Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno aprueba el Decreto de Turismo Activo que modifica el reglamento para ejercer esta actividad

Tras el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias la nueva norma establece el régimen jurídico para su desarrollo

Regula aspectos como los requisitos de las empresas o el profesional especializado, así como los derechos y obligaciones de las personas usuarias y empresarios

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el decreto por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo de las actividades de turismo activo, tras el dictamen positivo del Consejo Consultivo de Canarias y el diálogo con todos los agentes implicados, que agrupan a 1.200 empresas en las islas y más de 4.000 puestos de trabajo vinculados.

La nueva norma busca actualizar el actual decreto 226/2017, de 13 de noviembre, estableciendo como prioridad la calidad, la sostenibilidad y seguridad de los servicios turísticos, así como la armonización de la actividad profesional del turismo activo.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó que, “con esta nueva regulación, se pretende no solo profesionalizar el sector, incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino además evitar el intrusismo”.

De León hizo hincapié en que “el turismo activo es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.

La modificación del decreto tiene como objetivo regular la autorización de las empresas y profesionales, reconociendo las distintas cualificaciones del personal, como títulos, certificados o acreditaciones, que demuestren su capacidad para realizar cada servicio. También, se procura que no se creen barreras, requisitos excesivos ni limitaciones que impidan ejercer la profesión.

Además, se ha tenido en cuenta la evolución del sector en nuestro territorio con un volumen de negocio y personas usuarias creciente.

Este crecimiento ha sido fomentado e impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo dentro de la Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible (ACDS 2030) que proyecta “un nuevo modelo económico competitivo e inteligente, más diversificado, resiliente, inclusivo y verde”.

De León explicó que “la demanda de nuestros turistas y ciudadanos, requiere una revisión de las actividades que se encuentran en el ámbito de la experiencia activa y el conocimiento participativo del entorno natural y social”.

Para la consejera, “la variedad de actividades del turismo activo requiere una clasificación dinámica que permita el acceso a perfiles profesionales polivalentes”.

Se regula de esta manera la habilitación profesional desde premisas de calidad, y se facilita el acceso al empleo y el desarrollo profesionales tomando como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y el Catálogo de Especialidades Formativas desarrollado en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

Para evitar el intrusismo, la norma establece unos requisitos que garanticen que se pueda realizar la actividad en condiciones de seguridad, cumpliendo con la legalidad y prestando un servicio de calidad.

Canarias destina 6,5 millones al servicio de vigilancia de los centros para menores con medidas judiciales

Se trata de garantizar los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros de internamiento educativo ubicados en Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno la realización del gasto necesario para la segunda prórroga del contrato del servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros de internamiento educativo para menores de Canarias, por importe de 6.553.272,78 euros.

La autorización de este gasto, que realizará la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, permitirá financiar, durante 12 meses, los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros, el auxilio al personal del mismo, así como el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en los centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales ubicados en Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria.

La prórroga del contrato al que corresponde esta inversión abarca desde el 14 de febrero de 2026 hasta el 13 de febrero de 2027.

 

 

 

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Canarias para 2026

El límite de gasto no financiero para las cuentas autonómicas se sitúa en 12.491 millones de euros, lo que supone un crecimiento porcentual del 7 % respecto a este ejercicio

De esta cifra, más de 8.000 millones se destina a la prestación de servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda se posiciona como una de las preocupaciones prioritarias de este Ejecutivo, que incluye deducciones en IGIC e ITP para la compra de vivienda habitual

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias por una cifra global de 12.491 millones de euros para el año 2026. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales.

Al igual que los años anteriores, el presupuesto se ha diseñado a gasto real y con prudencia ante el desconocimiento de las magnitudes necesarias para su elaboración. Con respecto a la disciplina fiscal, la consejera ha explicado que el Gobierno de España no ha aprobado la senda de consolidación fiscal, lo que obliga Canarias a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB de la comunidad autónoma.

El ministerio de Economía tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del producto interior bruto, por lo que el presupuesto se ha elaborado en base a la última tasa de crecimiento referenciada, que es del 3,3%. A este respecto, la consejera de Hacienda se ha vuelto a referir a la imposibilidad de crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma. “Se trata de un valor del año 2023, por lo que no se adapta a la realidad actual. A pesar de todo, las cuentas públicas de 2026 dan prioridad al gasto social, al destinar la mayor parte del presupuesto a sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. También es importante el refuerzo que se hace en transición verde, agricultura, economía, industria y comercio”.

Además, al no haber un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no se conocen las partidas destinadas a Canarias, por lo que, como ha explicado la consejera, se ha optado por mantener las recurrentes o las previamente acordadas. El incremento de los ingresos se sustenta en el crecimiento de los ingresos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y los tributos cedidos; además del incremento de otros ingresos tributarios.

De los 12.491 millones de euros de gasto, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4% , con 2.313 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

También destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más. Por el contrario, la mayor caída la registra Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, con un descenso de, prácticamente, 60 millones, debido a la distribución de los fondos del Convenio de Carreteras.

La comunidad autónoma, con la deuda pública en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del PIB, cumple con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la consejera ha vuelto a reclamar que el Gobierno central trasponga al ordenamiento jurídico español la nueva normativa disciplinaria europea, vigente desde abril de 2024, mucho más flexible que la que el Estado aplica a las comunidades autónomas y corporaciones locales. “Esta adecuación a la normativa europea permitiría flexibilizar la regla del gasto y destinar el superávit a paliar las necesidades de los canarios, situación que ahora nos está vetada”, ha recalcado Matilde Asián.

Modificaciones tributarias

En relación a la política fiscal, la preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, se verá reflejada en la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. Al respecto, el proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisión de Patrimonio para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas, así como el importe de adquisición de los inmuebles. “El anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población. Por eso, lo que hemos aumentado y adaptado a la realidad, lo que va a permitir que se beneficie un mayor número de personas”, aclaró la consejera.

Respecto al IGIC para la adquisición de vivienda habitual, en el nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos, la edad de adquiriente sube hasta los 40 años y el importe máximo de la vivienda, hasta los 200.000 euros aunque aumenta en el caso de familias numerosas. La renta máxima para acogerse a estas mejoras aumenta de los 24.000 a los 46.445 euros, y de los 34.000 a los 61.770 euros, en el caso de tributación conjunta. En el caso del ITP, las rentas máximas de los adquirientes también suben hasta los 46.445 euros, pudiendo incrementarse en más de 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.

Asimismo, entre las medidas de alivio fiscal, y que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC; es decir, se incrementan todos los tramos un 2,1%. También se incrementan los límites máximos de rentas para la aplicación de las deducciones autonómicas, pasando de 45.500 a 46.455 euros, en tributación individual, y de 60.500 a 61.770 euros, en conjunta. También se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de entidades de nueva o reciente creación. En estos casos, la deducción es del 20% de inversión con un máximo de 4.000 euros anuales, o del 30% con un máximo de 6.000 euros anuales, si se trata de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

En cuanto a las medidas relacionadas con la salud, se incrementa el tipo de IGIC del 7 al 15% a las bebidas energéticas y se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos, que oscilará entre 3%, 5% o 7% de IGIC. También pasan a tributar a tipo 0% las camas hospitalarias al ser consideradas aparatos sanitarios.

En línea con la preocupación por la salud, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en cigarrillos y tabaco calentado. También se modifica la tributación de las bolsas de nicotina, que pasa de ad valorem a específico.

Se elimina además el AIEM sobre combustibles, puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0. Y se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC.

Además, la ley de Presupuestos de la CAC para 2026, prevé mantener la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible derivado del petróleo para las islas no capitalinas.

Plazos

El proyecto de Ley de los PGCAC, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de hoy, se entregará el próximo día 30 de octubre al Parlamento de Canarias para que comiencen los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

El Gobierno respalda la candidatura de La Palma y Tenerife para acoger el Centro Nacional de Vulcanología

La propuesta, elaborada junto a los cabildos, será trasladada al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, órgano encargado de coordinar el proceso estatal de selección

El Consejo de Gobierno, celebrado hoy miércoles 22 de octubre, ha aprobado el respaldo institucional a la candidatura presentada por el Ejecutivo autonómico para que Canarias albergue la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología. La iniciativa, desarrollada de manera conjunta con los cabildos de La Palma y Tenerife, plantea un modelo de gestión compartida entre ambas islas, con sede principal en La Palma y una subsede en Tenerife.

Con este acuerdo, el Gobierno culmina la fase autonómica del procedimiento y se pasará a remitir el expediente completo al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, responsable de coordinar la fase estatal del proceso de selección.

La propuesta argumenta la idoneidad del archipiélago como territorio volcánico activo, con una sólida experiencia en la gestión del riesgo, un ecosistema científico consolidado y una estructura de cooperación institucional que garantiza la viabilidad del proyecto.

El expediente incorpora la relación de infraestructuras científicas y técnicas disponibles, los equipos de investigación vinculados al ámbito de la vulcanología y un modelo de gobernanza que refuerza el compromiso de Canarias con la ciencia, la prevención y la colaboración entre administraciones.

Bienestar Social refuerza la atención a las mujeres víctimas de violencia con una inversión de más de 100.000 euros

La financiación está dirigida a los Centros de Crisis 24 horas, que ofrecen acompañamiento y asesoramiento tras una agresión sexual

Desde su puesta en funcionamiento, en mayo de este año, se ha atendido a 321 personas en los cinco recursos ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno destinar un total de 103.575,97 euros para financiar la gestión de los Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Este servicio de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ofrece acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, 24 horas del día a todas aquellas mujeres, familiares o entorno de aquellas que hayan sufrido alguna agresión sexual, facilitando servicios de atención psicológica, jurídica y social. Canarias cuenta con cinco centros de este tipo de centros, que están ubicados físicamente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) puso en marcha los Centros de Crisis de 24 horas el pasado mes de mayo con financiación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) y los gestiona a través de la Fundación IDEO, a la que realiza las transferencias oportunas para su correcto funcionamiento. Así, hasta septiembre ha atendido a 321 personas, de las cuales 233 son mujeres mayores, 33 mujeres menores y 55 familiares.

Los Centros de Crisis 24 horas son espacios seguros, libre de juicios y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde las personas reciben apoyo inmediato y acompañamiento profesional. Los centros están diseñados para abordar las complejas consecuencias de la violencia sexual, proporcionando un entorno de confianza en el que se respeta siempre la voluntad de las personas usuarias. Los centros de crisis 24 horas se suman a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla con todos los cabildos.

El Gobierno de Canarias suma otros 500.000 euros al impulso del planeamiento municipal

La Consejería de Política Territorial lleva a cabo una modificación presupuestaria para ampliar hasta los 2,8 millones las subvenciones a los ayuntamientos para actualizar sus instrumentos de planeamiento

La mayoría de los municipios beneficiados en la primera convocatoria son municipios afectados por el reto demográfico que cuentan con menos de 10.000 habitantes

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado hoy vía libre a una modificación presupuestaria que permitirá destinar 500.000 euros extras a impulsar el planeamiento municipal. Esta cantidad se suma a la convocatoria de subvenciones ya resuelta de 2,3 millones de euros y permitirá destinar este año un total de 2,8 millones de euros a que los ayuntamientos actualicen sus instrumentos de ordenación.

La convocatoria inicial, cuya resolución se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el pasado lunes, benefició a un total de 15 municipios de las islas, de los que la mayoría -un total de 14- son considerados municipios reto, es decir, de menos de 10.000 habitantes. Gracias esta modificación presupuestaria, que ha sido tramitada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, se podrá realizar una nueva convocatoria de subvenciones que, según los primeros cálculos, beneficiará a una decena de ayuntamientos de toda Canarias, aunque esta cantidad dependerá de los baremos que se aplican en la adjudicación.

El responsable de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, destacó la importancia de estas subvenciones, “pues son una ayuda fundamental para que los ayuntamientos puedan materializar su ordenación territorial, sobre todo para aquellos que disponen de menos recursos humanos y materiales para acometerlo con medios propios”.

Asimismo, Miranda recalcó que la apuesta del Gobierno por impulsar el planeamiento municipal ya está “consolidada” y anunció que el Ejecutivo “mantendrá en el tiempo el apoyo a los municipios para garantizar su desarrollo”.

Precisamente, el pasado lunes se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial por la que se adjudicaron las subvenciones de este año. Los ayuntamientos beneficiados han sido Arafo (Tenerife), Tijarafe (La Palma), Valle Gran Rey (La Gomera), Vilaflor (Tenerife), La Frontera (El Hierro), Fuencaliente (La Palma), El Tanque (Tenerife), Los Silos (Tenerife), El Pinar (El Hierro), La Matanza de Acentejo (Tenerife), Vega de San Mateo (Gran Canaria), El Paso (La Palma) y Santiago del Teide (Tenerife), que es el único de los quince municipios que supera los 10.000 habitantes.

Tanto la primera convocatoria como la que se va a realizar ahora incorporan criterios para favorecer a los municipios de menos de 10.000 habitantes, que suelen disponer de menos personal, y que es una de las medidas “detectadas como necesarias por los integrantes de las mesas técnicas que han analizado el reto demográfico en Canarias durante los últimos meses”, señaló Miranda.

El Gobierno destina 700.000 euros este año a impulsar la obra del laminador de la depuradora de Puerto del Rosario

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, informa de que esta obra se complementará con la de ampliación de la depuradora, que será licitada en breve

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria por importe de 700.000 euros que permitirá a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas hacer frente a la obra de culminación del depósito laminador de Puerto del Rosario. Este proyecto, impulsado por la Dirección General de Aguas, es complementario al de la ampliación de la depuradora, que está actualizando este departamento autonómico.

El consejero del área, Manuel Miranda, explica que el depósito laminador vinculado a la depuradora de Puerto del Rosario es un proyecto que “permitirá la regulación diaria de los caudales de aguas residuales que llegan a la depuradora, evitará que se produzcan vertidos cuando la cantidad de agua supera la capacidad de la instalación y conseguirá también el máximo aprovechamiento de las aguas depuradas para su reutilización”.

Miranda recuerda que el proyecto ha sufrido diferentes problemas durante su ejecución que su departamento ha ido sorteando. “Este año hemos logrado desbloquearlo y ahora procedemos a culminarlo, siempre en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura y su Consejo Insular de Aguas”.

Las obras supondrán la finalización de la ejecución de dos grandes vasos reguladores, con sus instalaciones de tratamiento y regulación que, junto con la ampliación que se iniciará en breve, aumentará la capacidad final total de tratamiento de la planta depuradora hasta los 6.000 metros cúbicos al día.

Estas actuaciones mejorarán la calidad del agua regenerada resultante de cara a su reutilización en la agricultura. Manuel Miranda destacó el grado de colaboración con el Consejo Insular de Aguas y el propio Ayuntamiento, “lo que nos ha permitido impulsar tanto la culminación de este depósito laminador, como la actualización del proyecto de ampliación de la depuradora”.

Los trabajos del depósito laminador culminarán en 2026, mientras que la ampliación de la estación depuradora tendrá un plazo de ejecución de alrededor de 20 meses, una vez que se licite.

Canarias presentará un requerimiento previo al Estado por el nuevo decreto que regula la creación de universidades

El Ejecutivo da este paso tras no recibir respuesta a las alegaciones remitidas en abril, en las que advertía que la norma ignora la realidad archipielágica y las singularidades poblacionales del territorio canario

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, el acuerdo para presentar un requerimiento previo al gobierno central frente al nuevo Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, que modifica la normativa sobre la creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios.

Esta decisión se adopta después de que el Estado no haya atendido ni respondido las alegaciones formuladas por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de abril, cuando la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura advirtió de que el texto vulnera competencias autonómicas y no reconoce la realidad archipielágica ni la especificidad poblacional de Canarias, tal y como contemplan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El Ejecutivo recuerda que, en su documento de alegaciones, Canarias ya había advertido de que varios de los requisitos incluidos en la nueva norma, como la fijación de un número mínimo de estudiantes en los primeros años de funcionamiento, la obligación de ofertar titulaciones en distintas ramas de conocimiento o la imposición de contar con alojamiento para parte del estudiantado, resultan discriminatorios para territorios fragmentados y con menor densidad demográfica, como Canarias.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, subraya que “el Estado no puede legislar como si todos los territorios compartieran las mismas condiciones geográficas, poblacionales o económicas. Canarias es un archipiélago, con un sistema universitario distribuido y con realidades muy distintas entre islas. Ignorar esa circunstancia supone desconocer nuestra singularidad y poner en riesgo los principios de equilibrio y cohesión territorial”.

Machín recuerda que Canarias “siempre ha mostrado su disposición a colaborar con el Estado en todas las iniciativas que fortalezcan el sistema universitario canario, pero dentro del respeto al marco competencial y al modelo descentralizado que reconoce la diversidad territorial”. En esa línea, añade que “este requerimiento no es un gesto de confrontación, sino una defensa legítima del autogobierno y de la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación superior”.

El Gobierno de Canarias también advierte de que el nuevo Real Decreto plantea un riesgo de invasión competencial al pretender otorgar carácter vinculante a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), incluso en comunidades que cuentan con agencias autonómicas inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR). En el caso de Canarias, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) dispone de ese reconocimiento europeo, lo que acredita su solvencia técnica y su plena capacidad para evaluar programas e instituciones universitarias conforme a los estándares internacionales del Espacio Europeo de Educación Superior.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno constituye el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Decreto que refunde la normativa vigente del IGIC y AIEM

La iniciativa reúne en un solo texto actualizado la técnica normativa y disposiciones legales vigentes

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián el proyecto de Decreto por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en relación con el Impuesto General Indirecto (IGIC) y el Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías (AIEM) de Canarias.

Se trata de reunir en un solo texto actualizado toda la técnica normativa vigente en relación a estos dos impuestos. Esta simplificación administrativa busca regularizar, aclarar y armonizar la normativa para hacerla más accesible y práctica a todos los ciudadanos y colectivos profesionales. Para la consejera, el objetivo ha sido elaborar un único texto normativo consolidado pero que, al mismo tiempo, resulte entendible, coherente y sistemático.

El texto refundido, que ya ha pasado por el Consejo Consultivo para su dictamen, es consecuencia del mandato legal de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025 que establecía el plazo de un año para elaborar una nueva redacción que contemplara todas las modificaciones relativas al IGIC y AIEM, introducidas en diferentes momentos, en un solo documento legal.

En cuanto a la estructura y contenido, el nuevo proyecto de Decreto consta de una exposición de motivos, una parte dispositiva en la que se aprueba el texto, una parte final integrada por las disposiciones adicionales, y el propio texto refundido de todas las normas legales que rigen en la CAC referidas al IGIC y AIEM.

El Gobierno de Canarias incorpora 24 nuevos profesionales para agilizar el traslado de los menores de contingencia

Estos trabajadores se suman a las 39 personas que se integraron en septiembre del pasado año en la dirección general de Protección a la Infancia y las Familias para mejorar la atención a la ciudadanía

El Gobierno de Canarias ha incorporado a 24 nuevos profesionales a la dirección general de Protección a la Infancia y Familias de la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para agilizar el traslado de los menores de contingencia. Los nuevos profesionales se incorporan tras el encargo realizado a la empresa pública Gestur (medio propio del Gobierno) para dar respuesta a todo lo que conlleva la aplicación del Real Decreto 658/2025 tras la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria.

Los 24 profesionales se distribuyen en las dos provincias, estando integrados los equipos de trabajo por 10 trabajadores sociales, 10 administrativos y 4 juristas. Este refuerzo de personal se suma al llevado a cabo en septiembre del año pasado, cuando se incorporaron 39 personas por contrato programa para reforzar los asuntos relacionados con la infancia en general y son los que hasta ahora han estado gestionando todos los expedientes de los menores migrantes.

De esta forma, desde el Gobierno de Canarias se está afrontando de forma responsable la situación que atraviesa el archipiélago, aportando recursos humanos para agilizar la tramitación y cumplir lo establecido en el Real Decreto 658/2025.

Con este nuevo personal -63 personas entre ambas incorporaciones- se garantizan la defensa, promoción y protección efectiva de los derechos de menores en Canarias, mediante el fortalecimiento y modernización del sistema público de atención a la infancia y la adolescencia y refuerza la capacidad operativa del personal para mejorar la atención a menores y familias y reducir cargas de trabajo.