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El Gobierno de Canarias concede a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer una ayuda de 191.000 euros para su centro de día

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno conceder a la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles de Tenerife, una subvención dirigida a sufragar parte de los gastos derivados del programa denominado ‘Prestación de Servicios a Personas en situación de Dependencia, Centro de Día Alzheimer’, cuya cuantía asciende a un total de 191.204,35 euros.

Existen razones de interés público y social para la concesión de la subvención ya que supone la prestación de un servicio especializado, de ámbito insular, dirigido a personas dependientes, encuadrado en el Catálogo de servicios previsto en el artículo 15 de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, promocionando la autonomía personal y de atención a la dependencia.

El Centro de Día Terapéutico para personas con Alzheimer «Josefa Molina» se conforma como un recurso sociosanitario innovador y de referencia en la isla de Tenerife cuya metodología ayuda a evitar, en lo posible, el progresivo desarrollo de la enfermedad y alivia la sobrecarga del familiar. Su funcionamiento es diurno, ocupándose tanto de aspectos preventivos, de promoción y mantenimiento del estado del paciente en el largo proceso de la enfermedad, así como de la rehabilitación física, psíquica y funcional que precisen según el grado de incapacidad o deterioro que presenten.

Prioritariamente, se atienden los problemas de adaptación contando con una serie de protocolos, a través de actividades de índole personal, grupal, familiar, social, que procuran el cuidado del paciente para el mantenimiento y mejora de su calidad de vida.

El Gobierno destinará parte del FCFM al pago a proveedores y emergencia social

Este régimen excepcional, que ha sido consensuado con la Fecam, pretende apoyar el esfuerzo de saneamiento de los ayuntamientos, estimular la inversión pública y beneficiar a la población más desfavorecida

El Gobierno de Canarias ha tomado hoy en consideración el Anteproyecto de Ley de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante 2013 que tiene por objeto proporcionar que los ayuntamientos puedan destinar parte del fondo al pago a proveedores o en su defecto a inversión o a ayudas sociales. El Ejecutivo ha acordado solicitar, con carácter de urgencia, el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias.

El régimen excepcional previsto en este anteproyecto de ley ha sido consensuado con la Federación Canaria de Municipios en el seno de la Comisión de Seguimiento del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El texto legislativo consta de un artículo único en el que se contempla una medida coyuntural, aplicable exclusivamente al ejercicio 2013, para propiciar que los ayuntamientos menos endeudados y con mayores índices de saneamiento económico- financiero puedan destinar la parte del dinero correspondiente a saneamiento ¿el 50 por ciento del FCFM-, por este orden, a la cancelación de la deuda comercial a 31 de diciembre de 2012, a inversión o a ayudas de emergencia social. El fondo en 2013 asciende a 204.467.570,52 euros. Por tanto, el 50% de saneamiento o inversión equivale a 102.233.785,26 euros.

El objetivo de este anteproyecto de ley es apoyar el esfuerzo de saneamiento realizado por determinadas corporaciones municipales canarias. También se persigue lograr efectos directos en el ámbito socioeconómico de las islas, ya que propicia que las empresas proveedoras, contratistas o prestadoras de servicios ganen en liquidez y competitividad. Esta medida pretende asimismo estimular la inversión pública y que se pueda beneficiar de ella la población más desfavorecida, a través de la aplicación del fondo a ayudas de emergencia social.

El FCFM distribuye cada año unos 205 millones de euros entre los 88 ayuntamientos. El acceso y posible destino del dinero para la mitad de estos fondos están ligados al cumplimiento de tres parámetros que sirven para medir la salud de las cuentas públicas: ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo. La otra mitad está ligada al cumplimiento de indicadores que miden el grado de corresponsabilidad fiscal: gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal.

Para poder acogerse a esta nueva opción, los ayuntamientos deberán haber cumplido con el requisito legal establecido para remanente de tesorería y el endeudamiento a largo plazo y, también, deberán carecer de deuda viva o tener una cuantía inferior a la que les corresponde por el reparto del fondo destinado a saneamiento para este año.

En el caso de la mitad ligada a los parámetros de saneamiento, hasta ahora, los ayuntamientos debían cumplir los mínimos exigidos por la ley en los tres indicadores para poder destinar ese dinero a inversión pública. Con el cambio que se pretende aplicar ahora, se rebaja este requisito en caso de incumplir con el indicador de ahorro neto (el más complejo en tiempos de crisis) siempre y cuando, sí se haya respetado lo requerido para remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.

El Gobierno de Canarias ha solicitado el informe urgente del Consejo Consultivo ya que se trata de una iniciativa cuya eficacia queda condicionada al momento de su aprobación y resulta crucial que la misma entre en vigor lo antes posible.

Fortalecer los servicios esenciales y la generación de empleo, prioridades del presupuesto para 2014

El Gobierno aprueba las directrices y criterios del documento presupuestario

El fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y la promoción de la actividad económica para mejorar la competitividad del tejido empresarial y favorecer la generación de empleo serán las prioridades que el Gobierno de Canarias reflejará en los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2014, cuyas directrices y criterios de elaboración se aprobaron hoy en Consejo de Gobierno.

Junto a estas premisas, el Ejecutivo ha fijado además como objetivos centrales la protección de los colectivos en riesgo de exclusión social y de los sectores más desfavorecidos por la crisis económica así como el aumento del grado de eficacia y eficiencia de la administración pública.

Se añade también el cumplimiento de los límites de déficit y de deuda pública establecidos para 2014, la concentración de esfuerzos en las competencias exclusivas de la comunidad autónoma, y se establece como criterio general para todos los departamentos que sus propuestas de gasto se orienten a la consecución de todas estas prioridades.

En el actual contexto económico y tras varios ejercicios en los que ha descendido la capacidad financiera del Gobierno, sobre todo por el recorte de las cuantías que proceden del sistema de financiación y por el descenso de los ingresos estatales ligados a convenios y subvenciones, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad inicia con estas directrices el proceso de elaboración de las cuentas públicas canarias para el próximo ejercicio.

En cuanto al procedimiento para elaborar los presupuestos, se confeccionará una primera propuesta integrada por el gasto estructural, es decir, formada por aquellas partidas fijas como las relativas a personal y las ineludibles para prestar los servicios públicos esenciales. A éstas se añadirán aquellos gastos necesarios para desarrollar las actuaciones derivadas de normas estatales o territoriales de obligado cumplimiento.

Tras esta propuesta, que tendrá prioridad en la asignación de los recursos, le sucederá una segunda que incluirá los créditos destinados a políticas sectoriales para lo que se utilizará el resto de los fondos disponibles después de asegurar la financiación de los gastos estructurales.

El Consejo de Gobierno también ha establecido como criterio que las partidas con financiación estatal se ajusten en función de la aportación real de la Administración central con el fin de evitar desequilibrios presupuestarios provocados por desviaciones entre las previsiones y los ingresos que finalmente lleguen.

Gastos de personal y compras

En cuanto a los gastos de personal, las directrices establecen que las necesidades se atenderán preferentemente mediante la racionalización de los puestos de trabajo y la distribución de efectivos evitando su incremento con el fin de no ampliar el gasto estructural.

El acuerdo de hoy incluye, por otra parte, los criterios de gasto en el ámbito de las compras en los que se tendrá en cuenta el efecto positivo que supone la adquisición de bienes y servicios locales así como el empleo de mano de obra canaria.

El Gobierno solicita el dictamen del CES sobre la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias

La iniciativa legislativa propuesta tiene como objetivo principal posibilitar medidas tanto de policía como incentivadoras y velar por la puesta a disposición de la ciudadanía más necesitada de todas las viviendas deshabitadas

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy en Consejo de Gobierno solicitar con trámite de urgencia la emisión del Dictamen del Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en un plazo de diez días.

La iniciativa legislativa propuesta tiene como objetivo principal posibilitar la intervención de la Administración en el ámbito de la vivienda libre, con medidas tanto de policía como incentivadoras y velar por la puesta a disposición de la ciudadanía más necesitada de todas las viviendas deshabitadas, cumpliendo así con la función social de la propiedad, y en aplicación de los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad, y por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Española, el derecho a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas físicas empadronadas en alguno de los municipios de Canarias.

La tramitación de esta modificación, se inició con carácter de urgencia en el mes de mayo con el objeto de asegurar el uso residencial de la vivienda y ofrecer una respuesta a las personas necesitadas de una vivienda.

Esta nueva regulación hace especial hincapié en la urgencia de incluir en el mercado el amplio parque de vivienda desocupada y que está en manos de personas jurídicas, en especial, entidades financieras y filiales inmobiliarias para lo que, en primer lugar, contempla la creación de un Registro de Viviendas desocupadas; en segundo lugar, permite a las administraciones canarias implementar medidas de fomento como incentivos fiscales, subvenciones entre otras, dirigidas a favorecer el uso habitacional efectivo de la vivienda.

Y por último, establece medidas inspectoras y sancionadoras que hagan cumplir el deber de destinar de forma efectiva la vivienda al uso habitacional, en coherencia con la función social que debe cumplir.

La ley se estructura en dos capítulos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El capítulo primero de la Ley introduce cambios fundamentalmente relacionados con los objetivos.

En el capítulo segundo se aborda la regulación del depósito de los importes de las fianzas derivados de los contratos de arrendamientos y prevé que los rendimientos financieros derivados de tales depósitos se destinen a financiar las actuaciones relacionadas con la expropiación temporal del uso de viviendas en los casos en los que proceda. De las disposiciones adicionales destaca la tercera, dedicada a la Declaración del interés social de la vivienda.

Rivero defiende en Bruselas el mantenimiento del empleo y la producción en la industria tabaquera

El jefe del Ejecutivo propugna una normativa equilibrada entre la protección de la salud y la pervivencia de esta actividad económica

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, defendió hoy en el pleno del Comité de las Regiones (CdR) un conjunto de enmiendas para que la nueva Directiva comunitaria sobre el tabaco alcance un equilibrio entre la necesaria protección a la salud de los consumidores y el mantenimiento de los empleos vinculados a la industria del tabaco, de manera que se tenga en cuenta la producción y el valor económico de este cultivo y de las actividades industriales asociadas. La industria tabaquera representa el 14 por ciento del PIB industrial de las Islas y una producción anual de 250 millones de euros, a los que habría que añadir los más de 160 millones que mueve el sector en adquisiciones a proveedores.

El presidente defendió siete enmiendas al dictamen que, con carácter previo, emite el CdR a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados.

El jefe del Ejecutivo explicó, a este respecto, que «si bien nadie discute las necesarias políticas de promoción de la salud y la protección de los consumidores, la Unión Europea ha de guardar el equilibrio preciso para garantizar también los empleos que genera esta actividad económica». «El sector tabaquero cuenta en nuestras Islas con una larga tradición y emplea a más de 4.000 personas de manera directa, familias a las que se debe tener en cuenta en la nueva Directiva, de forma que se mantengan los puestos de trabajo y la importante actividad económica asociado al mismo», recalcó el presidente.

En las enmiendas de adición presentadas al dictamen «se insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se planteen la necesidad de modificar las disposiciones propuestas a fin de asegurar la adopción de una Directiva equilibrada que, además de salvaguardar las necesarias advertencias sanitarias que protejan a los consumidores, tenga también en cuenta la producción y el valor económico de este cultivo y de la actividad industrial asociada a él».

En otra de las enmiendas apoyadas por el presidente Rivero se hace referencia a la necesidad de que la Directiva asuma que «en muchas regiones de la Unión el cultivo del tabaco posee una importancia considerable, tanto por el empleo que genera como por su dimensión socioeconómica». En esta dirección, en la exposición de motivos del citado documento se indica que «en algunas de las regiones ultraperiféricas, habida cuenta de las condiciones reconocidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE y de la dificultad de diversificar sectores productivos a consecuencia de las características de sus mercados y de su geografía, la aplicación de esta Directiva, tal como se propone, tendrá consecuencias negativas significativas para el sector agrícola pero también para la industria establecida en aquellas regiones con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo».

La nueva propuesta de Directiva europea ha provocado diversas reacciones en defensa de los puestos de trabajo, no solo entre empresarios del ramo y sindicatos, sino también de parlamentos y ejecutivos autónomos y gobiernos estatales.

En este sentido, el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Canarias -entre otras instituciones- han aprobado declaraciones y proposiciones en defensa del empleo en el sector del trabajo.

Además, hace unos meses, los presidentes autonómicos de Canarias, Extremadura, Cantabria y Andalucía aprobaron en Santander una Declaración Institucional de Apoyo al Sector del Tabaco, de la que participaron también representantes empresariales y sindicales.

Fernando Ríos: "La nueva sanción a Repsol en Tarragona evidencia su total desprecio por las cuestiones medioambientales"

– El Gobierno catalán ha impuesto una sanción de 500.000 euros a la petrolera por un vertido de 6.000 toneladas de hidrocarburos

– El comisionado denuncia la opaca política ambiental de la petrolera y reclama la paralización inmediata de las prospecciones frente a las aguas canarias

– Repsol ha provocado más de 7.000 vertidos en menos de cinco años en diferentes partes del mundo

La reciente sanción de 500.000 euros impuesta por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya a Repsol por un vertido de 6.000 toneladas de hidrocarburos en octubre de 2012 en Tarragona «pone de manifiesto el total desprecio de la compañía por las cuestiones medioambientales», según dijo hoy el comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo el Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, quien reiteró la exigencia del Ejecutivo autónomo de paralización inmediata de las prospecciones petrolíferas previstas frente a las aguas canarias.

«La multa impuesta a Repsol por este derrame ha generado honda preocupación en el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que analizaron de forma inmediata este nuevo episodio de la política ambiental de la petrolera», explicó el comisionado, quien añadió que «las tres instituciones coinciden en que las operaciones de una compañía de esta naturaleza no tienen cabida alguna en territorio canario por su elevado índice de riesgo y por su opaca política ambiental».

En ese sentido, Ríos denunció la «sistemática y engañosa publicidad que de forma intolerable expande la compañía en Canarias para defender su proyecto petrolífero frente a las islas asegurando, con la complicidad del ministro Soria y del Partido Popular en Canarias, que sus operaciones son seguras».

El comisionado recordó que «Repsol acomete en la actualidad operaciones en el fondo marino frente a las Islas sin haber informado en modo alguno de la naturaleza y riesgo que éstas entrañan, revelando, como en el caso de Tarragona, una falta absoluta de transparencia sobre actividades de alto riesgo que podrían estar afectado ya los ecosistemas y el medio natural oceánico».

El vertido en Tarragona, calificado por el Gobierno catalán de «infracción muy grave», se produjo en octubre de 2012 y provocó la contaminación de los acuíferos del entorno, vitales para la producción agrícola de la zona. El pasado mes de marzo de 2013, la Consellería de Interior acusó a la petrolera de no comunicar a tiempo la existencia de un derrame tóxico de una sustancia altamente contaminante, volátil e inflamable; este vertido motivó entonces las protestas de diversos grupos políticos de la Cámara catalana exigiendo las comparecencias de, entre otros, el propio presidente de Repsol, Antonio Brufau. Posteriormente, en mayo de 2013, el PSC e ICV formularon preguntas parlamentarias sobre este vertido y sobre las responsabilidades que pudieran derivarse por los daños causados, y, ayer, jueves, el máximo responsable del área de Sostenibilidad del gobierno catalán, Santi Vila, afirmó que «la determinación del Govern es imponer una sanción ejemplar a la petrolera».

El 11 de marzo de 2013, el Cabildo de Lanzarote difundió un comunicado sobre este derrame tras descubrir las autoridades catalanas la magnitud real de la contaminación, y recordaba, tres meses antes de conocer la sanción impuesta ayer, que esta multinacional petrolífera ha sido sancionada en dos ocasiones por el Gobierno de España, a través de dos Consejos de Ministros en 2009, por vertidos ocasionados precisamente en la provincia de Tarragona. Estas sanciones reiteradas a Repsol contrastan abiertamente con la propaganda que la petrolera realiza sobre sus «protocolos de responsabilidad medioambiental» ya que, de manera sorprendente, la compañía publicita la seguridad de sus operaciones en Canarias poniendo como ejemplo las «buenas prácticas ambientales» que implementa en Tarragona.

En este sentido, es preciso recordar que Repsol ha provocado más de 7.000 vertidos en un plazo inferior a cinco años, y sólo en el presente 2013 ha registrado un derrame de crudo en la costa de Perú y un escape de 25.000 litros de petróleo en el Delta del río Colville, en Alaska, en el mismo lugar en que en febrero de 2012 se vio obligada a abandonar dos pozos tras verter más de 15.000 toneladas por una explosión inducida a causa de una fuga de gas en la instalación.

El Gobierno de Canarias concede una subvención de 279.795,56 euros a la Federación Canaria de Lucha Canaria

– Estas subvenciones están destinadas a la única entidad deportiva de ámbito autonómico centrada en el desarrollo del deporte de la Lucha Canaria

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la concesión de una subvención directa a la Federación Canaria de Lucha Canaria por importe de 279.795,56 euros, para sufragar parte de los costes de funcionamiento y actividades deportivas de la entidad.

El Gobierno entiende que existen razones de interés público y social para la concesión de estas subvenciones, que están destinadas a la única entidad deportiva de ámbito autonómico centrada en el desarrollo del deporte de la Lucha Canaria.

La Federación Canaria de Lucha Canaria es una entidad asociativa privada, sin ánimo de lucro, y entre cuyos fines destacan el fomento y desarrollo del Deporte de la Lucha Canaria, el rescate de las tradiciones y la participación, en su caso, en el desarrollo de los aspectos culturales y educativos de la Lucha Canaria.

Así mismo, corresponde a la Federación de Lucha Canaria, la organización, con carácter exclusivo, de las competiciones y actividades oficiales de ámbito interinsular, establecer las normas para la participación de equipos e inscripción y calificación de luchadores para las competiciones y actividades oficiales de ámbito interinsular y dirigir técnica y administrativamente la Federación de Lucha Canaria.

Asimismo, persigue garantizar uno de los legados más importantes de las islas, convirtiendo a esta modalidad deportiva en una de las señas de identidad más características del pueblo canario, estando presente en innumerables manifestaciones tanto deportivas, como artísticas y/o culturales.

El Gobierno aprueba un plan integral de lucha contra la economía sumergida

– Este nuevo programa pretende aflorar el fraude fiscal y el empleo no declarado

– Los comportamientos irregulares dañan los servicios públicos, perjudican a las empresas transparentes y lesionan los derechos de los trabajadores

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra la economía sumergida con el fin de aflorar el empleo no declarado y los comportamientos irregulares en el ámbito fiscal.

Este programa, que contiene varias líneas de actuación y medidas que serán aplicadas de forma coordinada por varias consejerías, pretende evitar los efectos negativos que produce el fraude en los trabajadores, en las empresas y en la recaudación de impuestos.

La lucha contra la economía no declarada es un eje central del Gobierno de Canarias que avanza con la aprobación de este plan al considerar que estas acciones dañan la prestación de los servicios públicos esenciales debido a la erosión de los ingresos fiscales, perjudican a las empresas que ejercen su actividad de forma transparente y lesionan los derechos de los trabajadores.

Este plan integral, que se aplicará no solo desde el punto de vista de la represión sino de la prevención, incluye cuatro líneas de actuación: potenciar la conciencia social sobre estas conductas; estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones; prevenir las situaciones irregulares; y perseguir el fraude tanto laboral como fiscal.

Entre las medidas incluidas en la primera de estas líneas destaca el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización con el objeto de reforzar la conciencia colectiva de rechazo a estos comportamientos. También en este eje se iniciarán programas en los colegios, centros de formación profesional y universidades para mostrar los beneficios de la responsabilidad fiscal.

Las acciones previstas en la segunda línea de actuación pretenden impulsar el cumplimiento voluntario. Entre éstas destaca la posibilidad del pago de tributos y sanciones a través de tarjetas de crédito, domiciliación bancaria y medios telemáticos además del desarrollo de un canal en Internet para la realización de todos los trámites de forma sencilla y ágil.

También prevé potenciar la atención y asistencia a las empresas, aumentar la colaboración con los colegios profesionales y otras entidades para facilitar las obligaciones, así como incrementar el importe de las sanciones que recaen actualmente sobre la economía sumergida.

En cuanto a la prevención, el Gobierno establecerá un protocolo para que los distintos servicios de inspección requieran datos específicos en sus visitas con el fin de que esta información sea trasladada a los órganos competentes.

En materia de control y persecución del fraude laboral y fiscal se pondrá en marcha un canal confidencial para que los ciudadanos puedan trasladar sus denuncias; se intensificará la colaboración con la Agencia Tributaria Estatal, Seguridad Social, los cabildos y ayuntamientos; se suscribirán acuerdos de colaboración con organizaciones empresariales y sindicales; y se impulsará la cooperación con los cuerpos de seguridad para el control de los tributos vinculados a la importación y a las actividades turísticas.

El Gobierno autoriza la contratación temporal de un nuevo investigador adscrito al Hospital Universitario de Canarias

– Tendrá como finalidad apoyar el proyecto Red de Investigación en Enfermedades Renales (RedInRen), en el que participa la Unidad de Investigación del hospital.

El Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de hoy la contratación temporal de un investigador titulado superior de apoyo al proyecto Red de Investigación en Enfermedades Renales (RedInRen), en el que participa el Grupo de Investigación en Enfermedad Renal y Crónica de la Unidad del Hospital Universitario de Canarias.

Esta nueva contratación temporal, que se suma a las siete autorizadas en abril en Consejo de Gobierno, se realiza tras recibir el mencionado grupo una subvención de 33.925 euros para 2013 del Instituto de Salud Carlos III, dentro de la Acción Estratégica en Salud y en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.

La contratación será a tiempo completo y se realizará a través de la Fundación Canaria Rafael Clavijo, con lo que suman cinco los contratos temporales de nuevos investigadores que le han sido autorizados en los últimos meses a esta fundación.

Los cuatro primeros contratos, que también tuvieron como destinataria la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Canarias, reforzaron los grupos y proyectos «Enfermedad crónica y trasplante», «Cribado que compara la colonoscopia con videocápsula y la colonoscopia óptica para el cribado del cáncer colorrectal en población de riesgo familiar», «Estudio multicéntrico randomizado doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de la administración intermitente y a largo plazo de levosimendan en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada (Estudio LAICA)», así como la coordinación de estudios de la línea de investigación en Oncohematología.

Todas las contrataciones indicadas se han realizado a investigadores que han superado los niveles de acreditación necesarios.

El Gobierno financia con tres millones los servicios de empleo que prestan empresarios y sindicatos

– Las subvenciones aprobadas ascienden a 2.794.655 euros y serán concedidas por el SCE

El Consejo de Gobierno ha acordado la aprobación de ocho subvenciones directas por valor de 2.794.655 euros que concederá el Servicio Canario de Empleo (SCE) a las Cámaras Oficiales de Comercio de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, la Confederación Canaria de Empresarios, la CEOE-Tenerife, las Fundaciones Universitarias Canarias, y los sindicatos UGT y CCOO.

Por desglose, la Cámara de Gran Canaria recibirá una subvención por valor de 163.124, a la que se añade las que tendrán la Cámara de Lanzarote con 70.517 euros y la de Fuerteventura con 69.028 euros. Por su parte la de Santa Cruz de Tenerife recibirá 233.33 euros. Las cámaras de comercio están encargadas de ofrecer actuacioes de emprendimiento.

La Confederación Canaria de Empresarios, la CEOE-Tenerife, las dos fundaciones universitarias y los sindicatos UGT y CCOO, percibirán 399.700 euros cada una.

Las fundaciones universitarias realizan actuaciones en las áreas de orientación y emprendimiento con formación para la mejora de las competencias relacionadas con el fomento de la empleabilidad; los sindicatos se centran en las áreas de orientación laboral y de formación para la mejora de las competencias relacionadas con el fomento de la empleabilidad y actuaciones en dos grandes áreas de intervención y las confederaciones de empresarios se centran en orientación e intermediación laboral y emprendimiento, con formación para la mejora de las competencias relacionadas con el fomento de la empleabilidad.

Dichas subvenciones son fruto de los convenios de colaboración suscritos entre el SCE y los agentes empresariales, sindicales y fundaciones universitarias, con el fin de ofrecer a los ciudadanos unos servicios integrales de empleo y que se concretan en el servicio de orientación para el empleo, la intermediación laboral, el emprendimiento y formación.

Estos convenios vienen a complementar los servicios ofrecidos por el propio SCE, con lo que se consigue aumentar el número de usuarios atendidos así como la cobertura territorial.

Los destinatarios de los servicios son los desempleados inscritos en el SCE, y en el caso de las Fundaciones Universitarias, los jóvenes estudiantes de último curso y los recién titulados. Respecto al servicio de emprendimiento también podrán acogerse a él los ocupados que deseen crear su propio proyecto empresarial.