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El Gobierno de Canarias solicita al Estado el traspaso del Puerto de Los Cristianos

– El Ejecutivo canario basa su petición en que este puerto no tiene relevancia comercial para ser considerado de interés general, no se realizan en él actividades comerciales internacionales, su zona de influencia comercial no afecta a más de una comunidad autónoma y el volumen y las características de sus actividades no son relevantes para la actividad económica general del Estado

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, solicitar al Gobierno estatal que cambie la clasificación del puerto de Los Cristianos, en Tenerife, para que deje de ser puerto del Estado, por no tener la consideración de puerto de interés general, y traspase a la Comunidad Autónoma sus instalaciones, funciones y servicios.

El Gobierno de Canarias considera que no existen en la actualidad criterios objetivos que avalen la condición del puerto de Los Cristianos como ‘de interés general’, así como que un puerto de interés general puede dejar de serlo si pierde o deja de reunir los requisitos o circunstancias establecidas para ello.

Entre otras consideraciones, el Gobierno basa su petición en el hecho de que el puerto de Los Cristianos no tiene relevancia comercial portuaria para ser considerado como puerto de interés general; no se realizan en él actividades comerciales internacionales; su zona de influencia comercial no afecta a más de una Comunidad Autónoma; su volumen anual y las características de sus actividades comerciales están muy lejos de ser relevantes para la actividad económica general del país, y no responden a necesidades esenciales del Estado. Además, el Ejecutivo alega que este puerto tampoco sirve a industrias estratégicas para la economía nacional, ni constituye un elemento esencial para la seguridad del tráfico marítimo.

El Gobierno canario argumenta también que en el Puerto de Los Cristianos sólo se realizan actividades vinculadas al ocio y a la actividad turística (dársena náutico-deportiva y tráfico de pasajeros turísticos), actividades que encajan perfectamente en las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma tanto en materia de puertos como de transporte interinsular, lo que debería llevar al Gobierno a la consideración de que este puerto debe perder su condición de puerto de interés general y, en consecuencia, ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de puertos que no tengan la calificación de interés general por el Estado y, en todo caso, los puertos pesqueros y de refugio, así como los puertos deportivos. También le atribuye la competencia exclusiva sobre el transporte marítimo que se lleve a cabo entre distintos puertos o puntos del Archipiélago. Por otra parte, el artículo 148.1.6ª de la Constitución Española declara que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre «los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales».

El Puerto de Los Cristianos, situado a 75 kilómetros del de Santa Cruz de Tenerife, tiene una importancia relevante (más de 1.300.000 pasajeros anuales en transbordo, si bien ha descendido un 20% en los últimos años, ya que llegó a tener más de 1.600.000 pasajeros). Pero esta relevancia se refiere en esencia al tráfico de pasajeros entre las islas de Tenerife y La Gomera, sin que el tráfico comercial alcance niveles de relevancia, ni, mucho menos, responda a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado, pues su actividad es exclusivamente interinsular.

El Gobierno de Canarias establece el calendario de fiestas laborales para 2014, con un total de 12 días

– Se abre el plazo para que los ayuntamientos establezcan sus fiestas locales, que deberán comunicar en un mes

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el decreto por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma para el año 2014, y se abre el plazo para que los ayuntamientos establezcan sus fiestas locales, que deberán comunicar al Ejecutivo autonómico en un mes.

En total, se establecen once días festivos de ámbito regional y uno más en cada isla, elegido por los cabildos. Las fiestas de carácter autonómico se han fijado los siguientes días:

* 1 de enero, Año Nuevo.

* 6 de enero, Epifanía del Señor.

* 17 de abril, Jueves Santo.

* 18 de abril, Viernes Santo.

* 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

* 30 de mayo, Día de Canarias.

* 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

* 1 de noviembre, Todos los Santos.

* 6 de diciembre, día de la Constitución Española.

* 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

* 25 de diciembre, Natividad del Señor.

A la vista del calendario del año 2014, y teniendo en cuenta que coincide en domingo la fiesta del 12 de octubre, se ha sustituido el descanso laboral correspondiente al día 13 de octubre por el día 30 de mayo, Día de Canarias.

Por otra parte, los cabildos han propuesto las fiestas que por tradición son propias a cada isla, sustituyendo para ello la fiesta correspondiente a Santiago Apóstol (25 de julio). De esta manera, se fijan como días festivos en cada isla los siguientes:

* En El Hierro: el 24 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes.

* En Fuerteventura: el 19 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña.

* En Gran Canaria: el 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino.

* En La Gomera: el 6 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe.

* En Lanzarote: el 15 de septiembre, Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Volcanes.

* En La Palma: el 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves.

* En Tenerife: el 3 de febrero, lunes posterior a la festividad de la Virgen de La Candelaria.

El Gobierno aprueba el proyecto de ley que libera 50 millones del FCFM para pago a proveedores

– El Ejecutivo pide al Parlamento canario el trámite urgente y debate en lectura única para esta modificación legal con el fin de que los 49 ayuntamientos que cumplen los requisitos dispongan de estos fondos lo antes posible

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el proyecto de ley de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante el año 2013, que permitirá a 49 ayuntamientos pagar deuda a proveedores y ayudas de emergencia social, con parte del dinero que inicialmente la ley reservaba para mejorar el saneamiento de las arcas municipales.

Se trata de una medida coyuntural de apoyo al esfuerzo de saneamiento realizado por determinadas corporaciones municipales canarias, que persigue efectos directos en el ámbito socioeconómico de las Islas en tanto que propicia que las empresas proveedoras de aquéllas, contratistas o prestadoras de servicios, ganen en liquidez y competitividad. Asimismo, esta medida pretende estimular la inversión pública y que se pueda beneficiar de aquélla el segmento de la población más desfavorecido, a través de la aplicación de Fondo Canario a ayudas de emergencia social.

Esta medida ha sido consensuada por el Gobierno de Canarias con la Federación Canaria de Municipios en el seno de la Comisión de Seguimiento del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El Gobierno de Canarias además acordó solicitar al Parlamento la tramitación urgente y en debate de lectura única para este proyecto de ley. El objetivo es permitir que los ayuntamientos puedan disponer de los fondos lo antes posible y así contribuir este año a aliviar la situación económica de muchas empresas y facilitar la cobertura de las necesidades básicas de la población más desfavorecida por la crisis a través de las ayudas de emergencia. La intención del Ejecutivo canario es que este texto legislativo sea debatido en el pleno extraordinario previsto para este mes de julio.

El anteproyecto de ley consta de un artículo único que modifica la Ley del Fondo para propiciar que los ayuntamientos menos endeudados y con mayores índices de saneamiento económico financiero puedan destinar la parte del dinero correspondiente a saneamiento ¿el 50 por ciento del FCFM-, por este orden, a la cancelación de la deuda comercial a 31 de diciembre de 2012, a inversión o a ayudas de emergencia social.

El FCFM de 2013 asciende a 204.467.570,52 euros. Por tanto, el 50% reservado para saneamiento o inversión equivale a 102.233.785,26 euros. Con la medida adoptada por el Gobierno, se estima que unos 50 millones de euros quedarán disponibles para cubrir objetivos socioeconómicos ¿pago a proveedores y ayudas de emergencia- en los 49 ayuntamientos que cumplen los nuevos requisitos.

El FCFM distribuye cada año unos 205 millones de euros entre los 88 ayuntamientos. El acceso y posible destino del dinero para la mitad de estos fondos están ligados al cumplimiento de tres parámetros que sirven para medir la salud de las cuentas públicas: ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo. La otra mitad, está ligada al cumplimiento de indicadores que miden el grado de corresponsabilidad fiscal: gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal.

Para poder acogerse a esta nueva opción, los ayuntamientos deberán haber cumplido con el requisito legal establecido para remanente de tesorería y el endeudamiento a largo plazo y, también, deberán carecer de deuda viva o tener una cuantía inferior a la que les corresponde por el reparto del fondo destinado a saneamiento para este año.

En el caso de la mitad ligada a los parámetros de saneamiento, hasta ahora, los ayuntamientos debían cumplir los mínimos exigidos por la ley en los tres indicadores para poder destinar ese dinero a inversión pública. Con el cambio que se pretende aplicar ahora, se rebaja este requisito en caso de incumplir con el indicador de ahorro neto (el más complejo en tiempos de crisis) siempre y cuando, sí se haya respetado lo requerido para remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.

El Gobierno se adhiere al mecanismo estatal de pago a proveedores por 34,8 millones de euros

– La práctica totalidad de las facturas pendientes corresponden a conciertos sanitarios

El consejo de Gobierno ha acordado hoy adherirse al nuevo mecanismo estatal de pago a proveedores por un importe de 34,8 millones de euros en condiciones más ventajosas a las ofrecidas por las entidades financieras. Se trata del volumen total de facturas que responde a los requisitos establecidos por el Estado para la adhesión y que tiene pendiente de abonar la comunidad autónoma con anterioridad al 31 de mayo de 2013.

De esta cantidad, unos 34 millones corresponden a obligaciones del Servicio Canario de Salud, referidas en su mayor parte al pago de conciertos sanitarios, mientras que los 800.000 euros restantes son facturas pendientes imputables a deuda comercial de otros departamentos del Gobierno.

Según establece el Real Decreto estatal, sólo podrán incluirse en este mecanismo los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales; los convenios de colaboración; los pagos a asociaciones sin fines de lucro; las subvenciones para actividades de I+D+i; las transferencias a corporaciones locales; y los proveedores de universidades aunque estos centros han comunicado su decisión de no acogerse a esta fórmula.

Según los documentos contabilizados hasta la fecha límite fijada por el mecanismo, el Gobierno de Canarias solo tiene acreditada una deuda por importe de estos 34,9 millones que responda a estas áreas de gasto, por lo que se encuentra entre las autonomías con menor endeudamiento.

A partir del acuerdo de adhesión, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad enviará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relación de las facturas incluidas en este mecanismo. Con posterioridad, y hasta el 24 de julio, el departamento estatal comprobará que estos pagos cumplen con los requisitos establecidos.

De acuerdo con el calendario elaborado por la Administración central, entre esa fecha y hasta el próximo 6 de septiembre los proveedores podrán consultar sus facturas y manifestar su aprobación a las condiciones fijadas. Finalmente, el 20 de septiembre se determinará la relación definitiva para que el Estado apruebe la cantidad final e inicie el procedimiento para el abono de las mismas.

Gobierno y ayuntamientos refuerzan las acciones de recuperación medioambiental y económica de La Gomera

– El plan contempla la recuperación medioambiental, las infraestructuras, servicios y la reactivación económica y social de la Isla

– Las Administraciones implicadas han firmado un acuerdo con el objetivo de continuar paliando las consecuencias del incendio del verano pasado

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero y los alcaldes Ángel Luis Castilla (San Sebastián de La Gomera), Manuel Plasencia (Alajeró), Jaime Noda (Vallehermoso) y Miguel Ángel Hernández (Valle Gran Rey), han firmado un acuerdo que permitirá reforzar distintas líneas de actuación con el objetivo de paliar las consecuencias del incendio del verano pasado. Dichas actuaciones quedan de esta forma integradas en el «Plan de recuperación medioambiental, de infraestructuras, servicios y reactivación económica y social de la Isla de La Gomera».

Aunque el Gobierno de Canarias tiene previsto seguir destinado partidas presupuestarias en los próximos ejercicios para mitigar las pérdidas sufridas con motivo del incendio, para este primer año se cuenta con una dotación presupuestaria total de 1.500.000 euros, además de lo ya invertido por la Viceconsejería de Medio Ambiente en la recuperación del Parque Nacional de Garajonay.

En este orden de cosas, y atendiendo a los criterios de reparto acordados por los representantes de las instituciones antes mencionadas, estas actuaciones serán llevadas a cabo de la siguiente forma y con arreglo a las siguientes cantidades:

– Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, 45.129 euros para la ejecución del proyecto denominado «Reposición del alumbrado público en núcleo El Gato, Benchijigua y/o Vegaipala».

– Ayuntamiento de Alajeró, 50.000 euros para la ejecución del proyecto denominado «Reposición de red de agua potable en El Campillo, Imada, El Paso».

– Ayuntamiento de Valle Gran Rey, 54.466 euros para la ejecución del proyecto denominado «Alumbrado exterior en Lomo del Balo y/o en Piedras Quebradas».

– Ayuntamiento de Vallehermoso, 50.406 euros para la ejecución del proyecto denominado «Acondicionamiento de la plaza de Chipude».

El Gobierno de Canarias realizará actuaciones en los municipios afectados a través de Gesplan, con un presupuesto de 900.000 euros, que se destinará a la recuperación ambiental y paisajística de acuerdo con lo establecido para La Gomera en el «Proyecto de restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales de los meses de junio y agosto de 2012, en Tenerife, La Palma y La Gomera» elaborado por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias destinará 200.000 euros para articular las ayudas a las familias mediante convocatoria de subvenciones, según el procedimiento establecido al efecto y siguiendo las recomendaciones del Comité de Seguimiento del Plan. La vigencia de este Acuerdo será de un año y se prorrogará automáticamente si no hubiese previa denuncia por alguna de las partes.

El Gobierno autoriza un gasto de 8 millones de euros para la compra centralizada de sueros

– La adquisición centralizada reduce el coste de aprovisionamiento de este producto, de uso común y uniforme a toda la red asistencial

La Consejería de Sanidad recibió hoy la autorización del Gobierno de Canarias para realizar un gasto de hasta 8 millones de euros en la contratación centralizada de soluciones hidroelectrolíticas (sueros) declaradas de uso común y uniforme en los centros sanitarios dependientes del Servicio Canario de la Salud.

El acuerdo adoptado esta mañana por el Gobierno incluye, asimismo, la autorización para suscribir los acuerdos-marco que permitan la compra de este producto en función de las necesidades de los centros y servicios sanitarios.

De esta manera, los hospitales y Gerencias de Atención Primaria del SCS podrán contratar las provisiones de sueros que estimen necesarias durante los veinticuatro meses siguientes a la firma del acuerdo-marco y los períodos de prórroga que permita, sin que exista compromiso para adquirir una cantidad fija, ni gastar la totalidad del importe.

La contratación centralizada de soluciones hidroelectrolíticas tiene por finalidad la reducción de costes de aprovisionamiento para mejorar la eficiencia del proceso de compra y racionalizar el uso de los recursos públicos destinados a la adquisición de este artículo de uso común y uniforme en toda la red asistencial.

El expediente de contratación se está tramitando con arreglo a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Sanidad de 20 de noviembre de 2012, por la que se determina el régimen de la contratación centralizada de bienes y servicios de naturaleza sanitaria,

El régimen de compra centralizada está instaurado en el Servicio Canario de la Salud y se utiliza para aprovisionar a los centros asistenciales de medicamentos, somatropina, marcapasos, stents coronarios, ropa plana, uniformidad, calzado, guantes, calzado o indumentaria desechable. Además de la compra de sueros, actualmente tiene en proceso de preparación los expedientes de adquisición de prótesis de cadera y rodilla, agujas y jeringas, gasas y productos de incontinencia.

El Gobierno de Canarias inicia los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas

– El Consejo de Gobierno acordó en su sesión de hoy solicitar el dictamen del Consejo Consultivo, como paso previo a la interposición de un recurso contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas

El Consejo de Gobierno ha analizado en su sesión de hoy el contenido de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas y entiende que existen motivos suficientes como para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, por lo que ha acordado solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, como paso previo a su interposición ante el Tribunal Constitucional.

En concreto, el Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna. En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una clara vulneración de la autonomía local. El texto establece que «la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección.» El Gobierno entiende que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde en nuestro ordenamiento jurídico sólo a los Tribunales de Justicia, por lo que se estaría otorgando a los Delegados y Delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal que vulneraría el actual reparto competencial. De hecho, el consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha llegado a calificar esta parte del artículo como «la de la vuelta de los Gobernadores Civiles de la etapa predemocrática».

Otro motivo, es que la Ley vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, por el trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares, sin la adecuada motivación. El texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre. En su disposición adicional séptima, la norma considera que «los terrenos en los que se asientan dichos núcleos no son necesarios para la protección o utilización del dominio público» y que «se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados». El Gobierno de Canarias entiende que en esas circunstancias hay numerosos núcleos en las islas que, además, cuentan con un alto valor etnográfico y que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato discriminatorio e inconstitucional hacia las Islas.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 de ese mismo artículo primero que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y, más adelante, habla de que «podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística¿». A este respecto, el Consejo considera que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.

Por último, la disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo la obligación de remitir en un plazo máximo de tres meses un informe en relación a todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988. Este hecho supone, de facto, la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente ¿eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes-.

El Gobierno considera que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos nefastos y podría incluso dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley.

El Consejo de Gobierno aprueba la congelación de las tasas universitarias

El Gobierno de Canarias ha decidido congelar las matrículas universitarias para el curso 2013/2014 y bajar un 40% las de los másteres no habilitantes

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario para el curso 2013-2014 por las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. El precio por crédito en primera matrícula oscilará entre los 13,70 euros para las asignaturas con grado de experimentalidad 1, y los 8,79 para las que tengan un grado de experimentalidad 4, en las enseñanzas renovadas y no renovadas.

Así, el Gobierno de Canarias ha decidido congelar las matrículas universitarias para el curso 2013/2014 y bajar un 40% las de los másteres no habilitantes. A pesar de la subida impuesta por el Gobierno central, las tasas de los créditos conducentes a títulos de grado y másteres habilitantes de las dos universidades canarias se encuentran entre las más bajas del territorio del Estado.

Asimismo, el proyecto contempla que, excepcionalmente, los rectorados de las universidades podrán acceder al pago extemporáneo, siempre y cuando concurran en la persona solicitante «circunstancias que lo justifiquen suficientemente y siempre que dicho pago se efectúe antes de la fecha de inicio del período de exámenes».

Por otra parte, el alumnado que acredite un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, las víctimas del terrorismo y las víctimas de violencia de género quedan totalmente exentas del pago de las tasas.

Sanidad destinará en dos años 8.421.202 euros a las terapias respiratorias que se dispensan en el ámbito domiciliario

El Consejo de Gobierno autorizó, en su sesión de hoy, a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 8.421.202,22 euros, en 2013 y 2014, con destino a la prórroga del contrato del servicio de terapias respiratorias domiciliarias para pacientes del Servicio Canario de la Salud.

El contrato se suscribió el 6 de agosto de 2010 por importe de 21.510.825,45 euros y un plazo de duración de tres años. Transcurrido este plazo, la Consejería de Sanidad prorrogará el servicio por otras dos anualidades, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

La tramitación del expediente de prórroga se inició mediante Orden de la consejera de Sanidad, de 13 de junio de 2013, y tiene en cuenta el progresivo incremento del número de pacientes que precisan de estas terapias en el ámbito domiciliario en Canarias.

Las terapias respiratorias domiciliarias están indicadas a pacientes con insuficiencia respiratoria e incluyen la oxigenoterapia crónica, la ventilación mecánica, el tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño y la aerosolterapia. Su dispensación requiere la instalación, mantenimiento y reposición de equipos y accesorios, así como el adiestramiento en su manejo.

Terapias respiratorias

La oxigenoterapia crónica domiciliaria incluye la administración de concentraciones de oxígeno superiores a las del aire ambiente a pacientes estables en situación de insuficiencia respiratoria crónica, mediante la instalación, mantenimiento y reposición de cilindros o balas de oxígeno a presión, concentradores y oxígeno líquido, así como equipos y accesorios de monitorización de pacientes.

La ventilación mecánica domiciliaria incluye las técnicas destinadas al tratamiento de la insuficiencia respiratoria crónica de cualquier origen en pacientes estables que requieren soporte ventilatorio parcial o total, mediante instalación, mantenimiento y reposición de equipos y accesorios para permeabilizar las vías aéreas naturales o artificiales y generar un flujo aéreo intermitente, así como de equipos y accesorios de monitorización de pacientes.

Por su parte, el tratamiento ventilatorio domiciliario del síndrome de apnea del sueño se compone de las técnicas destinadas al tratamiento del síndrome de apnea del sueño, mediante instalación, mantenimiento y reposición de equipos y accesorios generadores en la vía aérea de presión positiva continua de uno o dos niveles, y de equipos y accesorios de monitorización de pacientes.

Asimismo, la aerosolterapia domiciliaría, que no esté regulada como prestación farmacéutica, incluye las técnicas destinadas a la administración de fármacos por vía inhalatoria en forma de suspensiones de partículas finísimas sólidas o líquidas en el aire u otro gas, mediante la instalación, mantenimiento y reposición de equipos y accesorios de nebulización de cualquier modalidad y de equipos y accesorios de monitorización de pacientes.

El Gobierno concede a la Asociación Alzheimer Canarias una subvención de 340.000 euros para su centro terapéutico y talleres de memoria

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno conceder a la Asociación Alzheimer Canarias (A.L.C.A.) una subvención para sufragar parte de los gastos derivados del programa «Prestación de Servicios a Personas en situación de Dependencia: Centro terapéutico Azheimer Canarias y Talleres de Memoria para enfermos de Alzheimer de la zona norte de Gran Canaria’, cuya cuantía asciende a un total de 340.651,94 euros.

La actividad para la que se solicita la subvención tienen un reconocido interés público y social, ya que supone la prestación de unos servicios especializados, de ámbito insular, dirigidos a personas dependientes, afectadas por la enfermedad de Alzheimer o de otras Demencias en todo el territorio grancanario, encuadrados en el Catálogo de servicios previsto en el artículo 15 de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, promocionando la autonomía personal y de atención a la dependencia.

La prestación de dichos servicios inciden en la atención globalizadora e integral de las personas afectadas de alzheimer y otras demencias, en la isla de Gran Canaria, favoreciéndoles una vida digna como beneficiarios directos de la subvención, contribuyendo a resolver situaciones de problemática familiar, social o económica existente en cada caso.

Este centro de Estancia Diurna de titularidad privada reúne las condiciones necesarias para atender a los enfermos de alzheimer en la isla de Gran Canaria, en etapas tempranas y medias de la enfermedad con un programa de estimulación específica ralentizado el deterioro, así como para atender a dichos enfermos en fases moderada y severa.

El mantenimiento del Centro de Día constituye un apoyo sociosanitario para la atención integral y específica de los enfermos evitando de esta manera la institucionalización de los mismos.

Por su parte, los Talleres de Memoria son un recurso especializado en la estimulación de los enfermos de Alzheimer y otras Demencias, en el que se trabajan todo tipo de terapias que ayuden al enfermo a mantener sus capacidades durante el mayor tiempo posible, preferentemente a los residentes en la zona norte de Gran Canaria.