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Aprobada la firma del convenio entre varias administraciones  para iniciar las obras de la  playa de Valleseco

El convenio se suscribe entre el Gobierno canario, la Autoridad Portuaria tinerfeña, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias aprobó este jueves en Consejo de Gobierno la suscripción del convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que permitirá la realización de las actuaciones recogidas en el proyecto de las obras de defensa marítima y ordenación de la zona de charcos del área funcional de Valleseco, en la capital tinerfeña.

El acuerdo, ya adoptado por las otras administraciones firmantes en el seno de sus respectivos órganos de decisión, es preceptivo para el comienzo de las obras correspondientes a la primera fase de la nueva playa de Valleseco, cuya redacción del proyecto adjudicó la Autoridad Portuaria tinerfeña al estudio Casariego Guerra Arquitectos en 2017. Tras esta aprobación, el inicio se prevé, una vez se firma el convenio entre las partes, para principios de 2020.

La actuación urbanística en esa parte del litoral de Santa Cruz de Tenerife será financiada por las cuatro administraciones firmantes del reseñado convenio. La Administración autonómica aportará, a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, la cantidad de 5.715.499 euros.

Los Presupuestos de 2020 impulsan el gasto social y refuerzan la actividad de los sectores económicos

Rueda de prensa de Consejo de Gobierno

El Ejecutivo aprobó hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que crecen un 8,7% con respecto a 2019

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, unas cuentas de acentuado carácter social y que se sitúan en los 9.569.647.526 euros, lo que supone un incremento del 8,7% con respecto al presente ejercicio. El gasto no financiero crece en 211,1 millones y alcanza los 8.066.993.290 euros, un 2,7% más que en 2019.

El blindaje de los servicios públicos, la construcción de vivienda pública, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la promoción de la igualdad y las medidas vinculadas a la emergencia climática son las prioridades de los Presupuestos, junto a la protección de los principales sectores económicos del Archipiélago y el impulso de la I+D+i.

El Ejecutivo autónomo cumple así con el calendario previsto, de modo que el Parlamento pueda iniciar el debate parlamentario de los Presupuestos y éstos se aprueben definitivamente antes de final de año, a pesar de las dificultades que entraña la confección de unas cuentas sin disponer de información precisa del Estado sobre aspectos esenciales como el déficit público, la deuda o las cantidades a cuenta de la Financiación Autonómica.

Del mismo modo, el Gobierno ha debido hacer frente a los desequilibrios de los Presupuestos de este mismo año, provocados por una serie de compromisos de importantes gastos sin cobertura presupuestaria y una merma de los ingresos, especialmente de aquellos incluidos en el denominado Bloque de Financiación Canario.

A este respecto, los últimos datos técnicos señalan que a final de año la diferencia entre la previsión inicial de ingresos y la recaudación por parte de la Agencia Tributaria Canaria se situará en los 257 millones de euros.

Estas circunstancias, unidas a la incertidumbre macroeconómica a nivel global, determinan unos Presupuestos realistas y prudentes, que cumplen con el precepto de Estabilidad presupuestaria: se estima que la Comunidad Autónoma cerrará el próximo año sin déficit público; con una regla de gasto del 2,8% con respecto al PIB y con una deuda pública del 15,3%.

Las cuentas canarias, que permitirán el impulso de la agenda social defendida por el Gobierno autónomo y los partidos que le prestan apoyo parlamentario, prevén un importante crecimiento de los organismos y entes con competencias de este tipo.

Las partidas que más crecen son las destinadas a la vivienda, el empleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la igualdad y la sostenibilidad. En general, el incremento medio de estas políticas se sitúa en el 11,7 por ciento, es decir nueve puntos porcentuales más que el aumento del gasto no financiero.

De los 8.066 millones de euros en gasto no financiero consignado en los Presupuestos, 6.037 millones de euros se destinan a la agenda social, lo que supone las tres cuartas partes del mismo.

Los mayores incrementos relativos se registran en el Instituto Canario de la Vivienda, que dispondrá de 15,4 millones más que este año, (+19,5 por ciento); el Servicio Canario de Empleo, con 38,7 millones más (+16,5 por ciento); la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, con 15,5 millones más (+13,3 por ciento) o el Instituto Canario de Igualdad, con un millón más (+10,1 por ciento).

En términos absolutos, el mayor aumento presupuestario se registra en el Servicio Canario de Salud, que dispondrá de 132 millones más que en el presente ejercicio económico, hasta alcanzar los 3.138 millones de euros, y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con 125,2 millones más que este año, hasta llegar a los 1.878 millones de euros.

En materia educativa, además, el Gobierno destinará a las escuelas infantiles, de 0 a 3 años, 9,1 millones de euros, que suponen un incremento del 102% con respecto al presente ejercicio.

Pero, además, el presupuesto refuerza a aquellas consejerías cuya gestión incide directamente en los sectores económicos de las Islas; en concreto, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca registra un incremento de 10,3 millones de euros, un 11,6% por ciento más que en la actualidad, y la de Turismo, Industria y Comercio 7 millones más, lo que supone un 7,2% de aumento. A esta relación se puede añadir también el ya citado incremento del Instituto Canario de la Vivienda, que tendrá un impacto positivo en el sector de la construcción.

Igualmente significativo es el incremento en 5,1 millones de euros en las políticas de I+D+i, un 11,5% más que en actual ejercicio. Esta partida quedará fijada para 2020 en los 50,4 millones.

Necesidad de ingresos

Por capítulos, el mayor gasto se corresponde con Personal, que experimentará un crecimiento de 215 millones de euros, un 6,8 por ciento más que en el presente ejercicio.

Precisamente, la necesidad de dar cobertura presupuestaria al incremento de los gastos de Personal acordados por el anterior Gobierno de Canarias y la imposibilidad de utilizar el superávit de la Comunidad Autónoma ha obligado al actual Ejecutivo a realizar significativas reasignaciones de partidas presupuestarias.

Además, el cumplimento de la ambiciosa agenda social en marcha requiere de un ajuste de la fiscalidad, a través de la modificación normativa de determinas figuras tributarias.

Una revisión fiscal que, en cualquier caso, será selectiva y progresiva, de modo que no impactará en las familias de rentas bajas ni medias, ni en los consumos básicos.

En este sentido, el proyecto de Presupuestos prevé el incremento del tipo de general del IGIC en medio punto, de modo que se situará en el 7%. Además, el tipo aplicado a las telecomunicaciones pasará del 3 al 7%, mientras que el de entregas de energía eléctrica pasará del 0 a 3%, salvo para consumo de los hogares, que mantendrá el tipo 0. Del mismo modo, el tipo para Bienes de lujo pasará del 13,5% al 15%.

Por lo que respecta al IRFP, el proyecto prevé la creación de dos nuevos tramos en la tarifa autonómica: para rentas de entre 90.000 y 120.000 euros se aplicará un tipo marginal que pasa del 24% al 25%, y para rentas de más de 120.000 euros, el tipo pasará del 24% al 26%.

Otra modificación normativa afecta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de modo que se eliminará la actual bonificación general y se sustituirá por bonificaciones progresivas en función del importe de la herencia.  De esta manera, quedan exentos los herederos que reciba menos de 300.000 euros, mientras que aquellos que reciban entre 300.000 y 350.000 euros, tendrán una bonificación del 90 por ciento de la cuota tributaria. Por cada incremento de 100.000 euros en la herencia, se aplicará un 10 por ciento menos de bonificación. Cuando la herencia supere los 1,1 millones de euros desaparece cualquier bonificación.

Del mismo modo, aumentará el impuesto a las labores del tabaco y las tasas de las máquinas recreativas.

43 millones más para Derechos Sociales

Entre las medidas sectoriales que cubren los Presupuestos, se encuentra una dotación extra de 18 millones de euros para la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una medida previa a la implantación de la Renta de Ciudadanía, que se comenzará a tramitar el próximo año en el Parlamento. Este incremento supone un 31,5% por ciento más de los recursos consignados en este ejercicio.

Además, se destinarán cerca de 10 millones de euros más a la Dependencia (+4,3%), al objeto de agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera.

En conjunto, la Consejería de Derechos Sociales anota un crecimiento de 43,5 millones de euros, lo que supone un 9,4 por ciento de aumento.

En materia sanitaria, el presupuesto del Servicio Canario de la Salud alcanzará los 3.138 millones, al objeto de mejorar las listas de espera, avanzar en la atención asistencial y mejorar la política de Recursos Humanos.

En vivienda se incrementarán los créditos para subvencionar actuaciones destinadas al fomento de la adquisición y urbanización de suelo para la construcción de viviendas protegidas, el fomento de la construcción de viviendas protegida, la adquisición de viviendas para su puesta en arrendamiento y la adquisición de viviendas para jóvenes.

En relación con el cambio climático, se destinarán casi 6 millones de euros a este capítulo, cuando en 2019 no se consignó cantidad alguna. Este aparado incluye la recuperación de la agenda del cambio climático, una vez aprobada la ley, el cálculo de nuestra huella de carbono como territorio o acciones de mitigación, entre otras.

Escenario económico

Los presupuestos para 2020 se enmarcan en un contexto de crecimiento económico moderado pero sostenido, con tasas inferiores a las registradas este año y en un entorno global de desaceleración económica, efervescencia de las políticas comerciales proteccionistas y crisis en la Unión Europea por los efectos del Brexit. Todo ello agravado a nivel nacional por la incertidumbre política a la hora de conformar un gobierno con mayorías, la ausencia de presupuestos estatales y la situación en Cataluña.

Según las previsiones que maneja el Gobierno, la economía canaria crecerá este año en torno al 1,8% del PIB, tres décimas menos que la media española (2,1%) y más de medio punto porcentual por encima de la estimada para los países de la Eurozona (1,2%). Para 2020, el crecimiento previsto es del 1,3%. En términos nominales, Canarias pasará de un PIB traducido en euros de 47.180 millones en 2019 a 48.218 en 2020.

Por su parte, la tasa de paro se incrementará este año hasta el 20,9%, ocho décimas más que al finalizar 2018, y hasta el 21,3% en 2020. Este aumento es debido, sobre todo, a los riesgos que afronta el sector turístico y sus efectos sobre el resto de la economía canaria, principalmente por la quiebra de Thomas Cook, la decisión de Ryanair de cerrar cuatro bases españolas, entre ellas las de Gran Canaria y Tenerife Sur, y al descenso de la demanda vacacional del turismo alemán y nórdico.

El Gobierno de Canarias avanza que el Presupuesto de 2020 crecerá el 2,7%

Consejo de Gobierno de Canarias

El portavoz Julio Pérez cifra en 8.066 millones de euros el valor absoluto de los capítulos del 1 al 7, sin contabilizar los apartados financieros

Ese umbral, que se podrá aprobar como anteproyecto de ley en el Consejo extraordinario del miércoles, supone un alza de más de 200 millones

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad), avanzó este jueves, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 alcanzarán los 8.066 millones de euros para los capítulos no financieros (del 1 al 7). Ello significa que habrá un aumento del 2,7% (más de 200 millones de euros) respecto a idéntico parámetro de 2019, según los datos que se recogerán en el anteproyecto que se prevé aprobar en una reunión extraordinaria del Consejo prevista para el miércoles de la semana próxima en Tenerife.

Pérez también confirmó una subida del IGIC general del 6,5% actual al 7%, de aplicación a partir del 1 de enero de 2020, lo que, sumado a otros ingresos fiscales adicionales y modificaciones, posibilitará cumplir los planes del Ejecutivo autonómico para mejorar la atención social y los servicios públicos esenciales (sanidad y educación públicas), así como pagar los en torno a 160 millones de más que supondrán las nóminas de los empleados públicos en 2020 debido a la reducción en la jornada diaria de trabajo de profesores de Secundaria (de 20 a 18 horas lectivas) y de empleados de Sanidad (de 37,5 a 35) aplicada desde este año y no presupuestada por el Gobierno anterior.

El portavoz del Gobierno autonómico calificó las nuevas cuentas de «realistas»; esto es, ajustadas a cómo se espera que vaya a ser el crecimiento económico y la recaudación fiscal propia durante el año que viene.

Sobre los cambios de tipos en distintos tramos del IGIC, indicó que estos supondrán unos ingresos adicionales para la Comunidad Autónoma, lo que permitirá cumplir planes como destinar más fondos públicos a vivienda social y a aumentar las partidas de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) entre 15 y 20 millones de euros en 2020, esto último para subir su importe por unidad familiar y además incorporar a «varios miles» de beneficiarios nuevos. Se trata de una necesidad dado el elevado índice de riesgo de pobreza que se ha detectado en Canarias, explicó Julio Pérez.

El Consejo de Gobierno aprueba un decreto-ley para facilitar la incorporación inmediata de los nuevos funcionarios

Consejo de Gobierno de Canarias

Además, la norma obliga a convocar concurso de traslado para todo el personal, cuando concluyan los procesos selectivos en curso

El Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de hoy el Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones Canarias con el objeto facilitar la incorporación inmediata de los nuevos funcionarios. Así, la norma servirá para conciliar las expectativas de movilidad, promoción profesional y carrera administrativa en la Administración autonómica de los funcionario y funcionarias de carrera con las de acceso a los empleos públicos del personal de nuevo ingreso. Además, ese decreto-ley obliga a convocar concurso de traslado para todo el personal, cuando concluyan los procesos selectivos en curso.

Cabe recordar que la limitación de la tasa de reposición de efectivos establecida en las leyes de Presupuestos Generales del Estado ha impedido durante años la aprobación de instrumentos planificadores de la selección de nuevos efectivos, hasta que se produjo la promulgación, en 2015, del Decreto 46/2015, de 9 de abril, por el cual se aprobó la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015. Por otra parte, hasta la fecha, en la Comunidad Autónoma de Canarias ha habido dos grandes concursos de traslados, celebrados en 2002 y en 2015, al margen de otros menores.

Para el Gobierno de Canarias es tanto una prioridad como un verdadero imperativo la recuperación del empleo público, cuya consecución o alcance debe partir, por fuerza, de la culminación de los procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público de 2015, 2016 y 2017, con el fin de incorporar, sin más demora, al personal en curso de selección y, en su caso, pendiente de nombramiento. Se trata de 1.008 plazas ofertadas (295 correspondientes a la OPE de 2015; 363, a la OPE de 2016, y 350, a la OPE de 2017) a las que aspiran 22.276 personas.

Sin embargo, el buen fin de este proceso exige la adopción de determinadas medidas urgentes de ordenación, conciliando el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad con el principio de eficacia en la actuación de la Administración, todos ellos recogidos en el artículo 103 de la Constitución Española.

El decreto-ley regula y permite una adjudicación o provisión o atribución de los puestos de trabajo que sea provisoria o no definitiva, pero que no por ello dañe los derechos que se derivan de la propia incorporación a los puestos de trabajo, especialmente, y de manera explícita, en cuanto al cómputo de la antigüedad, que se efectuará desde la toma de posesión inicial, aunque la misma se califique de provisional y aunque la situación definitiva de las personas interesadas quede a resultas de lo que se resuelva tras los concursos de traslado.

Para evitar que surjan dudas sobre la corrección del sistema provisional de adjudicación del puesto de trabajo a los nuevos funcionarios, el Gobierno de Canarias ha optado por regular la materia con seguridad y con el rango normativo adecuado, y con el expreso reconocimiento legal de los derechos del personal funcionario de nuevo ingreso.

Provisión excepcional de personal en las corporaciones locales

Otro aspecto que regula el decreto-ley es la dificultad a la que se enfrentan las corporaciones locales para los nombramientos definitivos de secretarios o secretarias, interventores e interventoras y que afecta también a la utilización de los mecanismos de provisión no definitivos, como las acumulaciones de funciones en municipios cercanos, limitados por la fragmentación del territorio, que en la práctica no han permitido satisfacer la necesidad legal de disponer de habilitados o habilitadas nacionales en los municipios canarios.

Se trata de una situación derivada del carácter insular de Canarias, que cuenta con una peculiar condición de lejanía que, unida a una insuficiente oferta de empleo público por las administraciones competentes, ha causado una especial dificultad para la provisión ordinaria de los puestos de trabajo reservados, con un elevado número de vacantes en ambas provincias, que alcanza una tasa del 56% del total de puestos existentes, lo que constituye una muestra de la gravedad del problema.

Por lo tanto, el decreto-ley introduce un mecanismo de provisión excepcional, adicional a los existentes en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por el tiempo imprescindible para garantizar un funcionamiento mínimo e indispensable de los servicios esenciales de competencia municipal, situación que puede darse en este momento en un buen número de entidades locales canarias.

Plazas reservadas

Finalmente, la norma incrementa las plazas o puestos de trabajo que, en determinado proceso selectivo, habían sido reservadas para aspirantes en situación legal de discapacidad, que no han sido cubiertas y no podrán ser ocupadas, pero que pueden acumularse a las del turno general, atendiendo además, de modo particular, a la propuesta justificada en derecho que ha sido formulada por la Comisión Evaluadora competente para resolver sobre la calificación de quienes participaron en dicho proceso selectivo, a cuyo juicio ha habido aspirantes que han superado las exigencias técnicas y acreditado los conocimientos requeridos para la superación de las pruebas correspondientes, y así lo ha hecho constar formalmente el propio tribunal evaluador, mediante propuesta justificada.

El Gobierno da el visto bueno a los convenios para atender la violencia de género en Gran Canaria y Tenerife

Consejo de Gobierno de Canarias

El Instituto Canario de Igualdad destina más de 25 millones de euros para mantener los recursos destinados a la prevención y protección integral de las víctimas de violencia de género; ese global se repartirá entre los cabildos en 2019-2022

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de hoy, jueves 10 de octubre, al Instituto Canario de Igualdad (ICI) la firma de los convenios de cooperación con los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife para la consolidación y el mantenimiento del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en ambas islas. Tal y como establecen los convenios, el ICI realizará una inversión global de 10.212.521,40 euros en cada una de esas islas durante el periodo 2019-2022.

Aportación por Cabildos
Aportación por Cabildos

Se trata del último trámite que restaba para que el ICI establezca con todos los cabildos los convenios de colaboración, que supondrán una aportación total del Gobierno de Canarias de más de 25 millones de euros para el mantenimiento de esos recursos en todas las islas hasta 2022.

En la actualidad, el ICI financia conjuntamente con los cabildos insulares el mantenimiento de 75 recursos, entre los que se encuentran los DEMA de cada isla (Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas), pisos tutelados, casas de acogida, casas de acogida inmediata y centros de información.

Convenios Violencia de Género
Convenios Violencia de Género

Estos convenios permiten a las islas, además de la gestión (directa o indirecta) de los recursos que integran la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, la realización de campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género. Se trata de actuaciones encaminadas a la formación y actualización del personal integrante de la Red y a la ejecución de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género en el ámbito de sus competencias.

El Gobierno de Canarias destina casi 200.000 euros al comedor social de Santa Cruz de Tenerife

Consejo de Gobierno

Unas 700 personas hicieron uso del servicio durante el año 2018

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, jueves 3 de octubre, conceder una subvención al Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife (el IMAS, organismo adscrito al Ayuntamiento capitalino), con el fin de cubrir parte de los gastos derivados del programa Comedor Social (el 71% del coste de la actividad). El importe autorizado es de 199.000 euros.

El comedor social es un servicio especializado que cubre las necesidades alimenticias de las personas alojadas en el Centro Municipal de Acogida, así como de personas sin hogar y personas en riesgo de exclusión social que no pueden hacer frente a sus necesidades alimenticias por motivos económicos y que residen en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El comedor ofrece desayunos, almuerzos y cenas los 365 días del año.

De esta forma, a través de ese programa, se da respuesta a las necesidades de urgencia social y alimentaria que se detectan en las familias del municipio de Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo cobertura a las necesidades básicas de este colectivo de población y previendo situaciones de extrema necesidad para las familias que se encuentran en exclusión social.

Durante el año 2018 acudieron al servicio de comedor un total de 677 usuarios; de ellos, la gran mayoría usaron de forma habitual el servicio e hicieron uso puntual de otros servicios del Centro Municipal de Acogida.

El servicio de manutención ofreció en 2018 un total de 194.840 comidas y 10.648 servicios alimenticios.

Nombramiento del Consejo de Gobierno

El Gobierno nombró hoy a la directora general de Relaciones Económicas con África, Nasara Cabrera Abu

Nasara Cabrera Abu ha sido nombrada hoy por el Consejo de Gobierno directora general de Relaciones Económicas con África, un departamento perteneciente a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Cabrera Abu es doctora en Sociología por la Universidad de La Laguna (ULL) y ha desarrollado su carrera profesional en ese ámbito, con tareas y funciones siempre vinculadas a las relaciones interculturales y con especial incidencia en países de África del norte. La nueva directora general habla español, inglés, francés y árabe.

Nasara Cabrera además es experta universitaria en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tiene un diploma de Estudios Avanzados del programa de doctorado Sociedad, política y cultura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de La Universidad de La Laguna.

La actual directora general es máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género por el Instituto de Estudios de las Mujeres de La Universidad de La Laguna.

Otras decisiones

En el Consejo de Gobierno de este jueves, como ya ocurriera en el anterior, también se ha procedido a los ceses y nombramientos de vocales en los consejos de administración de las siguientes empresas públicas: Grecasa, Visocan y Sodecan.

Autorizada la transferencia de 31 millones de euros para los pagos con cargo al Fondo de Financiación Municipal

Reunión del Consejo de Gobierno

El resto de cantidades, hasta completar los 259 millones, ya habían sido canalizadas como entregas a cuenta y ahora solo faltaba abonar esa partida a los 88 ayuntamientos canarios

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves, 26 de septiembre de 2019, en su reunión vespertina celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el pago de casi 31 millones de euros a los ayuntamientos de Canarias (88) como liquidación de las partidas que estos debían recibir del Fondo Canario de Financiación Municipal (todos recursos propios de la Comunidad Autónoma) con cargo al ejercicio de 2017.

Con esa cantidad, Canarias procede a la distribución definitiva del reseñado Fondo y da por concluido este proceso de abonos a los municipios con cargo al año 2017. La cantidad exacta que se transferirá, según la decisión adoptada este jueves, es de 30.830.873 euros. Ya habían sido abonados 228,3 millones de euros

El importe definitivo que llegará a los municipios canarios con cargo a 2017 por aquel concepto es de 259.153.351 euros. De esta partida final, ya se habían distribuido atendiendo a acuerdos de Gobierno anteriores la cifra global de 228.322.478 euros, con lo que restaban por abonar los casi 31 millones de euros ya señalados.

De los 259,1 millones totales abonados a las corporaciones locales con cargo al Fondo canario de Financiación Municipal de 2017, el 1% debe llegar a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), según obliga el artículo 3 de la Ley 3/1999. Ello implica que de la última partida que ahora se liquida, los casi 31 millones de euros, habrá 308.309 euros que tengan como destino la Fecam.

El Gobierno informará al Ejecutivo central de los procedimientos de infracción en trámite por la UE

Los expedientes abiertos relacionados con la gestión medioambiental, principal causa de incumplimiento de las directivas comunitarias

El Consejo de Gobierno acordó este jueves informar al Gobierno del Estado de la situación actual, a fecha de hoy, de los procedimientos de infracción en trámite que afectan a la Comunidad Autónoma de Canarias por incumplimiento de directivas comunitarias. Dichos procedimientos se clasifican en cuatro secciones según sea su estado de tramitación.

Así, la Sección I corresponde a los expedientes de infracción en fase contenciosa, que incluye aquellos en los que la Comisión, tras finalizar la fase administrativa sin una solución o acuerdo, ha demandado al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y aquellos en los que ya ha recaído sentencia y se ha instado a su cumplimiento.

La Sección II incluye los expedientes en fase administrativa; es decir, aquellos expedientes abiertos desde el inicio del procedimiento de infracción, a través de carta de emplazamiento, hasta su conclusión con el dictamen motivado de la Comisión.

La Sección III tiene que ver con los expedientes y actuaciones de la Comisión para el control de las ayudas de Estado que considera ilegales.

Y la Sección IV, denominada expedientes piloto de la UE, está relacionada con el procedimiento previo a la incoación de un expediente de infracción para dar una solución rápida a problemas de incumplimiento de la normativa UE. A efectos informativos, se incluyen todos los pilotos iniciados desde enero de 2014, estén o no cerrados y tengan o no requerimientos pendientes de cumplir por la Comunidad Autónoma.

En la Sección I figuran cinco expedientes de infracción relacionados con el incumplimiento de diferentes directivas comunitarias sobre la gestión del medio ambiente. El primero y más importante, pues lleva aparejada una sanción de 10,3 millones de euros, es sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en el Valle de Güímar, en Tenerife. En principio, el Estado hará frente al pago de la multa, si bien su importe podría ser repercutido entre las administraciones públicas responsables.

No obstante, el último de los trámites de este procedimiento del que se tiene conocimiento es la declaración de caducidad dictada por la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, mediante resolución del día 4 del corriente mes de septiembre, al no haberse dictado la resolución pertinente en el plazo legalmente establecido (el procedimiento se inició el 2 de diciembre de 2018). En cualquier caso, las obras para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE se encuentran muy avanzadas, estimándose la fecha de finalización en octubre de 2020.

El segundo expediente está relacionado con la gestión de residuos y vertederos ilegales. De los 32 vertederos afectados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 30 han sido clausurados y sellados. Siguen ejecutándose las obras en los dos vertederos restantes, el del Faro de la Orchilla (El Hierro) y el de Las Rosas (Güímar-Tenerife), cuya finalización está prevista para diciembre de 2019.

El tercer expediente, relativo a la evaluación y gestión del riesgo de inundación, el recurso se halla actualmente en la fase de dúplica; esto es, la respuesta a la réplica de la Comisión. La Abogacía del Estado ha solicitado el envío de la información oportuna para preparar esta respuesta antes del próximo 14 de octubre.

El cuarto se refiere a la revisión y actualización de los planes hidrológicos. A este respecto, el TJUE ha fijado la fecha de lectura de la sentencia precisamente para hoy jueves, 26 de septiembre, y ya se sabe que es condenatoria.

Y por último, el quinto expediente en fase contenciosa es por no haber adoptado planes de gestión de residuos o no haber revisado dichos planes. En este sentido, la entonces Viceconsejería de Medio Ambiente completó la redacción del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan) durante 2018 e inició su tramitación a comienzos de 2019 con la previsión de tenerlo aprobado en el primer semestre de este año, plazo que ha sido revisado para retrasarlo hasta finales de 2019. Recibidas las conclusiones de la Abogado General del Tribunal de Justicia, en éstas se plantean como primera propuesta al tribunal y siguiendo lo solicitado por el Estado que no admita el recurso contra el Reino de España, con imposición de costas a la Comisión Europea.

Los expedientes en fase administrativa (Sección II) están relacionados con el incumplimiento de la directiva sobre aves de protección, en concreto de la tórtola común; la aplicación de la directiva sobre nitratos y el reconocimiento profesional de los guías turísticos.

En la Sección III -Ayudas de Estado- y en la Sección IV -expedientes pilotos de la UE- no hay ninguna referencia significativa a Canarias.