El texto adapta un amplio conjunto de disposiciones legislativas cuya actualización resulta adecuado acometer en un texto unitario en vez de hacerlo de forma dispersa
El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento hoy, a efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad, los objetivos y principios generales que la inspiran, del anteproyecto de la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Sociales de Canarias.
Reforma distintas iniciativas que se habían incluido en el anteproyecto de la Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 y recoge, asimismo, otras que se han sumado al texto original, al tiempo que descarta las ya incluidas en los decretos leyes anteriormente aprobados.
La propuesta explica que es necesario adaptar un amplio conjunto de disposiciones legislativas cuya actualización resulta más adecuada que sea acometida en un texto unitario que dispersar, en un importante número de modificaciones independientes, un variado y heterogéneo ámbito dispositivo. Por ello, recoge una serie de propuestas legislativas que modifican leyes en vigor.
En el título I del texto, bajo la rúbrica Medidas en materia de contratación eficiente, se aborda las competencias de la Comunidad Autónoma en esa materia.
Garantizando los principios básicos de la Ley de Contratos del Sector Público -en particular, en lo relativo a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas-, se realiza un desarrollo aclaratorio de la norma aplicable a los denominados contratos menores.
La propia Unión Europea los reconoce expresamente como de escasa cuantía, por lo que el texto persigue una simplificación y unificación de documentos en la tramitación de los expedientes de esos contratos en todo el sector público canario, ofreciendo de esta manera seguridad jurídica, tanto a los empleados públicos tramitadores en las unidades administrativas responsables de los expedientes como a los operadores económicos, en particular a las pymes, principales adjudicatarias de este tipo de contratos.
Asimismo, se recoge la regulación relativa a la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas, como condición especial de ejecución, y de cláusulas sociales relativas a la aplicación de los convenios colectivos sectoriales del ámbito laboral.
El título II está destinado al sector energético. Incorpora la figura de las Mejores Prácticas de Instalaciones Fotovoltaicas como mecanismo de impulso de dichas instalaciones como soporte fundamental de la transición energética y de la descarbonización de la economía, que consistirán en un documento de recomendaciones del que los proyectos de instalaciones se podrá apartar de forma motivada. Asimismo, establece la forma en la que debe evacuar el trámite de información para la declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones energéticas.
El título III se dedica a las modificaciones legislativas en distintos sectores de la acción pública, cuyo articulado recoge la modificación de distintas normas legales según su ámbito de actuación y aparecen en el texto según el orden de fechas de las propias normas.
Además, se incorpora una series de cambios legislativos como consecuencia de los acuerdos adoptados de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias: Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias; Ley 19/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias; Ley 11/2019, de 25 de abril, del Patrimonio Cultural de Canarias, y Ley 14/2019, de 25 de abril, de Ordenación Territorial Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Diversas modificaciones
Entre otras muchas modificaciones, incluye la Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria, para adecuar las escalas de personal funcionario competente en los ámbitos financiero y tributario a la creación de escalas específicas, efectuada por la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria.
En materia de aguas, incluye un nuevo apartado 3 al artículo 11 de la Ley 12/1990, de Agua, para habilitar una figura de delegación con el objeto de que los cabildos puedan delegar fácilmente sus competencias de planificación hidrológica en la Administración autonómica.
En el ámbito de la estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, se introducen cambios puntuales en la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el ámbito de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, se incorporan cambios para actualizar la norma. Sucede lo mismo con la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
También se modifica la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, para incorporar que los boletines oficiales se gestionaran por el régimen que determine la Consejería competente en materia de publicaciones oficiales de la Administración Autonómica de Canarias.
Se modifica la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Ley 12/2003, de 4 de abril, de Servicio Canario de Empleo.
Asimimmo, se modifican varios artículos de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, y en el ámbito de la regulación del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, se adaptan determinados aspectos relativos al régimen regulador de la tutela que de las sociedades mercantiles públicas.
Por otra parte, se realizan diversas modificaciones que afectan a la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y se incluyen diversas modificaciones relativas al Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial.
Se modifican diversos aspectos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, así como distintos aspectos de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos.
La parte final del anteproyecto de Ley comprende una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.