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El Gobierno solicita el dictamen del Consejo Consultivo para el reglamento de selección de la Policía Canaria

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 9 de octubre, solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de los criterios generales de selección y promoción del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

Este decreto recoge las particularidades que deben contemplarse para la cobertura de plazas en el acceso al Cuerpo, en aras de una mayor seguridad jurídica, e incorpora, además, las previsiones de igualdad social y no discriminación de género de la Ley 2/2021.

Hasta la actualidad, los sistemas de acceso y promoción del CGPC se han realizado adecuando las bases de las oportunas convocatoria a la normativa de personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, y ajustándolas a los criterios legales que establece la Ley 2/2008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía Canaria. Sin embargo, la actividad policial requiere una formación, actitudes y aptitudes específicas que deben recogerse en las pruebas selectivas, sin perjuicio de la aplicación del régimen general con carácter supletorio.

El expediente se ha sometido al preceptivo periodo de consulta, trámite de audiencia e información pública, a organizaciones sindicales y a todos los departamentos del Gobierno de Canarias, recogiendo las observaciones planteadas.

El Consejo de Gobierno da luz verde a un nuevo Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología por la ULL

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, subraya que “esta nueva titulación oficial se añade a la oferta universitaria pública del Archipiélago, a fin de fomentar la investigación y responder a las demandas del estudiantado y a las necesidades profesionales emergentes en el mercado laboral de Canarias que requieren de mayor especialización”.

El Consejo de Gobierno de Canarias, en la reunión de hoy lunes, día 9 octubre, celebrada en San Sebastián de La Gomera, ha dado luz verde a la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial del Programa de Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología por la Universidad de La Laguna (ULL).

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, subraya que “esta nueva titulación oficial se añade a la oferta universitaria pública del Archipiélago, a fin de fomentar la investigación y responder a las demandas del estudiantado y a las necesidades profesionales emergentes en el mercado laboral de Canarias que requieren de mayor especialización”

En concreto, el Gobierno ha aprobado la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Programa de Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología por la Universitat de Alicante, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de La Laguna y la Universitat de València (Estudi General), en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la ULL y las citadas universidades para la organización y desarrollo de las enseñanzas conjuntas encaminadas a la obtención de este nuevo título oficial de Doctor o Doctora en Nanociencia y Nanotecnología.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado asimismo la implantación de las enseñanzas conducentes a nuevos grados y másteres por la Universidad Europea de Canarias.

Hay que recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 24 de la Ley 11/2003, de 4 abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, son acordadas por decreto del Gobierno de Canarias. La aprobación de las nuevas titulaciones ha contado con los preceptivos informes favorables del Consejo Universitario de Canarias y de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).

El Gobierno de Canarias crea la Administración General de RTVC mediante decreto ley

 El Ejecutivo adopta esta medida “transitoria y extraordinaria” para garantizar el buen funcionamiento del ente público tras años con una dirección operando “bajo mínimos”
 
El responsable de la televisión y la radio pública será elegido por el Parlamento a propuesta del Gobierno y tendrá plenas competencias en la gestión del ente público

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el decreto ley de creación de la Administración General del Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC). El Ejecutivo autonómico adopta esta medida “transitoria y extraordinaria” para garantizar el funcionamiento pleno de un servicio público considerado esencial, que lleva años operando “bajo mínimos” al no estar constituido ninguno de los órganos de dirección previstos en la Ley vigente desde diciembre de 2014.

El decreto ley establece la creación de la figura de Administración General de RTVC que deberá será designada, a propuesta del Gobierno, por el Parlamento de Canarias. Con esta fórmula, el Ejecutivo autonómico trata de dotar de efectividad a dicho nombramiento, superando la falta de capacidad que han tenido los grupos parlamentarios en los últimos nueve años para consensuar los órganos de gestión del ente público.

La medida adoptada hoy por el Consejo de Gobierno tiene como objetivo garantizar el funcionamiento pleno de RTVC. El decreto ley especifica que se adopta esta decisión ante la “situación de absoluto bloqueo y paralización institucional que padece el ente público” al no haberse constituido hasta la fecha ninguno de los órganos previstos en la Ley.

En concreto, la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobada por el Parlamento el 26 de diciembre de 2014 establece la constitución de cuatro órganos que deben garantizar el funcionamiento ordinario del ente público: Junta de Control, Dirección General, Consejo Asesor y Consejo de Informativos.

Sin embargo, casi una década después, la falta de acuerdo parlamentario ha imposibilitado el nombramiento de dichos órganos, dejando bajo mínimos la gestión de “un servicio esencial para garantizar la cohesión territorial y el pluralismo informativo” en Canarias, según ha subrayado el portavoz y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Cinco años de interinidad

Desde 2018 y ante una laguna institucional excepcional, la dirección de RTVC ha estado en manos de la figura de un administrador único que fue concebida como “un remedio extraordinario, interino y transitorio” a la espera de que el Parlamento lograra designar los órganos de gestión previstos en la Ley 13/2014.

Entonces, ante la falta de quorum en el Consejo Rector y la vacante simultánea de su presidencia, la Ley 1/2018 arbitró un «régimen temporal de asunción y ejercicio de la gestión ordinaria», a través de la figura del administrador único. Su gestión venía regida por dos principios: la interinidad y transitoriedad de su mandato (en tanto «se nombre al titular de la Dirección General del ente»), y la limitación de sus competencias, circunscritas a las funciones de «gestión ordinaria».

Sin embargo, cinco años después, los grupos parlamentarios han sido incapaces de nombrar director general y tampoco han logrado designar los órganos de gestión previstos en la Ley de 2014.

Ante esta “situación crítica y de fracaso institucional”, el Gobierno de Canarias considera “imperativo” adoptar medidas “inmediatas” que garanticen el funcionamiento pleno de un servicio público que considera “esencial” para la Comunidad Autónoma. Para lograrlo, la nueva figura de Administración General de RTVC asumirá de forma temporal y con total plenitud las funciones que la Ley de 2014 asignaba a la Junta de Control y a la Dirección General del ente público.

El portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia ha subrayado que el objetivo último del Ejecutivo es “asumir la iniciativa legislativa” de elevar al Parlamento de Canarias un proyecto de nueva Ley de RTVC que sustituya a la “fracasada” y vigente normativa de 2014.

En este sentido, el decreto ley aprobado por el Ejecutivo recuerda que el mandato y competencias de la Administración General no impide la designación, por la Cámara autonómica, de la persona titular de la Dirección General y/o de los miembros de la Junta de Control, “por lo que sigue residiendo en el Parlamento, y a iniciativa de los Grupos Parlamentarios, la potestad de poner fin a la situación transitoria de la Administración General, ejerciendo las potestades de nombramiento que le asigna la Ley 13/2014”.

Respaldo del Tribunal Constitucional

El decreto ley aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno concede a la nueva Administración General del ente público RTVC características equivalentes a las que tiene la figura instaurada por el Estado para la dirección de RTVE en el real decreto ley 4/2018, norma avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 134/2021.

A diferencia del administrador único actual, la figura de Administración General de la Radio Televisión Canaria será elegida y cesada por el pleno de Cámara regional por mayoría absoluta, no por la Comisión de Control. Además, será el Gobierno de Canarias el que eleve una propuesta, medida que busca evitar que se vuelva a producir un bloqueo por falta de consenso amplio entre los grupos.

Esta nueva figura asumirá de manera “excepcional y temporal” la gestión ordinaria plena del ente público hasta que el Parlamento modifique la Ley 13/2014 o hasta que logre nombrar los órganos previstos en dicha normativa.

“Es de aplicación transitoria”, ha resaltado Alfonso Cabello para volver a subrayar que la puesta en marcha de esta Administración General de RTVC responde a la “necesidad urgente de solventar la situación extraordinaria” de gestión “bajo mínimos” que sufre desde hace años este “ente público esencial” y que la voluntad del Gobierno es impulsar una nueva Ley de la Radio Televisión Canaria que sustituya a la “fracasada” de diciembre de 2014.

El Consejo de Gobierno aprueba la declaración de emergencia energética en Canarias

El documento implica el reconocimiento explícito de la crítica situación en la que se encuentra Canarias y marca al gobierno del Estado la urgencia de materializar las acciones de emergencia en el corto plazo y penetración de renovables en el medio y largo plazo

El Consejo de Gobierno ha aprobado, este lunes, el documento de declaración de emergencia energética en Canarias. Esta declaración pretende evidenciar ante la sociedad y el Gobierno de España cuál es la crítica situación del sistema eléctrico en Canarias y suscitar la agilidad de los trámites y plazos para poder abrir las acciones urgentes y revertir esta situación.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la celebración del consejo, que “es fundamental ir trasladando a la realidad e ir materializando todos los acuerdos a los que se ha llegado con el Estado en apenas 70 días de gobierno autonómico, por el bien común de los canarios”. Zapata ha concretado que “aunque es cuestión de meses que se publique el concurso ordinario, ahora es apremiante aplicar las medidas urgentes, sin descuidar el desarrollo de la capacidad de implantación y penetración de renovables, para evitar otro cero, más que probable, a corto plazo”.

La declaración de emergencia energética promueve el trabajo común y conjunto de administraciones públicas y fuerzas políticas. Por ello, “se han asumido algunas de las alegaciones de las corporaciones locales” -ha sentenciado Zapata.

El texto aprobado, recoge en catorce puntos, el camino a seguir para comprometer las políticas y medidas que, sean necesarias adoptar por las diferentes administraciones públicas, con el fin de resolver en primer lugar, la situación crítica de Canarias en generación de energía eléctrica, en consonancia con el desarrollo e implantación de las renovables. El documento responde también a especificar que el procedimiento para aplicar las medidas temporales necesarias para garantizar el suministro eléctrico a corto plazo debe tramitarse por la vía de la emergencia. En este sentido, insta a impulsar de forma urgente, y en conjunto también con el Gobierno estatal, las medidas necesarias para la renovación del actual parque de generación gestionable, convocando, a la mayor brevedad, el procedimiento de concurrencia competitiva.

El texto marca el camino a seguir para lograr la tan ansiada descarbonización a largo plazo, cumpliendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, fundamenta la necesidad de instalar equipos que tengan la capacidad de adaptación para, a la vez que garantice el suministro eléctrico se trabaje en la penetración de las energías limpias; insta al Gobierno de España a iniciar cuánto antes las actuaciones necesarias para implementar en el Archipiélago, medidas de almacenamiento mediante hidrobombeos, en aquellas islas donde sea viable, así como a la implantación de la eólica marina.

En lo que respecta a las actuaciones insulares y locales, la declaración de emergencia energética solicita a los cabildos insulares y ayuntamientos de Canarias a revisar y desarrollar sus planes de ordenación del territorio y urbanísticos, de tal modo que, se tenga en cuenta el uso de suelo necesario para la instalación de infraestructuras energéticas renovables.

El Gobierno acuerda prorrogar la Estrategia para la transformación digital de la Administración de Justicia

Se amplía el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, con un coste de 930.875 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la sesión de hoy, lunes, prorrogar por un año la vigencia de la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia 2021-2023, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto. Este acuerdo de Gobierno permite ampliar el plan de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2024, con un coste total de 930.875,80 euros.

El Consejo de Gobierno ha tenido en cuenta los grandes avances realizados y la necesidad de completar la amplia variedad de acciones recogidas en la Estrategia para cumplir con los objetivos.

La Estrategia para la transformación digital 2021-2023 dio continuidad a la Estrategia de modernización del servicio público de la Administración de Justicia 2017-2019 con el fin de dar respuesta a la nueva realidad tras el COVID-19 y alinearse con el Plan de Justicia 2030, promovido por el Ministerio de Justicia.

Los objetivos que se enmarcan en la Estrategia de transformación digital son realizar un diagnóstico de la situación actual de la Justicia en Canarias, con especial foco en el impacto de la pandemia, a fin de contar con una visión completa y detallada, tomando como referencia los resultados de la estrategia anterior; alcanzar la transformación digital; establecer un plan de acción y definir mecanismos de seguimiento y comunicación para asegurar su correcta monitorización y divulgación.

Los ejes están dirigidos hacia la eficiencia y profesionalidad en la prestación de servicios, la transformación digital y seguridad de la información, la comunicación y relaciones con el ciudadano y con otras administraciones y el seguimiento y evaluación del Plan.

El Gobierno destina 1,8 millones a la contratación de jóvenes con titulación en proyectos de interés social

Las ayudas cubrirán todos los gastos laborales de las contrataciones que realicen las entidades que concurran a la convocatoria, que mañana se publica en el BOC

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de su publicación

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destina casi 1,8 millones de euros mejorar la empleabilidad de la población del Archipiélago de 18 a 30 años. El Boletín Oficial de Canarias publicará este martes la convocatoria destinada a favorecer la contratación durante un año en proyectos de interés público y social de jóvenes en ese rango de edad con titulación universitaria o Formación Profesional y sin experiencia laboral. Las entidades interesadas podrán solicitar estas subvenciones en la sede electrónica a partir del miércoles 4 de octubre y dispondrán de un plazo de 10 días hábiles. Esta actuación cuenta este año con una partida de 1.790.000 euros, 90.000 más que en la convocatoria del pasado año.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, explicó, tras la celebración del Consejo de Gobierno de este lunes, que el objetivo de este programa “es dar una respuesta con contratos dignos a los altos niveles de desempleo juvenil que registran nuestras islas, y no por falta de cualificación, porque nuestra juventud está cada vez más y mejor formada, sino por los obstáculos del mercado laboral. La realidad es que a los jóvenes cada vez les resulta más complicado acceder a un puesto de trabajo relacionado con su formación si no han trabajado antes; siempre se les exige experiencia laboral y, al final, descartan la idea de trabajar en el ámbito en el que se han formado y acceden a puestos de menor categoría”. “De esta manera -añadió- les damos la oportunidad de ejercer las competencias, conocimientos y habilidades que adquirieron durante su formación académica y les abrimos el camino a su futuro laboral”.

En la actualidad la tasa de desempleo en menores de 25 años es del 32,15%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), una cifra cuatro puntos superior al dato estatal.

Como recogen las bases de la convocatoria prevista para su publicación mañana martes en el BOC, los contratos formativos deberán realizarse a jóvenes de 18 a 30 años, con residencia en las Islas, en situación de desempleo, demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo y con la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tengan un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o de títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.

El contrato en prácticas deberá facilitar una práctica profesional adecuada al nivel de estudios. La duración de los contratos en prácticas será de 12 meses y la jornada laboral será a tiempo completo.

Podrán solicitar estas subvenciones entidades, fundaciones públicas y privadas, asociaciones o federaciones, siempre que no tengan ánimo de lucro; quedarán excluidos los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Cada entidad podrá realizar un máximo de dos contratos formativos para la adquisición de una práctica profesional por proyecto.

Los proyectos deberán ser de interés público y social y estar dirigidos a jóvenes de Canarias con edades comprendidas entre 12 y 30 años, de forma exclusiva, o que les incluyan de forma significativa (por encima de un 60%) entre una pluralidad de personas destinatarias, y que contemplen medidas  en los sectores de actuación de las políticas transversales de juventud que se detallan en la Ley 2/2023, de 1 de marzo, de Políticas de Juventud de Canarias, concretamente en el artículo 44.

La entidad beneficiaria será la responsable de la selección de las personas con las que concertarán los contratos en prácticas. Para ello, deberán presentar en el Servicio Canario de Empleo (SCE) una oferta de empleo dirigida a jóvenes que reúnan los requisitos y el perfil adecuado.

Esta actuación se cofinancia con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno de Canarias nombra a Juan Domingo Cabrera Delgado nuevo director general de Patrimonio

Cabrera Delgado tiene experiencia de gestión administrativa en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo Insular de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en su reunión celebrada hoy, lunes, día 2 de octubre de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, el nombramiento de Juan Domingo Cabrera Delgado como director general de Patrimonio y Contratación de la comunidad autónoma. Cabrera Delgado estará adscrito a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

Reseña biográfica

Juan Domingo Cabrera Delgado

Director general de Patrimonio y Contratación

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Experto universitario en Contratación del Sector Público por la UNED. Desde el año 2000 ha ejercido como empleado público en el Cabildo de Tenerife, desde 2003 como funcionario de carrera. Como técnico de la Administración General, rama jurídica, ha desempeñado tareas en las áreas de Fiscalización, Control Interno y Auditoría, Intervención General y Turismo. En 2008 se incorporó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como director general de Hacienda y, desde 2015 hasta el momento, ejercía como director general de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos del mismo ayuntamiento con competencias añadidas en bienestar animal, sanidad y protección del medio natural.

El Gobierno prorroga el IGIC tipo 0 y amplía la partida para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma

Nieves Lady Barreto explicó hoy que “la cantidad prevista por el anterior Ejecutivo no era suficiente para atender todas las solicitudes”

Las entregas de solares para la construcción de viviendas nuevas a los palmeros afectados directamente por la erupción del volcán seguirán con el tipo 0 seis meses más

Matilde Asián señala que la medida está más que justificada porque “la situación sigue siendo delicada y, por eso, creemos necesario otro refuerzo en este largo proceso de recuperación”

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado hoy sobre la decisión del Consejo de Gobierno, impulsada por la Consejería de Hacienda, que dirige Matilde Asián, de seguir prorrogando la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, a tipo cero a la adquisición de terrenos y ejecución de obras en La Palma para los afectados que hubiesen perdido su casa por el volcán y se quieran construir una nueva vivienda, con las condiciones previstas en el Decreto Ley 12/2021, de 30 de septiembre, así como, para las entregas e importaciones de bienes y servicios, necesarios para la reposición, recuperación o reactivación de las actividades en la isla de La Palma.

Para la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, la medida está más que justificada ya que, dos años después de la erupción volcánica, cuyos efectos fueron devastadores para la población palmera, “la situación sigue siendo delicada y, por eso, creemos necesario otro esfuerzo en este largo proceso de recuperación”.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, informó, además, que el Consejo de Gobierno ha acordado también ampliar hasta los 13 millones de euros la partida destinada a la concesión de la ayuda complementaria de hasta 30.000 euros a las personas que sufrieron la destrucción total de su vivienda habitual.

“La cantidad prevista por el Ejecutivo anterior no era suficiente para todas las solicitudes que se habían presentado. Una vez comprobado, hemos trabajado para buscar fondos y ampliar la partida para poder atender a todas las peticiones de ayudas”, explica Barreto. “Incluso, se contempla una cantidad extra porque aún es previsible que puedan entrar más solicitudes”.

Tal y como recordó la consejera de Presidencia, esta ayuda complementaria del Gobierno de Canarias se empezó a abonar en abril de 2022, “con mucho retraso, más de un año después de haberla anunciado el anterior Gobierno”, y el último pago se hizo después de las elecciones y antes de conformarse el nuevo gobierno. “Ahora, para poder continuar abonando las ayudas, al no haber dinero suficiente, hemos ampliado la partida”.

Esta medida se toma a instancias de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, en base a un informe del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) que señala que, hasta el momento, se ha reconocido el derecho a percibir la ayuda a 333 afectados y se han tramitado pagos por un importe total de 9.211.959 euros. Sin embargo, del total de expedientes recibidos, existen otras 53 personas que cumplen con los requisitos para recibir ayuda complementaria.

“Esta ayuda no termina de dar respuesta total a las personas que perdieron su casa. Lo sabemos. Y en esa línea estamos trabajando desde el Gobierno”, aseguró Nieves Lady Barreto.

IGIC tipo cero

La ampliación de la vigencia del Decreto ley 12/2021, al menos, hasta el 31 de marzo del próximo año en lo referente a la aplicación del tipo 0 del IGIC a las entregas de terrenos situados en La Palma y calificados de solares conforme con la regulación del régimen del suelo y ordenación urbana, y a las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, que tengan como objeto la construcción de una vivienda nueva en dicho solar por haber quedado destruida o dañada la anterior directamente por la erupción volcánica. Solo podrá aplicarse el tipo cero a un solar por persona física y deben cumplirse los siguientes requisitos:

– El adquirente del solar y el promotor de la vivienda deben ser la misma persona física y esta ser propietaria, usufructuaria o nuda propietaria, de una vivienda destruida por la lava cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

– La entrega del solar debe producirse antes del día 31 de diciembre de 2026, debiendo acometerse de forma inmediata los permisos administrativos y los proyectos técnicos necesarios para la construcción de la vivienda.

– Las obras de construcción deben comenzar en el plazo de un año desde la adquisición del solar, sin sufrir interrupción por causa imputable al sujeto pasivo hasta su terminación, la cual debe tener lugar en cualquier caso dentro del plazo de dos años desde el inicio de las obras.

La medida servirá para continuar con el proceso de reconstrucción de los municipios más afectados por la erupción del 19 de septiembre de 2021, principalmente, El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

El Consejo de Gobierno aprueba 25.904.124 euros para material sanitario de protección individual

Se acuerda la prórroga por un año del sistema dinámico de adquisición (SDA) para el suministro de gafas, pantallas, guantes, calzas, hisopos, gorros, mascarillas, solución hidroalcohólica, batas, buzos y monos a la red de centros del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, 25 de septiembre, un gasto máximo de 25.904.124,53 euros dedicados a prorrogar el sistema dinámico de adquisición (SDA) para el suministro de material de protección individual destinado a los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El suministro se compone de gafas y pantallas de protección, guantes, calzas, hisopos, gorros, mascarillas, solución hidroalcohólica, tanto biocida como de superficies, batas, buzos y monos necesarios para la realización de la actividad asistencial en condiciones de seguridad en los hospitales y centros de Atención Primaria del SCS.

La prórroga del SDA permite al Servicio Canario de la Salud una tramitación más eficaz de los expedientes de contratación, dado el mayor número de empresas acreditadas para concurrir a las licitaciones, además de la obtención de precios más ventajosos al favorecer la competencia del mercado, puesto que el procedimiento se encuentra continuamente abierto a la incorporación de nuevas empresas.

Los sistemas dinámicos de adquisición se encuentran regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, dentro del capítulo destinado a la “Racionalización Técnica de la Contratación”.

El SCS emitió en agosto 4,8 millones de recetas, con un gasto medio de 11,53 euros

El gasto farmacéutico y en productos dietoterápicos se situó en la mensualidad de agosto en 56.349.076,02 euros

La Consejería de Sanidad dio cuenta este lunes, veinticinco de septiembre, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a agosto de 2023, mensualidad en la que se emitieron 4.888.967 recetas, con un gasto medio de 11,53 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 56.349.076,02 euros, en el que se incluye el gasto en productos dietoterápicos.

Por Áreas de Salud, Gran Canaria emitió en julio 2.157.082 recetas y Tenerife, 2.035.020. Les siguen las de Lanzarote, con 253.234 recetas; La Palma, con 195.149; Fuerteventura, con 170.756; La Gomera, con 52.289; y El Hierro, con 25.437 recetas emitidas.

En cuanto al gasto medio por receta, el más elevado se registró en el Área de Salud de La Gomera, con 12,53 euros, y el más bajo en Fuerteventura, con 10,90 euros, si bien el mayor descenso porcentual, del 3,32%, se registró en esta última isla, pasando de 11,27 a 10,90 euros en el período de referencia (agosto 2022-agosto 2023).

Al gasto farmacéutico del SCS del mes de agosto se añaden 658.996,7 euros resultantes de la aplicación del Decreto Ley 1/2020 de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros, por lo que el importe total del gasto en medicamentos ascendió a 57.008.072,74 euros.