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El Gobierno de Canarias destinará 850.000 euros a las mejoras de la presa La Encantadora, en Vallehermoso

Estos trabajos permitirán modernizar y mejorar las condiciones de seguridad y control de la instalación, y optimizar la gestión de los recursos destinados a regadío

El Consejo de Gobierno ha declarado hoy lunes, 5 de octubre, la obra de acondicionamiento de la presa de La Encantadora, en Vallehermoso (La Gomera), de interés de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta acción es un paso previo obligatorio para poder ejecutar los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 850.000 euros consignado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2026. Esta intervención permitirá acometer las mejoras necesarias para reforzar las condiciones de seguridad de esta infraestructura hidráulica, modernizar sus instalaciones y mejorar la gestión de los recursos hídricos destinados al regadío.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la sustitución de las válvulas existentes, la adecuación de los sistemas de desagüe y vaciado para adaptarlos a la normativa vigente y la renovación de las instalaciones de electricidad y auscultación de la presa. Trabajos que permitirán mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones, así como los sistemas de medición, control y gestión de los caudales de entrada y salida hacia las redes de distribución.

El presupuesto comprometido por el Gobierno de Canarias para actuaciones dirigidas a la mejora y modernización de las infraestructuras de regadío en el Archipiélago asciende actualmente a 28,26 millones de euros. Además, durante los ejercicios 2026 y 2027 está previsto iniciar nuevos trabajos por una cuantía estimada de 24,41 millones de euros.

Las presas de La Gomera desempeñan un papel fundamental para la sostenibilidad del regadío de la isla, al captar y almacenar las aguas de escorrentía durante el periodo invernal para su posterior utilización en la agricultura. Sin embargo, la mayoría de estas infraestructuras presenta una antigüedad en torno a los 50 años. Esta situación hace necesaria la ejecución de actuaciones de modernización, acondicionamiento y mejora que permitan adaptar las presas a las exigencias establecidas por la legislación vigente en materia de seguridad, control y gestión de estas instalaciones, que en la actualidad carecen de instrumentos básicos de medición de los caudales, elementos fundamentales para optimizar el recurso hídrico y avanzar en la modernización de los regadíos de la isla.

En coordinación con el Cabildo Insular de La Gomera y el Consejo Insular de Aguas, el Gobierno de Canarias ha realizado actuaciones de modernización en las presas de Chejelipes, Izcagüe y Palacios. Asimismo, se ha ejecutado una acción para garantizar el trasvase de caudales entre las presas de Mulagua y Liria, lo que permite mejorar la gestión de las aguas de riego retenidas en la cuenca.

Debido a la complejidad técnica que reviste esta infraestructura, durante años se ha trabajado de forma coordinada con el Consejo Insular de Aguas de La Gomera para disponer de un proyecto que permitiera acometer las mejoras necesarias, teniendo en cuenta la experiencia y las acciones desarrolladas en otras presas de la isla. Estas obras están recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera, en el marco del tercer ciclo de planificación 2021-2027.

Autorizada una transferencia de crédito de 80.000 euros para iniciar mejoras en el sistema de riego de La Aldea

La medida permitirá conceder una subvención directa al Cabildo de Gran Canaria para redactar el proyecto de modernización de la red de distribución de aguas de la Comunidad de Regantes

El Consejo de Gobierno acordó hoy lunes, 5 de octubre, autorizar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria una transferencia de crédito por importe de 80.000 euros para inversiones destinadas a los cabildos para la ejecución de mejoras en las infraestructuras agrarias. En concreto, esta modificación permitirá conceder una subvención directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, al Cabildo de Gran Canaria para la redacción de un proyecto de modernización del sistema de riego en la cuenca de La Aldea de San Nicolás.

La actuación pretende solventar la situación de deterioro que presentan actualmente las infraestructuras de distribución de agua de la Comunidad de Regantes de La Aldea. En marzo de 2026, las lluvias asociadas a la borrasca Therese provocaron el derrumbe de un tramo de unos 40 metros del Canal del Parralillo, en la zona conocida como Pino Gordo. Este incidente interrumpió el transporte de agua desde las presas del Parralillo y Siberio, dejando como única alternativa de riego la utilización de la presa de Caidero de la Niña, cuyo canal presenta también deficiencias, especialmente en el tramo conocido como Salto del Perro.

La redacción del proyecto constituirá el primer paso para la modernización de la red de distribución de aguas de la Comunidad de Regantes de La Aldea de San Nicolás y contempla el entubado de los canales del Parralillo y Caidero, la instalación de sistemas de filtrado y control remoto, y la conexión con los puntos de reparto existentes. La actuación beneficiará a una superficie de cultivos de 535,43 hectáreas y permitiría modernizar una red que cuenta actualmente con cien puntos de reparto entre estos dos canales.

La inversión estimada para la ejecución de los trabajos previstos asciende a unos 11,5 millones de euros, y la redacción del proyecto tiene un presupuesto de 129.149 euros. La transferencia autorizada por el Gobierno permitirá contribuir a financiar esta primera fase de planificación y definición técnica de las obras necesarias para modernizar el sistema de distribución.

El Gobierno de Canarias prorroga las medidas tributarias sobre combustibles durante el último trimestre del año

El tipo cero del IGIC sobre determinados productos energéticos se mantiene durante el último trimestre del año para evitar un incremento de los costes del combustible para familias y empresas

La devolución extraordinaria del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas se aplicará de forma progresiva en función de la evolución del IPC de las gasolinas y gasóleos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Decreto Ley por el que se prorroga durante el último trimestre de 2026 determinadas medidas tributarias adoptadas como consecuencia de la crisis en Oriente Medio.

De esta manera, el Ejecutivo canario mantiene temporalmente la aplicación del tipo cero del Impuesto General Directo Canario (IGIC) sobre determinados productos energéticos, con el objetivo de evitar que la finalización de las medidas, actualmente vigentes, se traduzca en un incremento de los costes soportados por las familias y empresas canarias.

Asimismo, se mantiene durante este período el mecanismo extraordinario de devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo correspondiente a la gasolina y el gasóleo profesionales, dirigido fundamentalmente a agricultores y transportistas, sectores especialmente perjudicados en la evolución de los costes del combustible.

Para la consejera Asián, la prórroga es la respuesta a los efectos negativos que los costes energéticos y de transporte siguen teniendo sobre las familias y el tejido productivo de Canarias. La experiencia acumulada en los meses de vigencia del decreto avala la medida que toma el Gobierno de Canarias.

Regulación del IGIC cero a los combustibles

El Decreto-ley, que entrará en vigor el 1 de octubre, contempla la supresión o graduación de las medidas en octubre, noviembre y diciembre según la variación de los precios del combustible en Canarias con respecto al IPC, tomando como referencia una diferencia del 15% respecto al mismo mes del año anterior.

Es decir, si la variación de los precios en septiembre y octubre no supera en más de un 15% la registrada en los mismos meses del año anterior, el tipo cero dejará de aplicarse, respectivamente, en noviembre y diciembre.

Tipos aplicables

Con efectos desde la entrada en vigor del presente decreto-ley y hasta el día 31 de octubre de 2026, el tipo de la gasolina profesional y el tipo del gasóleo profesional a que se refiere el artículo 12 bis.3 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, será, respectivamente, 0,2649735 euros por 1.000 litros y 0,2219778 euros por 1.000 litros.

Si en el mes de septiembre la variación en Canarias del IPC de las gasolinas y gasóleos supera en más de un 15 por ciento el IPC del mismo mes del año anterior, de acuerdo con la información que publique en octubre el Instituto Nacional de Estadística, con efectos desde el 1 de noviembre y hasta el día 30 de noviembre de 2026, el tipo de la gasolina profesional y el tipo del gasóleo profesional a que se refiere el artículo 12 bis.3 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, será, respectivamente, 29,15 euros por 1.000 litros y 24,42 euros por 1.000 litros.

Por último, si en el mes de octubre la variación en Canarias del IPC de las gasolinas y gasóleos supera en más de un 15 por ciento el IPC del mismo mes del año anterior, de acuerdo con la información que publique en noviembre el Instituto Nacional de Estadística, con efectos desde el 1 de diciembre y hasta el día 31 de diciembre de 2026, el tipo de la gasolina profesional y el tipo del gasóleo profesional a que se refiere el artículo 12 bis.3 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, será, respectivamente, 55,65 euros por 1.000 litros y 46,62 euros por 1.000 litros.

El Gobierno acelera la reforma de la nueva Ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo acuerda la tramitación de urgencia para reducir los plazos del procedimiento, tanto en fase de elaboración como de aprobación

La iniciativa legislativa pretende sustituir un marco normativo que se remonta a 1990 e incorporar nuevas herramientas de planificación, evaluación de políticas públicas y transformación digital

El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Anteproyecto de Ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, que plantea una actualización integral de un marco jurídico autonómico, actualizado y coherente con las actuales necesidades de organización y funcionamiento del sector público. El objetivo de la urgencia es reducir los plazos de esta iniciativa, tanto en fase de elaboración como de aprobación de esta iniciativa legislativa, acordada en Consejo de Gobierno en diciembre de 2024, y acelerar su remisión al Parlamento.

El Anteproyecto cuenta ya con un texto articulado y una memoria justificativa elaborados a partir de los trabajos desarrollados por una comisión de trabajo creada específicamente para estudiar la futura norma. En este proceso, cuya tramitación corresponde a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, han participado profesionales del sector público y representantes de distintos departamentos del Gobierno de Canarias.

La futura ley pretende establecer la regulación del sector público institucional de Canarias a través de parámetros modernos que aseguren la eficiencia y la efectividad de la actuación administrativa.

En este sentido, establece un marco normativo que garantice de forma permanente la simplificación administrativa, en todas sus dimensiones; identifique el régimen jurídico aplicable a las entidades que conforman el sector público institucional autonómico; regule las relaciones interadministrativas y defina el marco normativo de la planificación.

Entre sus principales novedades se encuentra el diseño de un sistema de evaluación de las políticas públicas, que permita analizar las intervenciones del Ejecutivo y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas

La iniciativa vincula también la nueva regulación con el proceso de transformación tecnológica de la Administración autonómica y pretende proporcionar un marco jurídico para abordar cuestiones como la capacitación digital del personal, el gobierno del dato y la utilización de la inteligencia artificial en el sector público.

El Gobierno de Canarias considera necesario superar un régimen normativo que tiene su origen en la Ley 14/1990, cuyo articulado ha quedado ampliamente afectado por las sucesivas reformas y por la aprobación de nuevas normas reguladoras de los municipios y los cabildos de Canarias.

La propuesta parte además de la evolución experimentada por la legislación estatal básica desde 2015 y de las nuevas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.

El Gobierno impulsa la planificación en Emergencias con la contratación temporal de cuatro nuevos técnicos

El objetivo es poner al día los planes de protección civil de carácter autonómico y los catálogos de riesgos y de recursos, entre otros, sin interferir en las necesidades diarias del servicio

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una contratación temporal de cuatro técnicos para dar cobertura a diferentes necesidades en la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo autonómico.

El expediente, elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dispone la incorporación hasta 2029 de cuatro ingenieros con un presupuesto total de 742.586,40 euros. Manuel Miranda, responsable de este departamento autonómico, ha señalado que estos nuevos especialistas se encargarán de “poner al día tanto los planes de protección civil y emergencias de la Comunidad Autónoma, como el análisis de nuevos riesgos de carácter natural, tecnológico o industrial que sea necesario incorporar a la planificación de emergencias”.

El sistema autonómico de Protección Civil en Canarias, ha explicado Miranda, “cuenta con los mejores profesionales, especializados en la gestión de emergencias, que dedican todo el día a atender dichas situaciones”. “La creciente demanda de servicios provocada por un aumento de la población o la aparición de nuevos riesgos, como los vinculados al cambio climático, hace necesario un esfuerzo mayor si cabe en la gestión de emergencias, al tiempo que no se puede obviar la necesidad de seguir actualizando los planes y análisis de riesgos”, ha añadido.

Por tal motivo, el programa planteado hasta 2029, que tiene carácter “excepcional y temporal”, permitirá atender otras tareas como el análisis y diagnóstico de la situación de los instrumentos de planificación de emergencias y protección civil autonómicos; la elaboración, revisión y actualización de los planes de protección civil; el análisis de nuevos riesgos de carácter natural, tecnológico o industrial; la actualización y mejora del Mapa de Riesgos de Canarias y del Catálogo de Medios y Recursos; la elaboración y revisión de protocolos y procedimientos vinculados a los distintos riesgos; o el análisis técnico de infraestructuras, sistemas de comunicación y servicios esenciales.

Manuel Miranda ha recordado que el refuerzo del servicio autonómico de Emergencias ha sido una prioridad desde que este Gobierno tomó posesión. “Los nuevos riesgos”, ha explicado, “vinculados al cambio climático o al desarrollo socioeconómico de las islas, han generado nuevas necesidades en este ámbito”. Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo ha enumerado “el despliegue de las unidades de protección civil en todas las islas, o la creación de una nueva unidad de análisis, que supone un apoyo para los responsables de la dirección general y el CECOES 112”.

Política Territorial destina 983.612 euros más a mejorar la seguridad en las zonas de baño de los municipios

El importe se suma a los 250.000 euros previstos inicialmente, por lo que el montante total destinado este año a los ayuntamientos alcanza los 1,2 millones de euros

Además, el departamento concede 29.980 euros a la Asociación de Socorristas de Canarias para desarrollar proyectos dirigidos a reforzar la formación de la ciudadanía en materia de seguridad acuática

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para habilitar una partida de 983.612,73 euros destinada a subvencionar los gastos de seguridad en el litoral asumidos por ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta cantidad se suma a los 250.000 euros previstos inicialmente en los presupuestos, de manera que el importe total destinado a este fin alcanza los 1,2 millones de euros.

El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, refuerza el apoyo del Ejecutivo autonómico a los municipios de menor población para garantizar la seguridad en sus zonas litorales y da continuidad a la financiación concedida en 2025, cuando se destinaron 1,4 millones de euros a sufragar estos mismos gastos.

El responsable de este departamento autonómico, Manuel Miranda, ha informado de que esta subvención es parte del compromiso del Ejecutivo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para colaborar con aquellos ayuntamientos que tienen menos recursos económicos para afrontar estos gastos, mientras se elabora de manera consensuada una nueva normativa autonómica en la materia.

Durante el verano que está terminando, son 19 las personas que han fallecido en el entorno acuático en las islas, según datos de la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa. Por islas, en Tenerife ha habido seis casos, cinco en Lanzarote, cuatro en Fuerteventura, tres en Gran Canaria y uno en La Palma. El número de fallecimientos en lo que llevamos de año supera ya las 50 personas, según esta misma fuente.

Respecto a la futura normativa, el Gobierno de Canarias está negociando un nuevo marco jurídico que permita “homogeneizar las condiciones de seguridad en las zonas de baño del archipiélago”, tras la anulación en septiembre de 2023 por parte de la Justicia del decreto de 2018 en este sentido. Además de los municipios, participan en su diseño colectivos de socorristas, la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa y otros agentes sociales relacionados con la seguridad en el litoral. El objetivo es incorporar esta norma en la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil.

Apoyo a los socorristas

Por otro lado, además de esta subvención para los ayuntamientos de Canarias, el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha aprobado otra, de 29.980 euros, que irá destinada a la Asociación de Socorristas de las Islas Canarias (ASOCAN) para que desarrolle diferentes proyectos de divulgación que permitan capacitar a la población y a los profesionales en la materia a la hora de intervenir eficazmente en situaciones críticas relacionadas con este ámbito de las emergencias.

En concreto, el fin es apoyar proyectos como ‘Socorrista Junior’, dirigido a reforzar la concienciación entre los niños y niñas de Canarias, como pieza fundamental para mejorar la seguridad acuática; o ‘Respondiendo juntos’, para capacitar a la población y a profesionales para intervenir en situaciones de emergencia en este ámbito.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene otro tipo de iniciativas para mitigar el alto número de fallecidos por ahogamiento en las costas canarias cada año.

Así, además de una campaña de sensibilización que este año ha incidido en la necesidad de mantener siempre la precaución y atender a los avisos de las autoridades competentes en materia de protección civil, se ha traducido a varios idiomas la información que se emite por canales oficiales cuando se decretan avisos por inseguridad en la zona litoral.

Esta medida, dirigida a los turistas que no hablan español, se ha complementado con otra, en colaboración con la Consejería autonómica de Turismo, para que los establecimientos relacionados con el sector turístico sirvan como amplificadores de las campañas y los mensajes que se trasladen a la ciudadanía.

El uso de drones u otros dispositivos, como los salvavidas autoinflables, se ha sumado además a los recursos que los profesionales de protección civil utilizan a diario en las zonas de baño de Canarias.

El Gobierno apoya con dos millones la mejora del sistema de tratamiento de aguas en Mogán

El Ejecutivo da el visto bueno a una subvención dirigida al ayuntamiento con el fin de ampliar las capacidades de la estación depuradora situada en la zona litoral

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para habilitar una partida de dos millones de euros que irá destinada a mejorar el sistema de tratamiento y depuración de aguas residuales en la zona costera del municipio de Mogán, en Gran Canaria. El expediente ha sido tramitado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y pretende dar cobertura al proyecto de ampliación de la depuradora de Playa de Mogán.

Esta subvención, incluida en los presupuestos de la Dirección General de Aguas para 2026, tiene como fin contribuir a reducir la carga contaminante de dichas aguas residuales y poder utilizarlas para riego agrícola o zonas verdes del municipio. Así lo ha explicado el titular de dicha Consejería, Manuel Miranda, que ha destacado “la excelente colaboración tanto del Ayuntamiento como del Consejo Insular de Aguas para llevar a la práctica este proyecto”.

Los trabajos permiten producir unos 750 metros cúbicos de agua regenerada al día, en una primera fase, aunque la instalación se dejará preparada para alcanzar los 1.500 metros cúbicos en el futuro. Se suman a otros impulsados por el propio Ayuntamiento, en colaboración con el Cabildo y otras áreas del Gobierno, para mejorar el sistema en todo el entorno del litoral del municipio grancanario.

El Gobierno garantiza la continuidad de la vigilancia de los centros de menores al autorizar el gasto de 14 M€

El importe es plurianual para el periodo 2027-2029 y dará servicio a los centros de internamiento educativo para quienes se encuentran cumpliendo una medida dictada por un juez

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el gasto para la contratación administrativa del servicio de vigilancia, protección y videovigilancia en los Centros de Internamiento Educativo de Menores de Canarias, mediante procedimiento abierto, por un importe global de 13.853.514,44 euros.

La autorización del gasto plurianual 2027-2029 tiene como objetivo garantizar la vigilancia, seguridad y protección de los centros, el auxilio al personal del mismo y el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en los centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales ubicados en Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria, espacios y programas dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia y Familias.

El CEIM Valle Tabares tiene una capacidad para 100 menores, aunque actualmente la ocupación es de 68; mientras que La Montañeta ocupa hoy en día 54 de sus 85 plazas.

Durante el pasado Consejo de Gobierno, se autorizó la firma del convenio que recupera el 5% de la nómina de los trabajadores de Ideo, entre otros quienes trabajan en estos centros. Este acuerdo de financiación de vigilancia es un paso más en la consecución de demandas largamente acariciadas por los trabajadores de Valle Tabares y Montañeta, quienes, tras la negociación del convenio, verán mejoradas sustancialmente sus condiciones laborales.

Bienestar Social destina 3,5 millones a la atención de personas con dependencia y diversas demencias

La ayuda se destinará a la construcción y equipamiento de dos centros especializados en Gran Canaria gestionados por la Asociación ACUFADE

El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar una ayuda de 3,5 millones de euros a la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amistades de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade) para la ejecución de dos proyectos de centros especializados en cuidados.

“Esta ayuda, que se aprueba en Consejo justo el día en el que celebramos el Día Mundial del Alzheimer, tiene como objeto garantizar la atención y el apoyo a personas que se encuentran en situación dependencia o aquejadas por enfermedades como el alzheimer en la isla de Gran Canaria”, explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien indicó que la ayuda se destinará a financiar la construcción, acondicionamiento, equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro Comunitario de Cuidados Las Parteras, en Santa Lucía de Tirajana, y del Centro de Innovación en Cuidados Tibicena, en Las Palmas de Gran Canaria.

La inversión total prevista asciende a 3.576.819,09 euros, de los que 2.632.383,13 euros se destinarán al Centro Comunitario de Cuidados Las Parteras y otros 944.435,96 euros al Centro de Innovación en Cuidados Tibicena.

Para la ejecución de estas obras, la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Dependencia, destinará 3,5 millones de euros, mientras que la financiación restante del coste total de la actuación, un total de 76.819,09 euros, será asumida por Acufade con fondos propios.

La ayuda otorgada a Acufade permitirá reforzar la red de recursos destinados a la promoción de la autonomía personal y a la atención a personas mayores y en situación de dependencia en Gran Canaria, mediante infraestructuras especializadas que amplían la cobertura del sistema, mejoran la capacidad de respuesta pública y avanzan en un modelo de cuidados de proximidad, comunitario, profesionalizado y centrado en la persona.

El Gobierno declara de interés público de Canarias a la Asociación de Apicultores de Gran Canaria

La entidad, inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias desde 1988, desarrolla acciones de conservación y mejora genética de la Abeja Negra Canaria, considerada patrimonio biológico del Archipiélago

El Gobierno de Canarias ha declarado de interés público de Canarias a la Asociación de Apicultores de Gran Canaria, APIGRANCA, al considerar que sus fines estatutarios promueven el interés general de la Comunidad Autónoma y que la actividad que desarrolla reporta un beneficio para la sociedad canaria.

La declaración se produce después de que APIGRANCA presentara el 21 de mayo de 2026 su solicitud para obtener esta consideración. La asociación figura inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias desde 1988 y tiene como ámbito territorial de actuación el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Entre sus principales fines se encuentra la protección, conservación, mejora genética y cría de la Abeja Negra Canaria (Apis mellifera), considerada patrimonio biológico y genético del archipiélago. La entidad desarrolla actuaciones dirigidas a su estudio, selección y preservación frente a procesos de hibridación y pérdida de diversidad genética.

APIGRANCA también trabaja en el desarrollo sostenible de la apicultura, la protección de los polinizadores y los ecosistemas insulares, así como en la sanidad apícola colectiva mediante programas sanitarios, de profilaxis y control de enfermedades. A estas actividades se suman iniciativas de formación, investigación, divulgación científica y transferencia de conocimiento relacionadas con la apicultura, la biodiversidad, la genética apícola y la conservación ambiental.

La asociación desarrolla además actividades de educación ambiental y sensibilización sobre la importancia de las abejas y los servicios ecosistémicos que prestan, y colabora con administraciones públicas, universidades, centros de investigación y otras entidades en programas relacionados con la biodiversidad, la sanidad animal, la investigación científica, la mejora genética y el desarrollo rural.

Entre sus actuaciones, también figura la creación de una biblioteca digital de textos clásicos sobre apicultura en lengua española, adaptados al castellano contemporáneo, y una plataforma digital propia con contenidos técnicos, científicos y ambientales, además de información institucional y económica de acceso público.

En el ámbito de la innovación, APIGRANCA desarrolla el proyecto ApIoTcan, orientado a la digitalización de explotaciones apícolas mediante sistemas de monitorización basados en sensores, transmisión de datos y análisis de series temporales. El sistema permite recoger información productiva, biológica y ambiental de las colmenas y facilitar su consulta y análisis.

La entidad actúa asimismo como entidad colaboradora en la gestión de fondos públicos destinados al sector apícola, participando en la tramitación, gestión y distribución de ayudas en el marco de programas como el POSEI Canarias y otras líneas de apoyo al sector.

La declaración tiene en cuenta que las actividades de la asociación no se limitan a sus personas asociadas, sino que también benefician a apicultores y profesionales del sector, administraciones públicas, comunidad científica y educativa y ciudadanía en general. Estas actuaciones tienen además un impacto en ámbitos como la protección del medio ambiente, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en las islas.

El expediente señala que APIGRANCA cumple las circunstancias previstas en el artículo 38 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, para ser declarada de interés público de Canarias. La declaración se realiza mediante decreto del Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en el Reglamento de Asociaciones de Canarias, aprobado por el Decreto 12/2007, de 5 de febrero.