La viceconsejera Elena Zárate y el director general Onán Cruz explicaron a los representantes empresariales las principales novedades del anteproyecto, que apuestan por la simplificación administrativa, la mejora del suelo industrial y la agilización de inversiones

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias presentó esta mañana a la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) el anteproyecto de la actualización de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. En la  exposición, celebrada en la sede de la CEOE en la capital tinerfeña, participó la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz.

Durante la reunión, Zárate destacó que el nuevo texto normativo “nace con la vocación de ser una palanca para la dinamización económica, reduciendo cargas burocráticas, facilitando inversiones y proporcionando mayor seguridad jurídica a los operadores económicos y sociales”.

Entre las principales novedades con impacto directo en el tejido empresarial, la viceconsejera subrayó la reducción del contenido de los planes generales en un 40%, lo que permitirá agilizar su tramitación y reducir significativamente los tiempos de espera para nuevos desarrollos urbanos y proyectos empresariales. Asimismo, se contempla una reducción de los plazos al mínimo legal permitido en los procedimientos administrativos relacionados con la ordenación territorial y el urbanismo.

Otro de los puntos clave para el ámbito empresarial es la creación del nuevo Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), una figura diseñada para modernizar y reactivar polígonos industriales obsoletos, promoviendo su reconversión en espacios más competitivos y sostenibles.

Por su parte, Onán Cruz destacó que “la actualización responde a la necesidad de adaptar el marco legal a los retos actuales, como el reto demográfico, la sostenibilidad, y también la necesidad de generar empleo y atraer inversión”. En este sentido, apuntó que “la simplificación normativa y la eliminación de figuras duplicadas como los planes parciales o especiales en el ámbito territorial, nos permite ofrecer un sistema de planeamiento más claro, eficaz y adaptado a las necesidades reales del territorio y de su actividad económica”.

La CEOE Tenerife agradeció la presentación y valoró positivamente el enfoque de la actualización, destacando su potencial para impulsar el desarrollo económico de las islas. Se emplazó a un diálogo técnico en los próximos meses para trasladar aportaciones desde el sector empresarial al texto normativo.

La Consejería continúa así con la ronda de presentaciones del anteproyecto a los principales agentes institucionales y sociales del Archipiélago. En las últimas semanas, el documento ha sido compartido con la FECAM, la FECAI y presentado a los grupos parlamentarios de Canarias.

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias destacó la importancia del MARSEC 25 para poner a prueba los protocolos de seguridad y emergencias

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, participó esta mañana en el simulacro de neutralización de un artefacto explosivo en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, desarrollado en el marco del ejercicio MARSEC 25, bajo la organización del Mando Naval de Canarias.

El capitán de corbeta y jefe de la ayudantía naval de Santa Cruz de La Palma, César Martín, y el director del Puerto de Santa Cruz de La Palma, Jorge Amado, recibieron al viceconsejero autonómico en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la Sala de Juntas de la Autoridad Portuaria del puerto palmero.

El ejercicio recreó la detección de un proyectil de la Guerra Civil durante un reconocimiento rutinario del casco del Buque de Acción Marítima “Rayo”. A partir de ese momento, se activaron los distintos protocolos de seguridad y coordinación entre la Armada Española, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) y el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN),  con el objetivo de neutralizar el artefacto y garantizar la seguridad en el entorno portuario.

Durante el simulacro se desplegaron medios aéreos, marítimos y terrestres, incluyendo la Unidad de Buceo de Canarias, el CECOES 1112, Cruz Roja, la Autoridad Portuaria, el Cabildo de La Palma y efectivos de la Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Marcos Lorenzo puso en valor la utilidad de este tipo de ejercicios, ya que “simulacros como el de hoy nos permiten evaluar la capacidad de respuesta de todos los actores implicados y afianzar una coordinación real y efectiva entre administraciones y grupos operativos. Estar preparados para una situación como esta es fundamental”.

En el ejercicio se llevó a cabo la activación del Plan de Protección del Puerto de Santa Cruz de La Palma, el Plan de Emergencias Municipal (PEMU), el Plan Insular de Emergencias (PEIN) y el Plan Territorial de Emergencias de Canarias (PLATECA) en fase de seguimiento, con el objetivo de testar sus procedimientos ante una amenaza de estas características. La jornada finalizó con una reunión técnica entre los participantes, en la que se compartieron conclusiones y se identificaron oportunidades de mejora para futuras actuaciones conjuntas.

La norma, elaborada por las áreas de Política Territorial y Obras Públicas, pretende solucionar la demora en la concesión de licencias mediante la colaboración público-privada
La propuesta incluye medidas para familias con ingresos medios o la reutilización de suelos comerciales e industriales para uso residencial

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto de agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, y ha acordado el inicio de su tramitación como proyecto de Ley. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha presentado esta mañana ante el Pleno de la Cámara regional esta iniciativa que, según ha explicado, ha sido elaborada por los departamentos de Política Territorial y Obras Públicas y tiene como objetivo “mitigar la emergencia habitacional declarada en el Archipiélago”.

El documento, que ayer fue presentado en la Comisión General de Cabildos del Parlamento, ha sido redactado teniendo en cuenta las aportaciones de administraciones locales y agentes del sector “para que su contenido fuera lo más consensuado posible”. Manuel Miranda ha solicitado al Parlamento la tramitación de esta norma como Proyecto de Ley, con el ánimo de “debatir e incorporar propuestas de los diferentes grupos políticos y enriquecer el texto definitivo”.

El responsable de Política Territorial ha explicado que el documento propone promover la edificación de más viviendas, reduciendo la demora media en la concesión de licencias para su construcción. “Esta demora”, ha explicado Miranda, “es causada por la carencia de recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas técnicas de muchos ayuntamientos de las islas”.

Este proyecto de ley, ha indicado, introduce como novedad “mecanismos de colaboración público-privada que permiten, a aquellos ayuntamientos que así lo consideren, agilizar la tramitación de sus licencias”. Esto se logra, ha continuado Miranda, “incorporando al procedimiento informes técnicos elaborados por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración, debidamente acreditadas”.

Los objetivos que persigue esta medida son, por un lado, agilizar dichos procedimientos administrativos y, por otro, aliviar la carga de trabajo de las oficinas técnicas municipales “que pueden destinar sus recursos a otras prioridades”.

Manuel Miranda ha explicado que la propuesta garantiza la seguridad jurídica del procedimiento y que “en ningún caso supone la privatización de las oficinas técnicas municipales”. Es una herramienta voluntaria que “aporta certezas respecto a los tiempos de planificación, tanto para la propia administración como para promotores privados de vivienda”. “El objetivo es que dichas licencias puedan obtenerse en un plazo razonable, más aproximado a los límites que marca la normativa”, ha añadido.

Vivienda asequible incentivada

El consejero de Política Territorial ha señalado, además, que la iniciativa incorpora la figura de la “vivienda asequible incentivada, un tipo de promoción de vivienda en alquiler destinada a familias cuyos ingresos no les permiten acceder a la vivienda pública tradicional, pero tampoco acceder al mercado libre”.

A esta medida se suma la posibilidad de reutilizar suelos terciarios, industriales o comerciales, para uso residencial, lo que supondrá “disponer de más suelo para construir vivienda protegida”, o la posibilidad de la “ejecución anticipada de viviendas en aquellos suelos aún no urbanizados por completo”.

Otras medidas

Manuel Miranda ha recordado durante su exposición que su departamento está desarrollando, “siempre en colaboración con los Ayuntamientos, otras medidas para ayudarles en la tramitación de expedientes”. Ha puesto como ejemplo la Oficina Virtual del Reto Demográfico, un recurso de auxilio administrativo para los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes, que “son precisamente los que más dificultades tienen a la hora de desarrollar los procedimientos”.

La iniciativa que hoy se ha presentado ante el Pleno de la Cámara autonómica incluye una línea de colaboración para los 26 municipios de menos de 5.000 habitantes para que en aplicación de esta norma puedan disponer de una línea de ayuda para afrontar los gastos que de ella se deriven.

“Todas estas medidas, y también las contempladas en la propuesta de actualización de la Ley del Suelo”, ha continuado Miranda, “han sido consensuadas con los actores principales, es decir, con los ayuntamientos del Archipiélago”. La Federación Canaria de Municipios (FECAM) “ha participado activamente en su elaboración” y muchas de sus propuestas se han incorporado al texto que hoy traemos al Pleno”, ha explicado el consejero.

El director general de Emergencias, Fernando Figuereo, puso en valor la prevención ante fenómenos costeros adversos y destacó la gran labor que realiza la asociación de Servicio de Rescate y Emergencias de Lanzarote

El director general de Emergencias, Fernando Figuereo, formalizó en Lanzarote la entrega de diez dispositivos One Up a la ONG Emerlan, entidad con una destacada trayectoria en labores de salvamento, protección civil y asistencia sanitaria en el ámbito insular y marítimo en las islas de Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura.

La cesión, realizada a través de una orden firmada por el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para reforzar la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo por ahogamientos en las costas del archipiélago.

Durante el acto de entrega, Figuereo destacó la utilidad de estos dispositivos, ya que “el One Up representa una herramienta de gran valor para las primeras intervenciones en el mar. Es ligero y fácil de transportar, rápido de activar y puede marcar la diferencia en los primeros segundos de una emergencia”.

Además, subrayó la importancia de dotar a organizaciones como EMERLAN de medios que optimicen su capacidad de respuesta, considerando el papel fundamental que desempeñan en la gestión de emergencias en entornos acuáticos y turísticos como son las Islas Canarias.

Un salvavidas inteligente y 100% canario

One Up es un dispositivo compacto y ligero (370 gramos, 18 cm de longitud) desarrollado por emprendedores canarios. Al contacto con el agua, se infla automáticamente en menos de dos segundos, adoptando la forma de un flotador en herradura. Su diseño permite su lanzamiento desde tierra, embarcaciones, drones o incluso helicópteros.

Este sistema ha sido implementado con éxito en distintas playas del archipiélago mediante tótems alimentados por energía solar que, al activarse, alertan al 1-1-2 Canarias. Su uso se ha extendido a múltiples municipios y organizaciones de emergencia, consolidándose como un recurso clave en la prevención de ahogamientos.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, promoviendo la innovación tecnológica de origen local y fortaleciendo la colaboración con entidades especializadas como Emerlan.

El viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo, visita el laboratorio de la ULL donde se desarrolla el proyecto ‘Determinación de microplásticos en aguas potables de Tenerife’

El viceconsejero de Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha visitado este martes la Sección de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna (ULL) para conocer de primera mano los avances del proyecto ‘Determinación de microplásticos en aguas potables de Tenerife’, dirigido por el catedrático de Química Analítica Javier Hernández Borges.

Durante el recorrido por las instalaciones del laboratorio, Lorenzo destacó la importancia de contar con investigación científica aplicada para afrontar los retos medioambientales de las islas:

“Estamos hablando de una investigación pionera que permite al Gobierno tomar decisiones con base científica y adelantarse a los riesgos emergentes que pueden comprometer la salud pública y la sostenibilidad de los recursos hídricos que tenemos en Canarias”, subrayó el viceconsejero.
“Este proyecto no solo nos posiciona en la vanguardia del análisis de microplásticos, sino que refuerza la colaboración entre el ámbito universitario y la gestión pública del agua.”

Por su parte, el investigador principal del proyecto, Javier Hernández Borges, agradeció la visita institucional y puso en valor el compromiso del Ejecutivo autonómico con la investigación:

“Este tipo de apoyo es fundamental para que el conocimiento generado en la universidad tenga un impacto real en la sociedad. Nuestro objetivo es que esta metodología analítica que hemos puesto a punto en nuestro laboratorio sirva de modelo para futuros estudios en el archipiélago canario, pero también en investigaciones que desarrollemos fuera de nuestro archipiélago”.
“Además -añadió- fue un honor poder colaborar en el equipo de asesoramiento al Gobierno durante la situación de Prealerta en Canarias ante el episodio de llegada de gránulos de plástico (pellets) a las costas de Tenerife a principios del pasado año. Situaciones como aquella demuestran que la ciencia y la gestión pública deben ir de la mano.”

El proyecto liderado por Hernández Borges trata de detectar y cuantificar diversos polímeros sintéticos en muestras de agua potable de Tenerife, utilizando técnicas avanzadas como la pirólisis acoplada a cromatografía de gases con detección pory y espectrometría de masas. Sus conclusiones preliminares apuntan a una baja presencia de microplásticos, pero remarcan la necesidad de continuar con más estudios de seguimiento.

La visita de hoy refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias con la mejora continua de la calidad del agua, así como con la preparación ante nuevas amenazas medioambientales.

Los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes recibirán asistencia online en materias como contratación, tramitación de subvenciones o redacción de ordenanzas municipales

Manuel Miranda anuncia una línea de ayuda de 400.000 euros para municipios de menos de 5.000 habitantes en la aplicación del decreto de agilización de licencias

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, valoró muy positivamente la herramienta “que responde a una de las reivindicaciones históricas que la Federación ha venido realizando al Gobierno de Canarias para conseguir simplificar y agilizar trámites municipales”

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha presentado esta mañana la Oficina Virtual del Reto Demográfico, una nueva medida de apoyo a los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes que existen en Canarias. El titular de este departamento, Manuel Miranda, ha explicado que esta plataforma, desarrollada por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), presta desde hoy apoyo a estos ayuntamientos en materias como expedientes propios de contratación, redacción de ordenanzas fiscales, asesoramiento en la presentación de subvenciones a otras administraciones o tramitación de licencias.

“El objetivo de esta oficina es dotar de mayor eficacia a los pequeños ayuntamientos de las islas, cuyas carencias en ocasiones no son solo financieras, sino que también son carencias técnicas y de personal especializado en la gestión”, explicó Manuel Miranda, quien añadió que “esta novedosa y potente herramienta forma parte de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, que el Gobierno impulsa con la participación activa de cabildos y ayuntamientos para fijar población en el territorio rural, impulsar vivienda asequible y sostenible, y avanzar hacia una Canarias más equilibrada y cohesionada”.

Manuel Miranda ha anunciado, además, que el Gobierno de Canarias habilitará una línea específica de 400.000 euros para los 26 municipios de menos de 5.000 habitantes, que podrán financiar los costes derivados de la aplicación del decreto de agilización de licencias, que entró en vigor el pasado 23 de abril.

La oficina virtual fue presentada esta mañana en el transcurso de una rueda de prensa que contó con la participación de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Mari Brito; además de la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz.

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, valoró muy positivamente esta herramienta “que responde a una de las reivindicaciones históricas que la Federación ha venido realizando al Gobierno de Canarias para conseguir simplificar y agilizar trámites municipales, sobre todo los relacionados con el desarrollo territorial”, según afirmó.

“Desde los ayuntamientos somos conscientes y nos preocupan los tiempos de tramitación de las licencias y los desarrollos urbanísticos, sobre todo para los municipios con menos población, menos recursos y menos financiación, para los que esta herramienta será una ventaja”, añadió la presidenta de FECAM, quien celebró también la nueva línea de financiación, que espera se pueda ampliar a todos los municipios incluidos en el reto demográfico.

La Oficina Virtual del Reto Demográfico presentada hoy está alojada en la web del Observatorio del Reto Demográfico Reto Demográfico GobCan, y se suma a las medidas que este Gobierno ha puesto en marcha para actualizar la ordenación territorial en las islas, así como el desarrollo de los suelos previstos en el planeamiento municipal. Entre otros objetivos, están el impulso a la construcción de viviendas, para mitigar la crisis que en esta materia vive Canarias, o la fijación de la población en los municipios rurales de las islas. Todo ello, bajo el paraguas de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial y dando cumplimiento a las medidas acordadas junto a ayuntamientos y cabildos en las mesas de trabajo celebradas durante 2024.

Esta nueva herramienta dará servicio a los 47 municipios reto demográfico de Canarias, es decir, aquellos de menos de 10.000 habitantes. Las necesidades de los ayuntamientos se tramitarán a través de una plataforma web, creada a tal efecto, y se han contemplado siete ámbitos de colaboración con los municipios.

Apoyo en expedientes de contratación: asistencia en la elaboración y organización de la documentación necesaria para contrataciones y licitaciones públicas, incluyendo contratos menores, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos.
Asistencia en ordenanzas fiscales: redacción y actualización de ordenanzas fiscales, tanto obligatorias como recomendables, orientadas a asegurar la sostenibilidad de los servicios municipales.
Apoyo en la presentación de subvenciones: facilitación del acceso a financiación pública, junto con un servicio de asesoramiento continuo.
Elaboración de informes de proporcionalidad en suelo rústico: evaluación de la adecuación de los proyectos a los usos vinculados a explotaciones agrarias.
Informes de apoyo en materia patrimonial: análisis sobre compatibilidad normativa, alcance de las intervenciones, valoración de elementos arquitectónicos o etnográficos, y aplicación de la legislación vigente.
Redacción de pliegos y presupuestos: apoyo en la elaboración de documentación vinculada a los procedimientos propios de contratación.

Asistencia técnica en licencias: colaboración con los equipos técnicos municipales para agilizar la tramitación de licencias, mediante la elaboración de informes técnicos y jurídicos para municipios, y los de compatibilidad urbanística a los de menos de 5.000 habitantes.

Respecto a este último objetivo, Manuel Miranda ha recordado que el Gobierno ha incluido en el decreto de agilización de licencias una disposición adicional para garantizar el apoyo económico a 26 de los municipios reto demográfico en la aplicación de la citada normativa, en vigor desde el 23 de abril. Política Territorial habilitará una partida de 400.000 euros para dar cobertura a los costes derivados de su aplicación en los 26 municipios de menos de cinco mil habitantes.

El Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas da a los municipios más herramientas para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. El objetivo es reducir el plazo de obtención de las licencias de construcción a menos de seis meses, un plazo muy inferior a los dos años de media que se tarda en la actualidad.

Cabe recordar que, además de este servicio específico para municipios reto demográfico, el Gobierno de Canarias tiene a disposición del resto de ayuntamientos y cabildos un programa de apoyo a las oficinas técnicas, también online, que este año ha tramitado ya 1.128 solicitudes desde enero de 2025. Este programa permite a los empleados públicos acceder a modelos de diferentes trámites, recibir formación o asesoramiento en la redacción de documentos o en la forma de acceder a subvenciones.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, agradece la propuesta de los profesionales farmacéuticos, que se materializará en un protocolo de cooperación en el que trabajan los técnicos de Emergencias

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado que los profesionales y las oficinas de farmacia se integrarán formalmente en el sistema público de Protección Civil del archipiélago. Esta es la principal conclusión del encuentro mantenido esta mañana por Miranda y el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, Francisco Miranda Saavedra, para abordar el papel del farmacéutico comunitario en las situaciones de emergencias. Ambos han acordado el inicio de un proceso de análisis técnico, que culminará con la firma de un protocolo para hacer efectiva dicha integración.

Manuel Miranda ha agradecido la propuesta del Colegio de Farmacéuticos, ya que los profesionales farmacéuticos pueden suponer “un apoyo fundamental durante la gestión de las emergencias, sobre todo en situaciones en las que sea necesario desplazar a la población, evacuaciones o afecciones a servicios esenciales, como el reciente cero energético”. Miranda ha destacado la “cercanía a la población y su capacidad para convertirse en centros de información a la ciudadanía que tiene este colectivo profesional”, que garantiza “la cobertura sanitaria durante las emergencias, sobre todo para las que personas en situación de vulnerabilidad, como ancianos, niños o personas con enfermedades crónicas”.

En los próximos días los técnicos de la Dirección General de Emergencias comenzarán el análisis de la propuesta del Colegio de Farmacéuticos para diseñar su encaje en el sistema de Protección Civil y consensuar con los profesionales la redacción del citado protocolo de integración.

Dicha propuesta tiene como objetivo convertir las oficinas de farmacias, una vez integradas en el sistema público de Protección Civil, en espacios de atención de emergencias y primeros auxilios, centros de información a la población y en puntos de almacenamiento y distribución de medicamentos y material sanitario.

Además, propone la formación del personal de estas oficinas en materia de primeros auxilios y protocolos de emergencia, la inclusión de las farmacias en el censo de recursos del sistema y el desarrollo de campañas informativas de prevención y autoprotección dirigidas a la población. También se ha analizado la posibilidad, siempre en coordinación con los servicios sanitarios, de la instalación de desfibriladores en farmacias que, por su localización, puedan convertirse en un recurso de primera necesidad en situaciones de urgencia.

Los espacios que se integrarían en el sistema de Protección Civil, además de toda la red de oficinas de farmacia, incluyen las dos sedes de los colegios provinciales de farmacéuticos y otros recursos de este colectivo profesional.

El director general de Emergencias, Fernando Figuereo, entregó al área competente del Cabildo Insular los mecanismos One Up, que podrán ser utilizados por los efectivos de seguridad y emergencias para rescates acuáticos en el litoral de Lanzarote

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha cedido al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote una nueva remesa de dispositivos One Up, una herramienta innovadora diseñada para facilitar las primeras intervenciones en rescates acuáticos y prevenir situaciones de ahogamiento en el litoral.

Durante el acto de entrega, el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, subrayó la necesidad de reforzar la autoprotección y la cultura de la prevención en las costas del archipiélago. “Estos dispositivos son una solución eficaz en los primeros minutos de una emergencia en el mar, cuando cada segundo cuenta. El One Up ofrece una respuesta rápida, segura y sencilla, aumentando significativamente las posibilidades de éxito antes de la llegada de los equipos especializados de rescate”, afirmó.

Figuereo también insistió en la importancia de continuar impulsando acciones de concienciación y dotación de medios, recordando que Canarias, como territorio eminentemente turístico y costero, debe estar especialmente preparado para afrontar los riesgos asociados al entorno marítimo.

Con esta cesión, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, promoviendo la implantación de tecnologías que contribuyan a salvar vidas y mejoren las capacidades de intervención de los servicios de emergencia locales.

Dispositivo One Up

El artilugio de rescate acuático ha sido creado y desarrollado en Canarias por una empresa de emprendedores canarios. Se trata de un salvavidas compacto y ligero de unos 370 gramos y 18 centímetros de longitud que se activa automáticamente al entrar en contacto con el agua, inflándose en menos de 2 segundos para formar un flotador en forma de herradura. Este dispositivo puede ser lanzado desde la orilla, embarcaciones, drones o incluso helicópteros, facilitando su uso en diversas situaciones de emergencia. Además, se ha implementado en tótems autónomos alimentados por energía solar en diferentes playas de las islas, los cuales, al ser activados, alertan automáticamente a los servicios de emergencia del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 (CECOES). One Up ha sido adoptado por numerosos municipios en Canarias y otras regiones, reforzando la seguridad en zonas de baño y convirtiéndose en una herramienta esencial para socorristas y los propios bañistas

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas propone su tramitación en lectura única para agilizar el procedimiento

Manuel Miranda asegura que se dará seguridad jurídica a los vecinos hasta que el Cabildo apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de delimitación gráfica del asentamiento rural preexistente de Cofete, y acordó su remisión al Parlamento de Canarias con la propuesta de tramitación en lectura única. El expediente ha sido impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, como solución transitoria para aportar seguridad jurídica a este tradicional núcleo de población, hasta que el Cabildo Insular de Fuerteventura apruebe el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que el debate de esta ley en lectura única “simplificaría considerablemente su tramitación con el objetivo de que esté vigente antes del verano”. Miranda ha señalado de que el documento da respuesta a un compromiso con los vecinos de este caserío que, con más de doscientos años de historia, quedó fuera de ordenación tras la anulación del anterior Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013.

Como se recordará, la Ley 6/2009 de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial reconoció como preexistente este asentamiento rural, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puerto de la Cruz, en el mismo enclave, que sí fue delimitada y regularizada en su momento.

El Proyecto de Ley de delimitación gráfica de Cofete tiene como base la cartografía y ortofotos de 1994, año en el que el entorno se declaró Espacio Natural Protegido y se garantizó la compatibilidad de las edificaciones preexistentes. Esta normativa, que ha sido elaborada con el consenso del Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios, formará parte del futuro Plan Rector de Usos y Gestión que será aprobado por la corporación insular y recogerá de manera definitiva la delimitación del espacio y garantizará el equilibrio entre los intereses vecinales y la protección del medio natural.

La tramitación de la Ley en lectura única se aplica a aquellos textos cuya especial naturaleza o simplicidad de formulación así lo permita, acorta los plazos de su tramitación, tal y como establece el artículo 153 del Reglamento del Parlamento. Esto se consigue mediante la apertura de un plazo común de enmiendas a la totalidad y al articulado, y la omisión de los debates en ponencia y en comisión. Así, la iniciativa y, en su caso, las enmiendas presentadas se debaten y se votan directamente en el Pleno de la Cámara.

Los ayuntamientos podrán conceder licencias de construcción con plenas  garantías jurídicas en menos de seis meses

Este decreto contempla la figura de la vivienda asequible incentivada, enfocada en beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas, y que convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en desarrollarla

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, una norma de carácter urgente destinada a resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias, y con la que se pretende dar un impulso decidido a la promoción de vivienda en las islas.

La nueva normativa ha sido elaborada conjuntamente por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y trabajada por ambos departamentos junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.

Este decreto introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas. A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas.

Estos podrán ser encargados por el ayuntamiento o aportado por el promotor en la solicitud de licencia, en cuyo caso asumirá el costo del mismo, que no podrá exceder el valor de la tasa urbanística del proyecto. Aunque no será vinculante, el informe tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales, y en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.

El objetivo es dotar a los ayuntamientos de mayores recursos para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. En la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de construcción en menos de seis meses, un plazo muy inferior a los dos años de media que se tarda en la actualidad. Esta norma supone un paso decisivo para agilizar la gestión pública, reactivar la economía y responder con eficacia al reto de la emergencia habitacional que atraviesan las islas.

Además, el Gobierno prevé incentivar la aplicación de este nuevo decreto-ley con medidas específicas de apoyo para los municipios de reto demográfico, que se pondrán en marcha en las próximas semanas con la entrada en funcionamiento de la Oficina Virtual del Reto Demográfico.

Compromiso con la emergencia habitacional

El Decreto-Ley también complementa las medidas adoptadas en febrero de 2024, con la aprobación del Decreto-Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, incorporando ahora nuevas herramientas para el desarrollo de viviendas asequibles incentivadas, la reutilización de suelos terciarios para uso residencial y la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelos aún no urbanizados por completo, entre otros. Asimismo, se regula, por primera vez, el procedimiento de declaración de zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar las medidas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023).

En el caso de la figura de la vivienda asequible incentivada, cuyo desarrollo convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en aplicarla, los promotores que participen en este programa recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan ciertas condiciones, con el objetivo último de beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas.

La norma, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, responde a la necesidad urgente de garantizar que los procedimientos urbanísticos se resuelvan en plazos razonables, evitando demoras que afectan tanto a los derechos de la ciudadanía como a la actividad económica. Al reducir la burocracia y fomentar la construcción de viviendas asequibles, se están dando pasos hacia un futuro donde más ciudadanos puedan acceder a un hogar digno.