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San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Candelaria y El Paso se unen a la Red de Gobierno Abierto de Canarias

Arona y Granadilla de Abona compartirán con la Consejería de Administraciones Públicas las listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación del personal laboral temporal

Las policías locales de Barlovento, Santa Úrsula, Arona, Garafía y El Pinar colaborarán y coordinarán sus actuaciones con el Cuerpo General de la Policía Canaria

Vallehermoso y San Juan de la Rambla delegan en la Consejería sus competencias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de Canarias de las trece adendas de adhesión a distintos convenios suscritas por su departamento con las corporaciones locales del archipiélago, en el primer trimestre de 2023, tal y como establece el artículo 16.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.

En dicho periodo, se firmaron cuatro adendas de adhesión al convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto, por parte de los ayuntamientos de San Miguel de Abona, la Villa Histórica de Santiago del Teide, Candelaria y El Paso.

Este convenio, firmado el 18 de febrero de 2022, permite establecer un marco permanente y estable de cooperación en el desarrollo, fomento y promoción de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos, sensibilización y formación en materia de gobierno abierto entre las distintas administraciones públicas dentro de la Comunidad Autónoma.

La red constituye uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España y también es una respuesta para alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 16, que aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a la ciudadanía, y el 17, que fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible.

Además, se firmaron otras dos adendas de adhesión al Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para el uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación de personal laboral temporal, por parte de los ayuntamientos de Arona y Granadilla de Abona.

Este convenio, suscrito en 2020, permite atender a través de una gestión eficiente las necesidades urgentes en las que cada administración pública se pueda encontrar a la hora de proveer un puesto de trabajo, cuando o bien carece de una lista específica para una determinada especialidad o bien no existe persona candidata susceptible de ser nombrada en un momento determinado.

Julio Pérez ha dado cuenta también al Consejo de Gobierno de que los ayuntamientos de Barlovento, Santa Úrsula, Arona, Garafía y El Pinar se han sumado al convenio de colaboración para la coordinación de las actuaciones precisas tendentes a la prestación de servicios de policía entre el Cuerpo General de Policía Canaria y el Cuerpo de la Policía Local correspondiente, conforme a las competencias y funciones que tienen atribuidas.

Igualmente, ha informado de la adhesión de los ayuntamientos de Vallehermoso y la Villa de San Juan de la Rambla al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Fecam, por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local.

Sanidad destina 34,1 millones a la adquisición de marcapasos, electrodos, desfibriladores y ‘holters’ implantable

El Consejo de Gobierno autoriza el gasto para prorrogar por dos años los acuerdos marco resultantes de la compra centralizada de estos dispositivos

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 4 de mayo, a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 34.113.043,80 euros en la adquisición de un suministro de marcapasos, electrodos, desfibriladores y holters implantables para abastecer las necesidades de los servicios de Cardiología de los hospitales del Servicio Canario de la Salud.

La contratación de este suministro se realizará a través de la prórroga de los acuerdos marco resultantes del expediente de compra centralizada tramitado por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS, que tendrán una vigencia de dos años, comprendida entre los meses de septiembre de 2023 y 2025.

El importe del gasto se ha calculado teniendo en cuenta las previsiones de consumo de estos dispositivos por los hospitales del SCS durante este período, a razón de 8.719.114,80 euros, en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; 8.221.171,60 euros, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; 6.825.552,50 euros, en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil; 6.383.837,00 euros, en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias; 1.894.427,50 euros, en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote; 1.380.848,90 euros, en la Gerencia de Servicios Sanitarios Área de La Palma, y 688.091,50 euros, en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura.

Las compras centralizadas contribuyen de manera notable a racionalizar y mejorar la eficiencia en los procesos de aprovisionamiento de los centros sanitarios del SCS, al tiempo que permite obtener una reducción de precios derivada de las economías de escala y racionalizar los recursos humanos que se destinan a la tramitación, por cada Gerencia del SCS, de los expedientes compras y la facturación.

El Gobierno declara la idoneidad de la utilización de la RIC para construir un telescopio privado en el Teide

El proyecto prevé una inversión de 2,5 millones de euros y también incluye la adquisición de los denominados Derechos de Tiempo de Observación

El Consejo de Gobierno declaró hoy la idoneidad del instrumento financiero presentado por la sociedad Light Brigdes, SL, para la financiación, ejecución y explotación de una instalación telescópica privada para observar grandes campos de cielo y detectar objetos de baja magnitud con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

El proyecto, denominado Transient Survey Telescope (TST), se financiará con 2,5 millones de euros e incluye también la adquisición, como mayorista, de valores que dan derecho a la titularidad del uso y disfrute parcial de diversos edificios, bajo la forma de Derechos de Tiempo de Observación (DTO) generados.

Entre otros, en los proyectos Two-Meter Twin Telescope (TTT), New Robotic Telescopes (NRT) y, en su caso, en otras instalaciones telescópicas canarias, para su explotación especializada desde Canarias y, en particular, en este proyecto, creando y desarrollando el mercado de DTO en Estados Unidos.

Asimismo, se adquirirán y comercializarán Derechos de Tiempo de Observación (DTO) generados en otras instalaciones telescópicas, sitas en los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) como bienes complementarios de los DTO de TST, que incrementarán el valor de éstos.

El plazo para la creación del establecimiento se prevé inferior a 24 meses desde la suscripción de la primera emisión de los instrumentos financieros. La explotación se realizará durante el periodo legal requerido y su vida útil será un mínimo de 35 años. La explotación económica de los bienes potenciará los objetivos científicos.

La Ley económica del REF (Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias) prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras, siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados cuyas inversiones sean aptas según lo regulado en el artículo 27.4.D.3º de la Ley, siendo preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias declara la idoneidad del instrumento financiero para materializar la RIC, mientras que la comprobación efectiva de la corrección de dicha materialización, principalmente en lo referente a la inversión que se va a financiar, corresponde a la AEAT.

El Gobierno autoriza recuperar el 5% de rebaja salarial aplicada en 2010 al personal de la empresa pública Gestur

La sociedad mercantil, dependiente de Transición Ecológica, da cumplimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera para restablecer este porcentaje

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, recuperar la rebaja salaria del cinco por ciento que en el año 2010 se le aplicó al personal de la sociedad mercantil Gestur Canarias, SA, entidad dependiente de la Consejería que dirige José Antonio Valbuena.

Esta decisión llega después de que en el acuerdo colectivo pactado el pasado 15 de marzo se contemplara el restablecimiento, en un cinco por ciento, de las cuantías de los conceptos de salario base, pagas extraordinarias y antigüedad con efectos de 1 de enero de 2022.

Así, tras analizar la situación financiera y los datos sobre el superávit/déficit de la sociedad en los últimos informes, la empresa pública Gestur da cumplimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, por lo que pueda aplicarse esta recuperación.

La rebaja salarial del año 2010 se aprobó por con el fin de reducir el déficit público a través de la modificación de la la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2010.

 

Aprobadas modificaciones de crédito para la ejecución de obras hidráulicas en las islas de Tenerife y La Gomera

El Ejecutivo autoriza gastos plurianuales y ampliaciones de fondos para realizar infraestructura de especial interés como depósitos de agua y proyectos destinados al saneamiento y la depuración

El Gobierno de Canarias ha autorizado, a petición de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, diferentes modificaciones de crédito para la ejecución o culminación de cuatro proyectos hidráulicos en las islas de La Gomera y Tenerife. Cabe destacar que tres de esos cuatro proyectos están relacionados con los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

En primer lugar, se autoriza el gasto plurianual para hacer frente al gasto relativo a la contratación de los proyectos constructivos destinados al saneamiento y depuración de aguas residuales en los municipios de Alajeró y Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera.

Los dos siguientes casos tienen que ver con autorizaciones de gastos plurianuales para acometer los trabajos de la red de saneamiento y pluviales del sector Central-Guargacho, en San Miguel de Abona, y el sistema comarcal de saneamiento del oeste o proyecto de colectores de saneamiento de Tamaimo, en Santiago del Teide. Estas dos intervenciones se enmarcan en la isla de Tenerife y entre las dos superan los siete millones de euros de presupuesto.

El último incremento de presupuesto, fuera del ámbito de los fondos Next Generation, tiene que ver con la subvención directa al Cabildo de La Gomera para el desarrollo del depósito de agua potable en San Sebastián de La Gomera, con un importe de 4,5 millones de euros.

El apartado 3 del artículo 49 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, confiere la competencia al Gobierno para que, en casos especialmente justificados, pueda acordar la modificación de los porcentajes, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial.

Canarias cuenta por primera vez con un Catálogo de Servicios y Prestaciones de Servicios Sociales

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.

El Catálogo blinda los derechos sociales de la población en el archipiélago a través de servicios que las administraciones deben prestar de forma obligatoria

El Ejecutivo canario ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, en el que se determinan los requisitos y condiciones de acceso a los servicios y prestaciones del sistema y se fija el procedimiento de su actualización y revisión.

El Catálogo de Servicios y Prestaciones se define como el instrumento que determina el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Canarias cuya provisión deberán garantizar las Administraciones públicas competentes, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que tengan por objeto la cobertura de las necesidades de atención social a las personas.

De esta forma, el primer Catálogo de Servicios y Prestaciones de Canarias regula una amplio abanico de servicios que incluyen servicios de atención primaria y comunitaria; servicios de infancia, adolescencia, personas jóvenes extuteladas o riesgo de exclusión y familias; servicios de mayores, inmigración y voluntariado; servicios de dependencia y discapacidad y servicios de prevención contra la violencia de género.

El objetivo del Catálogo es codificar el conjunto de prestaciones que integran el Sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Canarias, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada, y que están destinadas a la atención de las necesidades personales y sociales de las personas y sus familias que residen o se encuentran en su territorio, con la finalidad de procurar su plena inclusión social o evitando que caigan en situaciones de exclusión social.

El Catálogo define y clasifica las prestaciones del sistema de servicios sociales en prestaciones de servicios, económicas o tecnológicas, e incluye aquellas actuaciones, intervenciones técnicas, programas, proyectos, ayudas económicas y tecnológicas, recursos y medios de atención destinados a cubrir las necesidades de las personas usuarias y a contribuir a la inclusión social de las mismas.

Las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública pueden ser de servicio, económicas o tecnológicas y tendrán como objetivo la autonomía y el bienestar de las personas y sus familias, asegurando su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, y abordando las situaciones de riesgo o de exclusión social.

Los servicios y prestaciones del Catálogo constituyen un conjunto de apoyos formales que podrán compatibilizarse entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y adaptar la intervención a las necesidades, capacidades y, en lo posible, preferencias de cada persona, así como a las características de su contexto.

En cuanto a la actualización y revisión del Catálogo, el decreto recoge que se hará una puesta al día de manera regular y periódica, a partir del análisis de la información disponible sobre los recursos y las necesidades sociales que se demanden, lo que permitirá que dicho instrumento atienda adecuadamente y de manera realista a dichas necesidades y demandas sociales, o a las que se deriven como consecuencia de nuevos servicios u obligaciones que pudieran estar previstas en la legislación sectorial.

Asimismo establece que, cada dos años desde su aprobación inicial, el Catálogo de servicios y prestaciones será objeto de actualización por el Gobierno, incluyendo su estructura, a propuesta de la Consejería con competencia en materia de derechos y políticas sociales, en coordinación con las demás Administraciones públicas canarias, a través de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, así como con la participación del Consejo General de Servicios Sociales.

El Consejo recibe información de la firma con el Estado de un Plan Integral de Empleo de 45 millones de euros

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, informa al Consejo de que el nuevo PIEC aporta 3 millones de euros más a los 42 millones anuales que se transferían habitualmente

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo comunicó hoy al Consejo de Gobierno que se ha firmado con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el convenio que da cobertura al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en un nuevo adelanto de la fecha en la que estarán disponibles los fondos estatales, que llegan a 45 millones de euros, tres más en este año 2023.

El año pasado, la firma se produjo a mediados de mayo, por lo que, con este adelanto, se podrán implantar antes las políticas activas de empleo con cargo al PIEC, lo que la consejera de Empleo informó al resto del Gobierno, para su conocimiento y que el resto de instituciones, agentes sociales y económicos conozcan la previsión de adelanto de todas las convocatorias asociadas al convenio y puedan comenzar a preparar ya los convenios que presentarán a las diferentes líneas de subvenciones.

Según el acuerdo suscrito, la nueva realidad económica y laboral que nos deja la pandemia de la covid-19, y la erupción volcánica de La Palma, no altera los objetivos generales del Gobierno de Canarias en materia de empleo, pero si requiere que, con carácter excepcional, se centren los esfuerzos y se adapte el PIEC a las políticas, que coherentemente con las propuestas que desde el marco del diálogo social han sugerido los agentes sociales y económicos de las islas, orientándolas a promover aquellas políticas activas de empleo que fomenten la recuperación del tejido productivo canario y a los/as trabajadores/as canarios/as que se aún encuentran con sus empleos suspendidos en los ERTE, sin descuidar aquellas destinadas a los sectores prioritarios”.

Así, el PIEC para 2023, que es el más cuantioso firmado nunca, perseguirá objetivos que afronten la lucha contra el desempleo desde todas las facetas posibles, desde el fomento de programas para la contratación de personas desempleadas, al mantenimiento y sostenibilidad de los puestos de trabajo, o el apoyo a aquellas personas cuya exposición al impacto económico del coronavirus haya sido mayor, como personas trabajadoras autónomas, personas trabajadoras con contratos temporales, suspendidos al estar sujetos a ERTE de fuerza mayor u otras causas, y personas que trabajan en el ámbito doméstico.

Además, serán prioritarias la formación integral y cualificación de personas jóvenes, el apoyo al emprendimiento y empresas de Economía social, y las medidas para personas en desempleo de larga duración y aquellas otras especialmente vulnerables en el empleo.

Respecto de la aportación estatal a través del Servicio Público de Empleo Estatal, la Comunidad Autónoma de Canarias gestionará los recursos aplicándolos a las actuaciones específicas enmarcadas dentro de los objetivos señalados, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y debiendo estar iniciadas en 2023 y finalizadas, en todo caso, con anterioridad a 31 de diciembre de 2024.

Sanidad destina más 6,4M€ a la adquisición de 2.302 camas clínicas y camillas para los centros del SCS

El Consejo autoriza el gasto plurianual, lo que permitirá renovar las camas de los hospitales del SCS, así como adquirir nuevas unidades necesarias para la actividad asistencial tanto hospitalaria como de los centros de salud

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a propuesta de la Consejería de Hacienda, un gasto plurianual de 6.436.470 euros del Servicio Canario de la Salud para financiar la contratación de un suministro e instalación de 2.302 camas clínicas y camillas con destino a diferentes centros hospitalarios.

La contratación se realizará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para las anualidades de 2023 y 2024, a razón de 3.956.642 y 2.479.828 euros, respectivamente, cofinanciados al 85% por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER Canarias 2021-2027).

Las camas y camillas clínicas constituyen un equipamiento indispensable para el funcionamiento de las instituciones sanitarias, cada vez más tecnificado, con una elevada tasa de uso y sobre el que actúan muchos profesionales sanitarios, por lo que requiere de labores de mantenimiento constantes. De ahí que cuando los costes de mantenimiento anuales exceden el 15% del precio de compra inicial, se considere que este equipamiento es ineficiente y se aconseje su reposición.

En este sentido, el suministro de nuevas camas y camillas se destinará tanto a reponer las que han quedado obsoletas como a dotar a nuevas áreas asistenciales de los hospitales y centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.

Por su impacto asistencial y económico y con el fin de homogeneizar las prestaciones asistenciales, se realizará una adquisición centralizada de las camas clínicas y camillas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS.

El Gobierno aprueba el decreto que designa la autoridad de control de la Ley de Cadena Alimentaria en Canarias

La Viceconsejería del Sector Primario será el órgano encargado del cumplimiento de la normativa

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 27 de abril, el proyecto de decreto por el que se designa la autoridad de ejecución de la Comunidad Autónoma de Canarias para el control del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.

Según el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta conjunta de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y previa deliberación del Consejo de Gobierno, se designa a la Viceconsejería de Sector Primario como el órgano adecuado dentro de la estructura orgánica del departamento autonómico para llevar a cabo el control necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013.

Entre sus principales funciones recoge el control, que de acuerdo con el ámbito de aplicación de la dicha ley, tiene por objeto las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios.

Las actuaciones de control tendrán por objeto el examen, comprobación e investigación de la obligaciones impuestas a los operadores de la cadena alimentaria por la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria o norma que la sustituya, así como la determinación de la comisión de posibles infracciones en materia de contratación alimentaria tipificadas en la misma ley que pudieran dar lugar al correspondiente procedimiento sancionador. Las actuaciones se llevarán a cabo por personal funcionario debidamente acreditado por la autoridad de ejecución, que tendrá en el ejercicio de sus funciones, la condición de agentes de la autoridad.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

El Gobierno aprueba cinco programas del FDCAN por 416,7 millones de euros

Los proyectos corresponden a los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, y a las dos universidades públicas

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, los programas y proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro y de las dos universidades públicas. El importe total asciende a 416,7 millones de euros hasta el año 2027. El acuerdo permitirá también la firma de los respectivos convenios con los beneficiarios.

Estas instituciones son la que en su momento no suscribieron los primeros convenios del Fondo por diez años (el programa arrancó hace seis años) y, por tanto, no tenían ninguno en vigor.

Los 416,7 millones se distribuyen de la siguiente manera: Cabildo de Fuerteventura, 99 millones; Cabildo de El Hierro, 50,2 millones; Cabildo de Gran Canaria, 254,4 millones; Universidad de La Laguna, 6,5 millones, y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 6,5 millones.

A la aportación aprobada por el Gobierno habrá que añadir el porcentaje de cofinanciación de cada corporación insular, que son del 20% en el caso de Fuerteventura; del 10% en El Hierro y del 50% en Gran Canaria. La inversión en las universidades corre exclusivamente de parte del Ejecutivo.