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Políticas Sociales lleva al Consejo Canario de los Mayores el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional

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El viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, presidió este viernes, 20 de abril, la celebración del Consejo Canario de los Mayores

El viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, presidió este viernes, 20 de abril, la celebración del Consejo Canario de los Mayores, un órgano colegiado de carácter consultivo, representativo del colectivo de personas mayores en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Entre los asuntos abordados en el seno de este Consejo, los miembros del Consejo recibieron información que, con motivo de la celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Políticas Sociales, tiene previstas llevar a cabo.

De esta forma, entre las actuaciones previstas, informó Núñez a los miembros del Consejo, se contempla «la renovación de los convenios con las dos universidades canarias para el sostenimiento de las Universidades de Mayores».

«Asimismo, se editará una guía específica de información de servicios y prestaciones sociales para la familia, así como promocionará el tejido asociativo y formación de las personas voluntarias y solidaridad intergeneracional, dentro de un proyecto de Participación y Voluntariado en Personas Mayores», indicó.

«Igualmente, se pondrá en marcha un programa de formación y educación de las personas mayores a través de los programas de formación de adultos para el envejecimiento activo: mayores y familias, así como un programa de actividades de promoción y prevención en relación al envejecimiento activo en los centros de personas mayores: aula del envejecimiento activo, preparación para la jubilación, incorporar y difundir las experiencias canarias de Universidades para mayores en los programas de envejecimiento activo», manifestó Núñez.

El viceconsejero destacó el papel del Consejo como órgano de promoción del movimiento asociativo de las personas mayores en la sociedad, así como su capacidad para preparar y celebrar congresos o eventos similares sobre aspectos relacionados con la situación y calidad de vida de las personas mayores y de tener conocimiento de los beneficios destinados al colectivo que representa.

En este sentido, Núñez manifestó que los miembros del Consejo mostraron en la reunión celebrada hoy su preocupación en relación a algunos temas relacionados con el anuncio de recortes en los Presupuestos Generales del Estado, así como la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia y la incorporación del copago.

«Pretendemos que todas los mayores canarios que lo necesiten tengan la misma calidad en la atención, vivan donde vivan», concluyó el viceconsejero, para quien «este consejo y los consejos insulares tienen una gran labor de ayuda a las instituciones en la recuperación de esas personas rescatando y profundizando en los sentimientos de pertenencia a una comunidad».

Rojas: "Un total de 1.156 personas con discapacidad fueron contratadas en los Centros Especiales de Empleo en 2011"

La consejera de Políticas Sociales informó en sede parlamentaria sobre las actuaciones en materia de integración social y laboral de este colectivo

Canarias cuenta con casi 5.000 plazas en recursos para la atención de estas personas

«Canarias cuenta con un total de 4.696 plazas de atención a las personas con discapacidad, de carecer residencial, de estancia diurna, centros ocupacionales, servicios de rehabilitación, pisos tutelados o servicios de atención temprana entre otros», afirmó hoy en comparecencia parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, para informar sobre las políticas dirigidas a potenciar la Integración social y laboral de las personas con discapacidad.

«Esta red de recursos se rigen por unos estándares muy definidos en cuanto a tipología de plazas y a la cartera de servicios ofrecidos, que incluyen atención fisioterapéutica, sanitaria, de ocio, de nutrición etc., garantizando la calidad integral de los servicios ofrecidos, complementados con otras ofertas de áreas de atención como son los de prevención, teleasistencia y ayuda a domicilio», aclaró Rojas, quien comenzó su intervención centrándose en las medidas de apoyo a la integración social de este colectivo.

En este sentido, aclaró la consejera, que en 2011, se concedieron un total de 2.058 Pensiones No Contributivas por Invalidez, «por lo que, en la actualidad, un total de 28.000 personas con discapacidad reciben este tipo de pensiones».

«Cabe destacar que en la adjudicación de la Prestación Canaria de Inserción, instrumento de integración sociolaboral muy importante, el grado de discapacidad reconocido forma parte del baremo que se aplica en la evaluación del expediente de otorgamiento», afirmó.

«De igual forma, por Unidades especializadas se emiten los informes vinculantes en mayor o menor grado en orden a la concesión de vivienda, en el acceso a la Función Pública o la configuración del preceptivo cupo de personas con discapacidad a efectos laborales y empresariales».

Además, Rojas destacó «como factor importante de integración el Gobierno tramita la tarjeta especial de Estacionamiento para personas discapacitadas, con una gran demanda, que en 2010, a falta de datos concretos de 2011, se tradujo en la concesión de 875 tarjetas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 920 en Gran Canaria».

En materia de integración laboral, Rojas afirmó que el Gobierno tiene varías líneas de actuación para la integración laboral de personas con discapacidad.

Más de 1.100 personas con discapacidad fueron contratadas en 2011 en CEE

«La primera es el apoyo a los Centros especiales de Empleo. En 2011, un total de 1.156 trabajadores con discapacidad accedieron a las subvenciones de sus contratos en los diferentes Centros Especiales de Empleo (CEE) que existen en Canarias».

«El 70% de la plantilla de los CEE debe estar compuesta por personas con discapacidad en un grado igual o superior del 33%. En Canarias existen 65 empresas de estas características, 37 de ellas localizadas en la provincia de Las Palmas y 28 en Santa Cruz de Tenerife. El perfil de este tipo de empresa está orientado mayoritariamente a la producción de la agricultura ecológica, el comercio minorista, corte y confección, limpieza, jardinería, afilado de cuchillos, catering, fotografía o tecnología», afirmó.

«Otra línea de actuación es la intermediación», indicó Rojas, y en esta línea, «el Gobierno ha intermediado también en la contratación indefinida en el mercado laboral ordinario de 174 personas con discapacidad en 2011. Esta cifra representa un incremento del 23% respecto a las realizadas en todo 2010. De esta forma se contribuye a dar cumplimiento de la Ley que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a incorporar un 2% de su plantilla a personas con este perfil».

Como última línea, la consejera hizo referencia a la subvención a la contratación indefinida de personas con discapacidad, que asciende a 3.907 euros por contrato realizado a jornada completa y la parte proporcional si se trata de un contrato a tiempo parcial y la deducción íntegra del impuesto de Sociedades por la cantidad de 6.000 euros por persona y año siempre que incremente el promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad.

Rojas: "La Consejería actuó de forma inmediata y trasladó a la fiscalía la denuncia de la residencia Sol de Otoño"

La consejera de Políticas Sociales informa en sede parlamentaria las medidas tomadas ante la denuncia de supuestos malos tratos en la residencia de mayores

«La primera medida fue trasladar inmediatamente el vídeo con las imágenes del reportaje emitido en un programa de televisión en que se denunciaban supuestos malos tratos en la residencia de mayores Sol de Otoño, a la fiscalía, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, mientras que al mismo tiempo iniciamos el protocolo con la fiscalía para trabajar de forma coordinada», informó hoy en sede parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas.

La consejera explicó que su departamento puso en marcha una serie de medidas ante esta denuncia. De esta forma, aclaró, «hicimos comprobaciones sobre posibles denuncias y verificamos que en ningún momento se había producido denuncia alguna, ni ante la fiscalía, ni ante la Consejería de Políticas Sociales, ni ante la policía, ni otra fuerza de seguridad del estado, incluso tampoco había sido trasladado denuncia alguna al ayuntamiento, sobre posibles malos tratos o trato vejatorio o negligente, ni por parte de los familiares, ni de los trabajadores, ni de los responsables del reportaje».

«Lo que si había abierto era un expediente sancionador por parte de esta Consejería por el incumplimiento de la normativa autonómica en materia de centros, concretamente 63/2000 de 25 de abril por el que se regula la ordenación, autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para personas mayores y sus normas de régimen interno», manifestó.

Según explicó Rojas, «por incumplimiento de esa normativa se había instado al cierre de la residencia, por parte de esta consejería en el año 2007, pero los propietarios habían acudido al contencioso administrativo, como por otro lado es su derecho, y recurrido en todas las instancias, hasta que al final el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a finales del pasado año nos dio la razón, por lo que la Consejería solicitó el cierre voluntario, por lo que si este no se hubiera producido, tendríamos que haber ido al auxilio judicial, cuestión que no se produjo».

«En la actualidad, -dijo la consejera-, la Residencia está cerrada y todos los mayores ya se encuentran ubicados en diferentes recursos de la isla».

Políticas Sociales informa al Consejo Canario de los Mayores sobre el proceso de tramitación de las ayudas a la Dependencia

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El viceconsejero de Políticas Sociales presidió este lunes la celebración de la reunión de este órgano participativo, celebrado en Santa Cruz de Tenerife

El viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, presidió este lunes la celebración del Consejo Canario de los Mayores, un órgano colegiado de carácter consultivo, representativo del colectivo de personas mayores en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Según indicó Núñez, los miembros del Consejo recibieron información sobre las iniciativas que, desde la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, se han puesto en marcha con el fin de agilizar la tramitación de solicitudes de prestaciones en el marco de la Ley de Dependencia que, según explicó el viceconsejero, «ha facilitado que, en los últimos meses, se hayan incorporado más de 1.100 nuevas altas a las prestaciones dentro del marco de esta Ley».

Asimismo, el Consejo manifestó su condolencia por el reciente fallecimiento de Elvira López, miembro del Consejo canario y representante del Archipiélago en el Consejo Estatal de Mayores.

El viceconsejero destacó el papel del Consejo como órgano de promoción del movimiento asociativo de las personas mayores en la sociedad, así como su capacidad para preparar y celebrar congresos o eventos similares sobre aspectos relacionados con la situación y calidad de vida de las personas mayores y de tener conocimiento de los beneficios destinados al colectivo que representa.

«Pretendemos que todas los mayores canarios que lo necesiten tengan la misma calidad en la atención, vivan donde vivan», afirmó el viceconsejero, para quien «este consejo y los consejos insulares tienen una gran labor de ayuda a las instituciones en la recuperación de esas personas rescatando y profundizando en los sentimientos de pertenencia a una comunidad».

Núñez: "En la atención a la discapacidad, la mejor política social es impulsar la autonomía de estas personas"

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El viceconsejero de Políticas Sociales, Melchor Núñez, visitó la residencia y el centro ocupacional de personas con discapacidad psíquica de Aprosu

«La mejor política social que podemos hacer es facilitar a las personas con discapacidad un impulso a su autoestima, independencia económica y, por tanto, ofrecerles la oportunidad de forjar un proyecto de vida propio», aseguró el viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, durante su visita hoy en Las Palmas de Gran Canaria a las instalaciones de la Asociación Protectora de personas con discapacidad de Las Palmas (APROSU), para conocer de primera mano las actividades que desarrolla esta entidad.

Núñez alabó la labor que durante los últimos cincuenta años viene desarrollando Aprosu, «un trabajo que resulta de especial relevancia ya que tiene entre sus objetivos el favorecer la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual».

El viceconsejero visitó la residencia para personas con discapacidad psíquica ligera y media, con capacidad para 48 personas, así como el Centro Ocupacional, los talleres, el gimnasio y la sala de fisioterapia. En esta instalación, los 113 usuarios que atiende esta entidad cuentan con un programa de Terapia Ocupacional, así como de Ajuste Personal y Social, en los que adquieren conocimientos dirigidos a potenciar su autonomía personal.

Además, Aprosu cuenta con programas de Pisos Tutelados e Integración Laboral, que, indicó el viceconsejero, «son de gran importancia ya que evitan la institucionalización de estas personas, mejorando su capacidad de autorregulación y potenciando su integración sociolaboral».

«En definitiva, el fin es consolidar espacios de participación que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad psíquica, a través de una convivencia que estimule las capacidades, las relaciones personales y sociales, el fomento de la autonomía personal, y sobre todo, la creación de una herramienta que sirva de tránsito en el itinerario de inserción social de esas personas», concluyó.

Aprosu atiende a un total de 113 personas con discapacidad psíquica y cuenta con una plantilla multidisciplinar compuesta por un total de 78 empleados de diferente perfil profesional, entre otros, trabajadores sociales, psicólogos, logopedas y especialistas en educación especial.

El Gobierno de Canarias mantiene el presupuesto para prestación de servicios a la atención a las personas con discapacidad en 2012

* El convenio entre Gobierno y Cabildo de Tenerife ascendió, en 2011, a 17 millones de euros, de los que casi 12 millones de euros los aporta el Gobierno de Canarias

* El Gobierno anticipó al Cabildo en el mes de junio algo más de 4 millones de euros, y otros 2 más en el mes de octubre

* Con la celebración de la comisión de seguimiento del convenio se inicia el procedimiento de pago del resto del convenio, así como de sus economías

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han celebrado hoy la reunión de seguimiento del Convenio para la atención a las personas con discapacidad.

Mediante este convenio, se garantizaba la financiación para la prestación de servicios a personas con discapacidad, por un importe total de 17. 054.215,35 euros, del que el Gobierno de Canarias aportaba 11.885.891,35 euros y el Cabildo de Tenerife 5.168.324 euros.

El Gobierno de Canarias, y concretamente la consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda ya ha abonado al Cabildo de Tenerife el 50 % de su aportación al convenio, alrededor de 6 millones de euros.

Hoy se ha celebrado la Comisión de Seguimiento necesaria iniciar el procedimiento de financiación del resto del convenio así como de sus economías.

El convenio de atención a la discapacidad tiene por objeto articular la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales, centros de estancia diurna, alojamientos tutelados y hogares funcionales, a personas con discapacidad, tanto física, como psíquica, como por enfermedad mental en la red de centros sociosanitarios dependientes de las administraciones, como concertados o conveniados. En este sentido se trata de 505 plazas residenciales, 1,547 de estancia diurna, 173 plazas en pisos tutelados y 12 hogares funcionales.

Sánchez: "El Cabildo reconoce que no ha querido firmar la addenda que hubiera permitido pagar el IPC a las asociaciones"

La directora del Bienestar Social, «es incomprensible que una institución pública primero crea el problema, después abre una polémica innecesaria con las asociaciones y después echa la culpa al Gobierno de que no le solucione el problema que ha creado»

«La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias pagó todos los gastos certificados por el Cabildo de Gran Canaria en 2010», afirmó la directora general de Bienestar Social del Gobierno canario, Araceli Sánchez, en relación a las declaraciones del consejero del Cabildo de Gran Canaria Pedro Quevedo, sobre el conflicto que mantiene la institución insular con las asociaciones de atención a personas con discapacidad intelectual de la isla.

«En este sentido hay que aclarar que primero, se está hablando del IPC de 2010, un dinero que el Cabildo ya perdió», apuntó la directora.

Sánchez quiso aclarar el cómo se ha llegado a este momento: «en febrero del pasado año se celebró la Comisión de Seguimiento del Programa de Atención a la Discapacidad para la isla de Gran Canaria, en donde se acordó la modificación de la ficha financiera para 2010, de forma que se transfieren parte de los créditos previstos en la línea de Monitores de Empleo que no se estaban utilizando, a la línea de Mantenimiento, para financiar la actualización del IPC».

«El Cabildo muestra su conformidad, firma el acuerdo y el acta que lo corrobora» prosiguió Sánchez.

«Para hacer efectivo ese acuerdo se tramita una nueva Addenda al Convenio en la que se debe incluir, mediante escrito del Cabildo, que cantidad va a certificar en 2010».

«Con fecha 5 de julio el Gobierno envía el de Addenda al Cabildo de Gran Canaria para que lo suscribiera, pero no lo hace nunca, impidiendo la transferencia de los créditos de 2010, con lo cual el Cabildo pierde esos créditos», afirmó.

Sánchez mostró su asombro, «es incomprensible que una institución pública primero cree un problema, después abra una polémica innecesaria con las asociaciones y después eche la culpa al Gobierno de que no le solucione el problema que ha creado»

«En todo caso ¿prosiguió Sánchez- el Gobierno siempre estará dispuesto a llegar a acuerdos y ver la posibilidad de paliar el error del Cabildo»

El Cabildo de Gran Canaria fue el último Cabildo en firmar el convenio de dependencia y estuvo a punto de perder también 13 millones de euros.

Más de 18 millones de euros a programas y recursos de atención a mayores y personas con discapacidad en 2010

«Es una pena que se esté utilizando a las personas con discapacidad y a sus familias de esta forma tan claramente partidista», afirmó Sánchez, quien recordó que, «en estos momentos, lo que demanda la ciudadanía es unidad por parte de las instituciones».

«La atención a las personas mayores o con discapacidad no puede ser motivo de conflicto entre las instituciones, que deben estar unidas para sacar adelante, con todas las dificultades del mundo, de eso no me cabe duda, los servicios sociales esenciales, que hay que recordar que son competencia de Cabildos y ayuntamientos», dijo.

En este sentido, recordó que, en el 2010, el Gobierno de Canarias aportó un total de 18.047.732,96 euros a la financiación de programas y recursos para la atención de personas mayores y con discapacidad que gestiona el Cabildo de Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias aumenta la reserva de plazas para personas con discapacidad en la Oferta de Empleo Público hasta un 7%

Esta es una de las medidas que se recoge en el Proyecto de Decreto aprobado por el Ejecutivo, y que regula el acceso de personas con discapacidad al empleo público

El Gobierno de Canarias ha aprobado el Proyecto de Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El objetivo de este cuerpo normativo, realizado conjuntamente por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Seguridad y de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, es promover las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, a los puestos de trabajo y a la formación, en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes o empleados públicos.

Tal y como afirma la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, «entre las novedades más significativas de este Proyecto, hay que destacar el aumento en el porcentaje de la reserva mínima para cubrir un empleo público por personas discapacitadas, que pasa del 5% actual al 7%, en relación al número total de plazas anuales ofertadas».

«De éste último porcentaje- prosigue Rojas- se reserva un mínimo del 5% para cubrir por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, y una reserva máxima del 2% para cubrir por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, para lo que se convocarán pruebas separadas con bases diferenciadas».

En el caso de listas de reserva y personal interino o laboral temporal, el cupo de reserva pasa del 3 al 5%.

«El Proyecto de Decreto establece, además, que el acceso a estos puestos por parte de personas con discapacidad se somete a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas»- añade la consejera.

Rojas destaca también que «se prevén expresamente adaptaciones a las pruebas y los puestos de trabajo asignados, por lo que, en el caso de los discapacitados intelectuales, se permite la asistencia de una persona de tutoría o apoyo que facilite su adaptación al puesto de trabajo que le haya correspondido».

Otro de los cambios más significativos en relación al anterior Decreto, es que el nuevo texto apuesta por promover la participación de personas con discapacidad como miembros de Los Tribunales y Órganos de selección de convocatorias con turno para personas con discapacidad y, en el caso de empleo temporal, todos los aspirantes (también los discapacitados), con independencia del turno por el que hayan participado, serán integrados en una única lista de reserva para el nombramiento de funcionarios interinos y personal laboral temporal. En caso de empate, se dará preferencia al aspirante discapacitado.

Se prevén además acciones específicas de formación, tanto para facilitar la integración de la persona discapacitada en el puesto de trabajo adjudicado, como para facilitar su posterior promoción profesional. Para ello, se desarrollarán políticas activas que facilitarán el acceso al empleo público de estas personas, estableciéndose igualmente su preferencia para la admisión en cursos del Plan General de Formación.

Por último, cabe destacar también la creación de la Comisión de Seguimiento para la Integración Laboral de las personas con discapacidad, adscrita a la Viceconsejería de Administración Pública, cuya labor será la de velar por el cumplimiento de los objetivos que se establecen en el texto.

Rojas garantiza la financiación de los servicios sociales en La Gomera

Bienestar Social aumenta en un 21,24% la partida de atención para personas en situación de Dependencia para 2011

«El Gobierno canario tiene garantizado para el próximo año la financiación de los tres ámbitos fundamentales del Bienestar Social: el Plan Concertado que contará con 19,6 millones de euros; la Prestación Canaria de Inserción que pasa de 16,7 a 20 millones de euros; y los programas de atención a las personas mayores y con discapacidad en situación de Dependencia, que superan los 108 millones de euros», aseguró hoy la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas.

«En unos momento de crisis económica como los actuales es necesarios aunar esfuerzos, por lo que se entiende la posición de determinados ayuntamientos y Cabildos, que acusan al Gobierno de Canarias de supuestos recortes que no se van a producir», manifestó Rojas.

En concreto, en lo que se refiere a la atención a las personas en situación de Dependencia, el incremento para el próximo año es de un 21,24%, «en un año en el que se incorporan todas las infraestructuras del Plan Sociosanitario de Mayores al Sistema Canario de la Dependencia», indicó la consejera de Bienestar Social.

«Así y todo, -explicó Rojas- Canarias seguirá financiando dos sistemas: uno en colaboración con los cabildos insulares como sistema propio y otro en el marco de la Ley de Dependencia para dar cobertura en total a unas 30.000 personas con algún grado de dependencia, con un presupuesto en números absolutos de 108.301.621 euros, casi 25 millones más que el pasado año».

La isla de La Gomera cuenta con una oferta de recursos sociales de atención a las personas con dependencia, financiada por la Comunidad autónoma de Canarias, que asciende a 874 recursos, de los cuales un total de 55 plazas corresponden a los servicios de prevención, 12 a plazas en centros de estancia diurna y 109 a plazas en residencias, a los que hay que sumar las 628 personas usuarias del programa de teleasistencia y las 70 que reciben ayuda directamente en sus domicilios, a través del programa de Ayuda a Domicilio.

Más de 527.000 euros para financiar los servicios sociales municipales

En cuanto a la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas para 2011, el Gobierno de Canarias ha incrementado en un 0,32% la financiación de este Plan a pesar del recorte por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social, que lo disminuye en un 12 %. «Por tanto, los ayuntamientos de la isla tienen garantizada la financiación de los servicios sociales contemplados en este Plan, que no se reducirá en lo más mínimo el próximo año», indicó.

En concreto, para este año, los ayuntamientos de la isla de La Gomera cuentan con un total de 527.445,31 euros.

Un descenso del 34,99% de los programas de atención a la población inmigrante

En el área de atención a la población inmigrante, hay que recordar que el Estado redujo en un 65% los fondos destinados a Canarias a los programas de Acogida y Atención a Personas Inmigrantes para 2010.

Si en 2009, Canarias contó con una partida que ascendió a 9.659.761 euros, este año, la comunidad autónoma ha recibido un total de 3.428.826 euros, es decir, 6.230.935 euros menos que los recibido en 2009.

«Para el 2011, la partida financiera de este programa se verá aún más reducido, por lo que el presupuesto será de algo más de 3,4 millones de euros, es decir, el recorte previsto es del 34,99%», afirmó.

Lanzarote cuenta con 548 plazas en centros para personas con dependencia

Paulino Rivero visitó hoy la residencia de mayores de Haría, uno de los recursos incluidos en el convenio para la Prestación de Servicios para personas en situación de dependencia

El Gobierno canario destinó el pasado año un total de 3,8 millones de euros a los servicios sociales especializados de la isla

«La isla de Lanzarote cuenta en estos momentos con un total de 548 plazas, tanto en residencias como en centros de estancia diurna, para las personas que cuentan con algún grado de dependencia», aseguró hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante la visita que efectuó a la residencia de mayores de Haría.

Según explicó Rivero, de estas plazas, un total de 340 son para personas mayores, y se encuentran distribuidas en las residencias Arrecife, Tías, Haría y Tinajo y del servicio de estancia diurna de Teguise, mientras que otras 208 son plazas para personas con discapacidad, y se concretan en la residencia, el centro de estancia diurna y el servicio de rehabilitación psicológica y social de Adislan, en Teguise.

Además, el presidente del Gobierno canario indicó que, en el año 2009, la administración autonómica destinó a Lanzarote un total de 3.841.225,79 euros para la financiación de los recursos y servicios sociales especializados dirigidos a la atención de personas dependientes.

En el transcurso de la visita se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Cabildo de Lanzarote y la empresa que gestiona las residencias de mayores de Haría y Tías, enmarcadas dentro del convenio establecido entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote, firmado el pasado mes de junio, y cuyo objetivo es integrar las plazas sociosanitarias de personas mayores de la isla al nuevo Sistema Canario de Atención a la Dependencia, incorporando, además, un total de 53 nuevas plazas residenciales para personas dependientes.

Según explicó Rivero, «la firma del convenio para la Prestación de Servicios a Personas en situación de Dependencia establece la colaboración entre el Gobierno canario y los Cabildos Insulares de cada isla, fijando, por tanto, la financiación tanto para el mantenimiento como para la creación de recursos y servicios de atención a las personas dependientes».

«De esta forma, este convenio establece el coste de la plaza-día tanto en el ámbito residencial como en el de estancia diurna, garantizando la suficiencia financiera», explicó.

Por otro lado, el presidente del Gobierno canario recordó que un total de 433 personas mayores de 65 años con alguna dependencia y otras 66 personas con discapacidad reciben la ayuda a domicilio, «otro de los recursos impulsados por el Gobierno canario, en colaboración con los ayuntamientos, para atender a las personas dependientes».

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, destacó el esfuerzo que viene realizando el Gobierno de Canarias para ofertar una amplia red de servicios frente a las prestaciones económicas, «porque entendemos que es la mejor fórmula de ofrecer calidad en el marco de un Estado de Bienestar, ya que se potencia la autonomía de las personas dependientes al garantizar su atención por parte de personal cualificado, lo que, además, permite generar empleo en el ámbito de los servicios sociales».

Además, Rojas recordó que durante este año se han puesto en marcha en la isla el Centro de Atención a las personas con discapacidad física con capacidad para 50 personas, 35 en régimen residencial y 15 en Centro de Día, y el Centro de Atención Temprana para menores con discapacidad, gestionado por Adislán, «una asociación de larga trayectoria en la isla y que atiende a 82 niños y niñas y sus familias».

Asimismo, anunció que en breve se contará con otro nuevo recurso para la atención de Salud Mental en Tahíche, en el municipio de Teguise, que contará con 40 plazas de estancia diurna.