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El Gobierno insiste en que ya tiene su hoja de ruta para que la PCI se convierta en una Renta Canaria de Inclusión

Acudir a otros modelos más populistas sería romper los consensos a los que se llegó en los XI Acuerdos de Concertación Social entre administraciones, sindicatos y patronales

El Consejo de Gobierno de hoy [lunes, 11 de marzo de 2019] se ha manifestado en contra de tramitar la Proposición de Ley 37 propuesta por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, como ya lo había hecho con las propuestas 33 y 34 de los grupos Podemos y Nueva Canarias, puesto que la Consejería, junto con otros organismos y agentes sociales y económicos, considera que es fundamental realizar la transición hacia la Renta Canaria de Inserción a través de la modificación de la PCI, tal y como se acordó en los XI Acuerdos de Concertación Social.

En dicho acuerdo, consensuado con los agentes sociales y económicos del Archipiélago, se especifica que para hacer efectivo el derecho a una renta de ciudadanía, consagrado en el articulo 24 del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, y en el marco de la proyectada Ley de Servicios Sociales, debe llevarse a cabo la modificación de la PCI alineada con unos parámetros económicos y presupuestarios sostenibles en el marco de un escenario presupuestario plurianual. “Acudir a otros modelos más populistas sería romper los consensos a los que se llegó en los XI Acuerdos de Concertación Social entre administraciones, sindicatos y patronales”, aseguró la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La propuesta de Nueva Canarias, en su articulo 4, propone dos modalidades: la renta básica de ciudadanía para la inclusión y protección social, dirigida a personas que no dispongan de ingresos suficientes procedentes de las rentas del trabajo o de pensiones contributivas o no contributivas; y la modalidad de “renta complementaria de ingresos procedentes del trabajo”, dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia, que aun disponiendo de rentas del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica de ciudadanía establecida en la primera de las modalidades citadas.

Ademas, cuando no se trate de pensionistas, la primera de las modalidades se articularía como una prestación económica condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral. Las rentas complementarias de ingresos procedentes del trabajo quedara vinculada a un convenio de inclusión dirigido a la mejora de la situación laboral de la persona titular, o en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar.

Tal y como se informó en su momento sobre las PPL 33 y 34, se estima que dar pasos en el sentido y alcance del citado articulo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, para articular el ejercicio del derecho hacia una renta ciudadana digna y que ofrezca salidas para las personas en situación de exclusión social, solo se puede hacer de manera progresiva y valorando que lo mas adecuado es la transición de la actual PCI hacia una Renta Canaria de Inclusión debido al impacto presupuestario, la complejidad del desarrollo normativo y la nueva instrucción de los procedimientos administrativos en la gestión y la ejecucion descentralizada y simplificada para tal finalidad, que demandan las Administraciones implicadas y la propia población afectada.

El objetivo que nos debemos plantear es hacer converger a Canarias en la media estatal del gasto social del resto del Estado en cinco años, yendo acompasadamente con su avance socioeconómico. Para posicionar a Canarias en el puesto número 9 de 19 posibles, en relación al porcentaje sostenible del PIB destinado al gasto en Servicios Sociales y Promoción Social, habría que aumentar el gasto en 302.502.985,00 € elevando la cifra a 638.145.986,67€, lo que supondria un incremento del 4´55% al 8,67% del presupuesto actual, un aumento del 0´75% al 1,43% del PIB actual de Canarias y elevar el gasto percapita a 294€, frente a los 154´23 € en estos momentos.

La Comisión parlamentaria que trabaja la ponencia de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias en tramite parlamentario desde enero 2018, cuenta con iniciar una transición desde la Prestación Canaria de Inserción hacia una Renta Canaria de Inclusión, incorporando, desde ya, algunos aspectos prioritarios que se contienen en el Acuerdo del pasado mes de octubre de 2018 de la Mesa de Concertación Social.

“Estamos dando los pasos necesarios para que, de manera firme y gradual, contemos con una renta ciudadana digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia. Por eso, hemos valorado que lo más apropiado es la transición de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que fue la mejor herramienta que tuvimos durante la recesión económica, a una Renta Canaria de Inclusión que dará estabilidad y sosiego a alrededor de 32.000 familias”, explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido. La responsable del área destaca, además, “el importante esfuerzo económico y de recursos humanos que esto supondrá” a medio plazo para la Comunidad Autónoma, que, con esta inversión y otras en materia de políticas sociales, se convertirá así en una de las nueve primeras comunidades con mejor cobertura social, mientras que, en cambio, su posición en el PIB per cápita se situará en el puesto 14 en el ámbito del Estado”.

En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, que es de aproximadamente 62 millones, “si se contabiliza la inversión en ayudas, gastos de personal y programas de inserción.

Cobertura indefinida para familias en exclusión con menores a su cargo

En esta hoja de ruta que ya tiene preparada el Gobierno, el primer colectivo beneficiado será el de las familias con hijos a cargo y sin rentas. “Entendemos que se trata del colectivo más vulnerable entre los vulnerables”, argumenta Valido. “Así, los hogares con niños y sin ingresos permanecerán en el sistema, sin necesidad de renovar la prestación, en cuanto se apruebe la Ley de Servicios Sociales, que ya está en trámite parlamentario desde el 18 de enero de 2018, y que esperamos que se apruebe antes de mayo”, detalló la consejera.

Progresivamente, el Gobierno irá incorporando a la permanencia en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos o las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.

Nuevos perfiles: trabajadores en precario

Una novedad demandada desde hace años -y que se recogerá en la Renta Canaria de Inclusión- es la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media está en la actualidad en 650,95 euros (depende del número de miembros de la unidad familiar).

En este apartado también se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.

La consejera destaca como nuevo colectivo compatible a los trabajadores en precario, es decir, a aquellos que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que, como en los casos anteriores, sus ingresos no llegan al IPREM. De esta forma, “el Gobierno se hace eco de una nueva realidad heredera de esta crisis, la de los trabajadores en exclusión”.

“En definitiva -continua Valido-, con esta modificación y esta transformación de la Prestación de Inserción en Renta de Inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará la estabilidad. Esto quiere decir que permanecerá en el tiempo, si las circunstancias familiares o personales perduran; es lo realmente importante y lo que significa el gran cambio”.

Incremento de personal

Valido no es ajena a la necesidad de mejorar la cobertura de recursos humanos tanto en la administración local como en la autonómica y, en este sentido, explicó que durante este año y el siguiente “se garantizará la incorporación de personal a los servicios sociales municipales así como a los centros directivos implicados de la Comunidad Autónoma que comparten la gestión y ejecución de la actual PCI”. Para ello, también se tendrán que duplicar los créditos destinados a ello. En este sentido, se ha trabajado en coordinación con la FECAM también dentro de los acuerdos de concertación social.

Por último, y en cuanto a los cambios legislativos necesarios, Valido insistió en que “todo pasa por la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Servicios Sociales, que ya se tramita desde el pasado 18 de enero, que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción que tiene un presupuesto aprobado de 56 millones de euros solo en ayudas económicas”, sin contar personal ni programas de inclusión.

Se prorroga el seguro de vida para el personal público de la Comunidad Autónoma

La cuantía de la prórroga es de cuatro millones de euros y asegura el fallecimiento e incapacidad permanente total

El Gobierno de Canarias aprobó hoy la prórroga del contrato del seguro colectivo de vida del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo importe asciende a 4.061.635,88 euros. El personal amparado por esta medida asciende a 69.784 personas, y las contingencias aseguradas son el fallecimiento y la incapacidad permanente total para la profesión habitual, ambas por cualquier causa.

El personal asegurado comprende el personal funcionario (de carrera e interino), incluidos el personal docentes no universitario y el personal al servicio de la Administración de Justicia); personal eventual, el laboral (fijo y temporal, ocupen o no puesto de trabajo en la respectiva relación de puestos de trabajo); el laboral en situación de excedencia forzosa con derecho a reingreso automático (representación sindical); los trabajadores y trabajadoras en situación de suspensión de contrato por cualquier causa; los trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo de Alta Dirección, y el personal estatutario del Servicio Canario de Salud.

El contrato del seguro colectivo de vida del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se viene celebrando de forma anual desde 2003, año en el que se contrató con la aseguradora Swiss Life (España) S. A. de Seguros, que con posterioridad fue absorbida por Vida Caixa, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Sanidad destina más de 3,7 millones de euros a la compra de lencería para los hospitales públicos canarios

Esta inversión fue aprobada esta mañana durante la reunión del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana autorizó a la Consejería de Sanidad el gasto para la contratación del suministro de lencería hospitalaria con destino a todos los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), inversión que cuenta con un presupuesto de licitación de 3.745.575 euros y que se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria.

Por centros, la partida presupuestaria se distribuye de la siguiente manera: 990.701 para el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 748.682 para el Hospital Universitario de Canarias, 735.273 euros para el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, 614.741 para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, 234.148 para el Hospital General de Fuerteventura, 211.835 para el Hospital General de La Palma, 161.769 para el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, 34.199 para el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, y 14.127 para el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro.

Con la adquisición de esta lencería, que se destinará a los nueve hospitales del SCS, se renovará parte de estos elementos con los que cuentan los centros hospitalarios públicos canarios.

Dado que esta contratación supera los dos millones de euros, este gasto ha tenido que ser autorizado por el Gobierno de Canarias.

Canarias solicita a la Audiencia Nacional la ejecución inmediata de la sentencia del Convenio de Carreteras

Fernando Clavijo presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno en Tenerife.

El Gobierno canario, a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ha hecho uso de esta figura legal para reclamar al Gobierno de España el abono de la deuda, que asciende a 991,6 millones

El Gobierno de Canarias presentó el pasado miércoles, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, un incidente de ejecución de sentencia del Convenio de Carreteras, por el incumplimiento de las sentencias y del acuerdo extrajudicial por parte del Gobierno de España respecto a las anualidades correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. La portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, realizó este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

“Han pasado más de ocho años desde que el Ministerio debió transferir al Archipiélago la anualidad de 2012. Han sido ocho años de lucha ante la Justicia, de negociaciones, y de un esfuerzo presupuestario por parte Gobierno autonómico para cubrir, con fondos propios, la deuda estatal”, denunció la consejera.

“Canarias no puede seguir esperando y, por ese motivo, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que dirige Pablo Rodríguez, y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma han presentado este incidente de ejecución de sentencia ante la negativa del Gobierno de España de abonar los 864,7 millones que se adeudan a Canarias”, explicó la consejera.

Añadió que hay que sumar a esta cantidad otros 126,9 millones que se han acumulado hasta el pasado 31 de enero de 2019 en concepto de intereses. “En conclusión,- explicó Rosa Dávila- “el Ministerio de Fomento debe a Canarias 991,6 millones, una cantidad que da una idea de la importancia que tiene el cumplimiento de la sentencia para mejorar la movilidad y conectividad de las Islas”, dijo.

Esta deuda, que se ha ido acumulando a lo largo de los últimos años, ha obligado a que la Comunidad Autónoma haya tenido que aportar fondos propios, que ha restado a otras políticas de gasto, para sufragar unas actuaciones que debían ser financiadas por el Ministerio.

Financiación con fondos propios

Rosa Dávila explicó que en el periodo 2012-2016, Canarias realizó actuaciones en materia de carreteras por importe de 805,09 millones de euros, mientras que las transferencias realizadas por el Ministerio fueron solo de 325,3 millones. “Y todo ello con la limitación que nos impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha obligado a la Comunidad Autónoma a realizar esfuerzo aún mayor para poder realizar las obras cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública”.

La consejera recordó en la rueda de prensa que el acuerdo extrajudicial alcanzado entre Canarias y el Estado incluía una cláusula, concretamente la quinta, en la que se especificaba que ni la ejecución del acuerdo ni los empleos derivados del mismo comutarían de cara al objetivo de estabilidad presupuestaria.

El incumplimiento del Gobierno de España con Canarias ha provocado que en este momento haya obras en ejecución, con importes comprometidos por el Ministerio, para las que aún faltan por llegar 100,5 millones de euros. Este es el caso de la obra de Pagador-Guía y la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (Tamaraceite,-Tenoya-Arucas Costa), ambas en Gran Canaria; del tramo La Caldereta-Corralejo del Eje Insular y del tramo Costa Calma-Pecenescal, en Fuerteventura; de la segunda fase del tramo Avenida Tres de Mayo-Guajara, en Tenerife; y del tramo San Simón-Tajuya y del tramo de acceso al Puerto de Tazacorte, en La Palma.

A ellas hay que sumar otras obras 14 obras, por importe de 607,7 millones que están contempladas en el Convenio de Carreteras y cuya ejecución no ha podido iniciarse ante la falta de fondos.

El Gobierno modifica por Decreto Ley la actual Ley de Vivienda de Canarias

Fernando Clavijo presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno en Tenerife.

La norma pretende habilitar a las entidades locales canarias para que puedan acordar transacciones en convenios de cooperación en materia de Vivienda con otras administraciones públicas, lo que actualmente no está recogido en ninguna otra norma

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley para la modificación de la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias. Se trata, básicamente, de habilitar a las entidades locales canarias para que puedan acordar transacciones en convenios de cooperación en materia de Vivienda con otras administraciones públicas, aspecto que actualmente no está regulado en ninguna otra norma.

La razón de la necesidad de esta modificación radica en el acuerdo tomado por la Comisión Mixta de Seguimiento de los convenios de Las Chumberas. En esa comisión, las partes acordaron iniciar con carácter urgente los trámites para la aprobación de un acuerdo transaccional sobre los ingresos de derecho público derivados de los convenios de 18 de noviembre de 2011, 4 de noviembre de 2015 y 4 de octubre de 2016 (los relativos a la reposición de Las Chumberas).

Dicho acuerdo transaccional obliga a las partes a aplazar el ejercicio de derecho de reintegro de los importes librados al ayuntamiento mientras se realizan las actuaciones y obras de conclusión de regeneración y reurbanización del barrio, así como a descontar las inversiones y gastos que, previa justificación, se realicen en ese plazo o se hayan llevado a cabo para el mismo fin. Asimismo, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se obliga a realizar a través de su ente gestor MUVISA, todas las actuaciones y obras de conclusión de regeneración y reurbanización Las Chumberas. En paralelo se acordó mantener las medidas provisionales necesarias para garantizar la seguridad de las personas.

A fin de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento de los Convenios, y ante la incertidumbre generada por la falta de regulación expresa, es necesario contar con una previsión legal relativa a la transacción sobre los derechos económicos de la Hacienda Pública de las entidades locales, análoga a la que regula dicha cuestión en la Hacienda Pública estatal (artículo 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria) y autonómica (artículo 10.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria). Por ello es urgente contar con el instrumento normativo necesario, dado que está en tramitación el convenio a través del cual se instrumentará la transacción adecuada. Es por este motivo, para dar cobertura legal a las negociaciones que llevan a cabo en la mesa de seguimiento Cabildo y Ayuntamiento, por lo que se necesita de un instrumento que permita continuar con las negociaciones y amparar los acuerdos.

Para ello, el ejercicio de la competencia autonómica para regular dicho aspecto sobre las haciendas locales tendría su apoyo competencial en el artículo 105.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, que establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de hacienda pública y tutela financiera de las islas, municipios y los entes locales que se puedan crear, con respeto a su autonomía.

Igualmente, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de régimen local, según el artículo 105.1, que incluye entre otras, la señalada en la letra e) sobre la fijación de las competencias y de las potestades propias de los entes locales, de conformidad con lo previsto en el propio Estatuto.

Y en lo que respecta a las competencias en materia de vivienda, resulta de aplicación el artículo 143.1, letra b) de nuestro Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias atribuciones en la promoción pública de la vivienda, con especial al patrimonio público del suelo. Otro tanto, cabe añadir respecto del artículo 158 sobre las competencias en materia de urbanismo.

Hay que recordar queel ente gestor de las actuaciones – MUVISA – informó sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha, así como sobre el estado de situación de la seguridad de los edificios en el barrio de las Chumberas. Dichos informes pusieron de manifiesto, entre otras cuestiones, las siguientes:

Que la actuación singular de reposición de Las Chumberas ha estado plagada de numerosas incidencias de tipo administrativo, ajenas al ente gestor, y que han supuesto un importante retraso e interferencia en la ejecución de las mismas y que no han permitido avanzar en la ejecución de las actuaciones;

Que se ha realojado a 106 familias, mayoritariamente con escasos recursos, con cargo a los convenios y cuyo coste mensual se sitúa en torno a los 60.000€, que van a tener que hacer frente al pago del alquiler hasta tanto no se dé solución a la situación administrativa de los Convenios;

Que se siguen produciendo situaciones de inseguridad en los edificios debido a las patologías que sufren y que ya no van a poder ser atendidas por el ente gestor puesto que no tiene cobertura para ello;

Que hay que recordar la grave situación de peligro en que viven los vecinos de la urbanización de las Chumberas y que ha sido puesta de manifiesto mediante los estudios técnicos que se han realizado en los edificios;

Que se ha procedido a la adjudicación, condicionada a la obtención del suelo, de las obras a la contrata que ha resultado del procedimiento de contratación; y que la obtención del suelo se producirá con la aprobación definitiva del expediente de expropiación y la firma de las actas de urgente ocupación.

Que los expedientes de expropiación y el plan de realojo se encuentran en disposición de su aprobación definitiva una vez que se garantice de nuevo la financiación comprometida en los convenios.

A la vista de dichos informes, y considerando que subsiste la necesidad para cuyo fin se otorgaron las ayudas y por tanto el interés público que existía en el momento de la firma de los convenios

El Decreto Ley

La iniciativa propuesta persigue aprobar un Proyecto de decreto-ley para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canarias, añadiendo una nueva disposición adicional vigésima con la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima. Habilitación a las entidades locales para acordar transacciones y arbitrajes.

En las relaciones interadministrativas en materia de ordenación del territorio, vivienda o urbanismo, la transacción judicial o extrajudicial sobre los derechos de la hacienda pública local, así como el sometimiento a arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos, precisará del previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a solicitud de la entidad local interesada”.

Asimismo, para añadir una nueva disposición adicional vigésima primera relativa a habilitar a la Consejería con competencia en materia de vivienda a la suscripción de convenios para la realización de actuaciones de rehabilitación y reposición, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima primera. Convenios para la realización de actuaciones de rehabilitación y reposición.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería con competencia en materia de Vivienda, podrá convenir con la Administración del Estado así como con los Cabildos Insulares y Ayuntamientos, la realización de actuaciones encaminadas a la rehabilitación o reposición de viviendas que estén o hubieran estado calificadas anteriormente como viviendas protegidas y que por el transcurso del tiempo o por circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor, deban ser objeto de la citada rehabilitación o reposición.”

Por ultimo, por razones de la problemática planteada con las actuaciones de rehabilitación de Las Chumberas, se introduce una disposición transitoria al texto del Proyecto de Decreto-Ley relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de rehabilitación y reposición acordadas entre las cuatro Administraciones implicadas, a fin de continuar con las actuaciones previstas hasta el 31 de diciembre de 2022.

La modificación proyectada carece de impacto económico en el entorno socioeconómico al que va a afectar. Del mismo modo, no genera ninguna incidencia ni en el estado de ingresos ni en el estado de gastos de la Administración autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

Igualmente, carece de impacto en los ingresos y gastos de otras Administraciones.

El proyecto normativo tampoco tiene incidencia fiscal y respecto al análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y, en su caso, al programa de actuación plurianual, así como al análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales, no procede realizar ninguna consideración al no producirse incidencia alguna sobre los mismos.

En lo que concierne al análisis del impacto sobre los recursos humanos, no se produce repercusión en la plantilla de personal de los Departamentos afectados.

En cuanto al análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa, así como de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario, no resulta necesario adoptar ninguna medida al respecto.

Por último, la aplicación de la norma no genera una carga económica para los ciudadanos ni para las administraciones públicas, ni se aprecian otros costes sociales previsibles en esta iniciativa reglamentaria.

El Gobierno invierte 2,8 millones para impulsar la aprobación de los planes hidrológicos de tercer ciclo

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Una vez entregados el pasado mes de enero los de segundo ciclo, los cabildos, con ayuda del Ejecutivo autonómico, han aprobado ya los documentos iniciales de los de tercer ciclo

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la dotación con 2,8 millones de euros de una encomienda que permita continuar avanzando en la redacción y aprobación de los planes hidrológicos de tercer ciclo (2021-2025), lo que va a situar a las Islas por primera vez al mismo ritmo que las regiones europeas más avanzadas en cuanto a planificación de gestión de recursos hidrológicos.

Esta encomienda, a la empresa TRAGSATEC por un periodo de tres años, ampliable doce meses más, es continuación del trabajo de planificación que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, con apoyo de la de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, se está realizando con los cabildos insulares para actualizar a las diferentes normativas vigentes todo el sistema de gestión de los recursos hidrológicos de las Islas, principalmente en los referente a la Directiva europea Marco del Agua.

Esta planificación fue impulsada en 2015, como compromiso de este Gobierno de apoyar a los respectivos Cabildos Insulares en avanzar en sus documentos de planificación, y continuó en 2017 con la asunción por parte del Ejecutivo autonómico de la redacción y aprobación de los planes hidrológicos de segundo ciclo, cuya tramitación estaba retrasada. A partir de julio de aquel año y durante 18 meses se impulsó su elaboración, que concluyó en enero de este año 2019 con la entrega ante la Comisión Europea de dichos planes de segundo ciclo.

Este trabajo ha servido para de forma paralela avanzar en la redacción de los de tercer ciclo (2021-2025), trabajo que están realizando los Cabildos con la colaboración del Gobierno de Canarias, y cuyos documentos iniciales se encuentran ya aprobados por todas las Islas. La encomienda aprobada esta mañana pretende contribuir con recursos de diferente índole a esta redacción y posterior aprobación de los planes, así como apoyar diferentes iniciativas referentes a la planificación hidrológica como las evaluaciones intermedias del desarrollo de los planes, promover una activa participación pública en el proceso, realizar un seguimiento sobre la calidad de las aguas subterráneas y costeras de las Islas, etcétera.

Todo este proceso de planificación liderado por el Gobierno de Canarias ha dado, además, otros frutos como el protocolo firmado el pasado 4 de diciembre con el Estado, que recoge la voluntad de ambos Gobiernos de establecer una hoja de ruta durante los próximos 12 años con una inversión total estimada por parte del Gobierno del Estado de unos 915 millones de euros. De este protocolo emanarán tres convenios consecutivos, de cuatro años de duración cada uno, y el Gobierno de Canarias está a la espera de la firma del primero de ellos, de unos 310 millones que comprende 72 obras en todo el Archipiélago.

El Gobierno aprueba ejecutar dos parques eólicos en Fuerteventura con un total de 7 MW de potencia

Las dos nuevas instalaciones podrán optar a las ayudas convocadas el pasado mes de enero para ampliar en al menos 180 megavatios la potencia eólica instalada en Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado los decretos por los que se acuerda ejecutar los parques eólicos Fuerteventura Renovable I y Fuerteventura Renovable III, de 4,7 MW y 2,3 MW de potencia eólica, respectivamente, que están localizados en el término municipal de La Oliva.

En ambos textos, se ordena, además, iniciar en el plazo de seis meses el procedimiento de modificación o revisión del planeamiento territorial afectado.

Las dos instalaciones, cuya potencia total asciende a 7 megavatios, podrán optar a la convocatoria de ayudas abierta el pasado mes de enero para la instalación de nueva potencia eólica en las islas, y que cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros para la instalación de al menos 180 megavatios más de potencia eólica en las islas.

La nueva convocatoria de ayudas establece un tope máximo de potencia eólica instalada por isla que en el caso de Fuerteventura se sitúa es de 45 megavatios.

La aprobación de este decreto permite dar un paso más en la penetración de energías limpias en la isla. En la actualidad, la isla de Fuerteventura cuenta con 5 parques eólicos y una potencia instalada de 27,7 megavatios, lo que supone un 112% más con respecto a mediados de 2015.

El Gobierno de Canarias refuerza su compromiso para lograr una sociedad plenamente igualitaria

Fernando Clavijo presidió el Consejo de Gobierno, reunido hoy en Gran Canaria.

Aprueba una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer en la que alerta del peligro de retrocesos y destaca la necesidad de fortalecer la colaboración, implicación y unidad de todos los sectores

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy una declaración institucional con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, en la que refuerza su compromiso para contribuir a transformar el actual modelo social en una comunidad plenamente igualitaria, con los mismos derechos y deberes para mujeres y hombres, un propósito, indica, que debe ser también el objetivo irrenunciable del conjunto de la ciudadanía para lograr una sociedad mejor, más solidaria y respetuosa.

“Ante la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mantenemos nuestra férrea y constante voluntad para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades, directas e indirectas, remarcamos nuestra convicción para consolidar los progresos y evitar retrocesos en derechos y libertades, y aseguramos nuestra firmeza para seguir impulsando el empoderamiento y la participación de las mujeres y para acabar con la violencia de género”, señala el Ejecutivo canario en el texto institucional.

Recuerda que las estadísticas y los estudios de diagnóstico social y económico y, sobre todo, la realidad del día a día, continúan reflejando una estructura de posiciones sociales desiguales entre mujeres y hombres que se reproduce en todos los ámbitos, públicos y privados, y que padecen las mujeres por el mero hecho de serlo.

Señala que actualmente la lucha por la consecución de la igualdad se enfrenta al peligro de la involución, por lo que afirma que es imperiosa la necesidad de fortalecer la colaboración, implicación y unidad de todos los sectores de la sociedad, no solo para evitar el más ínfimo retroceso, sino para seguir dando pasos que conduzcan a terminar con el actual espejismo que supone la consideración legal de la igualdad que poco tiene que ver con la igualdad real.

Texto completo:

“La igualdad de mujeres y hombres es un derecho fundamental recogido en diferentes normas jurídicas, pero, aunque las leyes son indispensables, las estadísticas y los estudios de diagnóstico social y económico y, sobre todo, la realidad del día a día, continúan reflejando una estructura de

posiciones sociales desiguales entre mujeres y hombres que se reproduce en todos los ámbitos, públicos y privados, y que padecen las mujeres por el mero hecho de serlo.

Las mujeres hacen frente a brechas que tienen que ver con roles y estereotipos de género, que están marcadas por unas relaciones desiguales de poder. La desigualdad, que simboliza la discriminación hacia las mujeres frente a los privilegios de los hombres, son el resultado de estructuras sociales enraizadas en construcciones erigidas con patrones masculinos que invisibilizan, menosprecian, y maltratan a las mujeres. Fabricaciones que, sin lugar a duda, se pueden y se deben modificar, pero primero, la desigualdad nos tiene que preocupar e importar.

A este Gobierno nos preocupa, y mucho, y desde el inicio de legislatura hemos postulado como uno de nuestros principales objetivos la consecución de la igualdad real y efectiva. En nuestro ámbito de actuación hemos venido dando pasos para contribuir a trasformar el actual modelo social en una comunidad plenamente igualitaria, con los mismos derechos y obligaciones para mujeres y hombres. Y creemos que ese mismo desvelo debe ser la meta, el objetivo irrenunciable de toda la ciudadanía canaria.

Con el lema ‘Imparables’ el Instituto Canario de Igualdad dedica este año su cartel conmemorativo a los 25 años de políticas de igualdad en Canarias, desde que en 1994 se aprobó la Ley del Instituto Canario de Igualdad. Años en los que se han asumido acuerdos internaciones, se han aprobado leyes de igualdad y para la prevención de violencia de género, se han desarrollado políticas transversales, se han puesto en marcha programas y recursos específicos y se han denunciado las discriminaciones, al tiempo que se ha apoyado al movimiento asociativo de mujeres como pieza fundamental en la defensa de la igualdad.

Ante la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mantenemos nuestra férrea y constante voluntad para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades, directas e indirectas, remarcamos nuestra convicción para consolidar los progresos y evitar retrocesos en derechos y libertades, y aseguramos nuestra firmeza para seguir impulsando el empoderamiento y la participación de las mujeres y para acabar con la violencia de género.

Seguiremos, asimismo, haciendo cuantos esfuerzos sean precisos para conseguir la total implicación de la ciudadanía que permita un verdadero cambio estructural que posibilite la igualdad sustantiva.

La multitudinaria respuesta social de los últimos años para demandar la plena igualdad entre mujeres y hombres, impulsada por el movimiento feminista, nos demuestra al conjunto de la ciudanía que vamos por el camino correcto para convertirnos en una sociedad mejor, más solidaria y respetuosa con los derechos y libertades de todas las personas. Nos indica que transitamos por una senda hacia una nueva sociedad, la que se merecen las mujeres y la que debemos dejar a las generaciones futuras.

No obstante, la experiencia de décadas de reivindicaciones demuestra que la consecución de la total igualdad es un reto arduo, y actualmente este propósito se enfrenta al peligro de la involución, por lo que es imperiosa la necesidad de fortalecer la colaboración, implicación y unidad de todos los sectores de la sociedad, no solo para evitar el más ínfimo retroceso, sino para seguir dando pasos que conduzcan a terminar con el actual espejismo que supone la consideración legal de la igualdad que poco tiene que ver con la igualdad real.

Los valores que determinan la igualdad de género deben ser sólidos y estar ampliamente instalados en la conciencia colectiva para que su efecto sea transcendente y definitivo”.