La consejera de Bienestar Social aseguró en comparecencia parlamentaria que 10.405 personas son atendidas en centros
«La oferta pública de protección social en Canarias atiende en estos momentos a 30.000 personas dependientes y esa es la realidad», aseguró la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, durante una comparecencia parlamentaria sobre la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes en Canarias.
«El Gobierno canario ha venido desarrollando los planes sociosanitarios de personas mayores dependientes y de personas con discapacidad, basados en la puesta en marcha de una cartera de servicios de calidad, en el que las personas dependientes pueden acceder a recursos de calidad, en igualdad de condiciones sea cual sea su lugar de residencia», explicó.
«Estas personas reciben un servicio de calidad, financiado exclusivamente con presupuesto canario», dijo Rojas, quien indicó que «4.022 de estas personas son beneficiarias de los servicios de prevención, 3.098 de los de teleasistencia, 11.282 de ayuda a domicilio y 10.405 cuentan con plazas en centros, 8.052 de ellas residenciales y 2.353 en estancia diurna».
Durante esta iniciativa parlamentaria sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, Rojas aseguró que «en Canarias damos prioridad al servicio a pesar de que por ello aparezcamos en los últimos lugares del Sistema Nacional de la Dependencia, porque estamos convencidos de que no es justo ni razonable valorar la protección social a las personas dependientes en Canarias tan sólo por la ley de la dependencia».
«De hecho, indicó, en Canarias 30.000 personas que cuentan con un Servicio Público de Dependencia, financiado por el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y los ayuntamientos canarios, un servicio de prevención, de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de asistencia residencial de calidad, sin que esté por ello financiado por la Ley de Dependencia».
Insuficiencia presupuestaria por parte del Estado
Además, Rojas hizo alusión a la insuficiencia financiera por parte del Estado en la aplicación de la Ley de Dependencia. «La financiación es una de las grandes sombras de la ley de dependencia. El Gobierno del Estado puso en marcha esta ley sin contar con los Sistemas de atención a las personas dependientes de las Comunidades autónomas, que por otro lado, son las que tienen competencia exclusiva en materia de protección social».
«El Estado no contó con que Canarias se encontraba inmersa en un proceso de creación y mantenimiento de infraestructuras a través de los planes sociosanitarios de personas mayores y de atención a la dependencia, unos programas que mejoraban de forma clara y decidida la calidad que los servicios, obligando a esta Comunidad a un doble esfuerzo económico, por un lado, con la aplicación de la ley de dependencia y por otra, con la puesta en marcha de servicios e infraestructuras».
«De hecho, Canarias es de las primeras comunidades en financiación por plaza, que asciende en el caso de una plaza residencia a 2.400 euros mensuales. Ninguna prestación en el marco de la ley de dependencia llega ni por asomo a esa financiación», enfatizó.
«De esta forma, durante estos dos años y medio, Canarias se ha visto obligada a una doble financiación, destinando por ejemplo en 2009, casi 90 millones de euros más otros 50 millones de euros los Cabildos insulares, en total 140 millones de euros, por apenas 26 del Estado, que además borra de un plumazo la financiación estatal para infraestructuras que concedía a través del Plan gerontológico o del Plan Estatal de atención a la discapacidad», indicó.
«El Estado a fecha de septiembre aún no ha transferido los créditos para efectuar el nivel acordado, sin embargo, sí lo ha adelantado la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias que tiene una deuda importante debido a la dependencia, ya que la financiación estatal no llega», concluyó.



