Tienen un montante global de 8,5 millones de euros y están destinadas a empresas que gestionan potabilizadoras y a consejos insulares de aguas

 

Manuel Miranda destaca la importancia de controlar dicho coste, pues aproximadamente el 60% de la población de Canarias se abastece con agua desalada

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria de ayudas para abaratar los costes de producción de agua desalada en el Archipiélago. Estas ayudas, que tienen una cuantía total de 8,5 millones de euros, están destinadas a empresas que gestionan  plantas potabilizadoras y a consejos insulares.

El titular de este departamento autonómico, Manuel Miranda, ha destacado la importancia de esta línea de subvenciones “pues permite controlar el coste de producción de agua desalada, que da cobertura aproximadamente al 60% de la población de Canarias”.

Esta línea de subvenciones, financiada con fondos del Estado, está recogida en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que establece un sistema de compensación “que garantice en Canarias la moderación de los precios del agua desalada (…) hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional”. Tiene como destino entidades locales o empresas públicas o concesionarias que tengan como actividad el suministro del agua potable y las solicitudes podrán presentarse hasta el 28 de abril a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/10163

Manuel Miranda informa de que el estudio se realizará en Fuerteventura, para que las conclusiones puedan extrapolarse al resto de territorios afectados por el aumento poblacional de los últimos años
Entre los objetivos, detectar espacios en los que desarrollar nuevos servicios públicos y más viviendas para los nuevos habitantes

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado esta mañana en el Parlamento de Canarias que su departamento está en proceso de elaboración de un informe para conocer cómo afecta a los servicios el gran crecimiento poblacional que en los últimos años se ha constatado en determinadas zonas de Canarias. El estudio, como prueba piloto, se elaborará en la isla de Fuerteventura y “sus resultados se extrapolarán al resto de territorios en los que ha aumentado la población de manera destacada”, ha explicado. Miranda ha realizado este anuncio durante una respuesta a una pregunta en la Cámara sobre la afección del crecimiento poblacional en determinadas zonas del Archipiélago.

Manuel Miranda ha explicado que el estudio, de cuya elaboración se va a encargar la empresa pública  Gestión y Planeamiento Territorial S.A. (Gesplan), tiene como objetivo conocer de qué manera este crecimiento está afectando “a servicios básicos como la gestión del agua o residuos, la movilidad, sanidad, educación o la vivienda” y determinar la forma de recuperar “el equilibrio entre población y acceso a dichos servicios”. Como ejemplo de esa recuperación, ha señalado la “localización de espacios en los que implantar nuevos equipamientos o generando nuevos suelos en los que construir más viviendas, como así propone el borrador de actualización de la Ley del Suelo que acabamos de presentar”.

El análisis tiene como objetivo determinar las necesidades reales de la población residente y visitante.  Estudiará la proximidad de la población a servicios como sanidad, culturales, educativos, zonas verdes, centros sociales o transporte público, entre otros. Además, permitirá definir áreas que puedan absorber nuevo desarrollo residencial, en respuesta a la saturación de zonas más ocupadas. El proyecto piloto en Fuerteventura se desarrolla en diferentes escalas (insular, supramunicipal, municipal y de núcleo poblacional) y sus resultados se extrapolarán a otras zonas de las islas con un importante aumento poblacional en los últimos años.

El consejero ha señalado que la tasa de crecimiento en determinadas zonas del Archipiélago es muy superior al del resto de Canarias y esa circunstancia genera “una serie de desafíos en la prestación de servicios y en el equilibrio territorial de la propia isla”. Se trata, ha indicado, de otra vertiente desde la que afrontar el reto demográfico, que “concierne a todas las islas, cada una con sus singularidades”.

Miranda ha valorado que tanto las administraciones públicas como el Parlamento “hayan situado el Reto en el centro del debate político y social”, y que lo que persiguen fundamentalmente es “lograr un equilibrio entre población, territorio, economía y sociedad, más importante aún en un territorio como el nuestro, por nuestra condición de región ultraperiférica y su fragmentación”.

Ha recordado que, tanto por parte de la Comisión parlamentaria, como de los grupos de trabajo coordinados desde Presidencia, se han propuesto ya más de un centenar de medidas en ese sentido. “Muchas de ellas, junto a las propuestas que surjan del informe que hemos encargado, se incorporarán a la Estrategia Canaria del Reto Demográfico que esperamos esté finalizada a lo largo de este año”, ha añadido Miranda.

El consejero ha informado, por último, de las acciones en este sentido que ya están en marcha o cerca de implementarse. Entre otras, ha citado el Observatorio del Reto Demográfico, la Oficina Virtual para municipios de menos de 10.000 habitantes o la propia actualización de la Ley del Suelo, que incluye medidas específicas para los ayuntamientos como el aumento del porcentaje de cesión del 10% al 15% en según qué clases de suelo. También se ha referido al próximo decreto de agilización de licencias que permitirá aumentar la oferta de viviendas.

El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, presentó el borrador de la ley en Los Llanos de Aridane a los técnicos de la isla de La Palma

A las jornadas asistieron la directora insular de Recuperación Económica y Social del Cabildo de La Palma, Matilde Fleitas, y el alcalde de Los Llanos como representante de la FECAM, Javier Llamas

La Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane acogió este martes la presentación del borrador del anteproyecto de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a cargo del director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz. La cita reunió a técnicos municipales e insulares del planeamiento, así como a la directora insular de Recuperación Económica y Social del Cabildo de La Palma, Matilde Fleitas, y al alcalde de Los Llanos de Aridane y representante de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Javier Llamas.

Durante su intervención, Onán Cruz subrayó que esta actualización legislativa “protegerá a los municipios de menos de 10.000 habitantes para impulsar su planeamiento y garantizar su desarrollo sostenible”. Según explicó, la norma está orientada a responder al reto demográfico del archipiélago, facilitando herramientas jurídicas y técnicas a los municipios con mayores dificultades para acceder a recursos y consolidar su crecimiento.

“La nueva ley pretende no solo simplificar los trámites urbanísticos, sino también ser un instrumento para fortalecer la cohesión territorial. Queremos que los municipios pequeños planifiquen su futuro sin perder su esencia, con la seguridad de que contarán con apoyo institucional”, añadió Cruz. El borrador se encuentra actualmente en fase de información pública y ha sido elaborado con la participación activa de Gesplan, técnicos locales y agentes sociales.

Matilde Fleitas valoró muy positivamente el enfoque del texto legal, destacando que “en una isla como La Palma, con importantes retos tras la erupción volcánica, es fundamental que el planeamiento territorial sea una herramienta de cohesión, recuperación y justicia territorial”.

Asimismo, Javier Llamas destacó que “el acceso prioritario a subvenciones para redactar planes y modernizar el urbanismo es clave para que nuestros municipios no se queden atrás. Esta ley reconoce esa necesidad y nos ofrece un marco realista y adaptado a la realidad municipal de muchos municipios de Canarias”, -afirmó el responsable municipal- “Además, para Los Llanos es fundamental que esta actualización de la Ley, se pueda tener en cuenta la recuperación del suelo urbanizable al que tanto daño hizo la erupción del volcán de Tajogaite”, finalizó Llamas.

Además de reforzar el papel de los municipios con menos población, la ley pivota sobre ocho ejes fundamentales:

1.         Reducción del contenido de los instrumentos de ordenación, para hacerlos más comprensibles y útiles.

2.         Simplificación de los trámites urbanísticos, con procedimientos más ágiles y eficientes.

3.         Mayor protección del territorio, garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible.

4.         Mejora de la gestión urbanística, dotando a los ayuntamientos de mayor capacidad operativa.

5.         Renovación y modernización urbana, favoreciendo la rehabilitación frente al crecimiento extensivo.

6.         Fomento de la vivienda pública, para facilitar el acceso a una vivienda digna.

7.         Refuerzo del sector primario, integrando su actividad en el modelo territorial.

8.         Apoyo decidido a los municipios ‘reto’, facilitando su acceso a financiación y asistencia técnica.

La presentación en La Palma se enmarca en una ronda de encuentros por todas las islas para explicar con total transparencia los contenidos del anteproyecto y recoger aportaciones de los distintos territorios.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas agradece el ejemplar comportamiento y la prudencia de la ciudadanía

 

Durante el fin de semana se seguirá revisando las infraestructuras que se hayan visto afectadas durante la alerta máxima por viento

 

La Dirección General de Emergencias mantiene la alerta por fenómenos costeros en todas las islas

El Gobierno de Canarias actualizó a las 22:00 horas de ayer, jueves 3 de abril, la situación pasando a prealerta por vientos en toda Canarias, una vez amainaron las intensas rachas de viento que azotaron especialmente a las zonas altas y cumbres de La Palma y Tenerife y que dejaron cerca de 300 incidencias por todo el archipiélago. De hecho, durante la pasada madrugada y las primeras horas de hoy, viernes 4 de abril, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado ningún nuevo incidente relacionado con las fuertes rachas de viento. Las dos salas operativas anotaron un incremento de un 17% de las llamadas recibidas durante la jornada de ayer, en comparación con las registradas el mismo día de la semana pasada.

La mayoría de las intervenciones realizadas por el 112 estaban relacionadas con la caída de árboles, ramas, valla, muros y postes de tendido eléctrico y telefónico, sobre todo en las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Además, se registraron pequeños desprendimientos en diversas vías del interior de las islas de mayor relieve. Durante el episodio de intenso viento tres personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, tras la caída del cristal de una marquesina en una parada de guaguas en Agaete, el desprendimiento de una plancha en Puerto de La Cruz y la caída de una ventana dentro de una vivienda en Arrecife. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, destacó “el buen comportamiento por parte de la población” durante la situación de emergencia vivida en las islas que evitó que se registrasen daños personales durante el paso de la borrasca Nuria.

Las actividades que se realicen hoy y durante el fin de semana, deberán ser revisadas previamente para garantizar la estabilidad de las infraestructuras con el objetivo de evitar riesgos, tras las rachas de más de 100 kilómetros por hora registradas en las islas de mayor relieve. También se procederá a la revisión de todas las infraestructuras que se hayan visto afectadas por este episodio de meteorología adversa.

Se pondrá especial interés en las carreteras donde se registraron desprendimientos, sobre todo en los municipios del norte y noroeste de Gran Canaria y Tenerife y en todas las vertientes de La Palma, que fueron las islas con mayor volumen de incidentes registrados.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé viento moderado de componente oeste, amainando a flojo a lo largo de la jornada, aunque aún se pueden registrar rachas moderadas en las vertientes sureste y norte de las islas de mayor relieve. En el caso de Tenerife se esperan rachas fuertes del oeste en zonas altas y cumbres, especialmente en el Parque Nacional del Teide.

Además, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene en vigor la alerta por fenómenos costeros en todo en archipiélago por lo que se debe extremar la precaución en la costa para evitar riesgos.

El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, destacó que la nueva normativa mejorará la seguridad jurídica y fomentará el arraigo rural en todas las islas

La actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias supondrá un importante impulso para el sector primario en la isla de El Hierro y en todo el Archipiélago, al introducir medidas que permiten un uso más flexible y adaptado del suelo rústico vinculado a las actividades agrarias y ganaderas.

Así lo aseguró este martes el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, durante la presentación del borrador de la Ley del Suelo a los técnicos insulares y municipales de la isla de El Hierro, quien subrayó que “el nuevo texto legal ofrece herramientas concretas que permitirán a los profesionales del sector primario en El Hierro desarrollar su actividad con mayor seguridad jurídica y menos trabas administrativas, reforzando el arraigo rural y contribuyendo a la dinamización económica de las zonas interiores de la isla”.

La actualización, actualmente en fase de información pública, contempla la posibilidad de construir viviendas unifamiliares en asentamientos vinculados al sector primario siempre que estén asociadas a una actividad real, una medida especialmente relevante en islas como El Hierro, donde estas actividades tienen un valor estratégico tanto económico como medioambiental.

Cruz recordó que “se trata de una norma pensada para el territorio y desde el territorio, que reconoce la singularidad de cada isla y plantea soluciones prácticas para fomentar el uso productivo del suelo rústico, garantizar el relevo generacional y facilitar la permanencia de la población en el entorno rural”.

Entre las mejoras que incluye el borrador de anteproyecto, también destaca la clarificación de los usos permitidos en suelo rústico, lo que favorecerá el desarrollo de actividades complementarias al sector primario como el agroturismo o la transformación de productos, dentro de un marco normativo más claro y seguro.

“La actualización de la Ley del Suelo no solo busca proteger el territorio, sino también activarlo desde una visión sostenible, integrando al sector primario como una pieza clave del desarrollo insular”, añadió Onán Cruz.

El director general explicó que esta reforma se apoya en ocho ejes fundamentales, entre ellos la simplificación de los trámites urbanísticos, la mayor protección del territorio, el apoyo a los municipios con riesgo demográfico y, especialmente, el refuerzo al sector primario, al que se dota de un marco más flexible y adaptado a la realidad actual.

La nueva ley también permitirá a los cabildos y ayuntamientos gestionar de forma más ágil los instrumentos de ordenación, algo que beneficiará directamente a islas como El Hierro, donde la coordinación entre administraciones es esencial para garantizar un modelo de desarrollo equilibrado y respetuoso con el medio.

Manuel Miranda reitera que “no puede producirse el retraso que hubo con el anterior ciclo” que provocó una demanda de la Comisión Europea

El Gobierno destina 600.000 euros a ayudar a los consejos insulares de aguas en el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes hidrológicos

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha afirmado esta mañana que los consejos insulares de aguas están ya aprobando los documentos iniciales del siguiente ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) que tiene que estar finalizado antes de que termine 2027. Miranda ha recordado que el retraso en la aprobación del anterior ciclo provocó la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europa y “nos condicionó a la hora de negociar con el Estado un nuevo convenio de obras hidráulicas”.

Manuel Miranda ha explicado que en septiembre de 2024 se inició el trabajo coordinado con los consejos insulares para la elaboración del cuarto ciclo de planificación hidrológica y el tercero de los planes de gestión de riesgos de inundaciones. “El Gobierno está impulsando todo el procedimiento, mediante una inversión de 600.000 euros para una asistencia técnica por parte de TRAGSATEC, que ha puesto a disposición de los cabildos la documentación necesaria”, ha explicado.

Este marco de colaboración y la asistencia que contempla, ha continuado, está permitiendo a los consejos insulares la aprobación durante estas semanas de los primeros documentos iniciales, al tiempo que se empiezan a elaborar los planes de medidas y los trámites ambientales. El consejero ha explicado que para el próximo año está prevista la redacción de los planes, “que serán expuestos públicamente hasta los primeros meses de 2027, antes de su aprobación definitiva”. Las fases de elaboración de la planificación hidrológica están determinadas por la normativa europea en este ámbito.

Manuel Miranda ha valorado la puesta al día de la planificación pues “es la base para desarrollar políticas relacionadas con la gestión del agua, a corto, medio y largo plazo”. Ha señalado la importancia de disponer, así mismo, de las necesidades en esta materia actualizadas y ha recordado que “Canarias ha hecho su tarea en este sentido, pues desde el mes de enero el Estado dispone de un listado de 127 obras de interés general para ser incorporadas a un futuro convenio de obras hidráulicas”. Miranda ha concluido recordando que el Estado tiene la obligación, en cumplimiento de las leyes autonómicas y estatales, de financiar los más de 1.4000 millones de euros que supondría la puesta en marcha de las citadas obras de interés.

Manuel Miranda destaca la labor de la empresa pública, que es medio propio del Cabildo Insular y los seis ayuntamientos majoreros

Entre otros proyectos en la isla, Gesplan coordina las acciones para recuperar la zona de Majanicho y realizará un estudio piloto sobre áreas intensamente pobladas

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha asistido esta mañana al consejo de dirección de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (Gesplan) que se ha celebrado en las nuevas dependencias que este organismo acaba de inaugurar en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Durante el acto, Miranda ha destacado el trabajo de esta empresa que desarrolla en la actualidad más de 30 proyectos en la isla. Entre otros, la coordinación de las labores de recuperación del entorno de Majanicho y un análisis sobre áreas intensamente pobladas, que servirá de base al análisis posterior en toda Canarias dentro de las políticas de reto demográfico que lleva a cabo el Ejecutivo autonómico.

Gesplan dispone de un espacio de 306 metros cuadrados en el que hay 30 puestos de trabajo para desarrollar diferentes proyectos en Fuerteventura. Estos proyectos son encargos de los seis ayuntamientos y el Cabildo Insular, para los que la empresa pública es medio propio. En la actualidad hay otra veintena de iniciativas que están en estudio para comenzar en los próximos meses. Las materias de los trabajos ya en marcha tienen que ver con ámbitos como el bienestar animal, el medio ambiente, el desarrollo de infraestructuras, la ordenación del territorio, mejora de la biodiversidad, redacción de proyectos, o mejoras ambientales, entre otros.

Manuel Miranda ha destacado el papel de Gesplan en proyectos relacionados con el departamento que dirige. Entre otros, presta asistencia técnica en materia de urbanismo a los municipios y el Cabildo de la isla, a través del programa de apoyo a las oficinas técnicas, y coordina el grupo de trabajo para impulsar las medidas correctores y compensatorias definidas para recuperar el entorno de Majanicho.

Además, durante 2025 desplegará en la isla los primeros efectivos autonómicos de protección civil y, en el marco de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico, elaborará en la isla un primer estudio piloto sobre los espacios intensamente ocupados, para ser extrapolado en el futuro al resto del Archipiélago.

Manuel Miranda anuncia que el próximo mes habrá una nueva reunión de seguimiento de los proyectos de abastecimiento y saneamiento con vecinos y empresarios de la octava isla

El Gobierno destina 400.000 euros en 2025 a la limpieza de pozos, mientras se tramita el proyecto para completar el saneamiento y la depuración

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado hoy en el Parlamento que el departamento que dirige adjudicará durante la primera quincena de abril la redacción del proyecto para completar el saneamiento y depuración de aguas residuales en La Graciosa. Miranda ha recordado que, mientras dure la tramitación de esta iniciativa, “el Gobierno está asumiendo los costes de la limpieza de pozos mediante una subvención de 400.000 euros en 2025 al Ayuntamiento de Teguise”, inversión que se suma a otros 200.000 euros destinados a este fin en 2024.

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre este proyecto, el responsable de Aguas ha recordado que se trata de una actuación prioritaria para el Ejecutivo autonómico. Prueba de ello, ha recordado, es que el 9 de diciembre se suspendió el planeamiento y se aprobaron las normas transitorias, y el pasado 29 de enero se declaró el proyecto de interés regional. “Seguimos la hoja de ruta acordada con vecinos y comerciantes”, ha indicado, “con quienes volveremos a reunirnos el próximo mes de abril para dar cuenta de los avances, tanto en el proyecto de saneamiento depuración, como en el de abastecimiento”.

Respecto a este último, Manuel Miranda ha informado de que se encuentra ya en tramitación ambiental y que su departamento confía en que “antes de final de año pueda iniciarse la sustitución de la tubería que abastece de agua a la Isla”, con un coste aproximado de 2,3 millones de euros. El consejero ha recordado que el objetivo de esta intervención es acabar de manera definitiva con los históricos problemas de abastecimiento que sufren vecinos y comerciantes de La Graciosa.

Sobre el proyecto para completar el saneamiento y depuración, “hemos logrado dar seguridad jurídica para ejecutar los trabajos, que fueron detenidos en 2017 por problemas de índole urbanístico”, ha indicado Miranda. Este proyecto deberá estar concluido en octubre de este año, para continuar su tramitación ambiental e iniciar las obras en el primer trimestre de 2026.

Manuel Miranda ha recordado que en los presupuestos del departamento que dirige existen dos millones de euros para ambos proyectos, y ha puesto en valor “la estrecha colaboración tanto con el Cabildo Insular de Lanzarote como con el Ayuntamiento de Teguise en el desarrollo del procedimiento, y la comunicación permanente con los vecinos y empresarios de La Graciosa”.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, asegura que “los cabildos y los consejos insulares han hecho los deberes y ahora le toca cumplir al Estado”

“Canarias, mucho más que una cuenca hidrográfica”, el vídeo conmemorativo del Gobierno autonómico para divulgar “la compleja y frágil realidad del agua en el archipiélago”

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha recordado hoy la complejidad del reto que enfrenta el territorio insular en materia de agua, y la importancia de un compromiso financiero firme por parte del Estado para garantizar su sostenibilidad. Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra en todo el planeta hoy sábado, 22 de marzo, el máximo responsable de la política hidráulica en las islas puso en valor el esfuerzo de coordinación y financiero realizado por los siete consejos insulares de aguas y los respectivos cabildos, para actualizar la planificación hidrológica del archipiélago, que al inicio de la presenta legislatura acumulaba un retraso de casi dos años.

«La gestión del agua en Canarias es un desafío constante, marcado por nuestra condición de territorio insular y volcánico, por la escasez de precipitaciones y por los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. El año 2024 fue el más seco desde que hay registros, y tres islas -Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife- ya se encuentran en emergencia hídrica. Necesitamos soluciones adaptadas a nuestra realidad y una financiación acorde a nuestros sobrecostes», ha manifestado el consejero.

En Canarias, a diferencia de la península, cada isla constituye una demarcación hidrográfica independiente, con sus propias peculiaridades y dificultades, lo que implica un mayor esfuerzo de coordinación y planificación. «Mientras que en el continente existen grandes cuencas hidrográficas, en Canarias debemos gestionar nuestros recursos insulares de manera individual, aunque a nivel estatal y europeo nos consideran una sola cuenca administrativa. Esta situación genera dificultades a la hora de acceder a fondos y establecer estrategias de inversión sostenibles», ha explicado Miranda.

«En menos de dos años, todas las islas han aprobado sus planes hidrológicos para el ciclo 2022-2027, y ya estamos trabajando en el siguiente, pero para garantizar un ciclo integral del agua viable en Canarias, es imprescindible la implicación del Estado”, insistió el consejero en la víspera de la celebración del Día Mundial del Agua.

La planificación vigente contempla 1.525 actuaciones hasta 2027, con una inversión estimada de 3.981 millones de euros, que en buena parte ya ejecutan ayuntamientos, cabildos, gobierno autonómico y estatal. Los siete cabildos han identificado 127 actuaciones prioritarias, valoradas en 1.406 millones, cuya declaración de interés general ha sido propuesta por el Gobierno de Canarias para promover su financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como establecen el Estatuto de Autonomía y la Ley de Aguas de Canarias y estatal.

Miranda ha insistido en la necesidad de establecer un modelo adaptado a la realidad canaria: «Gestionar el agua en Canarias cuesta más, es más complejo y requiere soluciones específicas, no podemos aplicar los mismos criterios que en la península porque nuestra situación es radicalmente distinta, y está claro que la garantía del derecho al agua en condiciones de calidad, cantidad y sostenibilidad debe ser una prioridad inaplazable.»

Con motivo del Día Mundial del Agua, el Gobierno de Canarias ha reafirmado su compromiso para seguir consensuando con ayuntamientos, cabildos, centros de investigación, sector empresarial y sociedad civil, una estrategia común capaz de asegurar un futuro hídrico sostenible en el archipiélago. Esta estrategia ha sido recogida en el vídeo institucional “Canarias, mucho más que una cuenca hidrográfica”, divulgado en redes este fin de semana con motivo de la efeméride establecida por la UNESCO, y en el que se exponen los cinco ejes principales de las políticas públicas hidráulicas del archipiélago:

Un modelo de financiación justo y estable, que contemple los sobrecostes de la insularidad y garantice inversiones sostenibles.
Una mejor planificación y coordinación interadministrativa, para optimizar la programación y ejecución de proyectos.
Innovación y sostenibilidad, con tecnologías eficientes y energías renovables que reduzcan costos y huella ambiental.
Modernización de redes urbanas y depuración, para reducir pérdidas y aumentar la reutilización del agua en el sector primario.
Concienciación y participación ciudadana, promoviendo el consumo responsable y el acceso equitativo al agua.

El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, presentó en Lanzarote a los técnicos insulares y municipales el borrador del anteproyecto de ley en cuya redacción participaron

La actualización de la Ley del Suelo facilitará sustancialmente los instrumentos de planeamiento destinados a la renovación urbanística del suelo consolidado, para responder a los desafíos del desarrollo económico y social de las islas sin ocupar más territorio. Este es uno de los objetivos estratégicos del borrador del anteproyecto de ley que esta semana salió a información pública, y que el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, presentó a los técnicos insulares y municipales de Lanzarote.

En un encuentro celebrado en el Cabildo conejero, al que también asistió el consejero insular de Ordenación del Territorio, Jesús Machín, el director general agradeció a los funcionarios y personal de las oficinas técnicas, de ordenación, ambientalistas y juristas, su participación en el proceso de análisis y redacción del anteproyecto de ley que ahora culmina tras un año de trabajos.

“Nos comprometimos no solo a escuchar a los técnicos y técnicas de todos los municipios y cabildos canarios para incorporar su experiencia en la actualización de la Ley del Suelo, sino también a presentarles el resultado de sus aportaciones al borrador del anteproyecto de ley antes de aprobarlo definitivamente, y eso es lo que estamos haciendo estos días, isla por isla y con total transparencia”, aseguró el director general.

Según explicó Onán Cruz, “la actualización de la Ley del Suelo gira en torno a ocho principios básicos, uno de los cuales es el fomento e impulso de la renovación urbana, porque somos islas con un territorio disponible muy escaso, cuya protección debe ser compatible con responder a la escasez de vivienda, facilitar la actividad económica y la creación de empleo, y la mejor forma de conseguirlo es transformar, adaptar y reformar el suelo ya ocupado”.

Para facilitar el uso del suelo ya consolidado, la actualización de la ley permitirá, entre otras medidas, simplificar los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales. Además, se permitirá un mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. También se reducirán las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, promoviendo la inversión privada en mejoras urbanísticas.

En este mismo sentido, la actualización de la Ley del Suelo introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias, similar a los actuales planes turísticos de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad.

Durante el encuentro informativo, el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, expuso al personal técnico de las administraciones de Lanzarote los avances incluidos en la actualización, basados fundamentalmente en una reducción de los contenidos de los instrumentos de planificación, la reducción de los plazos de tramitación, más facilidades para la renovación urbanística y construcción de viviendas, y un endurecimiento de las medidas de protección del territorio, organizados en ocho ejes principales:

1. Reducción del contenido de los instrumentos de ordenación.

Apuesta por la Ordenación Estructural Estratégica frente a la pormenorizada: Se reduce el contenido obligatorio de los planes de ordenación, permitiendo un 40% menos de carga documental en los Planes Generales de Ordenación (PGO).
Se eliminan distinciones innecesarias entre tipos de planes territoriales (Parciales y Especiales), simplificando su aplicación.
Se simplifica el contenido de los Proyectos de Actuación y Mejora Urbana enfocados a rehabilitar los suelos urbanos asimilándolo a las ordenanzas municipales.
2.- Simplificación de trámites urbanísticos

Se reducen los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, eliminando la fase inicial de “Avance” en los Planes Generales de Ordenación (PGO), haciendo el proceso más rápido.
Se disminuyen los tiempos de exposición pública, apostando por el mínimo establecido en la Legislación Estatal Básica, pasando de una media de unos 210 días a 160 días en la suma de todas las fases.
Se simplifican procedimientos de otros instrumentos como proyectos de interés autonómico e insular, programas de mejora urbana y ordenanzas municipales e insulares.
3.- Mayor protección del territorio

Se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, pasando de 6 a 9 meses para intervenir en infracciones.
Se endurecen las sanciones por daños ambientales:
Las multas leves pasan de 60 € a 300 €.
Las muy graves pueden llegar hasta 600.000 €.
Se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves, como los causados por minería o contaminación marina, con intervención directa del Gobierno de Canarias.
Se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, ampliándola de los 4 años actuales a 8 años.
4.- Mejora de la gestión urbanística

Se aclaran normas sobre división de terrenos para evitar confusiones en su aplicación. Separación entre segregaciones (suelo rústico) y parcelaciones (suelo urbano y urbanizable).
Se permite que la administración acuerde con propietarios la financiación de obras urbanísticas, pudiendo conveniar los gastos de urbanización a cambio de aprovechamiento urbanístico.
Se establece la “recepción tácita” de las obras de urbanización en casos donde ya exista suministro de servicios públicos (como recogida de basura o agua potable).
Se redactan de manera más clara las normas que definen los usos ordinarios del para suelo rústico, facilitando su gestión y aplicación.
5. Renovación y modernización urbana

Se simplifican los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales.
Se introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias.
Mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. Se reducen las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, facilitando la inversión privada en mejoras urbanísticas.
6. Fomento de la vivienda pública

Se aumenta el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública:
En suelos urbanizables, pasa del 30% al 40%.
En suelos urbanos consolidados, pasa del 10% al 20%.
Se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%, fortaleciendo el patrimonio público para construir viviendas protegidas.
Se aclaran las condiciones mínimas para definir los solares, garantizando el acceso a infraestructuras básicas.
Se clarifican los criterios para modificar el uso del suelo urbanizable, manteniendo la misma filosofía de ordenación, pero permitiendo más flexibilidad, sin consumir más suelo.
7. Apoyo a municipios ante el reto demográfico

Se establecen normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en municipios con menos de 10.000 habitantes.
Se eliminan criterios estrictos sobre crecimiento poblacional para evitar el despoblamiento rural.
Se permite la centralización de servicios básicos para varios asentamientos rurales cercanos.
Se incentiva el uso de energías renovables y sistemas de depuración autónomos en edificaciones rurales.
Se declara el apoyo al desarrollo de estos municipios como interés general, lo que facilita la obtención de ayudas y subvenciones.
8. Refuerzo al sector primario (agricultura y ganadería)

Se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.
Se aclaran los usos permitidos en suelo rústico, diferenciando entre actividades principales y complementarias.
Se autoriza el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales, bajo regulación específica.
Se refuerza el principio de «autorizado todo lo que no es té expresamente prohibido», dando más seguridad jurídica y mayor flexibilidad para el sector primario.