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El Gobierno define la estructura del Comité y la Comisión Técnica Antifraude

Ambos órganos colegiados quedan adscritos a la Consejería de Presidencia

Corresponde a la Consejería de Hacienda la elaboración del marco regulador del modelo organizativo autonómico contra el fraude

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el marco estructural del futuro Comité Antifraude, como órgano colegiado para tomar decisiones en la lucha contra el fraude, y una Comisión Técnica de Trabajo, como órgano de estudio y de apoyo al citado comité. Ambos órganos colegiados quedarán adscritos a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, con competencias en el ámbito de gestión de la Administración Pública de la comunidad autónoma y del sector público institucional autonómico.

El Consejo ha encomendado, además, a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a través de la Intervención General, a impulsar la tramitación del procedimiento para la aprobación de un decreto que establezca la estructura organizativa, que deberá prever, entre otros contenidos, la creación, funciones, criterios orientadores y régimen de actuación de estos dos órganos en materia antifraude.

La creación del Comité y la Comisión Técnica Antifraude responde al compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude y la corrupción. Entre sus cometidos estará el seguimiento y control del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma y su sector público, en aras a atender las recomendaciones europeas y nacionales, así como las de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

También prevé la adaptación de los planes departamentales al plan de medidas aprobado por el Gobierno y el cumplimiento de la gestión de los Fondos MRR.

Por su parte, la Comisión Técnica Antifraude, encargada de dar soporte y apoyo técnico al Comité, tendrá entre sus funciones la elaboración de estudios y emisión de informes y propuestas, así como la realización de una labor de coordinación de la actividad de las unidades administrativas antifraude y conflictos de intereses, constituidas en cada departamento.

Sanidad destina 3,7 millones al mantenimiento del acelerador lineal del Hospital Dr. Negrín

El Gobierno autorizó hoy un gasto total de 3.772.636,65 euros para la contratación del servicio por un período de 48 meses

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este lunes, 18 de marzo, un gasto de 3.772.636,65 euros para la contratación del servicio de mantenimiento de diverso equipamiento de la marca Varia correspondiente al acelerador lineal del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El informe justificativo detalla que la alta complejidad de este tipo de equipos de radiación, para uso terapéutico en paciente oncológicos y también para patologías benignas, exige que se realicen acciones de mantenimiento de manera rutinaria y atendiendo a un calendario establecido que garanticen su correcto funcionamiento.

Se requiere así de un mantenimiento preventivo, correctivo, técnico legal, así como que se lleve a cabo la gestión informatizada del servicio. Además, es preceptivo por ley disponer de un plan de mantenimiento para los equipos que emiten radiaciones ionizantes que asegure su correcto funcionamiento y seguridad, y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exige la existencia de un contrato de mantenimiento en vigor.

La contratación se realizará mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de exclusividad, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, por un periodo de 48 meses. El presupuesto base de licitación será de 3.772.636,65 euros, IGIC incluido, y distribuido conforme a las siguientes anualidades: 152.165,11 euros en 2024, 1.072.732, 31 euros en 2025, 1.072.732, 31 euros en 2026 y 1.072.732, 31 euros en 2027, y 402.274,62 euros en 2028.

El gasto propuesto excede de tres millones de euros, por lo que tiene que ser autorizado por el Gobierno de Canarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26.1 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2024.

El Gobierno acuerda ampliar la declaración de emergencia para la estabilización de taludes en la carretera LP-2

El Ejecutivo extiende la intervención de emergencia y el ámbito de actuación en esta vía que atraviesa el municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma

Las labores de reparación tienen un coste global de más de dos millones de euros

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada este lunes, la ampliación de la declaración de emergencia para concretar las actuaciones y ampliar el alcance relativo de las obras necesarias para la estabilización de taludes en diferentes tramos de la carretera LP-2, que atraviesa el municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma.

El Ejecutivo está desarrollando esta obra de emergencia tras los movimientos de ladera, desprendimientos de rocas y deslizamientos de piroclastos producidos en el tramo de la carretera LP-2, que transcurre por el Mirador de Las Indias, en el P.K. 27+400, generados desde la excavación del talud en 2011.

Tras el incremento significativo de fenómenos de inestabilidad en este tramo, la dirección facultativa del proyecto ha solicitado un informe con el objetivo de definir la solución con detalle.

En este sentido, y tras disponer de los estudios pertinentes, la Consejería de Obras

Públicas del Gobierno de Canarias plantea la necesidad de ampliar la intervención de emergencia y el ámbito de actuación entre cuatro y seis metros, por encima de lo marcado en el informe inicial, para la colocación de una protección con sus respectivos anclajes.

Las medidas propuestas, que aumentan el plazo estimado de la obra en un periodo

aproximado de dos meses, han incrementado el presupuesto hasta los 2.436.579,43 de euros.

La declaración de emergencia responde a la necesidad de seguir gestionando y cubriendo, de manera inmediata, la mejora de una de las vías más importantes de la isla de La Palma.

El hotel Oriental de Arrecife, declarado Bien de Interés Cultural de Canarias

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se reconoce a este inmueble con la categoría de Monumento

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 18 de marzo, en la sesión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el decreto por el que el hotel Oriental de Arrecife pasa a formar parte del catálogo de bienes de interés cultural de Canarias, ostentando la categoría de Monumento.

El inmueble, situado en la calle León y Castillo 37 de la capital de Lanzarote, destaca por los valores arquitectónicos e históricos del edificio, validados por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias. Es uno de los mejores exponentes de la arquitectura burguesa urbana de Arrecife y también un edificio con un alto valor histórico. Conocido como hotel Oriental, fue fundado por Claudio Toledo Cabrera a principios del siglo XX, y el primer y único hotel de cierto rango que existía en la isla de Lanzarote.

El establecimiento disponía de un magnífico comedor con ventana al exterior que solía ser frecuentado por las familias más relevantes de Lanzarote, así como de aquellos personajes distinguidos que visitaban la isla. En él se hospedaron importantes compañías de teatro, magistrados, jueces, comerciantes y familias ilustres.

Su declaración viene avalada por diversos informes técnicos de entidades y personas expertas con argumentos que abundan en el valor propio de este inmueble, al tratarse de uno de los exponentes más relevantes de la arquitectura tradicional de la capital de la isla.

La declaración de los bienes de interés cultural implica la conservación y protección de los mismos, porque representan los elementos excepcionales, tanto materiales como inmateriales, de nuestra memoria colectiva que deben perdurar en las mejores condiciones.

María Teresa Ortega será la representante de Canarias en la Fundación Estatal Fundae

Entre otros fines, esta fundación persigue la mejora de la formación profesional de los recursos humanos de las empresas

El Consejo de Gobierno ha designado este lunes a la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega Granados, como representante de la comunidad autónoma en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Su incorporación se produce tras el cese, por motivos personales, de Dunnia Rodríguez, exdirectora del SCE.

Ortega pasa a representar a Canarias en esta fundación al estar entre sus funciones la de coordinar las actuaciones del SCE con las administraciones públicas implicadas en las políticas de generación de empleo y en la formación profesional, y, en especial, con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La Fundación Estatal Fundae está integrada por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Entre otros fines, la fundación actúa como entidad colaboradora y de apoyo técnico del SEPE en materia de formación profesional para el empleo, previa suscripción del correspondiente convenio de colaboración.

Asimismo, presta funciones de apoyo al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el desarrollo estratégico del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

El Gobierno aprueba el decreto ley en materia de vivienda protegida para La Palma

Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el decreto ley en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de La Palma, que facilitará y agilizará la construcción de este tipo de viviendas tanto en los tres municipios afectados por el volcán, para dar solución habitacional a quienes no pueden acogerse a las opciones de reconstrucción de su casa, como en el resto de la isla para dar respuesta a las personas demandantes de vivienda protegida. Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios.

Con respecto a las personas que perdieron su vivienda por la erupción, cabe señalar que este decreto viene a dar respuesta a las personas afectadas que no pueden acogerse a alguna de las opciones que se han articulado el Decreto-Ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística, que regula la reconstrucción de las edificaciones que existían antes de la erupción volcánica en el espacio hoy ocupado por la colada, ni tampoco pueden acogerse a lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2022 para permitir la construcción de lo destruido en parcelas fuera del ámbito de la colada.

A estos efectos, el decreto establece que las personas cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en el ámbito de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, de acuerdo con los criterios de renta (IPREM) de general aplicación en la adjudicación de esta clase de viviendas.

En este caso, la adjudicación está condicionada a la entrega de la propiedad de la vivienda que tuvieran en el ámbito de la colada, teniendo la vivienda protegida otorgada en régimen de propiedad la condición de compensación en especie de su derecho como persona afectada.

En cuanto a las viviendas en el ámbito del Valle de Aridane que no se adjudiquen y las que se construyan en otros municipios de la isla de La Palma se adjudicarán a las personas demandantes inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda conforme a las reglas generales de la legislación de vivienda.

Interés general

El decreto declara todas las actuaciones como obras públicas de interés general, declaración que se extiende, si fuera necesario, a las obras de urbanización que sea preciso ejecutar.

Igualmente, teniendo en cuenta la diversidad de planeamiento urbanístico vigente en los municipios afectados, las parcelas cedidas por los ayuntamientos se clasifican, directamente, como suelo urbano consolidado.

Por otro lado, para garantizar la máxima celeridad en la tramitación de los diferentes procedimientos, se declara su urgencia, con la consiguiente reducción de plazos, y se establece la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.

Aprobado el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación económica y social de La Palma

El objetivo del texto es recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores retomen la actividad, así como su protección económica hasta que vuelvan a disponer de sus fincas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 11 de marzo, el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja, a propuesta de las Consejerías de Presidencia, Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. El objetivo de dicho documento es recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores afectados, que se cifra en unos seiscientos, retomen la actividad, así como posibilitar la protección económica a los afectados hasta que vuelvan a disponer de sus fincas, dando continuidad a las ayudas del POSEI (propuesta por el Gobierno de Canarias y aceptada por Bruselas hasta diciembre de 2025) y por pérdida de renta.

El documento establece medidas para la recuperación en condiciones de seguridad de las explotaciones agrarias afectadas por la colada de lava, así como de las construcciones e instalaciones que existían en dichos espacios, permitiendo que cada uno de los afectados pueda tomar la iniciativa de la recuperación sin perjuicio de las ayudas públicas y de la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios. Para lograr dicha recuperación, el Gobierno de Canarias adoptará aquellas medidas económicas que sean necesarias, las cuales serán compatibles con las compensaciones por daños materiales causados a activos agrarios por el volcán.

El texto recoge también que los propietarios afectados podrán proponer a la Administración competente en materia de agricultura la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privado y reconoce a las cooperativas agrarias iniciativa para, en nombre de sus miembros, plantear estas actuaciones. Estas concentraciones privadas de tres o más afectados contarán con apoyo jurídico y financiero (del 100% de su coste). Asimismo, se prevé la compensación económica, basada en el valor real de las propiedades, para aquellas personas que no deseen continuar con la actividad agraria.

Durante su intervención en rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que esta normativa da respuesta a las necesidades expuestas por los agricultores afectados “y pretende no dejar a nadie atrás”. “Constituye una estrategia que puede iniciarse ya, desde fuera hacia dentro, a medida que se recuperan caminos y conexiones de aguas, y que permite acortar plazos en la recuperación; todo ello con solidez jurídica “, agregó el titular del área.

El mencionado documento forma parte de la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias se ha marcado para la recuperación de La Palma y que comprende una parte normativa y otra económica. Se suma, por tanto, al decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completa con el de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros (50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado).

Dicha norma delimita distintas zonas, una en la que ya es posible la reconstrucción de áreas de cultivo y construcciones, otra en la que es factible la recuperación del terreno de cultivo y pequeñas instalaciones mientras que la de las infraestructuras de mayores dimensiones precisará de un informe técnico, y una tercera en la que debido al riesgo de colapso se deberá contar con un informe científico que avale la seguridad de dichos espacios. Existe otra zona, de pequeñas dimensiones, que corresponde al antiguo acantilado y nunca ha sido cultivada, que no podrá utilizarse debido a la pronunciada pendiente que presenta el terreno.

La zona de cultivo preexistente se ha determinado a partir del mapa de cultivos de La Palma, que recoge una superficie total de 365 hectáreas desde la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas. Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes. Para ello será necesario depositar sobre la superficie de la colada un relleno (sorriba) para que actúe como capa de baja o muy baja conductividad térmica (tierra vegetal, biomasa, etc.), con el fin de asegurar la viabilidad de las plantaciones que se realicen.

El decreto ley aprobado hoy determina que en aquellas zonas incluidas en el ámbito agrario en que las que se han detectado determinados elementos geomorfológicos susceptibles de sufrir colapso, su recuperación estará condicionada a la comprobación previa de la seguridad de estas zonas mediante un informe geotécnico que verifique la estabilidad del terreno. Las personas titulares de explotaciones localizadas en esos espacios podrán reubicarse en otras parcelas distintas dentro de la colada donde las condiciones del suelo lo permitan. Ante esta situación y con el propósito de recuperar la producción agraria previa a la erupción, la Administración podrá adquirir aquellas parcelas cuyos titulares, por las razones que sean, decidan no llevar a cabo la recuperación de su capacidad productiva, con el fin de permutarlas con aquellos que quieran continuar con la actividad.

Regula también la recuperación de explotaciones ganaderas, concediendo a los ayuntamientos la autorización mediante la correspondiente licencia de la implantación de dicho uso en distintas categorías de suelo rústico: de protección agraria, común ordinario, y de protección paisajística (en este caso en determinadas parcelas y previo informe del Cabildo insular).

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Canarias invierte más de tres millones de euros en vacunas contra el herpes zóster

Con este presupuesto se adquirirá un total de 23.500 dosis de esta vacuna

El herpes zóster es una enfermedad por una reactivación del virus latente varicela-zóster, que afecta a los nervios periféricos y a la piel

El Gobierno de Canarias, en su sesión ordinaria celebrada hoy lunes, día 11 de marzo, autorizó a la Consejería de Sanidad la realización del gasto relativo al suministro de la vacuna HZ/SU (Shingrix) frente a herpes zóster, por importe de 3.055.000 de euros, que servirá para adquirir un total de 23.500 dosis de esta vacuna.

El procedimiento de licitación de estas vacunas se realizará mediante negociado sin publicidad, puesto que la vacuna Shingrix hz/su solo puede ser encomendada a un laboratorio al no existir competencia por razones de derechos exclusivos de propiedad industrial.

Desde julio de 2021, se incorporó esta vacuna al calendario vacunal por parte de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la población mayor de 65 años con unas determinadas patologías de base. También decidió implementar la vacunación sistemática a la cohorte de los 65 años, en función de la disponibilidad de dosis. Por otro lado, y siempre en función de esa disponibilidad, se captará y vacunará al menos a una cohorte por año, comenzando por la de 80 años, y descendiendo hasta contactar con la cohorte que se vacunó a los 65.

Herpes zóster

El herpes zóster es una enfermedad por una reactivación del virus latente varicela-zóster, que afecta a los nervios periféricos y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo agrupadas a lo largo de un dermatoma.

El herpes zóster puede presentar diferentes complicaciones según los nervios afectados, sobre todo en personas inmunodeprimidas, entre los que cabe destacar parálisis motora o facial temporal, insuficiencia respiratoria e infecciones bacterianas secundarias. La principal secuela que puede aparecer tras la desaparición de los signos cutáneos es la neuralgia postherpética (NPH), que consiste en una sensación dolorosa crónica en el dermatoma afectado y que puede durar desde varias semanas hasta años. A pesar de que el Herpes Zóster presenta una baja mortalidad, sus complicaciones representan un importante problema de salud pública.

Su incidencia es más elevada con la edad, presentando un punto de inflexión a los 50 años. Desde esta edad a los 85, uno de cada cinco hombres y una de cada cuatro mujeres la padecerá. Las personas con inmunosupresión y con enfermedades subyacentes tienen también un mayor riesgo de sufrir este problema.

El Gobierno aprueba el Instrumento de Planificación Estratégica de la empresa pública Gesprotur hasta 2026

El documento formula la estrategia de actuación de Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos de Canarias en torno a tres ejes principales como son la calidad, diversificación y mejora de la gobernanza del sector turístico

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes, por iniciativa de la Consejería de Turismo y Empleo, el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de la sociedad pública Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos de Canarias (Gesprotur), al objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio.

El documento para el próximo trienio de la empresa pública incluye como objetivos tres ejes de actuación que se dividen en: la calidad como referente del producto turístico, la diversificación de la oferta turística y la mejora de la gobernanza del sector a través del marco normativo y administrativo del turismo en Canarias.

El IPE establece que la plantilla idónea de Gesprotur para la ejecución de la actividad prevista en las distintas áreas de gestión durante el periodo 2024-2026 es de seis personas y expone que los perfiles profesionales lo componen un coordinador-gerente; un técnico superior para contratación pública; un técnico superior arquitecto o ingeniero; un técnico economista o similar y dos administrativos.

Gesprotur tiene por objeto social, de acuerdo con la normativa vigente, el desarrollo de las actividades propias de una entidad gestora de proyectos financiados con fondos europeos, conforme a las prioridades estratégicas que establezca el Ejecutivo autonómico en materia de Turismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno aprueba la creación del Registro de objeción de conciencia sobre la interrupción voluntaria embarazo

Este instrumento facilitará al SCS la información necesaria para garantizar la adecuada gestión de esta prestación sanitaria, ya que permitirá adecuar los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado este lunes, día 11 de marzo, aprobó el decreto por el que se crea y regula el Registro de profesionales sanitarios de Canarias objetores de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

Este decreto será de aplicación a las personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo que desempeñen sus funciones en centros y servicios sanitarios, públicos y privados, de Canarias acreditados para su realización que, por razones de conciencia, manifiesten su rechazo o negativa a realizar dicha intervención.

Los colectivos profesionales que se pueden inscribir a este registro de objeción de conciencia son los de Medicina, Enfermería y Farmacia. La creación y desarrollo de este registro facilitará al Servicio Canario de la Salud la información necesaria para garantizar la adecuada gestión de esta prestación sanitaria, ya que permitirá adecuar los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo.

Procedimiento

La inscripción en el Registro de la declaración de objeción de conciencia, así como su modificación o revocación posterior, se realizará por la persona interesada mediante procedimiento electrónico, herramienta que expedirá de forma automatizada una certificación acreditativa de la inscripción.

La declaración de objeción de conciencia inscrita mantendrá su validez en tanto que la persona interesada no la modifique o revoque voluntariamente.

La objeción de conciencia, derecho individual de cada profesional sanitario directamente implicado en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, debe ejercerse mediante su declaración anticipada y por escrito especificando ante cuáles de los supuestos recogidos en la legislación vigente se manifiesta rechazo o negativa a realizar la citada intervención.