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El Gobierno destina un millón de euros para los Puntos de Encuentros Familiar en el segundo semestre de 2025

Corresponden a las subvenciones concedidas por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Gobierno de Canarias ha concedido 975.455 euros a los Puntos de Encuentros Familiar (PEF) en el segundo semestre de 2025 destinadas a favorecer el funcionamiento de la Administración de Justicia y la protección de las personas vulnerables. Según ha informado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, durante el año 2025 la cantidad ha ascendido a 1.572.110 euros, incluyendo al presupuesto de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Las subvenciones a las entidades beneficiarias han permitido el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro y del municipio de Santa Lucía de Tirajana, así como el programa ‘Coordinación de la parentalidad y asistencia a encuentros familiares’ del Centro de Orientación Familiar de Canarias.

Además, se han otorgado subvenciones para el coste de los programas específicos de Violencia de Género en Gran Canaria, Tenerife Norte; Santa Cruz de Tenerife; Fuerteventura; El Hierro, La Gomera y en el Punto de Encuentro Familiar Viogensur 2025, además de para la implementación de la perspectiva de Género en el PEF de Lanzarote.

Los Puntos de Encuentro Familiar son recursos sociales especializados que ofrecen un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás miembros de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada.

Estos recursos están llamados a cumplir una función esencial en materia de asistencia y protección de las personas menores de edad, actuando como espacios de intervención familiar y psicosocial destinados a garantizar que niños, niñas y adolescentes viven y se desarrollan en un ambiente seguro, estable y libre de violencia. La existencia de estos espacios resulta especialmente necesaria en supuestos de crisis y conflictividad familiar, o cuando se aprecie una potencial situación de riesgo para las personas menores que aconseje la intervención de profesional.

En los puntos de encuentro familiar se atienden tanto las derivaciones judiciales como las provenientes de órganos administrativos que tengan dentro de su competencia la tutela, protección y asistencia de las personas menores de edad, sea Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares o Administraciones Municipales. También prestan particular atención a aquellos supuestos en los que se derive un caso de violencia de género y para el que los puntos de encuentro familiar cuentan con un protocolo específico de actuación, que atiende especialmente a la condición de víctimas que tienen las personas menores y sus madres, orientando su actuación a su asistencia y recuperación.

También se consideran los puntos de encuentro familiar de interés público porque favorecen el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia al constituir un instrumento para la ejecución de las medidas judiciales dictadas por los Tribunales respecto del ejercicio del derecho de visita, evitando además situaciones que puedan derivar en violencia de género.

El Gobierno garantiza la atención jurídica gratuita y turno de oficio con 16,7 M€ en el segundo semestre de 2025

Corresponde a las subvenciones concedidas a los Colegios de Abogacía y Procuraduría, que durante el año ha rozado los 30,4 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha otorgado 16,7 millones de euros en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para garantizar la prestación de la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el segundo semestre de 2025. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de estas concesiones para este servicio, que en todo el año 2025 ha ascendido a 30.398.244 euros.

Según información facilitada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la finalidad es el pago de la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de este servicio.

Entre los beneficiarios están los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, además de los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Son estos colegios los que pagan a los profesionales del turno de oficio que atienden a las personas que carecen de recursos y necesitan una defensa jurídica.

En el gasto del año 2025 se ha contemplado también la subida de un 15% en los baremos por los que se retribuyen los servicios a estos profesionales. En el 2026 el incremento será del 7% y en el 2027 de un 8%, hasta alcanzar el 30% en los módulos acordado en tres ejercicios presupuestarios con los colegios en función de sus demandas de actualización del IPC.

En el coste de la justicia gratuita se incluye también la atención a las personas migrantes que llegan por mar a las costas canarias y que sigue sin ser abonada por el Estado.

El Gobierno aprueba la estrategia que presentará en el Parlamento para la defensa común del estatus RUP

El Ejecutivo propone cómo se deben mantener las políticas específicas de cohesión, de agricultura y pesca, así como la atención del fenómeno migratorio y el refuerzo de la ultraperiferia en la acción exterior de la UE

Las dotaciones singularizadas no constituyen un privilegio, sino una condición necesaria para garantizar un desarrollo equilibrado y justo del conjunto de la Unión

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la Comunicación que elevará el Parlamento de Canarias sobre los objetivos y prioridades que considera imprescindibles incluir en el marco financiero plurianual europeo 2028-2034 para mantener el estatus de Región Ultraperiférica junto a la Guayana francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martin, Azores y Madeira.

En la propuesta financiera de la Comisión Europea no se garantiza el mantenimiento del acervo RUP ni se ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que, las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas, se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades que se establezcan a nivel nacional y de la negociación bilateral entre el Estado miembro y la Comisión Europea, lo que no respeta adecuadamente el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento

Para el Gobierno, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad de todas las instituciones. Ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y como ya comentó el presidente Fernando Clavijo, “supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE”.

Por ello, el Ejecutivo plantea en este documento duplicar la dotación financiera del POSEI con objetivo de tener en cuenta el incremento de costes y la falta de adecuación de la ficha desde hace casi dos décadas, lo que supondrían 3.752 millones de euros

Incrementar la partida que compensa los incrementos de los sobrecostes producidos en el sector pesquero de 88 millones de euros a 101 millones de euros.

Se solicita que en la política de cohesión a través del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que la cantidad destinada por habitante aumente, teniendo en cuenta los datos de población actualizados, que se cuantificarían en, al menos, 773 millones de euros.

Que las adaptaciones normativas relativas a la cofinanciación, la concentración temática, la elegibilidad de inversiones y la posibilidad de financiar determinados gastos de funcionamiento indispensables para la prestación de servicios públicos en un contexto ultraperiférico deben mantenerse expresamente en la normativa europea y no quedar al albur de la programación de los estados.

Que el nuevo marco financiero, que se orienta a la consecución de hitos y objetivos, incorpore mecanismos de flexibilidad que permitan acomodar instrumentos cuya finalidad principal sea la compensación de sobrecostes estructurales.

Propone mejorar las disposiciones específicas relativas a la RUP incluidas en la propuesta de Reglamento sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional

Reiteramos además la necesidad de una mayor atención a la realidad migratoria de las regiones ultraperiféricas particularmente en lo que respeta a Canarias, como frontera sur, y reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión y de los programas de cooperación territorial.

Canarias abre negociación con el Estado para cogestión de aeropuertos y control de incentivos fiscales del REF

El presidente Clavijo solicita al ministro Torres el inicio del proceso bilateral para avanzar en la cogestión de los aeropuertos al amparo del cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía

El Gobierno regional también reclama al Ejecutivo central la cesión “parcial o total” del control tributario sobre la RIC, la ZEC y las deducciones por inversiones en sectores estratégicos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente al Estado la apertura de un proceso de negociación bilateral sobre dos asuntos prioritarios para el Gobierno autonómico: la cogestión de los aeropuertos y el control tributario de los incentivos fiscales contemplados en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

En ambos casos, el jefe del Ejecutivo canario sustenta su solicitud en lo recogido en el Estatuto de Autonomía de 2018, ley del máximo rango que permite a Canarias avanzar en su autogobierno y cuyo desarrollo debe ser negociado con el Estado.

Así, en su artículo 161, el Estatuto recoge el derecho de Canarias a participar en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos, algo que el Gobierno autonómico quiere hacer participando en la toma de decisiones de Aena o con otras fórmulas que podrían ponerse sobre la mesa. En concreto, dicho artículo indica que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.

En una carta remitida este lunes por el presidente de Canarias al ministro de Política Territorial y Transición Democrática, Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo reclama que “acordemos la apertura de un proceso de negociación bilateral con el fin de analizar y, en su caso, concretar la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones señaladas en dicho precepto, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en esta materia”.

Con esta petición formal, el Ejecutivo de Canarias abre el camino de la negociación con el Estado para participar en la gestión de los aeropuertos del archipiélago, algo “fundamental para defender el derecho de los canarios a contar con una buena conectividad aérea”, según explicó el portavoz Alfonso Cabello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Si hay alguna comunidad autónoma que debe tener voz y voto en la toma de decisiones de Aena es Canarias”, subrayó

En cuanto al control tributario de los incentivos fiscales del REF, una segunda carta de Clavijo a Torres solicita la petición de apertura de negociaciones para la cesión de esta competencia a Canarias en base a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía. Dicha disposición prevé expresamente mecanismos de colaboración, cooperación y, en su caso, gestión consorcial entre la Administración tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

Propuesta del comisionado

La propuesta elaborada por el Comisionado del REF, José Ramón Barrera, defiende que el control tributario por parte del Gobierno de Canarias de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal “permitiría avanzar hacia un modelo de gestión más próximo y eficiente, amparado por el Estatuto de Autonomía de Canarias, alineado con precedentes ya existentes en el ordenamiento español, y compatible con la unidad del sistema tributario, el respeto al marco constitucional y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea”.

La carta remitida por el presidente canario al ministro Torres especifica que el proceso de traspaso del control tributario de los incentivos del REF “se iniciaría en coherencia con el reconocimiento constitucional y estatutario de la singularidad económica y fiscal del archipiélago, así como con el principio de bilateralidad que ha presidido la configuración y evolución del REF, y con la habilitación expresa contenida en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la asunción, mediante acuerdo o convenio con el Estado, de funciones vinculadas a materias de competencia estatal”.

En concreto, el Ejecutivo canario reclama que, en el marco del citado proceso bilateral con el Estado, “se evaluaría de manera conjunta, técnica y jurídicamente ordenada, la atribución –total o parcial– de funciones de naturaleza gestora, interpretativa y de control asociadas a los incentivos fiscales del REF, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en materia de ordenación general del sistema tributario y de control de ayudas de Estado”.

El Gobierno de Canarios negociará asumir el control tributario de los principales incentivos fiscales del REF: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones en Canarias, los incentivos propios de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos implantados en el archipiélago. Dicha competencia se entendería circunscrita a las fases de aplicación, seguimiento y verificación de los requisitos exigidos por la normativa vigente, “manteniéndose en todo caso la coherencia con el marco normativo estatal y europeo, y articulándose a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa previstos estatutariamente”.

Asimismo, el Ejecutivo canario considera que debería debatirse la atribución a la Comunidad Autónoma de facultades para la emisión de criterios interpretativos y consultas tributarias vinculantes en relación con la aplicación de los beneficios fiscales del REF, la calificación de las inversiones y gastos susceptibles de acogerse a los mismos y la interpretación de los requisitos formales y materiales exigidos.

Finalmente, el documento desarrollado por el comisionado del REF solicita al Estado tratar en la negociación la necesidad de “reforzar el papel de la Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia de Régimen Económico y Fiscal como marco estable para la adopción de criterios interpretativos comunes, la resolución de discrepancias técnicas y la evaluación periódica del funcionamiento del sistema, asegurando una aplicación homogénea, previsible y adaptada a la realidad económica del archipiélago”.

En términos globales, el artículo 100 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que la Comunidad Autónoma ejercerá las competencias que le sean transferidas o delegadas por el Estado, así como la posibilidad de ejercer actividades de inspección y sanción en materias de competencia estatal, en los términos que se determinen mediante convenio o acuerdo bilateral. El Gobierno considera que esta previsión estatutaria “configura un marco jurídico idóneo para abordar, desde la lealtad institucional y la cooperación administrativa, fórmulas de atribución funcional en el ámbito de la gestión tributaria de los incentivos fiscales del REF”.

El Gobierno aprueba el decreto del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y el nuevo sistema de adjudicación

El decreto sustituye el sistema de sorteo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación

El nuevo marco exige acreditar al menos 10 años de residencia en Canarias, o 15 en caso de residencia discontinua, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública

La norma refuerza la transparencia y la equidad en el acceso a la vivienda protegida, priorizando a las personas y familias con mayor necesidad habitacional

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el Proyecto de Decreto por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas y de promoción pública y sus anejos no vinculados.

Con este acuerdo, el Ejecutivo toma en consideración el texto normativo y solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, para su posterior aprobación definitiva. El decreto establece un marco actualizado y homogéneo para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que será de carácter único para todo el Archipiélago y de inscripción obligatoria para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.

La norma introduce un cambio en el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública. Frente al modelo anterior, basado fundamentalmente en el sorteo cuando la demanda superaba a la oferta, el nuevo decreto regula un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos de baremación. Este sistema permite priorizar el acceso a las viviendas en función de la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, atendiendo especialmente a las unidades de convivencia con mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.

El decreto refuerza de manera expresa los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elemento clave del acceso a la vivienda pública. Para ser adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años, o quince años en caso de que dicha residencia haya sido interrumpida. Asimismo, se exige la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público de vivienda atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.

Asimismo, el texto regula de forma detallada los requisitos de inscripción en el Registro, estableciendo con claridad los niveles de ingresos y patrimonio exigidos para acceder a una vivienda protegida.

Impulso social a la política de vivienda pública

El proyecto de decreto introduce además un claro impulso social a la política de vivienda pública, al revisar al alza los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos. En concreto, la reserva para personas jóvenes se incrementa del 5 % al 20 %, la correspondiente a personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 %, al igual que la prevista para personas con limitaciones funcionales, mientras que el cupo reservado a víctimas de violencia de género se eleva del 5 % al 8 %.

Asimismo, el decreto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.

Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.

La norma avanza también en la modernización de las tipologías habitacionales, al definir expresamente qué se entiende por viviendas prefabricadas y viviendas modulares y regular su utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con este proyecto de decreto, el Gobierno de Canarias da un paso decisivo en la modernización de su marco normativo en materia de vivienda, reforzando la transparencia, la equidad y el carácter social del acceso a la vivienda protegida, y garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan.

El Gobierno aprueba la OPE de 2025 del Servicio Canario de la Salud para la estabilización de 702 plazas

La oferta incluye 74 plazas de facultativo especialista de área, 53 de medica/o de familia, ocho de pediatra de equipo de Atención Primaria, 183 de enfermería y 115 de auxiliar de enfermería, entre otras de las categorías sanitarias y de gestión y servicios

La OPE fue consensuada con los sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad en el mes de noviembre

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a iniciativa de la Consejería de Sanidad, la Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de la Salud (SCS) del año 2025, integrada por 702 plazas de personal estatutario correspondientes a la tasa de reposición de efectivos, que fue consensuada en Mesa Sectorial de Sanidad, el 17 de noviembre pasado, entre la administración y las organizaciones sindicales.

La oferta de empleo se distribuye en 511 plazas sanitarias y 191 de gestión y servicios, de un total de 61 categorías profesionales diferentes, cuyo desglose se incluye en el decreto de aprobación de la nueva OPE, que fue ratificado hoy por el Ejecutivo regional y se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

En la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las plazas básicas vacantes con dotación presupuestaria incluidas en las plantillas orgánicas de las once Gerencias del SCS, que no están afectadas por ofertas de empleo público anteriores, ni en situación de reserva a favor de personal fijo.

La oferta de plazas de las categorías sanitarias incluye 74 de facultativo especialista de área, 77 de médicos, de las que 53 corresponde a médica/o de familia, y el resto a otras especialidades como Admisión y Documentación Clínica, Cuidados Paliativos o Urgencias y además contempla ocho plazas para pediatra de equipo de Atención Primaria.

A estas plazas se añaden 183 de enfermería, doce de matrón/a, once de fisioterapia, 115 de auxiliar de enfermería, doce de técnica/o de auxiliar de farmacia, 26 plazas para técnicos especialistas en las especialidades de laboratorio, anatomía patológica y radiodiagnóstico, entre otras categorías profesionales.

Categorías de gestión y servicios

La oferta de plazas de las categorías no sanitarias se compone de 191, entre las que se incluyen 37 del grupo auxiliar administrativo de la función administrativa, dieciocho de celador/a, trece de pinche, doce de limpiador/a, diez de grupo técnico de la función administrativa, diez de grupo administrativo, además de plazas para otras 34 categorías profesionales.

Con esta nueva OPE, la Consejería de Sanidad continúa la senda iniciada años anteriores para la reducción de la temporalidad en el empleo en el Servicio Canario de la Salud, mediante procesos selectivos por sistema de acceso libre, para personal de nuevo ingreso, como de promoción interna, para facilitar el derecho a la promoción profesional del personal estatutario fijo.

En cumplimiento de la normativa vigente se reserva un porcentaje del siete por ciento de las plazas ofertadas, en su cuantía global, para ser cubiertas por personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que superen los procesos selectivos, acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

Educación aprueba una nueva oferta de empleo público con 957 plazas para reforzar la estabilidad del profesorado

La OPE de 2025 permitirá avanzar en la reducción de la temporalidad y consolidar plantillas en los centros educativos públicos de Canarias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha aprobado en el Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario correspondiente al año 2025, que contempla un total de 957 plazas para los distintos cuerpos del sistema educativo público canario.

Esta nueva oferta se enmarca en las líneas de actuación impulsadas por la Consejería para avanzar en la estabilización del empleo docente, reducir la tasa de temporalidad y garantizar la continuidad de los proyectos educativos en los centros, favoreciendo una mayor estabilidad de las plantillas y una mejora de la calidad del servicio público educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2025 se distribuye entre los distintos cuerpos docentes, con 466 plazas del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria; 457 del cuerpo de maestros; diecisiete del cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional; siete del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; cinco del cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño; tres del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas – una de ellas correspondiente a una rectificación de la OPE de 2023 –; una del cuerpo de maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; y una plaza del cuerpo de Inspectores de Educación.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, subrayó que esta OPE “responde a una planificación responsable y sostenida en el tiempo, que nos permite seguir consolidando empleo estable y ofrecer certidumbre tanto al profesorado como a los equipos directivos”. En este sentido, señaló que “la estabilidad de las plantillas es clave para reforzar la calidad educativa y dar continuidad a los proyectos pedagógicos de los centros”.

Ramírez destacó además que “esta oferta se suma al importante esfuerzo realizado en los dos últimos cursos para transformar empleo temporal en empleo estable”, un proceso que ha permitido la incorporación de 6.125 nuevos funcionarios de carrera al sistema educativo público canario tras la culminación de los procedimientos de estabilización y de las convocatorias ordinarias. “Este trabajo ha sido clave para reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad de las plantillas y ofrecer mayor certidumbre tanto al profesorado como a los centros”, añadió.

La aprobación de esta oferta no es una medida aislada, sino que forma parte de una planificación más amplia que combina la estabilización del empleo con la incorporación de nuevos perfiles docentes y el refuerzo de áreas estratégicas del sistema educativo, como la atención a la diversidad, la orientación educativa o la formación profesional. En este sentido, la OPE constituye una herramienta fundamental para seguir avanzando hacia un modelo educativo más sólido, con profesionales que puedan desarrollar su labor con estabilidad y perspectiva de futuro.

La aprobación de esta oferta de empleo público permitirá, en los próximos meses, la convocatoria de los procedimientos de ingreso al cuerpo docente a través de las correspondientes pruebas selectivas.

El Gobierno aprueba la creación de una Unidad Administrativa Temporal en el Servicio Canario de Empleo

La unidad contará con 158 técnicos y reforzará la atención a desempleados, así como las políticas activas de empleo en todas las islas

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este martes la creación de una Unidad Administrativa Temporal en el Servicio Canario de Empleo (SCE) para mejorar la atención a las personas desempleadas y reforzar las políticas activas de empleo en todas las islas.

La unidad contará con 158 técnicos especializados del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Esta iniciativa da continuidad a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 31 de octubre para crear una bolsa de empleo de técnicos laborales. Gracias a esta bolsa, se seleccionarán los profesionales que formarán parte de la nueva unidad.

La Unidad Administrativa Temporal, con una vigencia inicial de tres años para el periodo 2026-2028, tendrá carácter transversal, prestando apoyo a las distintas subdirecciones del SCE y, en particular, a la red de oficinas de empleo de las islas. Entre sus principales funciones se encuentran el refuerzo de la atención personalizada a las personas demandantes de empleo, la realización de diagnósticos de empleabilidad, la orientación profesional, la prospección empresarial, así como la gestión, seguimiento y control de las subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar.

La creación de esta unidad también da cumplimiento a la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, que busca mejorar la calidad de los servicios de orientación profesional, fomentar la participación en formación y reforzar la atención a las empresas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya la importante contribución de estos puestos de carácter estructural, a los que calificó como “fundamentales para el fomento de la empleabilidad”, subrayando su papel clave en los resultados históricos del mercado laboral registrados en Canarias en este último año.

Asimismo, señala que “esta medida responde a la necesidad de consolidar la atención que se presta a las personas usuarias, reforzando especialmente la atención a colectivos prioritarios, como jóvenes y personas desempleadas de larga duración, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la eficacia, la eficiencia y la calidad en los servicios públicos de empleo, garantizando una atención más ágil y personalizada a personas demandantes de empleo y al tejido productivo de las islas.

El Gobierno aprueba primeros planes de igualdad entre hombres y mujeres de la Administración General y de Justicia

La Comunidad Autónoma avanza en la integración del enfoque de género en la estructura, el funcionamiento y los procedimientos de trabajo para favorecer la igualdad entre 11.500 empleados públicos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los primeros planes de Igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establecen los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato, de oportunidades y de resultado en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su consecución para el personal al servicio de la Administración General y de la Administración de Justicia. Ambos planes abarcan a un total de 11.500 empleados públicos, de los que 8.600 forman parte de la plantilla de la Administración General y 2.900 de la de Justicia.

Estos dos planes han sido presentados por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, en el ámbito de sus competencias, como resultado del acuerdo de Gobierno de noviembre de 2023. En dicho Consejo se fijaron cuatro ámbitos funcionales de la Comunidad Autónoma dadas las diferencias sustanciales en la Administración General, Educación, Sanidad y Justicia, así como los órganos directivos para impulsar su elaboración y aprobación durante esta legislatura.

A partir del 1 de enero de 2026, los planes de la Administración General y la Administración de Justicia, se convertirán en los instrumentos para la consecución de los objetivos fundamentales de favorecer la igualdad entre las mujeres y los hombres que conforman su personal y avanzar en la integración del enfoque de género en la estructura, el funcionamiento y los procedimientos de trabajo.

Con carácter previo, se elaboraron los diagnósticos de la situación de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la Administración General y la Administración de Justicia, que finalizaron en noviembre de 2024. Los resultados han servido como base para la elaboración de la guía y del plan de igualdad. Asimismo, se constituyeron los Comités de Igualdad para impulsar la elaboración de los planes con participación activa en el proceso.

Los Planes de Igualdad de la Administración General ha sido presentado e informado ante los Comités de Igualdad y sometido a negociación colectiva previa con los sindicatos en los ámbitos de la Mesa Sectorial de negociación de personal funcionario y de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral y de Justicia, respectivamente

En los seis primeros meses del año 2026, las Direcciones Generales de Función Pública y de Relaciones con la Administración de Justicia, respectivamente, promoverán las actuaciones necesarias, incluidas las normativas y organizativas, que permitan la correcta aplicación del plan.

El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General Canaria se aplica a todo su personal y tiene un plazo de ejecución de 4 años, desde 2026 a 2029, pudiendo prorrogarse hasta la elaboración y aprobación de un nuevo Plan.

La estructura del Plan de Igualdad se organiza en torno a los ejes de intervención identificados a partir de las materias de análisis definidas para la realización del diagnóstico.
Cada eje estratégico tiene definido un objetivo general a cuyo logro se contribuirá con el Plan de Igualdad a través de la consecución de los objetivos específicos mediante la puesta en marcha de una serie de acciones determinadas.

En el eje de las personas se articulan los objetivos y las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos para la identificación de eventuales brechas de género y, en su caso, para su erradicación, así como para evitar que intervenciones aparentemente neutras puedan tener como resultado involuntario discriminaciones indirectas. Implica promover un entorno laboral seguro y libre de violencias sexistas, y fomentar la corresponsabilidad con respecto al trabajo de cuidados.

Por otra parte, están los procedimientos de trabajo en materia de comunicación y relación con entidades externas. En eje articula los objetivos y acciones dirigidas a la integración de la perspectiva de género en los procesos de trabajo relacionados con la comunicación interna y externa y la contratación administrativa.

Introducir la perspectiva de género en dichos procedimientos implica, en primer lugar, avanzar en el uso de un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones internas y externas de la Administración General Canaria y la Administración de Justicia y, en segundo lugar, en la incorporación de cláusulas de igualdad en los procesos de contratación pública dependientes de las direcciones generales responsables (Función Pública y Relaciones con la Administración de Justicia).

El modelo escogido de mejora continua requiere de un proceso de evaluación basado en el seguimiento de los indicadores de realización de las acciones que se desarrollen anualmente, lo que permitirá tomar decisiones y, en caso de que se valore necesario, plantear reajustes.

La evaluación tiene, también, un carácter agregado, al ir acumulando la información que se obtiene cada año y que servirá de apoyo a la evaluación final. Esta será cuantitativa y cualitativa, y facilitará la identificación de las áreas de intervención y las mejoras que definirán el siguiente Plan para el avance hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la Administración General Canaria y en la Administración de Justicia.

De este modo, la evaluación proporcionará información sobre el grado en el que se han realizado las actuaciones señaladas para cada eje de intervención y sobre el modelo de gestión utilizado; los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y las mejoras que realizar y las líneas de intervención a futuro en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Ambos planes serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

El Gobierno aprueba el decreto que regula las oficinas de asistencia en registros de la Administración

Garantiza la atención presencial con personal funcionario habilitado que actuará en representación de las personas que lo soliciten por no disponer de medios o conocimientos para relacionarse electrónicamente

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el sistema de recepción y salida de documentos, las oficinas de asistencia en materia de registros y el registro de personal funcionario habilitado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justica y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

Esta actualización normativa ordena las oficinas conforme a su nuevo papel, orientado a una relación más ágil y sencilla entre la ciudadanía y la administración, así como a la mejora continua de los procesos administrativos.

Estas oficinas permitirán a las personas que no disponen de los medios o de los conocimientos para relacionarse electrónicamente con la administración ser atendidas por profesionales de la administración pública que les apoyen y asistan de forma presencial.

La norma contempla que todas las oficinas de registro funcionen como oficinas de asistencia en materia de registros y en ellas se asista a las personas interesadas, no obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración, en la presentación de solicitudes, la obtención de medios de identificación y firma electrónica, en la tramitación electrónica de sus solicitudes y en el acceso a sus notificaciones electrónicas.

Todo ello a través del personal funcionario habilitado que actuará en nombre de la persona interesada en los trámites y/o procedimientos en que se haya previsto esta habilitación. Para ello será necesario que la persona se identifique ante el personal funcionario y preste consentimiento expreso para la actuación de que se trate.

Las oficinas de asistencia en materia de registros garantizarán un acceso más sencillo a la administración, una asistencia más personalizada y la reducción de la brecha digital, al facilitar el acceso a personas que no disponen de medios electrónicos o conocimientos tecnológicos.

La norma entrará en vigor a los seis meses de su publicación, periodo durante el cual se dotará a las oficinas de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para su aplicación.