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Se eleva al Consultivo el proyecto de decreto para crear la categoría de personal médico de cuidados paliativos

Incluida en el ámbito de la atención especializada del Servicio Canario de la Salud, su objetivo es dotar de equipos humanos y técnicos expertos en la atención integral de calidad a los pacientes al término de su vida

El Gobierno de Canarias acordó hoy en su reunión del Consejo tomar en consideración y solicitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto destinado a crear y regular la categoría de personal estatutario médico de cuidados paliativos en el ámbito del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La creación de esta nueva categoría profesional se enmarca en el objetivo del Ejecutivo canario de disponer de un número suficiente de unidades de cuidados paliativos y de equipos de soporte en los hospitales públicos que presten cuidados integrales de alta calidad a los pacientes al término de la vida y estén dotadas con una plantilla de personal médico específico, cuya actividad se desarrolle únicamente en ese ámbito, si bien podrá coexistir con otras categorías de personal sanitario o no sanitario.

Para atender esta necesidad se ha considerado conveniente crear en el nivel de la atención especializada la categoría y modalidad de médico/a de cuidados paliativos, así como regular su clasificación, funciones, jornada, retribuciones y sistema de acceso y provisión a través del decreto del que se ha solicitado dictamen.

La creación de esta nueva categoría profesional se realiza al amparo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que permite establecer, modificar o suprimir categorías de personal estatutario en su respectivo ámbito, dando cumplimiento a los requerimientos en materia de negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo establecidas en la legislación vigente, requisito que se ha cumplido con la certificación de la mesa Sectorial de Sanidad.

Se autoriza la compra de 50.000 dosis de la vacuna antineumocócica conjugada para población adulta de riesgo

Protege contra enfermedades como la meningitis, la sepsis, la neumonía y las infecciones de oído; se destinan a su adquisición 2,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 22 de abril, un gasto de 2.640.000 euros para la contratación del suministro de 50.000 dosis de la vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos, para atender las necesidades de vacunación de población adulta de riesgo de Canarias durante 2021.

La contratación se realizará por la Consejería de Sanidad, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria con el laboratorio Pfizer, que comercializa la vacuna antineumocócica conjugada Prevenar 13, la única autorizada en España que se puede administrar a población adulta, con un coste de 44 euros por dosis.

Al respecto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a solicitud del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), certificó el pasado 26 de marzo que la única vacuna antineumocócica de polisacáridos conjugada frente a 13 serotipos autorizada y comercializada en España es precisamente Prevenar 13, una suspensión inyectable del laboratorio Pfizer Europe.

El Calendario Vacunal de la Comunidad Autónoma de Canarias establece una pauta de vacunación frente a la enfermedad neumocócica invasiva a los 2, 4 y 11 meses de vida, así como a la población adulta de cualquier edad que presente patologías de base, a la que se destinarán las 50.000 dosis previstas de adquirir.

La vacuna protege a la población infantil y adulta de riesgo contra enfermedades tales como la meningitis, sepsis, neumonía e infecciones de oído.

 

El Gobierno aprueba destinar 7,3 millones al servicio de limpieza de los centros sanitarios de Fuerteventura

La contratación se realizará por un periodo de tres anualidades e incluye tanto la realización del servicio de limpieza como de otras tareas adicionales

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 22 de abril, un gasto plurianual de 7.355.991,07 euros para la contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura, para las anualidades de 2021 a 2023.

La contratación incluirá, además del servicio de limpieza, la realización de tareas adicionales necesarias en la red de centros sanitarios y administrativos de la Gerencia de Fuerteventura.

Asimismo, la partida económica cuyo gasto ha sido autorizado hoy se distribuirá entre las tres anualidades de la forma siguiente: 1.838.997,77 euros, en 2021; 3.677.995,53, en 2022, y 1.838.997,77, en 2023.

El Gobierno es informado sobre el gasto de 4,3 millones en Justicia para hacer frente a la pandemia de la COVID-19

El importe total corresponde a la adjudicación de 43 contratos para la prestación de servicios y suministros con el fin de garantizar la protección de las personas y la continuidad de la actividad judicial como servicio esencial

El Consejo de Gobierno fue informado hoy, jueves 22 de abril, del gasto de 4.377.142,83 euros correspondientes a 43 contratos para la prestación de servicios y suministros aprobados, por tramitación de emergencia, por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Han sido contratos para atender las necesidades derivadas de la COVID-19.

Esas contrataciones tienen como fin dotar a los edificios judiciales de las medidas de higiene y salubridad necesarias para la protección de las personas contra el virus y para garantizar la continuidad la actividad judicial como servicio esencial.

Dichos contratos están relacionados con el suministro e instalación de material de protección, señalización, mobiliario y limpieza y desinfección en edificios judiciales de Canarias, con la mejora de sus sistemas de climatización y ventilación y con el acondicionamiento y suministro de material informático para que el personal pueda desempeñar sus funciones en la modalidad de teletrabajo.

También se efectuaron contratos para la realización de obras en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, para dotarlo de un sistema de Bioseguridad BSL-3 y realizar autopsias de personas fallecidas por causas infecciosas, así como otros relacionados con el suministro de material y equipamiento sanitario de protección para los Institutos de Medicina Legal.

Asimismo, el gasto total contempla la colocación de sistemas de videoconferencia, el suministro de ordenadores para renovación por la implantación de la plataforma Webex Cisco y la instalación de micrófonos de sobremesa en las salas de vistas de los edificios judiciales, así como el material de señalización sobre normas de seguridad en instalaciones judiciales y trabajos de mejora en el control de acceso a éstas.

Las contrataciones realizadas mediante resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia recogen también las relacionadas con la elaboración de un proyecto audiovisual para su implementación en la formación de medidas de prevención frente a la COVID-19 para el personal al servicio de la Administración de Justicia o la integración de un programa de asistencia virtual tecnológico de interconexión e interacción ante la situación generada por la pandemia, entre otras acciones.

Autorizado el reparto de 10 millones de euros del Bono Residente Canario para líneas regulares de guaguas y tranvía

La utilización de ese bono permitió más de 30 millones de desplazamientos en transporte regular de viajeros en las siete islas, en su primer año de implantación

El Consejo de Gobierno, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha autorizado hoy a la Dirección General de Transportes el reparto entre los siete cabildos canarios de los 10 millones de euros de la anualidad 2021 correspondientes al Bono Residente Canario. Estos fondos se repartirán posteriormente, a través de los cabildos, entre las empresas de líneas regulares de guaguas y tranvía de las siete islas, para compensar por el uso del Bono Canario en sus vehículos.

El Bono Residente Canario enfila su tercer año de implantación y se ha consolidado en el Archipiélago como una alternativa eficaz y económica para utilizar el transporte público terrestre en las islas. Cuenta con más de 60.000 residentes canarios inscritos como titulares de esa tarjeta de viaje. En su primer año de implantación, en 2019, el nuevo Bono Residente Canario fue utilizado en más de 30 millones de desplazamientos. Este bono permite el uso sin límite de las líneas regulares de guaguas y el tranvía en toda Canarias pagando una tarifa plana mensual.

Con la autorización aprobada hoy, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda agiliza también los trámites de este abono para facilitar a las empresas de transporte terrestre poder disponer de este dinero con celeridad y contribuir a la reactivación del sector para superar la crisis social y económica por la COVID-19.

En concreto, hoy se ha autorizado el gasto de una partida global de ocho millones de euros, que forman parte de la subvención global de 10 millones, y que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda repartirá a partes iguales entre los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, las islas con más demanda de viajes y más abonados.

Los cabildos de estas dos islas distribuirán luego esos ocho millones entre las compañías de transporte insulares.

Los dos millones de euros restantes de la subvención se repartirán, sin necesidad de autorización previa del gasto, entre los cabildos de las otras cinco islas. De esta forma, el reparto de la subvención se establece de la siguiente forma: cuatro millones de euros para las empresas de transporte regular de viajeros de Tenerife y otros cuatro millones para las de Gran Canaria; 500.000 euros para las de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Y luego 250.000 euros para los cabildos de El Hierro y La Gomera.

Este reparto se realiza según los acuerdos alcanzados con los cabildos en función al número de habitantes de cada isla y a los usuarios del transporte público en ellas

El Gobierno toma en consideración el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de los juegos y apuestas

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección

Se delimitan las distancias entre los establecimientos de juego a 200 metros como mínimo, y de los que se establezcan a partir de ahora con los centros docentes o de atención a los menores a 300 metros, al menos

En materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego, se establece como novedad la prohibición para el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) de emitir publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial)

También se introduce la prohibición de la publicidad en equipamientos, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional

El Consejo de Gobierno ha tomado hoy en consideración, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, así como su lista de evaluación a los efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran.

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección. En este sentido, el anteproyecto de ley contempla la prohibición a dichos colectivos de las máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, al tiempo que amplía la relación de personas que tienen prohibido la participación en los juegos.

Asimismo, se impide el acceso a los establecimientos de juego a las personas que tienen prohibida la participación en los juegos o que porten armas u objetos que puedan utilizarse como tales, advirtiendo expresamente de que la prohibición de acceso a menores de edad deberá constar de forma clara y visible en la entrada del establecimiento de juego.

Se incorporan, de un lado, las personas inscritas en el Registro de Prohibidos de Acceso al Juego entre los sectores vulnerables a que hace referencia el principio general de prevención de perjuicios a terceros; y de otro, el principio general de juego responsable, que opera como un compromiso colectivo encaminado a minimizar los riesgos del juego excesivo.

Publicidad, patrocinio y promoción

Se introducen dos importantes novedades en materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego: por un lado, se prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial); y, por otro, también la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Se suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración, por lo que la explotación de las apuestas solo podrá tener lugar en establecimientos específicos de juego (locales de apuestas externas o en los espacios de apuestas externas instalados en casinos, salas de bingo y salones recreativos y de juegos).

En lo que se refiere a la planificación de juegos y apuestas, se introducen dos parámetros objetivos (población y camas turísticas), de cara a la localización y distribución de los establecimientos de juego, mientras que, en materia sancionadora, se tipifican como infracciones muy graves, entre otras, permitir el acceso a los establecimientos de juego (además de permitir su práctica) a las personas que lo tengan prohibido legal o reglamentariamente.

Infracciones

Además, se introducen nuevas infracciones graves. Entre otras, la no exhibición de forma visible en el acceso a los establecimientos de juego de la indicación de prohibición de entrada a personas menores de edad, así como la utilización de materiales y elementos de juegos y apuestas no homologados.

Se contempla una nueva infracción leve, que consiste en no presentar la pertinente comunicación previa en aquellos supuestos de transmisión de actividades o establecimientos cuya realización, instalación, apertura o funcionamiento esté sujeta a declaración responsable o comunicación previa.

Se actualizan e incrementan las horquillas inferiores y superiores de las sanciones leves, graves y muy graves. En lo que concierne a la graduación de las sanciones, se precisa, que uno de los criterios de ponderación, vendrá constituido bien por la transcendencia social o bien por la transcendencia económica de la acción.

Asimismo, se regula el cierre de los establecimientos de juego clandestinos, esto es, de aquellos que carezcan de título habilitante, precisando que dicha medida no tiene carácter sancionador.

Tendrán la consideración de responsables de algunas infracciones tipificadas en la ley las personas autoras de los proyectos, certificados e informes técnicos considerados falsos o inexactos, y se amplía el plazo de prescripción, de un lado, de las infracciones leves y muy graves, que pasa a ser de uno y cuatro años, respectivamente; y de otro, de las sanciones muy graves, que pasa a ser de cuatro años.

Se fija en un año el plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores en materia de juego y se introduce un nuevo capítulo referido a la ordenación del juego responsable, que está integrado por cinco preceptos.

Así, se regula la autorización autonómica previa a la apertura de locales e instalaciones en los que se desarrollen juegos no reservados autorizados por la Administración del Estado, exonerando de dicha autorización a los establecimientos que comercialicen juegos gestionados por la SELAE y por la ONCE.

Sobre las políticas de juego responsable, se delimitan el alcance de las mismas y se relacionan diversas acciones encaminadas a proteger a las personas consumidoras de servicios de juego.

Distancias entre establecimientos y con los colegios

También se delimitan las distancias mínimas entre los propios establecimientos de juego, estableciendo con carácter general a partir de ahora una distancia de 200 metros entre cualesquiera de estos, como mínimo.

Asimismo, la distancia de los establecimientos de juego que se abran a partir de ahora con respecto a los centros docentes o de atención a menores deberá ser de 300 metros, al menos. En la actualidad, la distancia es de 50 metros para locales de apuestas externas, bingos y otras categorías.

Es la misma distancia que determina la zona de influencia de centros de enseñanza y de atención a menores en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica de juego que se ha venido exigiendo a los salones recreativos y de juegos, que ahora se generaliza para cualesquiera establecimientos de juego.

Igualmente, se establece la obligación de que todos los establecimientos de juego dispongan de un servicio de admisión que controle el acceso e impida el acceso a aquellas personas que lo tengan prohibido; correlativamente, exige que las empresas que, en su caso, exploten modalidades de juego de ámbito autonómico por medio de canales telemáticos dispongan de un sistema que permita identificar a los jugadores y comprobar que no están incursos en prohibiciones para jugar.

También se exige la colocación de una placa-distintivo en los establecimientos de juego que dispondrá de un código QR o tecnología de escaneo similar susceptible de suministrar información del local derivada del Registro del Juego.

De la misma manera, se amplían las causas de revocación de las autorizaciones, incluyendo entre dichas causas tanto la falta de constitución o reposición de garantía como el cierre del local sin autorización.

Se incorporan diversas causas de ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como diversas pautas procedimentales para la declaración de dicha ineficacia, y se regula la documentación precisa para tramitar las declaraciones responsables de instalación, apertura y funcionamiento de salones y locales de apuestas externas, hasta tanto se desarrollen reglamentariamente los modelos y requisitos para ello.

Contexto

El Parlamento de Canarias, en sesión del Pleno de fecha 10 y 11 de diciembre de 2019, debatió y aprobó la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones, en la que se insta al Gobierno de Canarias, entre otros aspectos, a regular la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego; a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa, y a impulsar la creación de una mesa de expertos para llevar a cabo una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas.

En cumplimiento de esa resolución, el Ejecutivo autonómico aprobó el Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas, norma con fuerza de ley que dispuso la suspensión de la vigencia del régimen de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas hasta el 31 de diciembre de 2021, así como otras medidas.

Tras la promulgación y convalidación parlamentaria del referido Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, el Parlamento aprobó su tramitación como proyecto de ley, lo que dio lugar a la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas.

La misma establece que el Gobierno de Canarias impulsará una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiendo dicha iniciativa a la que el Gobierno ha tomado en consideración hoy.

Por otra parte, entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre de 2020, en el portal web https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/  estuvo publicada en la fase de consulta pública previa la iniciativa normativa para la elaboración de este anteproyecto de ley a fin de recabar la opinión de la ciudadanía de conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el citado portal web, 30 personas y entidades utilizaron este canal de participación y colaboración para hacer llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sus aportaciones.

El Gobierno planifica hasta 2024 el nivel de gasto para blindar los servicios públicos esenciales

Consejo de Gobierno de Canarias

El Ejecutivo aprueba el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales para el periodo 2022-2024

El Gobierno de Canarias prevé mantener durante los próximos tres años la capacidad de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2021 para tratar de contrarrestar los efectos de la crisis causada por la pandemia, fortaleciendo para ello los servicios públicos fundamentales y apoyando a los colectivos más vulnerables y a los sectores económicos; además, se preservará la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, según el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales para el periodo 2022-2024 aprobado definitivamente este jueves, 15 de abril, por el Consejo de Gobierno.

En este plan se enmarca la elaboración de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma para dicho trienio, con la previsión de ingresos y gastos, así como los ajustes de contabilidad nacional, garantizando en todo momento el cumplimiento de la agenda social del Gobierno. Su elaboración responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y a una Comunicación de la UE sobre la denominada cláusula de salvaguarda, si bien se realiza en un marco de múltiples incertidumbres y en ausencia de la determinación de las reglas fiscales.

Para la elaboración de los escenarios plurianuales, y fundamentalmente para la elaboración de las previsiones de ingresos por tributos propios y cedidos, se ha tomado como base el contexto macroeconómico en el que se recoge la evolución del PIB de la Comunidad Autónoma.

La previsión revisada es del 7% de incremento del PIB, estimado a partir de la referencia del ultimo “Proyecciones Macroeconómicas para la Economía Española (2021-2023)” del Banco de España, que rebaja hasta el 7 por ciento el incremento del PIB. A partir de ahí se actualiza el próximo trienio con las estimaciones del informe elaborado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en sus escenarios más pesimistas para Canarias: el 12,0% para 2022; el 5,3% para 2023 y el 4,20% para 2024.

Por lo que se refiere al límite de gasto no financiero y objetivo de estabilidad, toda vez que ha sido suspendida la aplicación de la regla de gasto para los ejercicios 2020 y 2021, y no figura ninguna valoración de la tasa de referencia de crecimiento de la economía española, no es posible realizar el cálculo de la evolución del límite de gasto no financiero conforme a la metodología habitual en los ejercicios previos a la pandemia. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de las reglas fiscales, el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma lo determinarán los ingresos.

Respecto a los recursos provenientes del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que para Canarias suponen dos tercios de sus ingresos, los índices de proyección que se han utilizado son los que se incluyen en las estimaciones oficiales conocidas hasta el momento, considerando la permanencia del sistema vigente.

En cuanto a los impuestos cedidos y propios gestionados por la Comunidad Autónoma se ha partido de los importes de la recaudación de los ingresos al cierre del ejercicio 2020, a los que se han aplicado los indicadores de crecimiento macroeconómicos más “pesimistas” anteriormente señalados, y se estima que la recuperación de la recaudación será proporcional a la recuperación del PIB del mismo ejercicio.

Las previsiones de gastos se fundamentan en el mantenimiento de la actual estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma, tanto en lo que se refiere a su estructura central como periférica.

En relación con los gastos corrientes en bienes y servicios como educación, como regla general, se ha calculado el mantenimiento de créditos del 2021 excepto para el Servicio Canario de la Salud, para el que se estima un incremento del 0,5% anual acumulativo sobre el crédito del 2021. Por último, se ha imputado el importe estimado para las anualidades 2022 y 2023 del programa de ayuda europeo para la recuperación (REACT-EU).

En cuanto a los fondos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo solo se han contemplado los importes a ejecutar en los años 2022-2024 de las acciones asignadas para Canarias en la Ley de Presupuestos del Estado para el 2021.

El Gobierno recibe información sobre los gastos derivados de los incendios de La Palma en 2020

Los servicios y suministros contratados obedecen a circunstancias imprevisibles y de extrema urgencia al objeto de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como de los bienes materiales

El Consejo de Gobierno recibió hoy información sobre el abono de diversos gastos derivados de los incendios forestales declarados en los municipios palmeros de Garafía y Tijarafe, entre agosto y septiembre de 2020.

Esos gastos se destinaron a afrontar el desplazamiento, alojamiento y manutención del personal interviniente, así como el traslado de material y suministros para la extinción de los incendios. El importe total asciende a 179.781, 65 euros.

Los servicios y suministros contratados, mediante resoluciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, obedecen a circunstancias imprevisibles y de extrema urgencia con el objeto de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como de los bienes materiales.

Los costes derivados de la extinción los asume la administración que en cada momento está llevando la dirección del Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca). Este lo asumió el Gobierno de Canarias. Por ello, se tomó la decisión de desplazar a personal para colaborar en las tareas de extinción, así como personal del propio centro directivo -Grupo de Emergencias y Seguridad y Cuerpo General de la Policía Canaria- y personal técnico y voluntario para realizar labores de apoyo.

En concreto, se tuvieron que contratar con carácter de emergencia servicios y suministros de diversa índole, como gastos de viajes a agencias, desplazamientos contratados a navieras, manutención y alojamiento del personal interviniente, junto a los gastos derivados del traslado de materiales y determinados suministros y servicios necesarios para la extinción del incendio.

El Consejo autoriza la prórroga del contrato de peritaciones judiciales por importe de dos millones

Un total de 1.070.000 euros será para actuaciones en los órganos judiciales de Las Palmas y los 936.250 restantes para los de Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy el gasto correspondiente a la prórroga del contrato de servicio para la realización de peritaciones en los órganos judiciales de Canarias por importe de 2.006.250 euros (IGIC incluido), con vigencia hasta el 31 de mayo de 2022. Un total de 1.070.000 euros se destinarán a las peritaciones de los órganos judiciales de Las Palmas y los 936.250 restantes para los de Santa Cruz de Tenerife.

El contrato de servicio que se prorroga ahora se formalizó en mayo de 2020 en dos lotes: lote I, para los órganos judiciales de Las Palmas, y lote II, para los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, siendo el plazo de ejecución para el periodo que va desde el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.

Ante la próxima finalización del contrato, el Ejecutivo canario ha considerado necesario prorrogarlo con un presupuesto de dos millones de euros, que se distribuirán en dos anualidades. La primera de ellas abarca del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021, por importe de 1.170.312,50 euros, de los cuales 624.166,67 son para los órganos judiciales de Las Palmas y 546.145,83 para los de Santa Cruz de Tenerife.

La segunda anualidad, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2022, contempla un gasto total de 835.937,50 euros, de los cuales 445.833,33 euros son para el lote I y el resto, 390.104,17 euros, para el lote II.

Sanidad destina 2,7 millones de euros a la prórroga del servicio de limpieza en los centros de salud de Tenerife

El encargo a medio propio con la empresa Tragsa se prolongará por seis meses, mientras finaliza el nuevo procedimiento de licitación de ese servicio

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 15 de abril, a la Consejería de Sanidad a prorrogar la prestación del servicio de limpieza en los centros sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, del Servicio Canario de la Salud, que actualmente realiza la empresa Tragsa a través de un encargo a medio propio personificado.

La nueva prórroga tiene un plazo de vigencia de seis meses, comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2021, con un presupuesto de 2.720.474,58 euros, condiciones que han sido aceptadas por la empresa.

La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife garantiza así la continuidad de un servicio esencial para el desarrollo de la actividad asistencial en su red de centros de salud y consultorios locales. Esta continuidad resulta esencial al persistir la urgencia y los motivos de interés público tras la resolución del contrato con la anterior empresa adjudicataria, lo que ha hecho necesaria la nueva prórroga, hasta la formalización del contrato resultante del nuevo procedimiento de licitación.

Los encargos  a medios propios personificados están regulados en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y constituyen un instrumento a disposición de las administraciones públicas para ejecutar de manera directa prestaciones propias de los contratos, como el de servicios, a través de otra persona jurídica distinta, de derecho público o de derecho privado, previo encargo, a cambio de una compensación tarifaria y cuando tenga la calificación jurídica de medio propio personificado.