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Casi 7.000 personas con discapacidad están siendo atendidas mediante la red pública de programas y servicios especializados

La viceconsejera de Bienestar Social inauguró hoy la jornada ‘La aplicación en Canarias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’

«Casi 7.000 personas con discapacidad están siendo atendidas a través de los diversos programas y recursos públicos especializados existentes en Canarias», aseguró hoy la viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, Nereida Calero, durante la inauguración de la jornada ‘La aplicación en Canarias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria.

«Entre estos servicios, se incluyen los programas de prevención, los centros ocupacionales, pisos tutelados, servicios de rehabilitación psicológica y social, así como plazas en residencias especializadas y centros de día», aclaró la viceconsejera.

Calero, que inauguró esta jornada junto al Diputado del Común, Manuel Alcaide, indicó que el Sistema Público canario de Atención a las personas dependientes atiende, en la actualidad, a más de 35.000 personas, «de ellas, casi 5.700 están siendo atendidas mediante el programa de teleasistencia y otras 15.500, de las cuales más de 1.500 son personas con discapacidad, reciben una atención directa en sus hogares mediante el programa de Ayuda a domicilio», manifestó.

En su intervención, la viceconsejera indicó que el Gobierno canario trabaja para «ofrecer una mejor atención a las personas que se encuentran en situación de especial fragilidad, de personas que precisan apoyos para poder ejercer sus derechos de ciudadanía, para poder acceder a los bienes sociales y para recibir una atención sin la que no pueden desarrollar las actividades más esenciales de la vida diaria».

En este sentido, aludió al impulso que desde la Consejería de Bienestar Social se está realizando para adaptar las medidas necesarias para hacer efectivos los desarrollos normativos de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), ya que «es un objetivo prioritario la eliminación de barreras de todo tipo de los centros sanitarios y accesibilidad de la información general, así como de todos los trámites, gestiones, asistencia en hospitales, etc., para personas con discapacidad, mediante la formación del personal administrativo y sanitario», aseguró.

Además, adelantó que «ya se está trabajando en el desarrollo de un nuevo decreto de acceso a la función publica para personas con discapacidad, en colaboración con la Dirección General de Función Publica, relativo a la provisión de puestos de trabajo y formación en la Comunidad Autónoma, en cuya redacción se han tenido muy en cuenta las aportaciones realizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».

Jornada sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La jornada sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está organizada de forma conjunta entre el Gobierno canario y el Diputado del Común y tiene como objetivo abordar la aplicación en Canarias de esta Convención europea, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, así como de analizar las políticas de accesibilidad y la autonomía personal y atención a las personas con dependencia por discapacidad.

Para ello, se desarrollarán un total de cuatro ponencias a cargo de especialistas y representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del Observatorio Estatal de la Discapacidad así como miembros de la Magistratura especialistas en esta materia.

El Cabildo de Gran Canaria es el único que no ha firmado el convenio que garantiza la atención en recursos de personas mayores

«La negativa del Cabildo grancanario hace peligrar la atención de los usuarios de los recursos de atención a la dependientes», afirmó la viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración, Nereida Calero

La financiación para el mantenimiento del Centro para la Atención a personas con Discapacidad de El Lasso, que incluye la financiación del personal, cuenta con una partida de casi 3 millones de euros

«El Cabildo de Gran Canaria es el único que se ha negado a firmar el convenio mediante el cual se establece la colaboración entre el Gobierno Canario, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Consejería de Sanidad, y los Cabildos Insulares de cada isla para la financiación y creación de recursos y servicios de atención a las personas dependientes», afirmó hoy la viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, Nereida Calero.

«El Gobierno tiene ya presupuestado la parte de financiación que le corresponde, cuya partida asciende a 13.471.408 euros, pero el Cabildo, que tendría que poner a su vez una partida de 5.726.949 euros, y que es el encargado de gestionar los recursos para personas mayores y con discapacidad en la isla, no ha firmado el convenio paralizando la cesión de esta partida», indicó Calero.

«Además, esta negativa hace que la financiación de los distintos recursos de la isla estén teniendo problemas», señaló.

Hay que recordar que en Canarias la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna para la atención de personas mayores, se ha garantizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, a través del Plan de Infraestructura Sociosanitaria ¿ Área de Mayores, y el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD), puestos en marcha en 2.002.

El Plan de Infraestructura Sociosanitaria Área de Mayores recogía la necesidad de creación y puesta en marcha de centros y residencias de acuerdo a la demanda potencial en las islas, previstas en dos fases, una primera para el periodo 2001-2006, y un segundo periodo para el 2006-2010.

Con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, se hace evidente la necesidad de continuar financiando por parte del Gobierno canario el mantenimiento de dichos centros e ir incorporando dicha financiación a través de un nuevo convenio de acuerdo con lo previsto en el desarrollo de la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las Personas en situación de Dependencia.

De esta forma, para el año 2010 se acuerda la firma de un convenio que tiene por objeto articular la colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Consejería de Sanidad, y los distintos Cabildos Insulares para garantizar la prestación de servicios de Día y de atención Residencial a las personas mayores.

El Gobierno canario aporta a Gran Canaria más de 13 millones de euros para la atención de mayores

En este convenio para la isla de Gran Canaria, se contempla una partida presupuestaria para 2010, por parte del Gobierno de Canarias, que asciende a más de 13 millones de euros, a los que se sumarían los 5,7 millones de euros que tendría que aportar el Cabildo grancanario.

En concreto, para el centro de Mayores de Taliarte Norte la financiación de mantenimiento de sus 100 plazas residenciales, es de 672.030 euros.

En la isla de Gran Canaria, el Gobierno canario financia el mantenimiento de los centros para la atención de personas mayores de Taliarte Norte, Centro Sociosanitario El Pino, San Mateo, Santa Brígida, Arucas, Vecindario, Agüimes, San Nicolás de Bari, San Nicolás de Tolentino, Valleseco, Ingenio y Moya.

En cuanto al Centro para la Atención a Personas con Discapacidad El Lasso, que cuenta con un total de 93 plazas residenciales y 57 de Estancia Diurna, la financiación de este recurso se realiza a través del Plan de Atención a las Personas con Discapacidad. Para ello, Bienestar Social ha destinado este año una partida de 2.950.590 euros.

Por su parte, el Gobierno invierte en el Centro para personas con Discapacidad Reina Sofía, con capacidad para 56 plazas residenciales y 40 de Estancia Diurna, un total de 3.386.920 euros.

Rojas: "El Estado no ha cumplido su compromiso de construir en Canarias un centro de referencia para enfermos de alzheimer"

En la actualidad, Canarias cuenta con 500 plazas específicas para la atención de estas personas

«El Estado no ha cumplido su compromiso de construir en Canarias un centro de referencia para enfermos de alzheimer», indicó hoy la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, en sede parlamentaria.

Rojas realizó esta afirmación en respuesta a la pregunta sobre las medidas adoptadas por la Consejería para dar respuesta a las personas que sufren esta enfermedad con los recursos que proporciona la ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

En este sentido, aclaró que, «la Ley de Dependencia no ha proporcionado ni una sola plaza de Alzheimer en Canarias», ya que, explicó, «la Ley estatal se nutre exclusivamente de los recursos creados por las Comunidades autónomas, tal y como establece la misma Ley en su artículo 16. Por lo tanto, la Ley de Dependencia no ha crea ni ha creado ningún recurso nuevo».

Un total de 500 plazas para la atención específica al Alzheimer

En cuanto a la atención a las personas con la enfermedad del Alzheimer, Rojas recordó que, en el año 2006, siendo Jesús Caldera Ministro de Asuntos Sociales, se anunció por parte de su Ministerio la construcción de dos centros de referencia en Canarias, uno para personas con daño cerebral y otra para personas con Alzheimer.

Los citados centros estaban diseñados para dar cobertura de entre 90 y 120 plazas residenciales y 30 de estancia diurna, y estarían dotados de servicios de neurología, rehabilitación y de nuevas tecnologías aplicadas a la dependencia, además de un servicio de investigación.

«Ese fue el compromiso del Ministerio, un compromiso que hasta la fecha no se ha cumplido y en el que cada vez tenemos menos esperanzas de que se cumpla», manifestó.

En la actualidad, Canarias cuenta con 500 plazas específicas para la atención de estas personas, «pero seguiremos a la espera de que el Estado cumpla con sus compromisos», concluyó.

Bienestar Social pone en marcha un plan de choque para agilizar los expedientes de dependencia

En la actualidad, más de 40.000 personas reciben algún servicio dentro del marco de la atención a personas dependientes

El objetivo es culminar la resolución de un expediente de un máximo de seis meses

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un plan de choque con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes de las personas que solicitan una resolución de dependencia.

Según indicó la consejera del área, Inés Rojas, «el plan consiste en la contratación de un total de 29 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares administrativos), cuya labor será la agilización de los trámites de resolución de expedientes contemplados en la Ley de Promoción y Autonomía Personal».

«Además de esto, hay otras medidas, acordadas con el Consejo territorial de la Dependencia, que permitirán resolver los expedientes en el plazo máximo de 6 meses», aclaró la consejera, entre ellas, «el tratamiento de expedientes según el grado de dependencia de los solicitantes».

Esta medida permitirá delimitar, en la primera fase del procedimiento, la tramitación de expedientes de acuerdo a lo contemplado en el calendario establecido por la Ley de Dependencia, «que recordemos contempla la introducción de fases según grados de dependencia, dando prioridad a los colectivos de mayor necesidad».

Entre las medidas contempladas, se encuentra, asimismo, la visita en su hogar del solicitante de ayuda una sola vez por el equipo socio-sanitario de profesionales, «y no de forma separada, tal y como se venía haciendo hasta la fecha, algo que alargaba en el tiempo la resolución del expediente».

«De hecho, en el último Consejo Territorial, celebrado en Madrid el pasado mes de febrero, se reconoció la dificultad generada por la cantidad de agentes que intervienen en el proceso de identificación necesaria para la elaboración de un expediente de solicitud de ayuda o/y prestación, tales como catastro, seguridad social, etc¿ por lo que se abordó la necesidad de impulsar los mecanismos necesarios para agilizar el proceso de resolución de expediente», explicó Rojas.

Además, se irán adaptando los Planes Sociosanitarios desarrollados por Canarias a la nueva Ley «para vincularlos a la implantación gradual de la nueva ley de Dependencia, ya que, esta herramienta de planeamiento formará parte en el futuro del Sistema Canario de la Dependencia», indicó la consejera de Bienestar Social.

Según afirmó Rojas, la comunidad canaria «ha venido desarrollando una Cartera de Servicios de calidad, en la que se coordina tanto la atención social como la sanitaria para las personas con algún grado de dependencia».

«En este sentido, Canarias es la Comunidad Autónoma con el mayor índice de plazas públicas de todo el Estado con una media que implica los 2.000 euros plaza/mes y una ratio de 73 trabajadores por cada 100 dependientes, así como con una financiación global de 132.436.411 euros», aclaró.

«De las personas que han solicitado la Ley de Dependencia, en torno al 50% no tienen derecho a recibir servicio o prestación en estos momentos, según especifica la misma Ley, y más del 50% a quien sí le correspondería, ya están recibiendo algún servicio de los prioriza la Ley», indicó Rojas.

De hecho, en la actualidad, en torno a 10.000 personas reciben atención en prevención, más de 3.000 cuentan con servicio de Teleasistencia, más de 17.000 personas reciben Ayuda en Domicilio, más de 10.000 mayores están siendo atendidas en los 54 centros de día y residencias, y unas 4.700 a través de los 128 centros para personas con discapacidad.

A estas personas, hay que sumar las casi 5.000 reciben una prestación económica vinculada al cuidado en el entorno familiar. «Es decir, en Canarias más de 40.000 personas reciben un servicio dentro del marco de la atención a personas dependientes», concluyó la consejera de Bienestar Social.

El Gobierno canario destina más de 3,1 millones de euros a la atención de personas dependientes de La Gomera

Sólo en la ejecución de la primera fase del Plan de Mayores, Bienestar Social ha invertido más de 2 millones de euros en la isla a lo que se suma 1,1 millones para la atención a la discapacidad

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias destina más de 3,1 millones de euros a financiar tanto el mantenimiento como la inversión y ampliación de centros de mayores y a programas diferentes asociaciones de mayores de la isla, así como a la atención de personas con discapacidad de La Gomera.

Según indica la directora general de Bienestar Social del Gobierno canario, Araceli Sánchez, el Gobierno canario ha invertido un total de 2.056.779 euros correspondientes a la ejecución de las obras incluidas en la primera fase del Plan Sociosanitario para Personas Mayores.

A esta cantidad, hay que sumarle la que Bienestar Social destina a los programas de atención a personas con discapacidad, en concreto, a los programas de necesidad de Tercera persona, retraso mental y salud mental, que asciende a más de 1,1 millón de euros anuales.

Sánchez recordó que «en la primera fase del Plan de Mayores se contemplaba la Residencia de Alajeró, con fecha de finalización de obra de abril de 2004, pero aún no se han puesto en marcha».

Se trata de un total de 29 plazas residenciales y 15 de estancia de diurna, «que están financiadas por el Gobierno de Canarias pero cuya ejecución corresponde al Cabildo Insular».

En relación a las subvenciones, Sánchez recordó que Bienestar Social concede al Cabildo de La Gomera un total de 129.090 euros para el mantenimiento de la Residencia de Hermigua, además de 20.285 euros para el Centro de Día de Enfermos mentales y otros 765.958,73 euros, del Fondo Especial del Estado, para la construcción del Centro de Día Casa de los Leones.

En lo que respecta a las subvenciones, la Consejería de Bienestar Social concedió al Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, por un lado, 296.616 euros, para inversión en la Residencia de La Inmaculada, para adaptarla al Decreto 63/200 de 25 de Abril. Por otro lado, se ha otorgado 34.224 euros para el mantenimiento del Hogar de la Tercera Edad La Inmaculada, al igual que otra subvención de 85.000 euros para la Residencia de La Inmaculada.

Al Ayuntamiento de Vallehermoso se le concedió por un lado, 27.459,74 euros, para el mantenimiento y ampliación de 12 camas, para la residencia de Vallehermoso. Y por otro, 240.551,51 euros para un proyecto en Inversión para adaptar la Residencia de Ancianos de ValleHermoso al Decreto 63/2000 de 25 de Abril.

Por último, al Ayuntamiento de Valle Gran Rey se le ha otorgado un total de 40.574,81 euros, para el mantenimiento y ampliación de camas, de Vivienda tutelada de 3ª edad, Virgen de Los Reyes.

En relación a las asociaciones de mayores de la isla, se le ha concedido a la Asociación de Pensionistas y 3ª edad, Valle de Hermigua, un total de 2.516 euros para el programa «Cultural»; a la Asociación Amalagüigue de la 3ª Edad, para el Programa «Cultural», un total de 3.735,87 euros; a la Asociación de Pensionistas «El Drago», para el Programa «Revivir nuestros Recuerdos», un total de 1.202,02 euros y para el programa de Tiempo Libre, una ayuda de 1.875,16 euros, así como a la Asociación de Tercera Edad y Pensionistas Iballa, una ayuda de 3.000 euros para el programa de Fomento de la Convivencia e Interrelación entre Mayores del Archipiélago.

Más de 1.050 personas atendidas

De esta forma, la oferta de recursos sociales, financiada por la Comunidad autónoma de Canarias, asciende en la isla de La Gomera a 874 recursos; 55 de prevención, 70 de teleasistencia, 628 de ayuda a domicilio, 12 de estancia diurna y 109 residenciales, a los que hay que añadir aquellos que se encuentras atendidos bajo el paraguas de la Ley de Dependencia, que son 178, por lo que en definitiva, la atención a las personas dependientes en La Gomera es de 1.052 personas atendidas.

Sánchez asegura que "Luengo contradice a la Ministra de Política Social, Trinidad Jiménez sobre los fondos estatales en materia de dependencia"

Los fondos estatales están perfectamente justificados ante la Administración General del Estado y admitidos por el Ministerio de Política Social

La directora general de Bienestar Social, Araceli Sánchez, advierte que «la diputada socialista pretende colapsar a la administración autonómica para que no pueda dedicar sus esfuerzos a gestionar el nuevo Sistema Canario de la Dependencia»

La directora general de Bienestar Social, Araceli Sánchez, se mostró muy preocupada por las declaraciones efectuadas hoy, en rueda de prensa por la diputada socialista, Francisca Luengo en las que afirma que pondrá «a disposición de los ciudadanos de un modelo de petición de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias por el mal funcionamiento de la Ley de Dependencia».

«Me parece de una irresponsabilidad tremenda»-declaró Sánchez- «intentar colapsar a la administración con reclamaciones de responsabilidad patrimonial por supuestos desvíos de fondos cuando sabe perfectamente que serían desestimables por parte de la administración».

«Una vez más, el grupo socialista juega a desinformar ya que el propio Gobierno del Estado, a través de su Ministra de Política Social, Trinidad Jiménez, desmintió los datos ofrecidos por la Asociación Estatal de directoras y gerentes de Servicios Sociales, insistiendo en que no son datos oficiales y que no corresponden a la realidad», apuntó Sánchez.

«La desinformación realizada por el grupo socialista en Canarias está haciendo mucho daño a las personas dependientes». «Cabe recordar» ¿prosiguió la directora- que al comienzo de la entrada en vigor de la ley, el grupo socialista informó que todas las personas con algún grado de dependencia tendrían derecho a una paga y que ésta rondaría los 1.000 euros, el resultado fue que en Canarias hemos tenido 25.787 solicitudes y sólo 15.313 tenían derecho a una prestación o un servicio, eso significa que hemos tenido que tramitar y valorar a un 40 % más de personas que quizás, si no hubiesen estado mal informadas, no habrían realizado la solicitud, y podríamos haber agilizado nuestra gestión».

«Otro error es que en la rueda de prensa la diputada socialista declara que están percibiendo una prestación 5.118 personas, lo que significa sólo un 0,96 %», afirmó Sánchez, quien aclaró que «se trata de una simple regla de tres: si hay 15.313 personas con derecho y 5.118 de ellas, tienen derecho a una prestación o a un servicio, eso implica el 34 % y no el 0,96».

«Y el colmo es que ahora sale diciendo que Canarias desvía fondos estatales de la dependencia a otros fines», afirmó. «Se trata de un error más de los tantos que ha tenido el grupo socialista ya que hasta la fecha, estos fondos están perfectamente justificados y aceptados por parte de la Administración general del Estado».

A fecha de 31 de octubre de 2009, (hay que tener en cuenta que aún quedan dos meses para finalizar el año), se invirtieron un total de 46.982.746,92 euros en prestaciones económicas, prestaciones de servicios, inversiones para infraestructuras y valoración. A este dinero hay que sumar los 72.343.588 euros correspondientes al Sistema Canario de la Dependencia, que no se ha podido sumar a la Ley de Dependencia porque hasta ahora dependía de los Cabildos Insulares, al tener transferidas las competencias de servicios sociales especializados, que es lo que nos diferencia del resto de las comunidades autónomas», matizó la directora general de Bienestar Social.

Según Sánchez, «de estos 119.326.334 euros gastados a 31 de octubre de 2009, para atender a las personas dependientes en Canarias, el Estado aportó tan sólo 25.712962,02 euros, a través de los conceptos de nivel de protección mínimo y nivel de protección acordado».

«Para el próximo año, la apuesta de Canarias será aún mayor ya que en materia de dependencia se incrementarán en un 97 % el presupuesto en materia de dependencia», continuó.

«Es significativo que estas declaraciones se realicen precisamente cuando el Gobierno de Canarias está llegando a acuerdos con los Cabildos Insulares para la puesta en marcha del Sistema Canario de la Dependencia, un sistema consensuado con las instituciones insulares para llevar la gestión más cerca del ciudadano», concluyó Sánchez.

Bienestar Social desmiente los datos ofrecidos por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales ya que no incorpora a las personas beneficiarias del Sistema Canario de la Dependencia

Rojas apunta que Canarias incrementará su presupuesto para dependencia en un 97 % en el 2010 a pesar de la crisis

A 31 de octubre Canarias gastó 119.326.334 euros en atención a personas dependientes de los que el Estado aportó 21.269.784,90 euros

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda desmiente los datos ofrecidos por la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales. Unos datos que no son oficiales ni por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España ni por parte del Gobierno de Canarias.

Uno de los errores que puede afectar a este informe que hoy publica EL PAIS es que en sus datos no incorpora ni a los beneficiarios de los Planes sociosanitarios de Personas Mayores Dependientes ni del Plan de Atención a la discapacidad, ni el presupuesto que destina el Gobierno de Canarias a ellos, tanto desde la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, a lo que hay que sumar la financiación de la Consejería de Sanidad y la de los Cabildos Insulares.

Así lo apunta la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, que indica que este informe «no es oficial, ya que no parte ni del Ministerio, ni de la Comunidad autónoma».

Además, declaró la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda «los datos que manejan no son comparables, ya que mientras todas las comunidades autónomas incorporaron sus anteriores sistemas bajo el paraguas de la ley de dependencia, en Canarias cohabitan dos sistemas, el anterior, financiado exclusivamente por Canarias y el nuevo, en el que tanto el Gobierno del Estado como el de Canarias aportan el cincuenta por ciento, por lo que si lo analizamos de forma global, como se hace en el resto de las comunidades autónomas la financiación de la Comunidad autónoma es muy superior».

«A partir del próximo año, pondremos en marcha el Sistema Canario de la Dependencia en colaboración con los Cabildos Insulares y las corporaciones locales y ya sólo habrá un sistema por lo que ya podremos ser comparados con el resto de las comunidades autónomas» concluyó Rojas.

Rojas también desmiente los números del informe que pregunta a dónde va la financiación de la dependencia en Canarias e incluso recoge que «Canarias recibe más dinero del que gasta».

Sólo en cuanto a los beneficiarios de la ley de dependencia la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias a fecha 31 de octubre de 2009, (hay que tener en cuenta que aún quedan dos meses para finalizar el año) gastó, 46.982.746,92 euros, en prestaciones económicas, prestaciones de servicios, inversiones para infraestructuras y valoración. A este dinero hay que sumar los 72.343.588 euros de financiación a través del Sistema Canario de la Dependencia, que no se ha podido sumar a la Ley de Dependencia hasta ahora porque dependía de los Cabildos Insulares, al tener transferidas las competencias de servicios sociales especializados, que es lo que nos diferencia del resto de las comunidades autónomas».

De estos 119.326.334 euros gastados a 31 de octubre de 2009, para atender a las personas dependientes en Canarias, el Estado aportó 21.269.784,90 euros, a través de los conceptos de nivel de protección mínimo y nivel de protección acordado.

Para el próximo año la apuesta de Canarias será aún mayor ya que en materia de dependencia se incrementarán en un 97 % el presupuesto en materia de dependencia

San Juan de Dios cuenta desde hoy con un centro especializado para la atención a personas con discapacidad psíquica con trastornos de conducta

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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, inauguró hoy este nuevo centro, con capacidad de 60 plazas, 20 de estancia diurna y 40 residenciales

«El Centro Psicopedagógico de San Juan de Dios constituye una infraestructura pionera en Canarias en la que se ofrece atención especializada a personas adultas con discapacidad psíquica severa y con patologías de graves trastornos de conducta», afirmó hoy el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante la inauguración de la nueva instalación, que cuenta con 20 plazas de centro de Día Pedagógico y 40 plazas residenciales

El nuevo recurso constituye un centro pionero en Canarias, y el único de estas características que existe en Tenerife, ya que hasta ahora la isla no contaba con ninguna residencia con las condiciones técnicas adecuadas para albergar, en régimen de internamiento, a personas con una discapacidad psíquica severa, con trastornos de la conducta.

«El objetivo de este centro es promover la integración y normalización de estas personas, así como dotarles de herramientas para que desarrollen un mayor nivel de autonomía y un mayor desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria. Además, con este nuevo recurso se apoyará a sus familias, a través de programas de respiro familiar», indicó Rivero.

El centro cuenta con un programa de atención que incluye equipo técnico para formación y asesoramiento a profesionales de otros Centros de Discapacitados psíquicos (por déficit intelectual), así como atención temporal a discapacitados de las mismas características que los usuarios del Centro Psicopedagógico

Rivero subrayó la importante labor que desde la Orden Hospitalaria San Juan de Dios se ofrece a las personas más desfavorecidas, sobre todo en el campo de la salud mental y la discapacidad, alabó su gran sensibilidad y por su trabajo en este campo.

El presidente resaltó la voluntad del Ejecutivo canario «para ofrecer una mejor atención a las personas que se encuentran en situación de especial fragilidad, de personas que precisan apoyos para poder ejercer sus derechos de ciudadanía, para poder acceder a los bienes sociales y para recibir una atención sin la que no pueden desarrollar las actividades más esenciales de la vida diaria. Ése es nuestro objetivo».

Impulso de la Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales

En este sentido, indicó que «si las décadas pasadas supusieron la consolidación del Sistema sanitario, del sistema educativo o del sistema de pensiones, ahora tenemos en nuestras manos, acometer con firmeza lo que será la década de los Servicios Sociales».

Por eso, estamos avanzando en la culminación de la Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales, que «unificará los dos sistemas de atención a las personas que cuentan con algún tipo de dependencia, como son, por un lado, los planes de atención sociosanitaria que ya el Gobierno de Canarias viene desarrollando desde hace años, y, por otro, la Ley estatal de Dependencia».

«Si en la actualidad, en las Islas contamos con unos modelos públicos sanitarios, educativos y de pensiones, que garantizan los principios de universalidad, equidad entre islas, e igualdad entre los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, entendemos que la próxima década debe ser la del impulso y consolidación de un Sistema Público de Servicios Sociales, que dé una respuesta firme y decidida a las personas que, por encontrase en una situación de especial fragilidad, necesitan de apoyo para ejercer sus derechos, acceder a los bienes sociales y desarrollar las actividades más esenciales de la vida diaria», aseguró.

Inés Rojas: "El Sistema público de Dependencia de Canarias atiende ya a 30.000 personas"

La consejera de Bienestar Social acudió a la inauguración de la Residencia para Mayores Amma en Tenerife que tiene una capacidad para 182 plazas de residencia más 40 de centro de día

La Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, asistió hoy, junto con diversas autoridades del Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a la inauguración de la nueva residencia de mayores Amma Santa Cruz, una instalación con capacidad para 182 plazas de residencia más 40 de centro de día.

Durante el acto de inauguración, Rojas recordó que «el Gobierno canario ha venido desarrollando los planes sociosanitarios de personas mayores dependientes y de personas con discapacidad, basados en la puesta en marcha de una cartera de servicios de calidad, y estableciendo como criterio que las personas mayores puedan acceder en igualdad de condiciones sea cual sea su lugar de residencia».

«Estas personas reciben un servicio de calidad, financiado exclusivamente con presupuesto canario», afirmó la consejera, quien indicó que «4.022 de estas personas son beneficiarias de los servicios de prevención, 3.098 de los de teleasistencia, 11.282 de ayuda a domicilio y 10.405 cuentan con plazas en centros, 8.052 de ellas residenciales y 2.353 en estancia diurna».

«De hecho, -remarcó-, en Canarias 30.000 personas que cuentan con un Servicio Público de Dependencia, financiado por el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y los ayuntamientos canarios, un servicio de prevención, de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de asistencia residencial de calidad, sin que esté por ello financiado por la Ley de Dependencia».

Visita a las instalaciones del centro

El centro cuenta con diferentes estancias que incluyen un gimnasio, diversas salas de estar, terapia ocupacional, varias habitaciones, los comedores, la cafetería, la peluquería, los despachos sanitarios y la cocina.

Amma Santa Cruz está gestionado por el Grupo Amma, una de las compañías líderes a nivel nacional en la atención a la dependencia y la tercera edad, con 30 centros en siete Comunidades Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias), casi 5.300 plazas entre residenciales y de centro de día y más de 2.400 trabajadores.

Además de Amma Santa Cruz, Amma gestiona en Canarias otros tres centros: dos en Lanzarote (Tías y Haría) y uno en Tenerife (Tejina), con un total de 387 plazas de residencia y 105 de centro de día.

Bienestar Social ha formado ya a 110 cuidadores no profesionales de personas dependientes

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Bienestar Social, imparte en colaboración con La Caixa, y hasta diciembre del presente año, un total de ocho cursos de formación dirigidos a cuidadores de familiares dependientes

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, en colaboración con La Caixa, ha iniciado un programa de formación dirigido a cuidadores no profesionales de personas que sufren algún grado de dependencia.

La formación se enmarca dentro del programa «Un cuidador. Dos vidas», que será impartido en cada una de las islas del Archipiélago, con un total de ocho cursos formativos. Hasta el momento, se ha impartido un primer curso en la isla de La Palma, en la que participaron un total de 110 personas, cuidadores de familiares dependientes. Hasta finales de diciembre, se impartirán un total de siete cursos formativos más.

Además de la formación, todos los cuidadores asistentes a estas jornadas formativas recibirán kits de apoyo, editados por la Fundación La Caixa.

«A través de esta iniciativa, el Gobierno de Canarias pretende dar apoyo a la importante labor, la mayoría de las veces no reconocida por la sociedad, que llevan a cabo los cuidadores familiares de personas dependientes y ayudarles en el generoso esfuerzo que cada día llevan a cabo en casa», aseguró la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas.

«Así, el programa tiene como objetivo, entre otros, no sólo dotar de herramientas a los cuidadores familiares para que puedan mejorar su calidad de vida y desarrollar su labor de una manera más eficaz, sino también dotarles de los instrumentos para que les ayuden a prever el gran desgaste físico y psicológico que conlleva su tarea», matizó.

En España, el 85% de los cuidadores que asisten a personas dependientes son cuidadores familiares y, de éstos, el 40% no reciben ayuda de ninguna otra persona. Un 65% de los cuidadores ven reducida su salud física y/o psíquica y uno de cada cinco desarrolla el síndrome del cuidador quemado.

El Servicio canario de Dependencia atiende a 30.000 personas

«La Ley de Dependencia no es una prestación social, sino un derecho subjetivo por el cual las personas valoradas como grandes dependientes o dependientes severos tiene derecho a recibir, en primer lugar, un servicio, y, sólo excepcionalmente, una prestación económica», ha señalado la responsable de Bienestar Social.

«La oferta pública de protección social en Canarias atiende en estos momentos a 30.000 personas dependientes, ya que el Gobierno canario ha venido desarrollando los planes sociosanitarios de personas mayores dependientes y de personas con discapacidad, basados en la puesta en marcha de una cartera de servicios de calidad, en el que las personas dependientes pueden acceder a recursos de calidad, en igualdad de condiciones sea cual sea su lugar de residencia», explicó.

«Estas personas reciben un servicio de calidad, financiado exclusivamente con presupuesto canario», aseguró Rojas, quien indicó que «4.022 de estas personas son beneficiarias de los servicios de prevención, 3.098 de los de teleasistencia, 11.282 de ayuda a domicilio y 10.405 cuentan con plazas en centros, 8.052 de ellas residenciales y 2.353 en estancia diurna».

«Por tanto, en nuestra comunidad, 30.000 personas cuentan con un Servicio Público de Dependencia, financiado por el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y los ayuntamientos canarios, un servicio de prevención, de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de asistencia residencial de calidad, sin que esté por ello financiado por la Ley de Dependencia», concluyó.