El Consejo de Gobierno aprueba la Estrategia CanaryChip, la primera de un Gobierno autonómico para respaldar su ecosistema de innovación ligado a la microelectrónica y a los semiconductores

La Consejería de Economía explica el potencial del sector en Canarias, con varias líneas de investigación, diseño e incluso de fabricación, con las que el archipiélago pretende optar a más de 500 millones de euros del PERTE Chip

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia de Microelectrónica y Semiconductores de Canarias 2022-2027, CanaryChip, que tiene como objetivo principal impulsar la coordinación, el desarrollo y el crecimiento del ecosistema canario en esta materia. Durante la presentación de la nueva estrategia, la consejera, Elena Máñez, indicó que “Canarias se constituye como la primera comunidad autónoma que aprueba una estrategia del microchip para respaldar al sector, en un contexto en el que la Unión Europea impulsa incluso una Ley del Microchip, para lograr la soberanía en el diseño, producción y aplicación de estos componentes”.

La consejera explicó cómo la pandemia de covid-19 evidenció la gran dependencia externa de la Unión Europea (UE) en este sector concreto, “de alto valor añadido y clave para el desarrollo tecnológico y la digitalización de la economía”. “De ahí” -continuó- “que hayamos impulsado esta estrategia en un momento clave, en el que se destinarán numerosos recursos para consolidar, fortalecer y ampliar toda la cadena de valor en torno a la microelectrónica y los semiconductores”.

El objetivo último es convertir a Canarias en una plataforma global de inversiones para el sector, desarrollar capacidades de producción en las islas a lo largo de toda la cadena de valor y constituir el archipiélago como un foco de desarrollo, atracción y retención de talento en el ámbito de la microelectrónica.

En este sentido, la Estrategia CanaryChip define cuatro ejes de ejecución, que son la promoción como destino de inversiones en el sector: el impulso a la participación del ecosistema CanaryChip en las actuaciones del PERTE Chip, que, con más de 12.000 millones de euros, es el más cuantioso de los anunciados por el Estado, y fomentar la utilización de los instrumentos de la UE para incentivar inversiones.

Además, se configura un cuarto eje, constituido por las actuaciones complementarias, con las que el Gobierno de Canarias podrá contribuir con fondos propios a las inversiones y recursos financieros externos; fomentará programas de becas, programas específicos en Universidades y Centros de Investigación y también se promoverá e incentivará que el tejido productivo canario dedique fondos a este fin.

La estrategia también contará con un modelo de Gobernanza que mantiene una atención dinámica al mercado y un seguimiento de las actuaciones y del que participan el gobierno, los centros investigadores y todo el ecosistema de la microelectrónica.

PERTE Chip

La primera labor en el seno de la Estrategia será la de coordinar la presentación de proyectos canarios a las licitaciones que realice el Estado a través del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de microelectrónica y semiconductores  (PERTE Chip), que tiene como finalidad principal reducir la dependencia de España del exterior en el diseño y fabricación de estos elementos. Dotado con 12.250 millones de euros, de los que 9.350 se reservan a fábricas, los proyectos se adjudicarán por concurrencia competitiva a las propuestas que muestren mayor capacidad para cumplir los objetivos de los ejes estratégicos del Plan.

Con el resto de fondos, para el refuerzo de la capacidad científica se prevé una inversión de 1.165 millones de euros, para la estrategia de diseño se destinarán 1.330 millones de euros y para la dinamización de la industria de fabricación TIC el presupuesto estimado asciende a 400 millones de euros.

Elena Máñez recordó que Canarias ya ha conseguido la adjudicación de proyectos de vanguardia por un importe en torno a 81 millones de euros en los otros mecanismos extraordinarios implementados por el Estado, con 3 planes complementarios y 4 proyectos RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), y enfatizó que “ha sido determinante la colaboración entre empreesspúblicas y privadas, centros tecnológicos y de investigación y el gobierno autonómico, para lograrlos”. De ahí, la importancia de establecer una estrategia que contribuya a consolidar el ecosistema de la microelectrónica y semiconductores en las Islas, con presencia de los principales centros científicos, como el IUMA, el IAC y el ACTEC, y de empresas punteras en la materia, como Wootpix o Lightbee, con los que Canarias puede aportar experiencia, capacidad y calidad, para ayudar a que España se sitúe a la vanguardia en el diseño y fabricación de microelectrónica y semiconductores.

La Estrategia aprobada por el Gobierno incluye la localización de posibles proyectos a presentar la PERTE, por valor de 49 millones en el eje de desarrollo de la capacidad científica, 118 millones en el área de Diseño, 400 millones en plantas de fabricación y 20 millones en el desarrollo de la industria TIC.

Entre las propuestas de proyectos figuran la fabricación de maquinaria de vanguardia y disruptiva, para etapas clave en la fabricación e inspección de chips; diseño, producción, inspección y test de circuitos; diseño ASIC, RFIC, MMIC, Mixed-Signal, Sensores y FPGA; tecnologías de campo de luz (LFT), LIDAR, fotónica integrada, y comunicación cuántica; y aplicaciones desarrolladas en múltiples campos (comunicaciones y ciberseguridad, sensórica e Internet de las cosas, aeroespacial, marino o astrofísica).

Ecosistema canario

Canarias tiene un ecosistema de la microelectrónica y semiconductores integrado por empresas y centros de conocimiento muy potente. Las Islas tienen empresas que desde hace años diseñan chips o procesos ópticos en la fabricación de chips, que se han constituido en el Clúster Chip Canarias, con 717 puestos de trabajo directos de alta cualificación y un volumen de negocio aproximado de 78 millones de euros. Estas empresas se integraron el pasado verano en lo que se denomina el Ecosistema Canarychip de Microelectrónica y Semiconductores de Canarias (abreviadamente Ecosistema Canarychip), formado por el Clúster Chip Canarias y otras empresas, los centros científicos IUMA-ULPGC e IAC, y otros agentes públicos competentes en el sector en Canarias.

Estos centros punteros en la ciencia de los microprocesadores reúnen a más de 200 investigadores e investigadoras de alto nivel en materia de microelectrónica e instrumentación, con un presupuesto de 17 millones de euros, que dan soporte técnico, de formación y de atracción del talento a la parte privada, “de manera que las Islas se pueden situar entre los primeros cinco puestos de las comunidades autónomas con mayor talento humano para desarrollar los proyectos del PERTE”.

Se trata de las prestaciones económicas a las que pueden acceder las personas dependientes para contribuir a la financiación del coste del servicio del que se haga
uso o bien para garantizar el cuidado en el entorno familiar

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el decreto ley por el que se aprueban las condiciones y las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, a los cuidados en el entorno familiar y al apoyo a personas cuidadoras no profesionales, las reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Se entiende como prestación económica vinculada al servicio (PEVS) la cuantía económica de periodicidad mensual que tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste del servicio que se determine en el Programa Individual de Atención (PIA) para la persona en situación de dependencia, cuando por inexistencia o insuficiencia de servicios públicos o concertados en la red del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias no sea posible el acceso a ellos.

Esta prestación económica es de carácter personal y podrá vincularse a cualquiera de los servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El proyecto de decreto ley establece, como requisitos generales para acceder a la PEVS, que las personas beneficiarias sean residentes en Canarias y reúnan los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio o servicios de atención, a los que se vincula la prestación; que tengan plaza u acceso a prestación del servicio, en centro o por persona o entidad privada, con o sin ánimo de lucro, debidamente acreditados y que el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia determine la adecuación de esta prestación.

En relación con las cuantías máximas de esta prestación económica vinculada al servicio, se aplican las cuantías máximas, en función del grado de dependencia reconocido: 800 euros para Grado III; 477,25 euros, para Grado II, y 336 euros, para Grado I.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Asimismo, el proyecto de decreto ley regula la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), consistente en una cuantía económica cuya finalidad es contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada en su domicilio a quien se encuentra en situación de dependencia y por una persona de su familia o de su entorno, no vinculada a un servicio de atención profesionalizada. Esta prestación únicamente se podrá conceder cuando no sea posible el acceso a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio, debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados.

La concesión de esta prestación implica la designación de una persona cuidadora no profesional, que deberá asumir directa y personalmente la responsabilidad del cuidado y atención de la persona en situación de dependencia.

En cuanto a las cuantías para la prestación PECEF, se establecen las siguientes cantidades máximas: 504 euros, para Grado III; 319,08 euros, para Grado II, y 180 euros, para Grado I.

El documento recoge los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias relativas a esta materia

Su propósito principal es garantizar, con rigor y sin rencor, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, a través de la verdad y la justicia, para que no se repitan hechos similares

Contiene 33 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un avanzado grado de desarrollo, y presta una atención pormenorizada a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano como la mujer y la comunidad LGTBIQA+

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta de los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, documento que recoge los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativas a esta materia, en los próximos dos años.

El propósito principal de la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es garantizar, con rigor y sin rencor, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, a través de la verdad y la justicia, para que no se repitan hechos similares.

Para ello, establece los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias relativas a esta materia. El documento contiene 33 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un avanzado grado de desarrollo, y presta una atención pormenorizada a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano como la mujer y la comunidad LGTBIQA+.

La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años.

Igualmente, se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica.

Se ha analizado, también, la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.

En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 33 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Entre esos proyectos se encuentran el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

Antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, este documento ha sido informado de forma favorable por de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, tal y como está previsto en el artículo 11 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica, con el objetivo de lograr una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas. Asimismo, ha sido aprobada por el Parlamento de Canarias, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara.

El contrato incluye 39 sedes, oficinas y órganos judiciales de Canarias, cinco más que el actual, 16 de ellos correspondientes a la provincia de Las Palmas y 23 a la de Santa Cruz de Tenerife

Tendrá un plazo máximo de vigencia de dos años, del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2025, y podrá prorrogarse por tres años más

El presupuesto total se abonará en tres anualidades, correspondientes a 2023, 2024 y 2025, y se divide en dos lotes, uno por cada provincia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, autorizar el gasto correspondiente a la contratación del servicio de limpieza de las sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 10.031.809,58 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

El contrato incluye 39 sedes, oficinas y órganos judiciales, cinco más que el vigente, dieciséis de ellos situados en la provincia de Las Palmas y 23 en la de Santa Cruz de Tenerife. Su plazo máximo de vigencia son dos años, del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2025, y podrá prorrogarse por tres años más.

El presupuesto total se abonará en tres anualidades, 1.671.968,26 euros entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023; un total de 5.015.904, 79 euros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; y 3.343.936,53 euros entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.

Además, el contrato está dividido en dos lotes, uno por cada provincia, ascendiendo el de Las Palmas a 6.260.259,20 euros y el de Santa Cruz de Tenerife a 3.771.550,38 euros.

Su objetivo es mantener todos los órganos, sedes y oficinas judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias en un estado de higiene adecuado para su correcto funcionamiento, a satisfacción de los usuarios y cumpliendo los planes de seguridad e higiene en el trabajo desarrollado en los edificios públicos.

Hay que tener en cuenta que la limpieza abarca todo el edificio, no solo las unidades judiciales, lo que incluye zonas comunes, exterior de los edificios, hasta instalaciones que no son unidades judiciales propiamente dichas, cono los institutos de medicina legal, fiscalías, decanatos.

Se trata de un documento necesario para la correcta actuación de un órgano electoral de tanta importancia como son las mesas, resultando imprescindible que sea común a todos los procesos electorales convocados

Su contenido es consensuado entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el Ministerio del Interior, y está supervisado por la Junta Electoral Central

Entre otras cuestiones, recoge los derechos y obligaciones, las funciones durante la jornada electoral, el desarrollo de la votación, el escrutinio y la entrega de la documentación electoral

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el manual de instrucciones para las personas que integren las mesas electorales con motivo de la celebración de los próximos comicios locales y al Parlamento de Canarias.

Se trata de un documento necesario para la correcta actuación, el día de las elecciones, de un órgano electoral de tanta importancia como son las mesas, resultando imprescindible que sea común a todos los procesos electorales convocados (municipales, al Parlamento de Canarias y a los cabildos insulares). Su contenido esta consensuado entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el Ministerio del Interior, y ha sido revisado por la Junta Electoral Central.

En el manual se explican tanto los derechos y obligaciones como las funciones durante la jornada electoral, la comprobación de los materiales electorales, la constitución de las mesas, el desarrollo de la votación, el cierre de esta, el escrutinio y la preparación y entrega de la documentación electoral.

El artículo 27.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General dispone que “la designación como presidente y vocal de las mesas electorales debe ser notificada a los interesados en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los miembros de las mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones, supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros o de los consejos ejecutivos de las comunidades autónomas”.

El Estratopuerto de Fuerteventura, la elaboración de la Estrategia Aeroespacial y la participación en el proyecto RETECHFor fortalecen a Canarias para ser referente internacional de la experimentación y el desarrollo de tecnología aeroespacial

El presidente de Canarias visita las obras del recinto, que comenzaron hace cinco meses y “van a buen ritmo”

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, acompañado por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Carlos Navarro, participó hoy en el lanzamiento de la futura estrategia del sector aeroespacial de Canarias, durante la que además anunciaron la concesión inicial de un nuevo proyecto para desarrollar Redes Territoriales de Especialización Inteligentes, en este caso para la vigilancia aérea de las masas forestales (RETECHFor). Esta mañana, en el espacio en obras del Estratopuerto, en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, mantuvieron un encuentro con los agentes del sector, para proponerles el modelo de partida desde el que podrán hacer sus aportaciones y así elaborar una estrategia lo más consensuada posible.

Torres visitó las obras en curso en el Estratopuerto, “que van a magnífico ritmo y será una realidad en verano de este año porque, según la gerencia, todo apunta a que se cumplan los plazos”. También recordó que en octubre de 2022 se colocó la primera piedra y solo cinco meses después “podemos ver el importante avance” en la instalación.

Este proyecto, prosiguió el presidente autonómico, está llamado a convertirse en uno de los puntos de referencia para el lanzamiento de vehículos no tripulados y pseudosatélites, lo que posiciona a Canarias en un sector tecnológico e innovador emergente que generará una industria de alto valor y creará empleo especializado. “Es un ejemplo de nuestra capacidad y fortaleza para liderar proyectos de máximo nivel internacional”, remarcó.

Torres, señaló que el consenso y la cooperación entre centros de investigación y desarrollo, empresas e instituciones “es la mejor manera de seguir mejorando al gran ritmo que están permitiendo alcanzar los proyectos ya captados por Canarias, en concurrencia competitiva con otras comunidades autónomas, para el sector aeroespacial, dentro del nuevo marco de financiación europea”.

El presidente se refería así al plan Complementario de Biodiversidad, que está permitiendo invertir 23 millones de euros en la construcción del estratopuerto majorero, y al nuevo proyecto RETECHFor, que hoy anunció que nos ha sido preconcedido, por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital “y que también tendrá sede en este parque tecnológico, desde el que despegarán los vehículos no tripulados que vigilarán la masa forestal y prevendrán incendios en otras islas, como Gran Canaria y que supondrá casi 10 millones de euros más para la isla”.

Torres recordó que ya son 3 planes complementarios y 4 proyectos RETECH captados por Canarias, “por la gran calidad de sus proyectos” y que suponen más de 81 millones de euros de inversión de los que, con el nuevo proyecto, el 39% del total se invertirá en Fuerteventura.

El proyecto RETECHFor

El proyecto RETECHFor está orientado principalmente al estudio de las masas forestales, también a partir de la observación en altura. Ya se ha anunciado su concesión a Canarias y se está trabajando en la definición completa del proyecto, con el que ese espera alcanzar una financiación de casi 10 millones de euros, de los que 7,2 M€ corresponderían al Estado y 2,4 M€ se aportarían desde Canarias.

Con esta actuación, en la que participará Canarias junto con las Comunidades de Castilla y León, y Castilla y La Mancha, se pretende mejorar, a través de la digitalización y la Inteligencia Artificial, el conocimiento de los recursos naturales disponibles para la potenciación de la bioeconomía forestal en España, ayudando a la eficiencia de su industria y a la lucha contra el reto demográfico, así como liderar la transformación digital de manera inclusiva y sostenible y focalizar los esfuerzos de digitalización en sectores económicos clave, aunque en sus inicios se centrará principalmente en la vigilancia de las masas forestales.

Estrategia Aeroespacial

La visión del Plan Estratégico está enfocada hacia el aprovechamiento de todas las sinergias existentes ya en Canarias, facilitar la coordinación con la Agencia Espacial Española, alinear en un futuro a medio plazo de un sector aeroespacial canario potente, que facilite la capacitación de fondos nacionales y europeos y, por último, coordinar la colaboración público-privada en el sector aeroespacial de Canarias.

Canarias ofrece en general unas cualidades indudables para convertirse en una iniciativa de éxito en la aviación robótica innovadora o robótica aérea. En el pasado Congreso Internacional de Aeronáutica y Aeroespacial de Canarias, celebrado en La Gomera, esto quedó más que patente, tal y como lo manifestaron entidades como la ESA o ENAIRE e incluso el propio Ejército del Aire y el Espacio.

En mayor o menor medida, las Islas Canarias ofrecen:

• Su clima, que permite operaciones aéreas durante prácticamente todo el año.
• Su orografía y ecosistema, que ofrece toda una gama de escenarios posibles para todo tipo de pruebas y experimentaciones, con entorno urbano, marítimo, rural, espacios protegidos, cercanía a otro continente, pruebas a nivel de mar y en condiciones de altura únicas en España, etc.
• Su situación estratégica, que permite realizar pruebas offshore, pruebas de logística intercontinental, trabajos marinos de diversa índole, colaboración con centros tecnológicos, de transporte, plataformas oceánicas, universidades y centros de I+D+i, fundaciones, institutos de astrofísica, microelectrónica, colaboración con agentes administrativos en control de fronteras, recursos para zonas y regiones ultraperiféricas de la UE, etc. Además, cada isla tiene una zona potencial donde tener su propio campo de experimentación.

Es una iniciativa con la que el Gobierno quiere potenciar el trabajo que realiza el Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias (CAAC) , que tiene como objetivo el impulso y desarrollo del sector aeronáutico y aeroespacial en Canarias, en sus ámbitos tecnológicos, empresariales y estratégicos, agrupando y potenciando la colaboración de empresas del sector privado, centros de investigación y entidades públicas.

Desde su creación, el CAAC ha reunido a centros tecnológicos de máxima solvencia como el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) o el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), administraciones públicas cómo el Cabildo de la Gomera, PROEXCA o ACIISI, junto con asociaciones empresariales como la Federación Provincial de la PYME del Metal y las Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) y de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE) o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y, el ámbito empresarial, tanto en empresas referentes en el sector (SATLINK, HISPASAT, etc.) como otras empresas emergentes (0-G Launch, Singular Aircraft, etc.).

Como parte de sus objetivos se encuentra el convertirse en nodo de conocimiento e innovación, así como potenciar la creación y atracción empresarial de este sector en Canarias. Por ello en el último año han llevado a cabo acciones de difusión del sector y de Canarias en ferias y eventos nacionales (Expodrónica, simposio de AEDAE, etc.) o la colaboración para el desarrollo de acciones profesionales en Canarias, como el reciente Congreso aeroespacial de La Gomera.

Entre las acciones para el desarrollo del sector en Canarias el CAAC tiene el objetivo de atraer la formalización de un ESA-BIC en Canarias. Este centro de investigación orientado a las empresas de la Agencia Espacial Europa potenciará la creación en Canarias de nuevas empresas y el desarrollo de nuevos servicios y productos en el ámbito aeroespacial. El caso de Canarias sería coherente con el establecimiento de otros ESA-BIC en Europa, como es el caso de Portugal, con ESA-BIC satélites en sus dos archipiélagos.

El Consejo aprueba el decreto de modificación parcial de la estructura orgánica del organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, en una propuesta conjunta con el área de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves, en una propuesta conjunta de las consejerías de Economía, Conocimiento y Empleo con Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el decreto de modificación parcial de la estructura orgánica y funcionamiento interno del Servicio Canario de Empleo (SCE) para, entre otros objetivos, impulsar la intermediación laboral y la coordinación de su red de oficinas.

De hecho, el acuerdo adoptado incluyó la inmediata creación en el seno del organismo adscrito a la consejería dirigida por Elena Máñez de la Subdirección de Intermediación Laboral y Coordinación de Oficinas de Empleo, que asume las funciones ejercidas hasta ahora por otras áreas para la necesaria conexión de las ofertas y demandas de trabajo o la información y la orientación profesional.

Por ello, el decreto acordado también contempló la redistribución simultánea de algunas funciones en órganos ejecutivos como las subdirecciones de Empleo, competente del desarrollo y ejecución de las políticas de fomento del empleo; de Formación, del desarrollo y ejecución de las políticas de formación y mejora de la empleabilidad; de Economía Social y Emprendimiento, de fomento de la economía social, del emprendimiento y de la inserción sociolaboral a través de las empresas de inserción.

Precisamente, también se modificó la anterior denominación de la última subdirección (Promoción de la Economía Social) en línea con el impulso político durante el actual mandato a sus áreas competentes mediante la aprobación de leyes tanto de Economía Social como de Sociedades Cooperativas o del I Plan de Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Canarias.

Además, el nuevo decreto incorporó al Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (Obecan), ya adscrito al SCE, como órgano colegiado de carácter consultivo para la programación y evaluación de las políticas autonómicas para el mercado laboral y FP.

Se trata de un instrumento básico para desplegar y desarrollar las capacidades de los datos estadísticos en favor de la sociedad

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto de Régimen de gobierno y análisis de datos del Sistema Estadístico de Canarias, que tiene por objeto establecer el régimen de gobierno de datos y el análisis masivo de datos del Sistema Estadístico de Canarias. Este Régimen de Gobierno y Análisis de Datos será un instrumento básico para desplegar y desarrollar las capacidades de los datos estadísticos en favor de la sociedad y del desarrollo económico general.

Entre los aspectos más destacados del documento se encuentran la nueva estrategia de datos, que establece las directrices de captura, procesamiento, análisis, reutilización y difusión de datos del Sistema Estadístico de Canarias y la regulación de las políticas de activos de datos como un conjunto de principios amplios y de alto nivel que forman el marco rector en el que se gestionan los activos de datos.

Igualmente, el Instituto Canario de Estadística, como órgano responsable de la coordinación de la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, promoverá, a través de este proyecto de decreto, la aplicación del Código de Buenas Prácticas de la Estadística Europea, así como otras buenas prácticas o códigos asociados al gobierno o gestión de datos.

El proyecto también contempla el desarrollo de un banco de datos para fines estadísticos, que se nutrirá prioritariamente de los ficheros de datos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. El análisis de datos es el estudio exhaustivo de los mismos mediante técnicas estadísticas con el objeto de describir u obtener conclusiones a cuestiones planteadas en los ámbitos de la demografía, la economía, la sociedad, el medio ambiente o la gestión pública y que solo se pueden responder de manera adecuada a partir de datos pertinentes y detallados que permitan un análisis en profundidad.

Asimismo, se creará el Registro de Agentes Sujetos al Secreto Estadístico, cuya finalidad es la identificación de todas las personas físicas o jurídicas que por razón de su actividad tengan acceso a información protegida por el deber del secreto estadístico, la identificación del personal estadístico y la acreditación del personal estadístico funcionario con carácter de agente de la autoridad a los efectos procedentes y la acreditación e información pública del personal estadístico autorizado para solicitar información a las personas físicas y jurídicas obligadas a suministrar información para fines estadísticos.

El proyecto de decreto está alineado con la Estrategia Europea de Datos, que propone el liderazgo de la UE para convertirse en un modelo de referencia de una sociedad empoderada por los datos para tomar mejores decisiones, tanto en el sector público como en el ámbito empresarial.

El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo para dotar esta partida de nueve millones más y poder atender al medio millar de familias que ya ha recibido una primera indemnización del Estado por la destrucción total de su vivienda habitual

El Instituto Canario de Vivienda publicó ayer la concesión de estas ayudas adicionales a las primeras 48 familias beneficiarias, entre las que se distribuirá un millón de euros

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Sebastián Franquis, ha aprobado hoy la ampliación del presupuesto hasta llegar a los 10 millones de la partida destinada a pagar las ayudas adicionales de hasta 30.000 euros a las familias afectadas por la destrucción total de la vivienda habitual provocada por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, ayudas que complementan a las ya otorgadas por el Gobierno de España con carácter de indemnización a aproximadamente medio millar de familias que perdieron su vivienda.

Precisamente ayer, miércoles, se puso en marcha esta nueva línea de ayudas del Ejecutivo canario con la publicación en el BOC de la resolución de concesión de las primeras 48 indemnizaciones adicionales a otras tantas familias de La Palma afectadas, entre las que se distribuirá cerca de un millón de euros que figuraba en la partida inicial.

La propuesta aprobada hoy en el Consejo por el consejero Franquis propone elevar esta partida inicial y ampliarla con otros nueve millones de euros para hacer frente a los pagos de estas ayudas adicionales al resto de familias palmeras que ya recibieron la indemnización de 60.480 euros por parte del Estado, medio millar aproximadamente.

Esta partida podrá ser ampliada de nuevo más adelante según se vayan valorando a más familias y sean necesarios los recursos para poder llegar a todos los damnificados que recibieron la ayuda del Estado. En este sentido, el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) ya está ultimando nuevas resoluciones para pagar esta ayuda a otras 200 familias, mientras se siguen cruzando datos con la Administración General del Estado para llegar a ese medio millar de familias que ya recibieron la ayuda estatal.

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Este documento tiene como objetivo principal garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista

Recoge los objetivos, prioridades y financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

Establece tres grandes objetivos, de los que cuelgan siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 35 proyectos, con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación de su desarrollo

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a solicitud de los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, tomar en consideración la propuesta de Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias y remitirla al Parlamento de Canarias, para su debate con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara autonómica, antes de ser aprobada definitivamente.

Este documento tiene como objetivo principal garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, y recoge los objetivos, prioridades y financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años.

También se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica.

Se ha analizado la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.

En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 35 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

No es una estrategia para la confrontación, sino para el reconocimiento y la reparación, que ofrece respuestas a reclamaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que resultan ser de pura justicia material (exhumación de las fosas, dignificación de las víctimas, investigación de la realidad de los menores sustraídos, aprobación del catálogo de vestigios franquistas, elaboración del mapa de espacios y lugares de memoria…). Muchas de estas acciones ya se encuentran en marcha y algunas en un grado avanzado de desarrollo.

Con esta estrategia lo que se pretende es coordinar y garantizar el buen fin de todos los proyectos, constituyéndose en la hoja de ruta de la Memoria Democrática en Canarias Su elaboración parte de la obligación contenida en el artículo 9 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

En dicho artículo se establece, en primer lugar, que “el Gobierno de Canarias, a propuesta de las consejerías competentes en materia de memoria histórica, educación y patrimonio cultural, aprobará la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con carácter bienal, en la que se recogerán los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Además, indica que “elaborada la propuesta de estrategia, y antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, se someterá a informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica prevista en el artículo 11 de la presente ley, que podrá proponer la incorporación de los objetivos y prioridades que estime necesarios para una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas”.

Por lo tanto, nace de un diagnóstico de necesidades y grado de cumplimiento de los fines recogidos en la ley autonómica, que son, a la vez, plenamente compatibles con los que se contienen en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.