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Sanidad destina 2,2 millones de euros al servicio de limpieza en los centros de Atención Primaria de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno autoriza la prórroga del contrato por siete meses con la empresa adjudicataria, mientas la Gerencia prepara una nueva licitación para 2021

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 23 de abril, al Servicio Canario de la Salud (SCS) a prorrogar el contrato con la empresa ISS Facility Service, SA, encargada del servicio de limpieza en los centros sanitarios y administrativos de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, por un periodo de siete meses y un importe de 2.242.838,56 euros, incluido el IGIC del 7%.

El contrato corresponde al lote 11 del expediente centralizado para el servicio de limpieza del SCS, adjudicado en marzo de 2015 a la empresa ISS Soluciones de Limpieza Direct, SA, que, en diciembre de 2016, cambió de denominación social para pasar a denominarse ISS Facility Service, SA.

El servicio fue contratado inicialmente para un periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2018, plazo que ya se había prorrogado hasta el 31 de mayo de 2020 por persistir su necesidad.

La nueva prórroga de siete meses, hasta el 31 de diciembre de 2020, permitirá a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria tener garantizada la realización de un servicio imprescindible para el desarrollo de la actividad sanitaria y administrativa en su red de centros, mientras prepara la tramitación de una nueva contratación del servicio, esta vez de forma descentralizada, sin que se excedan los 6 años de vigencia del contrato con la empresa adjudicataria, según estipula el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Autorizado el reembolso de 7,7 millones de euros a las navieras Fred Olsen y Armas por la subvención a residentes

Esa cantidad corresponde al pago del 25% de la bonificación del último trimestre del año pasado, de la que se beneficiaron 800.000 pasajeros residentes en Canarias

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy el pago de 7.753.067 millones de euros a las entidades marítimas naviera Fred Olsen y Naviera Armas, en concepto del 25% de la subvención para residentes canarios (el otro 50% lo abona el Estado) por viajes interinsulares en el cuarto trimestre de 2019.

Esa cantidad corresponde al número de viajeros, residentes canarios, que entre octubre y diciembre han optado por esas dos empresas marítimas para realizar viajes interinsulares, dividiéndose entre la compañía Fred Olsen, a la que le corresponden 5.182.925 euros por el traslado de 554.954 residentes en las Islas Canarias, y la Naviera Armas, con el reembolso de 2.570.142 euros por el traslado de 285.563 pasajeros residentes en Canarias. La cuantía total asciende a 7.753.067 euros y da como resultado un abono superior a los dos millones de euros. Por tanto, es obligatoria la autorización del reembolso por parte del Consejo de Gobierno.

Esas partidas presupuestarias se realizan con carácter trimestral en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias, contribuyendo el Ejecutivo autonómico con el 25% del total.

 

Se regula por decreto-ley el tipo 0 del IGIC a la importación de artículos sanitarios para combatir la COVID-19

La Consejería de Hacienda promueve una iniciativa que estará en vigor hasta el 31 de julio e incluye 41 tipos diferentes de bienes sujetos a esa tributación

El Consejo de Gobierno de Canarias, a iniciativa de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobó hoy un decreto-ley por el que se fija el tipo 0 en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a la importación y entrega de bienes sanitarios para combatir los efectos de la COVID-19.

La norma replica en Canarias la medida adoptada este martes por el Gobierno de España en relación con el IVA y estará vigente hasta el próximo 31 de julio.

En cualquier caso, el tipo cero ya se venía aplicando en el Archipiélago desde el inicio de la crisis gracias al acuerdo entre las agencias tributarias estatal y canaria y en virtud del artículo 10.11 de la Ley 20/1991 del REF, que lo permite para ser “destinado a las víctimas de catástrofes producidas en Canarias”. El Gobierno ha considerado oportuno dar mayor claridad a la medida a través de esta modificación normativa.

El decreto-ley determina el tipo 0 del IGIC siempre y cuando el importador o adquirente sea una entidad de derecho público, una clínica o centro hospitalario, o una entidad o establecimiento privado de carácter social. También incluye las importaciones cuyos sujetos pasivos sean personas o entidades distintas de las anteriores, cuando los bienes estén destinados a ser objeto de entrega, por existir un compromiso de adquisición previa, a entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios, o a entidades o establecimientos privados de carácter social.

Del mismo modo, se detallan los 41 tipos de bienes incluidos en la medida, entre ellos respiradores, monitores, mascarillas, prendas de protección, kits de pruebas para la COVID-19 o medicinas.

La memoria del decreto-ley señala que el impacto de la medida en los ingresos de la Comunidad Autónoma alcanza los 7,6 millones de euros, aunque supondrá un menor gasto público, dado que las compras realizadas por la propia Administración autonómica tributarán al tipo 0, en lugar del tipo reducido del 3 por ciento, y del general, del 7 por ciento.

La norma aprobada hoy es una más de las numerosas decisiones impulsadas por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para mitigar el impacto de la pandemia en Canarias y, al mismo tiempo, flexibilizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes canarios, inyectando liquidez a los sectores económicos del Archipiélago.

El Gobierno aprueba el Ingreso Canario de Emergencia para los hogares sin recursos económicos

Consejo de Gobierno de Canarias

El Ejecutivo canario pone en marcha esa prestación excepcional para familias sin ningún tipo de recurso; puede beneficiar a cerca de 100.000 personas

El Consejo de Gobierno, reunido este viernes, 17 de abril, ha aprobado el Decreto-ley de Medidas Urgentes de Carácter Social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. De esta forma, se ha autorizado el denominado Ingreso Canario de Emergencia, con el que se pretende aportar liquidez a las familias que no cuentan con ningún recurso económico. Ese ingreso excepcional, que se abonará en un único pago, puede llegar a unas 38.000 familias, lo que supone alcanzar a cerca de 100.000 personas que en la actualidad no cuentan con ningún tipo de ingreso y han visto agravada su situación por el confinamiento decretado por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Por tanto, podrán ser beneficiarias de dicha prestación aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en un estado de extrema necesidad como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y al carecer de recursos económicos suficientes para subsistir.

El Ingreso Canario de Emergencia tendrá las siguientes cuantías, que varían en función del número de personas que componen las unidades de convivencia (y que suponen el 75% de la actual Prestación Canaria de Inserción): de 1 persona, 367,02 euros; de 2 personas, 415,30 euros; de 3 personas, 453,94 euros, y de 4 o más personas, 478,09 euros.

Procedimiento para solicitar el Ingreso Canario de Emergencia

La ciudadanía contará con las siguientes vías para poder tramitar la solicitud:

-Tramitación telemática a través de sede electrónica si la persona cuenta con clave para poder hacer el trámite.

-A través del número de atención a la ciudadanía del Gobierno de Canarias 012: a efectos de prueba y registro, la llamada será grabada y se le solicitará a la persona los datos requeridos, así como una declaración responsable de su identidad, la falta de disposición de medios electrónicos, la veracidad de los datos aportados vía telefónica y el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a la prestación económica de emergencia.

La solicitud será registrada por funcionarios públicos tras la conformidad telefónica del interesado. La identidad será autenticada mediante la acreditación de los datos aportados por el solicitante a través del sistema de intermediación de datos. También podrá, en su caso, autenticarse con posterioridad de forma biométrica mediante comprobación de la grabación de voz.

Asimismo, se apoyará a los ayuntamientos para que identifiquen y deriven a los posibles beneficiarios a la presentación de sus solicitudes a través de los dos procedimientos mencionados anteriormente.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud comprobará los datos aportados por las personas solicitantes y sus unidades de convivencia recabando la información a través del cruce de datos con otras consejerías o administraciones para acreditar la carencia de recursos económicos suficientes. En el caso de recibir la prestación y que a posteriori se demuestre que no tenía derecho, el beneficiario deberá reintegrar la cantidad percibida.

Plazo de presentación

El próximo viernes 24 de abril entrará en vigor el Decreto-ley y el plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del lunes 27 de abril. En los primeros cinco días naturales del plazo de presentación de solicitudes, solo podrán presentarla las unidades de convivencia con dos o más menores a cargo. A partir del sexto día natural siguiente del plazo de presentación de solicitudes, podrán presentar su solicitud el resto de unidades de convivencia, tengan o no menores a cargo.

Agilización de trámites para la Prestación Canaria de Inserción

Además del Ingreso Canario de Emergencia descrito, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la agilización de los trámites para la Prestación Canaria de Inserción. Así, todas las solicitudes que cuenten con informe social favorable emitido por los Servicios Sociales municipales y que como tal hayan sido registradas en la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración desde de los ayuntamientos a través de la aplicación informática habilitada para ello, y que se hallen sin resolver, quedarán resueltas de forma positiva. Esto supondrá la entrada de cerca de 1.000 unidades de convivencia más que se unirán a las 6.300 familias que ya cobran esta prestación.

Asimismo, se ha aprobado que, durante el periodo de alarma y sus respectivas prórrogas, se permita la solicitud de renovación a través de la llamada telefónica a los Servicios Sociales municipales, que actuarán en representación del titular derivando dicha solicitud a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.

Aprobado el decreto social que exonera a 17.200 inquilinos de viviendas públicas del pago del alquiler

Consejo de Gobierno de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, anuncia que el Ejecutivo destinará 5,4 millones a pagar las ayudas a las familias que vivan de alquiler en una vivienda privada y demuestren estar afectadas económicamente por la COVID-19

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto-ley de Medidas Extraordinarias de Carácter Social que incluyen varias acciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, ya que se exime a 17.253 familias inquilinas de una vivienda social propiedad de la Comunidad Autónoma del pago del alquiler mensual desde este mes de abril y hasta que acabe el estado de alarma. Esta medida, como el resto de las que contempla el decreto-ley, ha sido incluida con el objetivo de apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población, como son los adjudicatarios de viviendas protegidas.

El consejero del área ha comparecido hoy, junto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, para detallar las actuaciones que en materia de Vivienda se aplicarán gracias al decreto-ley aprobado esta tarde. De esta forma, destacó Franquis, la principal medida será la de exonerar a los inquilinos de una vivienda social del pago de alquiler. Esta iniciativa se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), y a las viviendas titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el Icavi, con un total de 4.528.

El consejero Franquis recordó que el Icavi, desde el pasado 1 de abril, ha dejado de cobrar las mensualidades a estas más de 17.000 familias ya que los inquilinos de esas viviendas protegidas del parque público regional se benefician automáticamente, y sin tener que hacer ninguna gestión, de la suspensión de los pagos. Esta medida se prolongará hasta el final del mes en que se levante el estado de alarma y también se compensará las dos semanas de marzo que sí se vieron afectadas por esta crisis sanitaria.

También se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.

Esa derogación del pago está dirigida a asegurar la protección de las personas arrendatarias de una vivienda protegida y sus familias, ya que se consideran uno de los sectores de la población más vulnerables ante las consecuencias económicas colaterales derivadas por la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El Icavi estima en cerca de 900.000 euros mensuales el impacto económico que supone la aplicación de esa medida, que beneficiará a más de 17.000 familias vulnerables del Archipiélago.

Ayudas al alquiler de vivienda habitual

Aunque oficialmente no forma parte de las medidas incluidas dentro del Decreto-ley aprobado hoy, el consejero Franquis también recordó que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, a través del Icavi, va a poner en marcha en los próximos días la tramitación de las ayudas al alquiler de vivienda habitual para las familias afectadas por los efectos del coronavirus, a las que el Gobierno canario va a destinar una partida de 5,4 millones de euros (fondos del Estado).

La tramitación de estas ayudas se hará de forma telemática o a través de teléfono una vez se abra el plazo en los próximos días. Franquis hizo hincapié en que el plazo no se ha abierto aún y que este será comunicado oficialmente a través de los canales de comunicación del Gobierno de Canarias. Hasta ese momento, no se pueden recibir ni tramitar peticiones.

El consejero recordó que podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual a un arrendador privado, atraviesen una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida como consecuencia del impacto económico y social de la COVID-19, y que esta les impida atender al pago parcial o total del alquiler mensual.

El Real Decreto-ley aprobado por el Estado define los supuestos de vulnerabilidad económica y explica que podrán ser beneficiarios aquellas personas que, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, han pasado a estar en situación de desempleo, estén afectadas por un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) o hayan visto reducida su jornada por motivos de cuidados o por ser autónomo afectado. Todas estas circunstancias deben ser debidamente acreditadas con documentación.

Además, los solicitantes de esta ayuda también deben cumplir los siguientes requisitos económicos: el primero, que los ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar no superen con carácter general los 1.613 euros mensuales (tres veces el IPREM); si tienen un hijo a cargo, que no pase de 1.667 euros al mes; con dos hijos, 1.721 euros.

El segundo requisito es que la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, pagos de comunidad, teléfono móvil o fijo), sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Por último, no se podrá pedir esta ayuda si alguno de los miembros de la unidad familiar es propietario de una vivienda o tenga en usufructo una vivienda en España. Se exceptúan los casos en que la vivienda sea producto de una herencia o transmisión mortis causa, o si se acredite la indisponibilidad de esta por divorcio o separación.

La cuantía de esta ayuda será de hasta un máximo de 900 euros mensuales por familia. El máximo de las ayudas podrá ser hasta del cien por cien del total de la renta de alquiler durante seis meses. En el caso de que se haya suscrito un préstamo o microcrédito para el pago de la renta de la vivienda habitual, se abonará también el cien por cien del principal e intereses del préstamo siempre que este no exceda de los 600 euros mensuales.

El Instituto Canario de Vivienda (Icavi) se encargará de gestionar esas ayudas de manera telemática y a través del servicio de información y atención al ciudadano 012, que ofrecerá atención personalizada una vez se abra el plazo de presentación de solicitudes en los próximos días.

Sanidad destinará 7,2 millones de euros a la gestión y eliminación de los residuos sanitarios 

Reunión del Consejo de Gobierno en Gran Canaria

El Consejo de Gobierno autoriza a prorrogar por otros tres años el servicio de gestión y eliminación de los residuos resultantes de la actividad sanitaria

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 16 de abril, a la Consejería de Sanidad a destinar 7.206.837,16 euros a la prórroga del contrato del servicio de gestión integral y de eliminación de residuos sanitarios resultantes de la actividad asistencial de los nueve hospitales, centros de Atención Especializada y red de centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El pasado 13 de marzo se inició por la Dirección General de Recursos Económicos el expediente de contratación centralizado del servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios, fraccionado en cinco lotes y mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación anticipada para un periodo de tres años.

La composición de los lotes y los importes que los hospitales y gerencias de Atención Primaria destinarán a la gestión y eliminación de los residuos sanitarios es la siguiente:

–         Lote 1, Hospital Universitario de Canarias (1.131.409,78 euros) y Hospital General de La Palma (404.106,97 euros);

–         Lote 2, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (889.738,17 euros) y Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote (755.472,47 euros);

–         Lote 3, Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria (1.459.520,52 euros) y Hospital General de Fuerteventura (290.078,11 euros);

–         Lote 4, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (1.641.403,45 euros), Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes (35.629,83 euros) y Hospital General de La Gomera (186.062,65 euros), y

–         Lote 5, Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria (202.627,32 euros) y Gerencia de Atención Primaria de Tenerife (210.787,89 euros).

Estos importes suman para los tres años de duración de la prórroga, comprendidos entre los meses de junio de 2020 y 2023, la cantidad total de 7.206.837,16 euros, IGIC incluido.

El contrato vigente se adjudicó el 21 de marzo de 2017 a la empresa Ecología y Técnicas Sanitarias, SL (ECTEC), con fecha de vigencia hasta el 6 de junio de este año.

Autorizada la emisión de acciones aptas para la RIC destinadas a un proyecto privado en Santa Cruz de Tenerife

El capital finalmente suscrito y desembolsado se destinará a la reforma del Edificio Maya para convertirlo en un hotel de cuatro estrellas

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, autorizó este jueves la emisión de acciones por parte de la sociedad de capital riesgo Ric Capital Investment Parterns SCR, SA, aptas para la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), con el fin de financiar un proyecto privado consistente en la reforma de un inmueble en Santa Cruz de Tenerife y modificar su uso comercial en uso hotelero.

En concreto, el proyecto se centra en la reforma tanto interior como exterior del inmueble conocido como Edificio Maya, situado en la calle Doctor Allart, 12, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la mercantil Acosta Matos, SL, y arrendado a la entidad Tenerife Project Hotels, SL.

Esta mercantil efectuará la reforma con el fin de convertir el inmueble en un hotel, bajo la denominación AC Tenerife Hotel, que contará con cuatro estrellas y dispondrá de 83 habitaciones y 166 plazas alojativas, además de hall comercial, fitness, restaurante, solarium, sótanos para despachos, zona de almacenamiento, y aparcamientos.

Para llevar a cabo este proyecto, la entidad peticionaria procederá a ampliar su capital social mediante la emisión de 200 nuevas acciones nominativas de 10.000 euros cada una, destinando los fondos que se capten a financiar, vía préstamo participativo de importe igual al capital finalmente suscrito y desembolsado, a la empresa Tenerife Project Hotels, SL.

El importe de la inversión se cuantifica en 6.415.874 euros, si bien en la propia solicitud se reconoce verificado un desvío al alza del presupuesto indicado en un millón de euros aproximadamente.

Autorizado el reembolso de 3,7 millones de euros a Naviera Armas para la subvención a los residentes canarios

Esta cantidad corresponde a los tres meses de verano, en los que utilizaron la compañía un total de 364.202 pasajeros con derecho a descuento

El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago de 3.703.719 euros a la entidad marítima Naviera Armas, en concepto del 25% de la subvención para residentes canarios (el otro 50% lo abona el Estado) por viajes interinsulares en el tercer trimestre de 2019, que corresponde a los meses de verano.

Esta cantidad corresponde al número de viajeros, residentes canarios, que entre julio y septiembre de 2019 han optado por esta empresa marítima para realizar viajes interinsulares. La cifra asciende a un total de 364.202 pasajeros, lo que da como resultado ese abono, superior a los tres millones de euros. Por tanto, es obligatoria la autorización del reembolso por parte del Consejo de Gobierno.

Esas partidas presupuestarias se realizan con carácter trimestral en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias, contribuyendo el Ejecutivo autonómico con el 25% del total.

El objetivo del Gobierno de Canarias es minimizar los efectos de la doble insularidad ofreciendo un servicio óptimo tanto en la calidad como en frecuencia y apostando por la conectividad interinsular en el Archipiélago.

Reparación de emergencia de un muro que afecta a varias VPO en Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Canario de Vivienda tiene previsto invertir más de 82.000 euros en su reconstrucción, ya que se encuentra junto a una promoción de 40 viviendas públicas en el barrio de Ciudad del Campo, en la capital grancanaria

El Consejo de Gobierno de Canarias fue informado hoy, a través del titular de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, de la actuación de emergencia que el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) va a realizar para reconstruir un muro que presenta varias grietas frente a una promoción de 40 viviendas públicas en el barrio de Ciudad del Campo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La citada actuación requiere de una inversión de 82.671 euros y ya se está tramitando con empresas constructoras la ejecución de dichas obras de emergencia.

Esta promoción de 40 VPO, que fueron entregadas en 1996, está situada en la zona conocida como Riscos Negros, dentro del barrio de Ciudad del Campo, y los técnicos del Icavi consideran que la emergencia viene motivada por la necesidad de salvaguardar la seguridad e integridad física de los transeúntes y de los vehículos que circulen por la calle Lázaro Ortega, para evitar los accidentes que pudieran ocasionarse por algún desprendimiento imprevisto en ese muro, que registra varias grietas.

El muro actual, con una altura de entre cuatro y cinco metros, está conteniendo el terreno de la parte superior, donde se encuentra la entrada al garaje del bloque de las 40 viviendas y una zona de aparcamiento exterior para vehículos del mismo bloque de viviendas. Por lo tanto, su demolición y la realización uno nuevo tendrá que hacerse por partes para evitar problemas de desprendimiento.

Una vez demolido el muro, se excavará el terreno hasta la base de éste para preparar la cimentación del nuevo, que se realizará de hormigón armado. Se estima que la duración de esta obra sea de dos meses a partir de la firma del acta de replanteo con la constructora encargada de los trabajos.

 

El Gobierno destinará 10 millones de euros a subvencionar el Bono Residente Canario

Reunión del Consejo de Gobierno

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda agiliza los trámites para garantizar que las empresas de transporte público por carretera puedan ingresar estos fondos y contar con liquidez durante la crisis del COVID-19

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el gasto que permitirá al Ejecutivo destinar de forma inmediata una partida de 10 millones de euros a las empresas de transporte público terrestre de pasajeros de las siete islas en concepto de adelanto de la subvención del Bono Residente Canario de este año.

La Dirección General de Transportes del Gobierno canario ha agilizado los trámites de este expediente en las últimas semanas para facilitar a las empresas del sector poder acceder a estos fondos públicos lo antes posible y que así cuenten con liquidez mientras dure la crisis social, económica y sanitaria provocada por el coronavirus o COVID-19.

En concreto, se ha autorizado el gasto de una partida global de ocho millones de euros que forman parte de la subvención y que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda repartirá a partes iguales entre los cabildos de Tenerife y Gran Canaria para que éstos, a su vez, los distribuyan entre las compañías de transporte insulares.

Los dos millones de euros restantes de la subvención se repartirán, sin necesidad de autorización del gasto previa, entre los cabildos de las otras cinco islas y en el mismo periodo de tiempo que a las islas capitalinas.

El reparto de la subvención por islas queda de la siguiente manera:

El Hierro, 250.000 €
Fuerteventura, 500.000 €
Gran Canaria, 4.000.000 €
La Gomera, 250.000 €
La Palma, 500.000 €
Lanzarote, 500.000 €
Tenerife, 4.000.000 €
Total, 10.000.000 €

Este reparto se realiza según los acuerdos alcanzados con los cabildos en función al número de habitantes de cada isla y a los usuarios del transporte público en ellas.

El Bono Residente Canario fue lanzado el año pasado por el Gobierno regional con el fin de abaratar el transporte público terrestre para los residentes canarios en todas las islas, con la finalidad de favorecer aspectos fundamentales para la ciudadanía como la mejora de la calidad de vida de los canarios, la cohesión, el progreso y la igualdad de oportunidades. Actualmente, hay más de 60.000 canarios inscritos como titulares de una tarjeta del Bono Residente Canario.