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El Gobierno mejorará la eficiencia energética de los juzgados de Arona

El importe de la ejecución del proyecto supera los 3,3 millones de euros y contempla la instalación de placas fotovoltaicas y la sustitución de instalaciones de climatización e iluminación

El Consejo de Gobierno, a instancias de la consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha autorizado hoy miércoles, 31 de julio, el gasto correspondiente a la contratación para la ejecución de las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio de la sede de los Juzgados de Arona, en Tenerife, por un importe de 3.344.049 euros, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

El edificio sede de los Juzgados del Partido Judicial de Arona cuenta con una instalación eléctrica y de climatización de más de veinte años, que precisan de una reforma para que la misma cumpla con los objetivos que contempla el Real Decreto Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética. Evaluando costes de consumo energético, tanto económicos como ambientales, resulta necesario revisar los consumos eléctricos y mitigar la influencia negativa supone para el medio el desarrollo de la actividad judicial y administrativa en los edificios judiciales.

En este sentido, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia inició los trámites para la redacción del proyecto de mejora de la eficiencia energética del edificio judicial de Arona, con el objetivo de un acercamiento al consumo cero. Para ello se articulan varias intervenciones, independientes entre sí, pero que solo en combinación alcanzan los objetivos deseados. Por una parte, se contempla la producción misma de la energía necesaria mediante a la instalación de placas fotovoltaicas en la azotea del edificio que cuenta con una gran superficie, mientras que por otra se prevé la sustitución de las instalaciones de mayor consumo por sistemas más eficientes, esto es, el sistema de climatización y el de iluminación.

El edificio Judicial de Arona, en el sur de Tenerife, se plantea como la primera actuación a atender porque concurren varios motivos, entre ellos, la ubicación en el sur de la isla, con una radiación solar disponible prácticamente todo el año y en un rango de horario amplio, y la disponibilidad de superficie en la planta azotea lo convierten en un edificio ideal para la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo, que permita un suministro de energía libre de combustibles fósiles, así como una cierta independencia energética.

Además, la carga térmica del edificio exige al sistema de climatización existente un funcionamiento durante todo el año prácticamente al tope de su capacidad, lo que, unido a su antigüedad, ha derivado en el agotamiento del mismo. El sistema acumula incidencias, roturas de los componentes y funcionamiento a medias, lo que conlleva no solo un incremento del consumo eléctrico sino a un gasto en mantenimiento muy elevado. Por tanto, se hace imprescindible su sustitución por un sistema más moderno y eficaz.

Se argumenta también que el edificio judicial de Arona tiene unos consumos eléctricos de iluminación muy elevados y buena parte del mismo se produce en horarios nocturnos en zonas comunes. En este sentido, se propone la sustitución de todas las luminarias por tecnología LED, altamente eficiente en términos de energía y sostenibilidad ambiental, además de mayor rentabilidad debido a una vida útil muy superior, así como una calidad de iluminación mayor, más brillante y uniforme.

 

 

El Gobierno aumenta en más de siete millones los convenios con los Cabildos para la dependencia y discapacidad

El Ejecutivo autoriza la firma de las sextas Adendas de la prórroga de los Convenios de cooperación entre el Ejecutivo canario y las corporaciones Insulares, lo que supone un incremento de plazas en centros residenciales, de día y teleasistencia

En el bienio 2023-2024 la inversión del Ejecutivo alcanza los 403,6 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo, a propuesta de las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, la suscripción de las sextas Adendas de la prórroga de los Convenios de cooperación entre el Ejecutivo canario y los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y Tenerife para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad; y la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

El acuerdo adoptado hoy supone que, para las anualidades 2023-2024, queda el gasto total para prestar estos servicios a personas dependientes y con discapacidad en 403,60 millones de euros

La firma de esta sexta Adenda supone un incremento en la financiación por parte del Gobierno de Canarias en la anualidad de 2024, respecto a la Adenda quinta, de 7.392.248,93 euros. Esta mejora en la financiación se traduce en el incremento de plazas residenciales, en centros de día y para prestar el servicio de teleasistencia, entre otros.

La aportación económica que realizan el Ejecutivo canario y los Cabildos Insulares, en la anualidad 2024, para la financiación de los servicios puestos a disposición desde el 1 de enero de 2024 a través de la nueva adenda sexta asciende a:

Emergencias lanza una campaña de concienciación ciudadana para extremar la vigilancia en el monte

“A la primera señal de fuego, llama al 112” es el lema de la iniciativa, con la que se pretende acortar los tiempos de respuesta y concienciar a la ciudadanía de la importancia de llamar al primer signo de llamas

El Gobierno de Canarias se personará en las diligencias judiciales abiertas por la actividad de pirómanos y estudia la reclamación de daños

En lo que va de año se han registrado más de 800 llamadas telefónicas al 112 vinculadas con unos 40 conatos de incendios forestales

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pone en marcha esta semana una campaña de concienciación para pedir la colaboración ciudadana en la vigilancia de los montes, ante el elevado riesgo de incendio forestal que amenaza a las islas este verano, según informó en el Consejo de Gobierno el titular de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda.

“A la primera señal de fuego, llama al 112” es el lema de la iniciativa, que pone el foco en la importancia de reaccionar con inmediatez ante cualquier conato, para impedir que se propague y transforme en un gran incendio forestal, como los sufridos el pasado año en La Palma y Tenerife. Un spot de televisión, cuñas de radio, publicidad en redes y exterior, servirán para hacer un llamamiento a extremar la precaución y la vigilancia.

El consejero de Política Territorial pidió además la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad o actitud sospechosa en el monte, y anunció que el Gobierno de Canarias se personará en los procedimientos judiciales que se abran contra la actividad de pirómanos, y estudiará la reclamación de los daños ocasionados y el costo de los servicios de emergencias movilizados en cada caso.

El número de emergencias 112 ha recibido en lo que va de año más de 800 llamadas vinculadas a unos 40 conatos de incendios forestales, que se han resuelto de forma satisfactoria gracias a la colaboración ciudadana.

El conato que más llamadas generó fue el registrado el pasado mes de abril en Tegueste (Tenerife), con 198 llamadas de alerta, seguido por el ocurrido en El Rosario (Tenerife) el pasado día 14 de julio, con 153 llamadas, y el registrado en junio en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con 55 llamadas.

Desde las salas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES-112), se insiste en la importancia de conservar la calma durante la llamada, informar con brevedad y precisión sobre la localización del conato, explicando si hay riesgo para la vida de las personas o propiedades, si se ven llamas o solo humo y el tipo de vegetación, además de responder a las preguntas formuladas por los operadores del 112.

En fase de alerta

El Gobierno de Canarias mantiene activo de forma preventiva y extraordinaria desde el pasado mes de marzo el Plan de Protección Civil y Atención a las Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), una prealerta que la pasada semana subió a fase de alerta ante el primer episodio de calor sufrido estos días y el empeoramiento de la sequía.

El comité de expertos constituido desde entonces, y los técnicos de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias, coinciden en que la situación de los montes es especialmente preocupante, porque se dan las condiciones para sufrir un incendio fuera de capacidad de extinción. De ahí la importancia de actuar con rapidez y eficacia en los primeros momentos.

El dispositivo de respuesta frente a incendios forestales coordinado por el Gobierno de Canarias con los cabildos insulares y la Administración del Estado, incluye este verano unos 1.450 efectivos, 174 vehículos de intervención y 18 recursos aéreos (17 helicópteros y un avión de carga en tierra).

El Gobierno aprueba un gasto de 21 millones para la seguridad de los edificios de la Administración de Justicia

La contratación del servicio por parte de la Consejería de Presidencia será por tres años y actualiza los costes laborales a fecha 2024

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy lunes, 22 de julio, la realización del gasto correspondiente a la contratación del servicio de vigilancia y seguridad física de los edificios y sedes de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe de 21 millones de euros (21.115.754,45), IGIC incluido, mediante procedimiento abierto. El plazo de ejecución del servicio será de tres años, a contar desde el 1 de octubre de 2024.

Esta propuesta de acuerdo ha sido trasladada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, tras revisar la anterior licitación, antes del vencimiento de la fecha de presentación de ofertas, y realizar un nuevo cálculo actualizado a 2024, a fin de adecuar el precio de licitación a los costes laborales actuales.

El Consejo de Gobierno acuerda también dar cuenta al Parlamento de Canarias de la autorización de dicho gasto.

El Gobierno autoriza una inversión de 3,5 millones para proyectos de energía sostenible en centros del SCS

Se destina a la contratación de acciones para la mejora de la eficiencia energética en centros sanitarios dentro de la ‘Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias’ que gestiona Transición Ecológica

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 22 de julio, la autorización de un gasto plurianual de 3.552.759,55 euros, correspondientes a los contratos de varios centros del Servicio Canario de la Salud vinculados al proyecto ‘Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias’, financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y gestionados por la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Esta acción se enmarca en los programas de inversión previstos en la Estrategia de Energía Sostenible de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias que destina 7´6 millones de euros de fondos Next Generation a las consejerías de Sanidad, Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y Agricultura, Ganadería y Pesca, con el objetivo de impulsar la autosuficiencia energética de las administraciones públicas.

En el marco de la Estrategia, el Servicio Canario de Salud cuenta con un total de 5.270.000 euros en varias anualidades, cuya gestión completa se posibilita con el gasto plurianual recién autorizado, correspondiente a los años 2024 y 2025, 1.833.537,44 euros y 1.719.222,11 euros, respectivamente.

Entre las acciones previstas, se incluye el proyecto de energía solar fotovoltaica de autoconsumo y nuevo proyecto de eficiencia energética en el Hospital Nuestra de Guadalupe en La Gomera, los proyectos de instalación fotovoltaica de autoconsumo en el Hospital del Sur de Tenerife, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, así como en los centros del Servicio Canario de la Salud de Puerto de la Cruz, La Orotava, Güímar, Prudencio Guzmán, Telde, El Doctoral y Maspalomas. En estos dos últimos centros se llevará a cabo la modernización de enfriadoras.

Estrategia Salud Zer0 Emisiones 2030

Estas acciones se desarrollarán en el marco de la estrategia Salud Zer0 Emisiones 2030 impulsada por el SCS, que tiene por objeto reducir las emisiones de gases con efecto invernadero de los servicios sanitarios de Canarias en 2030 y, así, contribuir a la prevención de los efectos del cambio climático. Unas acciones de mejora medioambiental que están en consonancia con el Plan de Salud de Canarias.

Este plan incluye un objetivo de reducción de emisiones netas, recomendando el uso de tecnología y el establecimiento de indicadores para la reducción de recursos hídricos, residuos y plásticos de un solo uso.

Además, el SCS trabaja en la disminución de emisiones indirectas con la proyección de que la energía adquirida sea 100% renovable en 2030. También se trabaja en la reducción de emisiones indirectas provenientes de la producción y transporte de bienes y servicios adquiridos, incluyendo la cadena de suministro.

El Gobierno impulsa la puesta en marcha de las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos

Se ha acordado modificar de manera urgente y excepcional la RPT de la Consejería de Presidencia para dotarlas de personal especializado

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, 22 de julio, tramita por la vía de urgencia una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Con la puesta en marcha de estas oficinas, el Gobierno de Canarias dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas quedarán adscritas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se configurarán como una unidad especializada y un servicio público cuya finalidad es prestar la asistencia y atención coordinada para dar respuesta a las víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.

El Gobierno de Canarias, en la legislatura 2015-2019, dejó aprobado el decreto 89/2019 por el que se regula la creación y organización de estas oficinas, pero no se le dio desarrollo en la pasada legislatura. El decreto establece, en concreto, la creación de dos oficinas de ámbito provincial, con sede en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, se podrán crear unidades administrativas de ámbito insular, municipal o por partido judicial cuando resulte necesario para la adecuada prestación del servicio de asistencia a las víctimas del delito y estarán integradas en las respectivas oficinas provinciales.

También establece el decreto que cada oficina contará con una estructura organizativa compuesta por un equipo técnico multidisciplinar y personal de apoyo integrado, como mínimo, por una persona profesional de la Psicología, una persona profesional del Derecho, por una personal profesional en Trabajo Social y una persona de apoyo administrativo.

Por todo ello, la efectiva puesta en marcha de este servicio público de asistencia a las víctimas de delitos está condicionada a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Presidencia mediante la creación de nuevos puestos, con la finalidad de disponer del personal necesario, que no es posible cubrir con los efectivos actuales por la dimensión y especificidad de sus funciones.

Por estas mismas razones, el Consejo de Gobierno, con el visto bueno de la Consejería de Hacienda, ha autorizado hoy que esa modificación de la RPT quede exceptuada de la regla establecida en las Directrices generales en materia de gestión de recursos humanos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, permitiendo en este caso, de forma excepcional, la creación de puestos de trabajo no dotados presupuestariamente sin que comporte correlativamente la supresión o modificación de puestos no dotados.

La decisión tomada hoy permitirá a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Relaciones con la Justicia, proceder, lo más pronto posible, al inicio de la prestación de la asistencia y atención coordinada para dar respuesta a las víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa que sean necesarias.

 

 

 

El Gobierno destina 11M a la bonificación del descuento de residentes en el transporte marítimo interinsular

El Ejecutivo regional bonifica con esta partida el 25% del coste de los billetes del transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias

Esta medida busca garantizar la conectividad entre islas y favorecer la cohesión social del archipiélago

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha autorizado el reembolso de 11.087.535,11 de euros a las entidades mercantiles Fred Olsen, S.A. y Naviera Armas, S.A. para compensar las bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias por los viajes efectuados durante el cuarto trimestre del año 2023.

Este reintegro corresponde a la subvención otorgada a los residentes canarios por realizar viajes interinsulares durante los meses de julio, agosto y septiembre en estas dos compañías que operan entre islas y que son bonificados en un 25% por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En este sentido, la Consejería realiza el pago de 7.061.013.83 euros a Fred Olsen, S.A. y de 4.026.521,28 euros a Naviera Armas, S.A. en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias de forma trimestral.

Desde la implantación del 75% en los viajes interinsulares aéreos y marítimos tras el acuerdo alcanzado con el Estado, la movilidad de los residentes canarios ha aumentado notablemente por la bajada de precios, y la mejora de las frecuencias.

Con esta subvención, ambos Gobiernos pretenden consolidar e impulsar la movilidad entre islas con frecuencia y precios razonables, favoreciendo la cohesión social de nuestro archipiélago.

Turismo destina 600.000 euros a las corporaciones insulares para la implementación de planes de acción climática

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes la ampliación de crédito de 240.623 euros para este fin, una cantidad a la que se suman 359.377 euros ya dispuestos en los presupuestos generales de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en la sesión de este lunes una ampliación de crédito para destinar, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, un total de 240.623 euros a las corporaciones insulares para la elaboración o implementación de planes de acción climática, dentro del marco normativo europeo, nacional y autonómico, con el objeto de promover las acciones climáticas específicas en cada una de las islas.

A esta cantidad, se suma un total de 359.377 euros ya dispuestos en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para este mismo fin.

En este sentido, las corporaciones insulares y sus organismos autónomos, en concurrencia no competitiva, podrán crear o reconvertir productos turísticos de sus islas dirigiéndolos a la sostenibilidad, la resiliencia, la eficacia energética, la descarbonización y la economía circular para la consecución de los hitos establecidos para 2030 y 2050.

Plan de Acción Climática 2022-2030

El Plan de Acción Climática del destino Islas Canarias 2022-2030, elaborado por la Consejería de Turismo y Empleo, a través de la empresa pública Promotur, describe los instrumentos y herramientas con los que Turismo de Islas Canarias aborda las cinco vías de actuación previstas: medición, descarbonización, regeneración, colaboración y financiación, para que el destino incremente su compromiso con la neutralidad climática, con el horizonte puesto en la reducción del cincuenta por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del ecosistema turístico en 2030 y alcanzar el cero neto lo antes posible, y siempre antes de 2050.

El Gobierno autoriza el gasto de 11,9 M€ para financiar ocho de las diez nuevas desaladoras para uso agrícola

A estas instalaciones, que la Consejería de Agricultura encargará al Instituto Tecnológico de Canarias, se suman otras dos estaciones que el Ejecutivo regional sufragará a través de una subvención

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes, 9 de julio, el gasto plurianual de 11.931.300 euros para financiar ocho desaladoras que el Ejecutivo canario suministrará a los Consejos Insulares de Aguas de las islas para incrementar los recursos hídricos destinados a riego agrícola. A estas instalaciones, que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha encargado al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), se suman otras dos estaciones que se sufragarán a través de subvención de 1,5 millones de euros de dicho departamento.

Así, en total serán diez las nuevas infraestructuras disponibles, las cuales tendrán una capacidad de desalación de 22.600 metros cúbicos al día, lo que se traduce en unos 8,24 millones de m³ al año. Con esta actuación se pretende paliar los problemas de abastecimiento de agua para la agricultura derivados de la sequía como consecuencia del déficit de lluvias y las anomalías térmicas de los últimos años, en especial en los últimos meses, situación a la que se suman las deficiencias en redes de abastecimiento y obsolescencia de algunas grandes infraestructuras de producción y que ha llevado a la declaración de emergencia hídrica por parte de algunas corporaciones insulares y a la toma de medidas restrictivas en algunos municipios.

La escasez de agua conduce a la disminución de los rendimientos de los cultivos y afecta a su calidad y cantidad de producción y provoca la desertificación de las tierras de cultivo, lo que dificulta la producción de alimentos y el aumento de los costes de producción y, en consecuencia, deriva en la disminución de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Por ello, la puesta a disposición de recursos hídricos para el sector primario constituía una de las demandas de las organizaciones agrarias en el contexto de las movilizaciones del campo que tuvieron lugar en distintos países europeos a principios de año. En este sentido, pese a tratarse de una competencia de los Cabildos insulares, el Ejecutivo canario se comprometió con los representantes de estas agrupaciones a colaborar en la búsqueda de soluciones dada la repercusión de esta situación para los agricultores y ganaderos de las islas y su compromiso con los productores del archipiélago.

Las desaladoras, que se financian con cargo al Programa de Desarrollo Rural (PDR) a través de fondos del FEADER, se entregarán a los Consejos Insulares de Aguas (responsables de su gestión) y se instalarán en las localizaciones propuestas por estos en La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Las capitalinas y la isla del Meridiano acogerán dos infraestructuras cada una. Todas las instalaciones tendrán una capacidad de desalación de 2.500 metros cúbicos al día, a excepción de las dos de El Hierro con 1.300 m³/d cada una.

Se trata plantas de ósmosis inversa de agua de mar, de fácil transporte, y cuyo diseño corresponde al ITC, una referencia en I+D+i en el ámbito de la desalación. Han sido desarrolladas en el marco del proyecto “DESALRO 2.0” y son adecuadas para cubrir una situación de emergencia con el menor consumo de energía posible del mercado. A escala de 2.500 m³/d logran alcanzar los 1,86 kWh/m³ frente a los desarrollos comerciales que se sitúan en los 2,35 kWh/m³, y, además, el agua obtenida resulta apta para riego con una cantidad de boro inferior a 1 mg/l.

El Gobierno aprueba una modificación de dos millones de euros para aulas Enclave y centros de educación especial

Canarias cuenta hasta el momento con más de 300 aulas Enclave y doce centros de educación especial, a los que próximamente se sumarán otros nuevos

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este lunes una modificación presupuestaria de dos millones de euros para obras en 35 nuevas aulas Enclave y distintos centros de educación especial (CEE) del archipiélago, que darán respuesta a la atención de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), una de las prioridades en este mandato de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez.

Estas obras habían sido ya anunciadas por el consejero durante el acto institucional de las II Jornadas PROA+, celebradas el pasado abril en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente por ser Canarias un referente nacional e internacional en materia de inclusión e innovación educativas.

Las islas cuentan hasta el momento con más de 300 aulas Enclave y doce centros de educación especial, cinco en Gran Canaria, cuatro en Tenerife y uno en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, a los que próximamente se sumarán otros nuevos.

Las aulas Enclave son unidades de escolarización en centros educativos ordinarios, en las que se proporciona respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), que requiere de adaptaciones que se apartan significativamente del currículo en la mayor parte o en todas las áreas o materias, y que precisan de la utilización de recursos extraordinarios de difícil generalización.

Se escolariza de manera preferente en estas aulas al alumnado con estas condiciones que pueda participar en actividades realizadas por el resto de escolares del centro. En las aulas Enclave de centros ordinarios de Infantil y Primaria puede ser escolarizado alumnado de entre tres y catorce años, y en las de los institutos de educación secundaria (IES), aquellos que tienen entre 14 y 21 años de edad.

Por su parte, los centros de educación especial (CEE) escolarizan al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), que requiera de adaptaciones que se apartan significativamente del currículo, en la mayor parte o todas las áreas o materias, y que precisan de la utilización de recursos muy específicos o excepcionales, de difícil generalización, así como un mayor grado de supervisión y ayuda para el desarrollo de las actividades propias para su edad.