo parcial y la persona trabajadora continuará en su mismo puesto hasta la jubilación total, sin poder participar en procesos de promoción interna, selección de personal, concursos de traslado u otros procedimientos de movilidad, salvo por motivos de salud.

La persona que acceda a la jubilación parcial mantendrá los mismos derechos que el personal que trabaja a jornada completa, si bien aquellos vinculados al tiempo de trabajo se disfrutarán de forma proporcional a la jornada efectivamente realizada. En particular, tendrá derecho a vacaciones y a días de asuntos particulares en función del tiempo trabajado, con independencia de que la prestación de servicios se realice de forma acumulada o no.

Asimismo, el acceso a esta modalidad de jubilación no supondrá la pérdida de derechos adquiridos ni de la antigüedad reconocida, y la Administración no podrá disponer del puesto de trabajo mientras la persona permanezca en situación de jubilación parcial.

La autorización del acuerdo se formalizará mediante la firma de un acta entre la Dirección General de la Función Pública y las organizaciones sindicales representadas en la Comisión Negociadora del convenio colectivo. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias para su entrada en vigor.

El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el decreto de persona facilitadora de apoyo en sedes judiciales

Se regula la figura que asistirá a las personas con discapacidad y a mayores de 75 años en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, solicitar el dictamen al Consejo Consultivo sobre la figura de la persona facilitadora que prestará apoyo a personas con discapacidad y a mayores en sedes judiciales y fiscales.

Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, principios de actuación, actuaciones a realizar y la forma de designación del personal experto que actúe como personal facilitador, para asistir a las personas con discapacidad, así como a personas mayores con 75 años o más en los procesos y actuaciones judiciales o ante el Ministerio Fiscal, garantizándose así, la igualdad de las personas destinatarias de este recurso en sus relaciones con la Administración de Justicia.

De esta forma, el Gobierno de Canarias consolida su apuesta por una mayor humanización de la justicia y avanza en la accesibilidad del sistema al eliminar barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión.

La persona facilitadora deberá asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales, apoyar a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes razonables, las adaptaciones y el apoyo adecuados. Se hace constar que la persona facilitadora no habla en nombre de las personas destinatarias, ni del sistema de justicia, ni debe dirigir o influir en la toma de las decisiones o en los resultados. Sus funciones serán informar, diseñar y facilitar, tanto a los profesionales de la justicia implicados, como a las personas destinatarias.

Para poder ser designados como personas facilitadoras, deben estar en posesión de la titulación y/o graduación en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, pedagogía, psicopedagogía y criminología. Además, tiene que contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad; estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad o personas mayores en procesos judiciales; acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad y las personas mayores.

Otro requisito es carecer de antecedentes penales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, aportando el correspondiente certificado de delitos de naturaleza sexual o bien permitiendo a la administración pública comprobar el contenido del registro. Por último, se requiere estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal facilitador.

Cuando la persona con discapacidad sea menor de edad, la persona que actúe como su persona facilitadora debe reunir los requisitos señalados en el artículo anterior y además estar en posesión de cursos de formación específica en atención a la infancia y adolescencia con una duración mínima de 60 horas.

Otras actuaciones de la Consejería

En la misma línea de humanizar la justicia, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderla y también ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las víctimas menores de edad que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

El Consejo de Gobierno autoriza el reparto de 433 millones del Fondo de Financiación Municipal 2026

El gasto supone un incremento del 8,35% con respecto al ejercicio 2025, lo que se traduce en 33.370.484 euros más

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al ejercicio 2026, por un importe total de 433.016.987 euros, en cumplimiento de lo previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este ejercicio.

Este monto supone un incremento del 8,35 % con respecto al 2025, lo que se traduce en un total de 33.370.484 euros más. De esa cantidad global, se destina un 1% —4.330.169,87 euros— a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), tal y como marca la normativa. El resto, 428.686.817,13 euros, se reparte entre los ayuntamientos del archipiélago.

La distribución de estos fondos se realiza siguiendo los criterios fijados por la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Entre ellos, destacan el número de habitantes de cada municipio y su dispersión territorial, es decir, cómo se distribuye su población dentro del territorio. Para ello se han utilizado los datos oficiales disponibles más recientes, correspondientes al 1 de enero de 2025.

La distribución del fondo se realiza conforme a varios indicadores, como son la población, en un 68 %; la solidaridad, en un 16 %; la insularidad periférica, en un 1 %; la extensión territorial, en un 2 %; los espacios naturales protegidos, en un 2 %; las plazas alojativas turísticas, en un 2 %; la dispersión territorial, en un 5 % y las unidades escolares, en un 4 %.

Criterios de reparto

En el caso concreto del criterio de dispersión, se han tenido en cuenta variables como la población total del municipio, el número de núcleos de población y los habitantes de la capital municipal. Dado que en los datos actuales no se especifica qué núcleo es la capital en cada municipio, se ha mantenido la misma referencia utilizada en años anteriores, basada en información oficial de 1996, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema.

Asimismo, el criterio de extensión superficial se ha basado en la información cuya certificación corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, mientras que los datos relativos a espacios naturales protegidos, plazas alojativas turísticas y unidades escolares han sido aportados por las consejerías competentes en cada materia.

Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias autoriza además el gasto completo del fondo y dará cuenta de esta decisión al Parlamento de Canarias, tal y como exige la normativa vigente.

La propuesta ha seguido todos los trámites necesarios, incluyendo la consulta a la Federación Canaria de Municipios y los informes de la Intervención General y de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.