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Rivero presenta en Bruselas el plan que impulsará la generación de empleo y el desarrollo hasta 2020

– El presidente del Gobierno de Canarias apremia a la Comisión Europea para llevar a la práctica cuanto antes esa estrategia de acción para las Islas

– «Es la hoja de ruta que necesitamos para el crecimiento y la diversificación económica», señala el jefe del Ejecutivo

– Rivero plantea la necesidad de modular medidas de apoyo a las PYMES del Archipiélago

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, presentó hoy a la Comisión Europea el Plan de Acción Canarias 2020, un documento que definirá la estrategia de desarrollo del Archipiélago e impulsará la generación de puestos de trabajo en los próximos años. En el transcurso del encuentro, el jefe del Ejecutivo pidió al comisario de Política Regional, Johannes Hahn, que dicho plan se lleve a la práctica a la mayor brevedad posible para «contribuir cuanto antes a la creación de empleo estable y de calidad».

Rivero y los restantes presidentes de las regiones ultraperiféricas (RUP) realizaron la presentación formal del Plan a las autoridades europeas, y a representantes de los estados miembros a los que pertenecen estos territorios, en el transcurso de una reunión multilateral celebrada en la sede de la Comisión. «El documento que acabamos de presentar constituye la hoja de ruta que debe seguir el Archipiélago para la ejecución de los fondos y para la aplicación de las políticas específicas de la Unión en las RUP, con la vista puesta especialmente en el crecimiento y la diversificación económica», señaló el presidente.

El Plan de Acción Canarias 2020 se configura como una estrategia de desarrollo regional a medio y corto plazo, sustentado en un modelo de crecimiento innovador, sostenible e inteligente, que tiene al turismo como uno de sus ejes fundamentales. En este sentido, el documento apuesta tanto por los sectores más prometedores para Canarias como por aquellos en los que destaca o aspira a hacerlo en función de sus ventajas competitivas.

A este respecto, el presidente del Gobierno explicó que «el objetivo es promover un crecimiento responsable en aquellos sectores en los que existen oportunidades reales de creación de empleo, de forma que se contribuya con eficiencia a paliar los efectos de la complicada situación de desempleo que afrontamos». «El ejemplo más claro», añadió Rivero, «es el turismo, que además de ser la principal actividad económica de Canarias cuenta con un importante efecto de arrastre, al poder estimular el desarrollo de otras actividades económicas ligadas al mismo, como la investigación y el desarrollo, las tecnologías de la información y la comunicación, la logística y el transporte, la cultura o el medio ambiente, entre otras».

En este orden de cosas, cabe reseñar que el Plan de Acción también recoge, en su apartado dedicado al crecimiento integrador, la necesidad de mejorar la competitividad de la economía del Archipiélago, «mejoras que pasan por el fomento del empleo y de la cualificación de la mano de obra, pues el reforzamiento de los niveles de formación, la lucha contra el fracaso escolar y el descenso de la tasa de desempleo apuntan, necesariamente, a un desarrollo del tejido económico que sea capaz de absorber al personal formado».

Otro de los aspectos centrales del plan presentado hoy es la configuración del Archipiélago como una referencia en el Atlántico Medio, como lugar de encuentro e intercambio cultural y económico de tres continentes, así como una magnífica plataforma de negocios, formación y promoción de nuevas tecnologías y conocimientos vinculados a los retos del desarrollo humano, la salud y la sostenibilidad medioambiental.

Asimismo, como región ultraperiférica conectada e intensiva en conocimiento, Canarias será el laboratorio europeo en el Atlántico Medio para fenómenos naturales y sociales que suponen grandes retos para la humanidad, como el conocimiento del Universo a través de la astrofísica, el estudio y aprovechamiento sostenible del mar, de los recursos naturales y de la biodiversidad, el conocimiento y mitigación del cambio climático, la sostenibilidad en la gestión energética o el abasto de agua y alimentos.

Petición de la UE

Los planes de acción que cada una de las RUP presentaron hoy al comisario Hahn responden a una invitación cursada en 2012 por la Comisión Europea a estos territorios para definir un marco estratégico de desarrollo que responda a los criterios fijados por el propio Ejecutivo comunitario dentro de la llamada Estrategia Europa 2020.

El Plan de Acción Canarias 2020 ha sido el resultado de un proceso de consulta y debate entre los agentes económicos y sociales del Archipiélago desde que, en julio de 2012, se iniciaran los primeros trabajos. En este sentido, constituye un nuevo marco de referencia para la aplicación de las políticas comunitarias en las regiones ultraperiféricas.

Reuniones sectoriales

Antes del encuentro con el comisario de Política Regional, el presidente se reunió con la eurodiputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Danuta Hübner, a quien explicó los detalles del Plan de Acción y con quien departió sobre diversos asuntos relacionados con la política de la Unión sobre las regiones ultraperiféricas, como es el caso de los reglamentos relativos a los Fondos Estructurales, cuyas negociaciones están llegando a término y serán finalmente aprobados en la primera quincena del mes de julio. En esta dirección, cabe recordar que la asignación de fondos europeos para Canarias en el próximo período presupuestario 2014-2020 experimenta una mejora sustancial con respecto a las propuestas iniciales.

Asimismo, el presidente se reunió con el director general de Empresa e Industria de la Comisión Europea, Daniel Calleja, con quien abordó la realidad de las pequeñas y medianas empresas del Archipiélago y sus necesidades de financiación, un aspecto clave para la generación de empleo en las Islas en tanto la práctica totalidad del tejido productivo canario se sustenta en las PYMES. En este sentido, el presidente explicó que había conocido de primera mano el nuevo marco de apoyo de la UE a las PYMES y que planteó al director general de Empresa e Industria de la Comisión la posibilidad de modular esos programas de apoyo a las singularidades del Archipiélago, ya que «difícilmente las PYMES canarias pueden competir con las del continente si no se articulan esas medidas».

Fernando Ríos: "La combinación de actividad sísmica y perforaciones petrolíferas constituye un riesgo de imprevisibles consecuencias para Canarias"

– Las extracciones pueden incrementar el riesgo sísmico y los terremotos, a su vez, pueden provocar vertidos incontrolados

– El Gobierno y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura desmotan las tesis de Repsol y del Ministerio de Industria sobre los seísmos registrados en la zona en los últimos meses

La actividad sísmica registrada en los fondos marinos de Canarias «constituye un riesgo potencial de imprevisibles consecuencias para las explotaciones petrolíferas que Repsol pretende acometer frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura en aguas ultraprofundas», según dijo hoy el comisionado del Gobierno para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos. En este sentido, «los llamamientos a la calma expresados la pasada semana por la compañía petrolera y el Ministerio de Industria, tras los temblores localizados en la zona de las prospecciones y sentidos en Lanzarote y Fuerteventura, pretenden minimizar en realidad el alto riesgo que el consorcio petrolero asumiría en caso de iniciar las perforaciones a gran profundidad».

Los tres sismos registrados por el Instituto Geográfico Nacional en la madrugada del 11 de junio frente a las islas orientales, el primero de los cuales alcanzó una magnitud de 3,7 grados en la escala Ritcher, «avalan las advertencias que las instituciones canarias vienen expresando desde hace más de un año sobre un riesgo que los promotores petroleros descartan de forma inaceptable y totalmente imprudente», señaló.

Fernando Ríos recordó las declaraciones realizadas por el subsecretario de Industria del Ministerio, Enrique Hernández Bento, para quien el hecho de que puedan existir movimientos sísmicos en zonas donde se realizan exploraciones y explotaciones petrolíferas «no plantea ningún problema desde el punto de vista técnico, no afecta para nada». Sin embargo, recuerda el comisionado, entidades científicas especializadas en geología vinculada a la industria del petróleo afirman exactamente lo contrario, como el Instituto de Dinámica de Geosferas de la Academia Rusa de Ciencias, que determina claramente que «la producción de hidrocarburos puede generar actividad sísmica», y que «pocas personas negarán que existe una relación entre la explotación de hidrocarburos y la actividad sísmica».

En este sentido, es de destacar también la catástrofe provocada en abril de 2010 con el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México. Así, el profesor de Geofísica de la Universidad de Aberdeen (Escocia), Andrew Hurst, experto en Geología y Petróleo, ha declarado en EEUU en el juicio que se sigue contra Bristish Petroleum por este accidente que en 2006 se detectó en ese mismo lugar un terremoto de magnitud 6. El profesor Hurst afirmó recientemente que este tipo de temblores constituyen «una señal de que los yacimientos de petróleo en aguas profundas podrían ser inestables. La actividad sísmica conduce al desarrollo generalizado de las fracturas en las rocas que frenan yacimientos de petróleo», dijo Hurst, «lo que significa que se requiere menos presión para que se produzcan fugas». British Petroleum hizo caso omiso a las alertas de este profesor.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología de EEUU (USGS) afirma que «los sismos sobre una magnitud de 3 grados en la escala Ritcher en Estados Unidos aumentaron seis veces en 2011 respecto a los datos registrados en la misma zona durante el Siglo XX», señalando que «una de las causas es la actividad del petróleo y gas realizada por el hombre».

El Gobierno de Canarias y los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote coinciden en valorar las recientes declaraciones de Repsol y del Ministerio de Industria sobre este asunto como «absolutamente irresponsables con los intereses generales de Canarias», ya que «cuando un problema no se reconoce, nunca será posible abordarlo con garantías de resolución». El Subsecretario de Industria Hernández Bento afirmó además el pasado lunes 17 en Fuerteventura que «cuestiones como las referentes a las posibles consecuencias ante terremotos se determinarán en el estudio de impacto ambiental que se presentará en agosto».

A juicio de Fernando Ríos, estas declaraciones son claramente contradictorias porque, por un lado, reconocen implícitamente las «posibles consecuencias ante terremotos» pero en el Estudio de Impacto Ambiental no se contempla este problema: en ninguna de las 105 páginas del Documento que Repsol presentó el pasado mes de febrero al Ministerio de Medio Ambiente -y que constituye la base del citado estudio de impacto-, se hace referencia o mención alguna a los terremotos. «Si lo incluyen ahora para contemplarlo será, sin duda alguna, por la alerta emitida desde los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y el Gobierno de Canarias», señaló.

Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, y Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura, han acordado esta semana intensificar los esfuerzos y las acciones dirigidas a suspender el proyecto petrolífero, al considerar que se trata de una de las más graves afrentas acontecidas en la historia contra los derechos democráticos de Canarias.

Para los tres presidentes, el riesgo que este proyecto genera sobre el océano y sobre el medio ambiente, poniendo en serio peligro la biodiversidad, el turismo, el empleo, el suministro de agua potable, y la forma autocrática en que se ha venido imponiendo la decisión desde Madrid, sin siquiera considerar los criterios de las instituciones soberanas de Canarias, «sólo puede tener un claro destino: la retirada definitiva de las operaciones de prospección y del campo petrolífero, y un desarrollo irreversible hacia un modelo energético sustentado por energías renovables hasta alcanzar la autosuficiencia total».

El Gobierno aprueba una subvención de 755.000 euros para las empresas de inserción

– Podrán solicitar subvenciones para compensar económicamente el déficit de productividad de los trabajadores en riesgo de exclusión

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una subvención por valor de 754.981 euros que concederá el Servicio Canario de Empleo (SCE), destinada a fomentar la inclusión sociolaboral de trabajadores en riesgo de exclusión.

Esta línea de ayudas va dirigida a las empresas de inserción y a aquellas empresas de cualquier naturaleza jurídica que no estén vinculadas a ninguna empresa de inserción ni a sus administradores o apoderados y que contraten a trabajadores en riesgo de exclusión que hayan ocupado alguna vez una plaza de inserción.

Las empresas de inserción pueden solicitar una subvención, en primer lugar, para la creación o mantenimiento de plazas, en segundo lugar, para la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores y por último, para la inserción definitiva del trabajador que ocupe una plaza de inserción.

Con respecto a la creación o mantenimiento de plazas, las empresas de inserción podrán acceder a una subvención de 8.980 euros, es decir el 100% del salario mínimo interprofesional -641.40 euros al mes- incluidas las pagas extraordinarias, para el año 2013. Por cada plaza de inserción mantenida las empresas de inserción podrán acceder a una subvención de 5.388 euros, o sea el 60% del salario mínimo interprofesional.

En cuanto a la subvención para la contratación de técnico de producción y técnico de inserción, si la empresa de inserción cuenta con menos de cinco plazas, el importe será de 3.000 euros anuales por plaza. En caso de que tenga cinco plazas o más, la subvención será de 2.500 euros anuales por plaza. Para la contratación de gerentes, la subvención será de 4.000 euros anuales por plaza si la empresa de inserción cuenta con menos de cinco plazas y de 3.500 euros anuales si cuenta con cinco o más plazas.

En lo que a las subvenciones para la inserción definitiva del trabajador se refiere, la cuantía será de 10.000 euros por cada socio trabajador que se incorpore a una entidad de economía social o por cada trabajador autónomo que se constituya como tal. Por último, la cuantía de la subvención será de 7.000 euros por persona contratada a jornada completa, reduciéndose proporcionalmente si el contrato de trabajo es a tiempo parcial.

El Gobierno simplifica trámites y requisitos que dilataban la apertura de establecimientos y actividades

– El Ejecutivo eleva al Consejo Consultivo el proyecto de Decreto del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy elevar al Consejo Consultivo el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos que simplifica los trámites y requisitos que dilataban la tramitación y apertura de los establecimientos y puesta en marcha de actividades. Con este reglamento, el Gobierno pretende impulsar la actividad económica y empresarial en las Islas.

La simplificación de los trámites es perfectamente compatible con la potenciación de los instrumentos de control en las actividades clasificadas y espectáculos públicos que se incluye en el presente reglamento, que además aborda exigencias para la protección de la seguridad y la salud.

El proyecto de Decreto establece los requisitos y condicionantes a los se que debe someter la implantación y desarrollo de actividades clasificadas y espectáculos públicos y regula los instrumentos de intervención administrativa previa y las potestades administrativas de control.

El texto aborda la generalización del régimen de comunicación previa y suprime el requisito de licencia de actividad, sustituyéndolo por una declaración responsable, manteniéndose sólo con carácter excepcional las autorizaciones previas en aquellas actividades determinadas expresa y motivadamente por el Gobierno.

La comunicación previa deberá dirigirse al ayuntamiento en cuyo municipio se ubique el establecimiento que sirve de soporte a la actividad clasificada o en su caso al Cabildo correspondiente cuando la actividad se proyecte sobre dos o más términos municipales.

El texto reglamentario, que desarrolla la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, recoge la potenciación de los instrumentos de control a posteriori, sistematizando y actualizando la regulación de los sistemas de comprobación, inspección y sanción e incidiendo en aspectos como la extinción, revocación y revisión de los títulos habilitantes.

El texto también contempla medidas simplificadoras de trámites, como la generalización del silencio positivo y la reducción de los plazos máximos de resolución. Así, se establece que la resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses con carácter general.

Para mitigar los factores de riesgo que han determinado la clasificación de las actividades o que son inherentes a los espectáculos públicos, el texto del reglamento plantea exigencias en materia de seguridad, horarios de apertura y cierre, derecho de admisión, venta de entradas o localidades, publicidad exterior y responsabilidades.

El proyecto de reglamento establece que cuando la actividad esté sujeta a autorización ambiental integrada, su otorgamiento llevará implícita la licencia de instalación y los mismos efectos jurídicos se producirán respecto de las autorizaciones sectoriales precedidas de evaluación de impacto ambiental.

Además, cuando la actividad esté sujeta a licencia de obra, ésta deberá tramitarse de forma simultánea con la licencia de instalación de la actividad si lo solicita la persona interesada.

El texto recoge la coordinación entre las distintas administraciones públicas o sus entidades representativas mediante la suscripción e convenios de colaboración o cualquier otra fórmula colaborativa con el objetivo de promover la aplicación y desarrollo uniformes y homogéneos de la normativa en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

Rivero y Lurel coinciden en la necesidad de dar un impulso decidido al empleo en los Planes de Acción de las RUP

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– El presidente canario se reunió hoy en París con el ministro francés de Ultramar

– El jefe del Ejecutivo traslada al ministro la posición de Canarias con respecto a la revisión del Posei y del AIEM

– Rivero también mantuvo un encuentro con el embajador de España en Francia

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se reunió hoy en París con el ministro francés de Ultramar, Victorin Lurel, con quien abordó los principales retos a los que se enfrentan Canarias y el resto de regiones ultraperiféricas (RUP) a corto, medio y largo plazo, dentro de la Unión Europea. En este sentido, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de dar un fuerte impulso al empleo en los Planes de Acción de las RUP que éstas han de presentar al Ejecutivo comunitario dentro del calendario de la Estrategia Europa 2020.

El jefe del Ejecutivo autónomo analizó con el ministro, entre otras cuestiones, los expedientes de reforma del Posei agrícola, la renovación del AIEM o el informe elaborado por el presidente de Martinica para el mejor desarrollo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este artículo es el que permite la adopción de medidas específicas para las RUP en función de su lejanía, insularidad, reducida superficie y dependencia económica.

La reunión se enmarca en los contactos que mantiene el presidente del Gobierno de Canarias al más alto nivel con representantes del Ejecutivo comunitario y con ministros de los Estados con regiones ultraperiféricas para mejorar el encaje de éstas en la Unión los próximos años. El objetivo es reforzar la posición de estos territorios en unos momentos especialmente delicados en sus economías, castigadas duramente por la crisis, y en los que se está definiendo la Estrategia Europa 2020.

El presidente del Gobierno de Canarias aseguró que Francia es «el mejor aliado que puede tener España y el conjunto de las regiones ultraperiférica para la defensa de los planteamientos de éstas ante la Unión Europea».

Rivero añadió que «las regiones ultraperiféricas disponen del marco normativo adecuado, pero ahora hay que avanzar en que ese marco legal se aplique con toda su fortaleza».

La coordinación y los acuerdos alcanzados entre las RUP y los estados miembros -concretados en diversas reuniones celebradas en el pasado- han dado muy buenos resultados; entre ellos la asignación de fondos para el próximo período presupuestario de la Unión 2014-2020, que aumentan considerablemente con respecto a las cantidades percibidas en el actual.

Durante el encuentro con el ministro Lurel -que fue en su momento presidente de Guadalupe y por tanto es un gran conocedor de la realidad de las RUP- se abordó la reforma prevista por el Ejecutivo comunitario del programa Posei que, si bien no sufrirá cambios en el montante de ayudas que percibirá el sector primario de las Islas, se encuentra en un proceso de consultas para su eventual revisión. A este respecto, el presidente destacó que el nuevo Posei ha de mantener un equilibrio entre la agricultura de exportación y las producciones destinadas al mercado local.

La posición del Gobierno de Canarias en este punto es que la distinción de los sectores que componen la agricultura de Canarias no se basa en la dicotomía entre producciones tradicionales y producciones de diversificación -esa es la dirección en la que apunta la reforma- pues la práctica totalidad de las producciones agrarias se pueden calificar de tradicionales, sino entre las producciones con vocación exportadora y nuestras producciones orientadas al abastecimiento de nuestro mercado local.

«Existe una coincidencia en que hay que mantener el carácter descentralizado del Posei, es decir, que cada una de las regiones ultraperiféricas pueda decidir el destino de los fondos que recibe la Unión Europea», señaló el jefe del Ejecutivo canario.

Canarias entiende, en consecuencia, que no es el momento para hacer grandes cambios en esta materia, puesto que un cambio de timón en la normativa agrícola aplicable a las RUP pondría en peligro todos los logros conseguidos a lo largo de más de veinte años de trabajo, en partenariado de estas regiones con sus respectivos Gobiernos nacionales y con la Comisión Europea.

En cuanto al AIEM, ambos dirigentes se mostraron de acuerdo en mantener este impuesto en el caso de Canarias y el impuesto equiparable que se aplica en los territorios franceses de ultramar, así como su aspiración a que se extienda su aplicación durante los próximos siete años.

Plan de Acción

El presidente también expuso al ministro Lurel las principales líneas del Plan de Acción de Canarias para la aplicación de la Estrategia «Europa 2020», un documento que también presentará al comisario de Política Regional el próximo 25 de junio en Bruselas junto al del resto de regiones ultraperiféricas.

El Plan de Acción de Canarias se estructura en los ejes que determina la citada Estrategia ¿crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador- y se concibe como una verdadera estrategia de desarrollo regional a largo plazo, que va más allá de la simple recepción de ayudas, al incluir la ejecución de fondos propios y de otros derivados de la iniciativa privada.

Este Plan dará cobertura, entre otras cosas, a las iniciativas que en el ámbito de la rehabilitación del espacio turístico se llevarán a cabo en los próximos años, así como a la utilización de las energías renovables y las nuevas tecnologías. De la misma manera, incluirá un importante apartado de carácter social, que Canarias, como el resto de regiones ultraperiféricas, considera debería articularse en torno al fomento del empleo y de la cualificación de la mano de obra, pues una mejora de los niveles de formación, la lucha contra el fracaso escolar y el descenso de la tasa de desempleo, pasan necesariamente por un desarrollo del tejido económico que sea capaz de absorber al personal formado, todo ello en línea con la Estrategia UE 2020.

Después de su encuentro con el ministro, Rivero se reunió también con el embajador de España en Francia y ex embajador permanente de España ante la UE, Carlos Bastarreche, a quien expuso asimismo los objetivos que se plantea el Archipiélago de cara a los próximos años en la Unión Europea y la necesidad de que los Estados a los que pertenecen las regiones ultraperiféricas asuman con determinación la posición que vienen defendiendo éstas.

Jorge Rodríguez: "La responsabilidad del aval a Vanyera es exclusiva de la gestión de José Manuel Soria"

– El Gobierno de Canarias defiende la actuación de los servicios jurídicos en el aval a Vanyera

– Rodríguez recuerda que existen pruebas y escritos procesales que desmontan esta nueva huida hacia delante del PP

El viceconsejero de Presidencia, Jorge Rodríguez, avala la actuación del Servicio Jurídico (SJ) de la Comunidad Autónoma de Canarias en el proceso que ha derivado en la sentencia que obliga al Ejecutivo a abonar 5,2 millones de euros por el aval a Vanyera, concedido por el equipo que dirigía José Manuel Soria en su etapa de consejero de Economía y Hacienda.

Rodríguez sale de esta forma al paso de una información publicada hoy, «en la que el Partido Popular (PP) intenta desviar sus responsabilidades hacia dichos servicios jurídicos, incurriendo en notables inexactitudes y falsedades».

Entre otros aspectos, en la citada información se afirma que «los servicios jurídicos no se opusieron a la liquidación y posterior venta de la empresa, lo que también impidió que el Gobierno pudiese reclamar los bienes que ofreció Vanyera como garantía del aval». «Afirmación que resulta falsa del todo, tanto en cuanto el SJ se opuso expresamente a la autorización dada por el Juzgado a la administración concursal, a pesar de no contar con instrucciones de la Consejería de Hacienda, que le fueron reiteradamente solicitadas», subraya el viceconsejero.

Rodríguez advierte de que «existen pruebas y escritos procesales» que respaldan la actuación del SJ y echan por tierra las excusas del PP. En particular, como primer motivo, «se alegó indefensión porque nunca se había dado traslado antes por el Juzgado de la propuesta de aquella venta. Precisamente es el escrito del que habla el artículo de prensa, de fecha 27 de julio de 2009».

«El Servicio Jurídico tuvo conocimiento formal por vez primera de esa venta mediante el Auto de 7 de septiembre de 2009 (oportunamente recurrido, no solo por ese defecto formal, sino por razones de fondo). Al tiempo de recurrir ese Auto no contó el SJ con más instrucciones ni informes complementarios de la Consejería, ni con su parecer respecto de tal impugnación», recuerda el viceconsejero.

«El Juzgado desestimó el recurso, aludiendo a la notificación de aquel escrito a un fax del Gobierno, pese a la alegación de que la sede oficial de notificaciones a la Administración de la comunidad autónoma CAC es la de la Dirección General del Servicio Jurídico y que ese número de fax no se correspondía con ninguno de los existentes en tal Dirección. Pese a la prueba alegada en tal sentido, el juez estimó que aquel número de fax era válido y que disponía de él desde 2005 (en clara contradicción con el resto de notificaciones habidas en este mismo procedimiento, siempre notificadas a la sede de la DGSJ)», aclara Rodríguez.

«No es cierto, en cualquier caso», prosigue el viceconsejero, «que esta falta de oposición, que como vemos no es real, haya impedido que el Gobierno pudiera reclamar los bienes que ofreció Vanyera. Lo único que impidió que el Gobierno pudiera ejecutar la garantía ofrecida por la empresa fue la falta de inscripción de la misma en el Registro de Bienes Muebles. Y esa falta de inscripción no fue debidamente supervisada por la Consejería de Hacienda».

Acerca de las supuestas dudas jurídicas sobre la necesidad de la inscripción que se vierten en la información, Rodríguez señala que «también es falso por lo que al Servicio Jurídico se refiere. De haber existido dudas jurídicas serias, lo propio era haber solicitado informe al SJ. No se pidió. Era indiscutible que la garantía debió ser inscrita».

En relación a las objeciones del SJ a la garantía, el viceconsejero indica que «el decreto de aval encomendó directa y expresamente a la Consejería de Hacienda que verificara la garantía, con los requisitos allí establecidos. Es todo un despropósito soslayar tal responsabilidad y atribuir una operación de valoración y de cualificación técnica ¿ propia de la DG Tesoro- al SJ, que únicamente informa por razones de legalidad».

Por último, Rodríguez quiere dejar patente que «el Servicio Jurídico cumplió con su deber de defensa procesal de los intereses de la comunidad. Se recurrieron todos las resoluciones que se estimaron lesivas para aquellos intereses; teniendo en cuenta, es verdad, que esa operación de defensa prácticamente quedó reservada en exclusiva al SJ, que jamás recibió formalmente instrucciones al respecto».

El viceconsejero lamenta esta nueva huida hacia delante del Partido Popular echando mano, una vez más, de mentiras y falsedades fácilmente desmontables, en un asunto en que la única responsabilidad recae sobre la gestión de su presidente regional y el equipo que dirigía por aquel entonces en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias eleva a 4,5 millones de euros la dotación anual para el transporte marítimo de El Hierro

– El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, informó hoy al Consejo de Gobierno del pliego de condiciones que regirá el concurso público que eleva a 6 las frecuencias semanales entre la isla y Tenerife

El Gobierno de Canarias elevará a seis las frecuencias semanales mínimas que se exigirán en el concurso público para cubrir la línea marítima entre El Hierro y la isla de Tenerife. Asimismo, el Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial a realizar las modificaciones de crédito necesarias para elevar de los tres millones de euros previstos a 4,5 millones de euros anuales la dotación de la Obligación de Servicio Público que permitirá a la compañía adjudicataria operar en exclusiva el servicio.

El consejero del área, Domingo Berriel, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con esta decisión el Ejecutivo autonómico realiza un nuevo esfuerzo de gestión y presupuestario, con el propósito de que el concurso no vuelva a quedarse desierto, como ocurrió a principios de este año.

Berriel apuntó además que la Obligación de Servicio Público saldrá a concurso «por un mínimo de tres años» prorrogables. En este sentido, la Consejería de Obras Públicas siempre ha señalado la importancia de dar fiabilidad y continuidad a las conexiones marítimas de la isla, con horarios estables y días fijos a la semana.

Por último, el consejero señaló que el concurso, que se licitará a la mayor brevedad posible, contempla un ajuste de los barcos empleados en la ruta, que reducirán su tamaño y su capacidad en transporte de carga y pasajeros, que habitualmente no se cubrían en su totalidad, para poder ofrecer un servicio mejor adaptado a las necesidades reales de la isla y reducir al mismo tiempo el consumo de combustible, de modo que el concurso sea de interés para las empresas navieras.

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende resolver de forma definitiva las dificultades en la conectividad marítima que han venido padeciendo los ciudadanos herreños, con el fin de dar un servicio de calidad y en cantidad suficiente como para que se pueda desarrollar de forma eficiente y sostenible la economía de la Isla del Meridiano.

El Gobierno autoriza el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda

– La aprobación del Decreto tiene como única finalidad el poner al día y actualizar la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, tal como ya venía funcionando desde julio de 2011

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

La aprobación del Decreto tiene como única finalidad el poner al día y actualizar la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, tal como ya venía funcionando desde julio de 2011.

A través de este decreto se introducen nuevas modificaciones, entre ellas la actualización de órganos superiores, ya que la antes denominada Dirección General de Protección al Menor y la Familia integra ahora el área de Dependencia, pasando a llamarse Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.

Por otro lado, la Dirección General de Políticas Sociales varía también sus competencias, incluyendo el área de inmigración.

Asimismo, se crea el Consejo Canario de las Artes y la Cultura, órgano de debate en el que además de la Administración regional estarán representados cabildos y ayuntamientos y los agentes culturales, por el que se aplica un cambio del modelo de gestión cultural, tal y como establece la Estrategia Canaria de la Cultura.

Con esta nueva estructura se reorientarán las políticas de acción social, de cultura y deportes para que sean más ágiles, más eficaces y sobre todo para que se adapten a la actual coyuntura económica.

El Gobierno de Canarias aprueba el Decreto por el que se fijan las zonas de protección de la autopista TF-1 en la zona de Huertas de Don Pablo, en Candelaria

– Existen, además, circunstancias socio-económicas -espacios libres y construcción de viviendas de carácter social- que llevan a la necesidad de volver a fijar las limitaciones a la propiedad en la relación de la autopista TF-1 con el Sector Huertas de Don Pablo

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en su reunión de hoy el proyecto de decreto por el que se fijan las dimensiones de las zonas de protección de la Autopista TF-1, en la zona conocida como Huertas de Don Pablo, en el término municipal de Candelaria.

Este proyecto responde a la solicitud del Ayuntamiento de Candelaria al Gobierno para que modifique las dimensiones de las zonas de protección de esta zona, ya que dicha corporación detectó en su día, con motivo de la recepción de la urbanización del antiguo ámbito de la Actuación de Suelo Urbano (ASU)-28 Huertas Don Pablo, que la zona ejecutada lindante con la autopista y vía de servicio no coincide con la propuesta por el Plan General de Ordenación de Candelaria.

Se aprueba así, a los efectos de la vigente normativa de carreteras, una zona de servidumbre de dos metros, una zona de afectación de cero metros y una línea límite de edificación de 20 metros, que evitan cualquier posible discrepancia entre planeamientos y establecen todas las afecciones del paso de la vía por la zona.

Existen, además, circunstancias socio-económicas -espacios libres y construcción de viviendas de carácter social- que llevan a la necesidad de volver a fijar las limitaciones a la propiedad en la relación de la autopista TF-1 con el Sector Huertas de Don Pablo. La defensa de la carretera está garantizada y las características viarias con esa nueva línea de edificación han sido promovidas desde esta Administración, como promotor del proyecto de ampliación de la autopista Tenerife-1 y son, por ello, adecuadas para la circulación.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha expuesto la necesidad de los ajustes y alineación del sector Huertas de Don Pablo y ha manifestado expresamente su conformidad con la propuesta técnica de la Dirección General de Infraestructura Viaria de fijación de las dimensiones de las zonas de protección de la autopista TF-1 en la mencionada zona.

El Gobierno autoriza varias transferencias de crédito para afrontar obras de ampliación en centros educativos

Se asignarán a proyectos que se desarrollan en distintas islas

El Consejo de Gobierno autorizó hoy tres transferencias de crédito destinadas a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad para acometer proyectos de ampliación de centros educativos en las distintas islas.

La primera de estas transferencias, por importe de 542.858,70 euros, permitirá la ejecución de los proyectos de construcción de tres aulas de Primaria en el CEIP Lajares (La Oliva); dos aulas de Primaria en el CEIP Tigaday (Frontera); dos aulas de Infantil y una de Primaria en el CEIP Camino Viejo-La Rosa (El Paso), y tres aulas de Primaria en el CEIP Costa Teguise (Lanzarote).

La segunda transferencia, por una cuantía de 107.141,30 euros, servirá para finalizar los proyectos de ampliación de tres aulas de Primaria, aseos y equipamiento complementario en el CEIP Padre Collado y tres aulas de Primaria en el CEIP Caserones, ambos en Gran Canaria.

La tercera y última transferencia de crédito, por importe de 33.540,36 euros, corresponde a la última certificación de la obra de reforma acometida en el CEIP Piedra del Molino, en Santa María de Guía (Gran Canaria), que ya esta finalizada y en funcionamiento