El contrato incluye ordenadores portátiles y tabletas para centros de la Consejería de Bienestar Social, mejorando la eficiencia de los servicios y el acceso a la información digital

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, fortalece la transformación digital de los servicios de atención a personas mayores y con discapacidad mediante la entrega de 1.171 ordenadores portátiles y tabletas a los centros públicos. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de los servicios, fomentar la autonomía personal y facilitar el acceso a recursos digitales.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que “la digitalización de los centros de mayores y de discapacidad es un paso esencial para garantizar la autonomía de sus usuarios y mejorar la atención que reciben”. Además, Delgado asegura que esta actuación contribuye a reducir la brecha digital que afecta a estos colectivos, dotándolos de herramientas que facilitan su integración en un entorno cada vez más tecnológico.

Este contrato se enmarca dentro del Proyecto 08 Programa red canaria de digitalización de centros de mayores y centros de discapacidad al servicio de los cuidados inclusivos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y está financiado con fondos europeos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El contrato, adjudicado a la empresa Solutia Innovaworld Technologies S.L., se encuentra actualmente en ejecución y cuenta con un importe total de 1.630.465,27 euros. La actuación contempla el suministro, instalación y configuración de un total de 1.171 dispositivos tecnológicos, entre ordenadores portátiles y tabletas, destinados a reforzar la digitalización de los centros públicos dependientes de la Consejería.

Del total de dispositivos, 784 unidades se distribuirán entre los 28 centros públicos de la Consejería de Bienestar Social, mientras que los 387 restantes se destinarán a la Dirección General de Mayores y a la Dirección General de Discapacidad, con el objetivo de reforzar los recursos tecnológicos de ambas áreas.

El objeto del contrato es el suministro, instalación y configuración de dispositivos digitales específicos para los centros de mayores y de discapacidad que forman parte de la red pública, con el fin de mejorar los servicios que se prestan a las personas residentes y usuarias de centros de día, así como su autonomía personal, facilitar el acceso a servicios digitales y mejorar la comunicación con familiares y entorno cercano.

En concreto, el proyecto contempla la compra y configuración de ordenadores portátiles de 17 pulgadas y tabletas digitales diseñadas para su uso en entornos asistenciales, contribuyendo a la implantación de nuevas herramientas tecnológicas para actividades formativas, de ocio, comunicación y gestión interna.

Distribución en centros de todas las islas

La red de centros públicos beneficiados por este proyecto se extiende a todas las islas. En Tenerife, los dispositivos se distribuirán en centros ubicados en Los Realejos, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, San Miguel de Abona, Güímar, Guía de Isora e Icod de los Vinos. En Gran Canaria, los centros se localizan en Vecindario, Ingenio, Ciudad Alta, Marzagán, Santa María de Guía, Agaete, La Isleta, Arucas, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás y Telde. Asimismo, el proyecto beneficia a los centros Puerto del Rosario y Gran Tarajal (Fuerteventura), Valverde (El Hierro), Santa Cruz de La Palma (La Palma) y Arrecife (Lanzarote)

En el ámbito específico de la discapacidad, la actuación incluye a cuatro centros públicos integrados en la red: el CADF Arucas y el Centro de Día de La Isleta (Gran Canaria) y el CADF El Sauzal y el Centro de Día Terapéutico Isidro Rodríguez Castro (Tenerife).

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La Consejería de Bienestar Social invierte más de 333.000 euros, a través de los fondos Next Generation EU, en un sistema de automatización y analítica avanzada para eliminar las listas de espera

El proyecto incluye el uso de robots (RPA) y módulos de IA para simplificar los trámites administrativos y ofrecer información automatizada a la ciudadanía

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, avanza en la modernización del sistema de valoración del grado de discapacidad mediante la implantación de tecnologías productivas que permitirán agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la eficiencia del Área de Discapacidad.

La iniciativa, que se encuentra actualmente en ejecución, forma parte del Proyecto 09 Programa de Transformación Tecnológica de los Servicios Sociales, incluido en el Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El contrato, adjudicado a la empresa Accenture S.L. Sociedad Unipersonal, cuenta con un importe total de 333.995,46 euros y tiene como objetivo reforzar la infraestructura tecnológica para garantizar la correcta prestación del servicio.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señala que esta actuación “responde al compromiso del Gobierno de Canarias con la eliminación de las listas de espera y la mejora de la atención a las personas con discapacidad, mediante la incorporación de soluciones tecnológicas que permitan una gestión más ágil, eficiente y transparente”.

Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, explica que “se trata de poner la tecnología al servicio de las personas. Con este proyecto damos una solución tecnológica modular que abarca todas las fases de tramitación de los expedientes de solicitud de valoración del grado de discapacidad, desde el registro de la documentación hasta la citación y valoración”.

Gutiérrez también destaca la colaboración con el Servicio Canario de la Salud, incorporando a la tramitación y valoración de la discapacidad unos equipos de profesionales que complementarán al resto de equipos multiprofesionales de la Dirección General de Discapacidad: “Para ello se ha desarrollado un sistema de información que apoyará la actividad de estos profesionales y permitirá la coordinación con nuestros sistemas y personal”.

Entre las principales actuaciones se incluye la implantación de diferentes módulos de inteligencia artificial, que aportarán apoyo a los equipos administrativos en cada fase del procedimiento, facilitando la clasificación de expedientes, la detección de patrones y la toma de decisiones, así como la mejora de los servicios de información automatizados dirigidos a la ciudadanía.

Asimismo, se desarrollarán procesos de robotización (RPA) destinados a automatizar los puntos críticos del procedimiento administrativo, eliminando tareas manuales repetitivas y simplificando la gestión diaria de los expedientes, lo que permitirá reducir tiempos y optimizar los recursos disponibles.

El contrato incluye también el desarrollo de un sistema de analítica avanzada y cuadros de mando, que facilitará a la Dirección General de Discapacidad disponer de indicadores clave para el seguimiento global de la actividad del área. Esta herramienta facilitará el acceso a la información en función de perfiles y roles, mejorando la capacidad de análisis y planificación de los servicios.

Además, se contempla la explotación y mantenimiento de los servicios tecnológicos implantados, la depuración periódica de datos para garantizar su calidad y consistencia, así como servicios de formación, asistencia técnica, garantía extendida y actualización continua del software.

Con esta iniciativa, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias refuerza su apuesta por la transformación digital de los servicios sociales, con el objetivo de ofrecer una atención más ágil y eficaz a las personas con discapacidad y avanzar hacia un modelo de gestión más moderno, centrado en las necesidades reales de la ciudadanía.

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La consejera de Bienestar Social participó hoy en un Foro de debate y análisis en el que se abordó, entre otros asuntos, la importancia de los fondos europeos en la transformación del sistema de cuidados en materia de dependencia

“En esta legislatura, hemos apostado por desarrollar un modelo de cuidados centrado en las personas, con la generación de centros y residencias más pequeñas que permitan a las personas estar cerca de su entorno familiar y social, ofreciendo un modelo de cuidados especializado y más centrado en las personas”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en el acto de inauguración del Foro de Cuidados 2025: Nuevos modelos de atención centrados en la persona, celebrado hoy (lunes 15 de diciembre) en Las Palmas de Gran Canaria.

En su intervención, Delgado afirmó que Canarias ha dado ya pasos muy importantes en el modelo de desinstitucionalización de los cuidados, de acuerdo a la estrategia europea y española en esta materia, “pero además hemos ido más allá buscando fórmulas de atención especializada en el hogar, para ello, hemos licitado el servicio de ayuda a domicilio para toda Canarias, hemos desarrollado la teleasistencia avanzada y hemos puesto en marcha una app específica para cuidar al cuidador, todas estas medidas son iniciativas de avance en materia de atención a las personas en situación de dependencia y discapacidad, a lo que hay que sumar la inversión de más de 1.100 millones de euros hasta el año 2028 en los convenios que se establecen con los Cabildos insulares, lo que supone el mayor presupuesto de la historia de esta Comunidad autónoma en materia de dependencia”.

“Todas estas medidas pondrán al Tercer Sector donde se merece y donde las entidades sociales han solicitado con medidas reivindicadas desde hace años como la actualización de los precios/plaza”, aclaró la consejera.

“Los cuidados han dejado de ser una cuestión del núcleo familiar de las personas dependientes y ha pasado a ser un derecho regulado y perfectamente trazado en la normativa y por ello, el Gobierno canario se encuentra trabajando en un cambio de modelo desarrollando acciones con el fin de agilizar la gestión y reducir la burocracia que han supuesto importantes hitos en materia de atención a la dependencia, como ha sido el cambio del decreto de dependencia que pasó de ser bifásico a monofásico, del que ya vemos sus resultados con subrayables recortes en los tiempos de espera para acceder a los distintos recursos del sistema”, enfatizó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, quien explicó que el Foro de Cuidados celebrado hoy ha servido para presentar un diagnóstico del modelo actual de atención a la dependencia en Canarias de forma participada con entidades y empresas del sector.

En el Foro, que se celebró en el Salón de Actos de Canarias 7, se abordaron, entre otros asuntos, las acciones desarrolladas con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se enmarcan en el Componente 22 del Plan, incidiendo en los avances logrados para promover un modelo de atención más humano, personalizado y conectado con la comunidad.

El Foro de Cuidados 2025, que reunió a profesionales, administraciones públicas y entidades del ámbito social, tiene como objetivo auspiciar una espacio de encuentro y análisis sobre cómo los fondos europeos están impulsando una transformación profunda en el sistema de cuidados, además de servir como espacio para compartir buenas prácticas en pos de impulsar un sistema de cuidados más moderno, sostenible y centrado en la dignidad individual, en plena alineación con las directrices europeas y con el compromiso de fortalecer el bienestar social.

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De cada euro público invertido en 2024 en Aprosu, la sociedad recibió 5,69 euros, según datos de un estudio que fue dado a conocer en una jornada auspiciada por la Consejería de Bienestar Social en la que se presentó el estudio de Valor Social de la entidad

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, señaló que este tipo de estudios permite conocer «el impacto real de las ayudas que se destinan a las entidades sociales más allá del dato meramente económico»

«A través de estudios sobre el Valor Social se mide y traslada al lenguaje económico el impacto real social que genera el trabajo que llevan a cabo las entidades del Tercer Sector, es decir, conocemos su capital social más allá de lo que supone únicamente la inversión y el gasto económico», afirmó el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, en el transcurso de la presentación del estudio de Valor Social realizado por la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (Aprosu), cuyos datos fueron dados a conocer hoy (martes, 2 de diciembre) en el marco de una jornada celebrada en Las Palmas de Gran Canaria.

«Desde las horas que se liberan a las familias por atención a sus seres queridos hasta el impacto en su entorno más cercano, desde la creación de empleo a la generación de economía a terceros, son algunos de los elementos que se miden en este estudio, a través del cual se muestran los valores positivos que se producen al invertir en las entidades sociales que trabajan en diferentes áreas de acción social desde la atención a personas con discapacidad a las que desarrollan una labor de inclusión social, atención a personas mayores, migrantes o personas en situación de exclusión social», enfatizó Candil quien subrayó que la realización de este tipo de estudios «permite a la Administración pública conocer el impacto real de las ayudas que se destinan a las entidades sociales más allá del dato meramente económico».

Entre los datos del estudio realizado por Aprosu, relativos al año 2024 y realizado en colaboración con la consejería de Bienestar Social y Plena Inclusión Canarias, se destaca que el valor social integrado supera los 20,1 millones de euros, lo que se traduce, según explicó Cathasay Sosa Morales, directora de Gestión y Finanzas de la entidad social, «en que por cada euro público invertido en la entidad, la sociedad recibe un total de 5,69 euros y la administración pública, 1,22 euros». «Lo que buscamos con este estudio es visibilizar el impacto que la asociación genera en la sociedad, es decir, ir más allá de la contabilidad tradicional y exponer el impacto social que genera la entidad, para que se perciba que las ayudas que se dan a las entidades sociales no constituyen un gasto sino una inversión social», indicó la representante de Aprosu.

Con este estudio, el segundo realizado por Aprosu, la asociación se sitúa como la primera entidad del sector en Canarias que aplica de forma sistemática de Contabilidad Social GEAccounting, que permite medir el impacto real del trabajo de la entidad.

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La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó la reducción de más de 6.500 expedientes este año y los avances logrados gracias al nuevo Decreto-Ley

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido hoy (viernes 28) en la comisión de Discapacidad los cambios emprendidos para transformar el sistema de reconocimiento de la discapacidad, un proceso que está permitiendo reducir por primera vez la bolsa histórica de expedientes acumulados y agilizar el acceso a derechos y prestaciones.

Delgado recordó que entre 2020 y 2025 se recibieron cerca de 90.000 solicitudes, pero hasta 2024 nunca se alcanzó el nivel de resoluciones necesario para frenar la acumulación. El año 2023, marcado por cambios de legislatura y la paralización de valoraciones, fue el más crítico, con un incremento de más de 13.000 expedientes pendientes. “Para corregir esta situación, pusimos en marcha en marcha una reforma normativa, tecnológica y organizativa a través del nuevo Decreto-Ley de Discapacidad que ya está dando resultados”, aseguró.

El Decreto-Ley de Discapacidad, que simplifica el procedimiento, permite reconocimientos directos de grados del 33%, 65% o 75% cuando la situación médica está clara y establece una priorización más justa: atención preferente de 0 a 18 años y en situaciones de vulnerabilidad social. También incorpora trámites automáticos, como la concesión directa de la tarjeta de estacionamiento en casos de movilidad reducida, y garantiza criterios homogéneos en todas las islas.

Candelaria Delgado fue contundente a la hora de señalar que “los datos son objetivos y los resultados son visibles: entre enero y octubre de 2025 se resolvieron 14.395 expedientes, casi el doble de las entradas (7.818), lo que supone un nivel de resolución del 185% y una reducción neta de 6.577 expedientes de la lista de espera. Todas las islas registran avances, especialmente las de Gran Canaria y Tenerife.

Además, explicó que esta reforma es fruto de la colaboración con entidades, cabildos y ayuntamientos, y reafirmó su compromiso con la transparencia y la publicación periódica de los indicadores. “La discapacidad no puede esperar y cada expediente representa una historia concreta y un derecho que debe garantizarse en tiempo y forma”.

Tarjeta Digital de Discapacidad

La consejera de Bienestar Social indicó en su intervención que el proceso de modernización implementado por la consejería “se refuerza con la Tarjeta Digital de Discapacidad, que ya está siendo utilizada por más de 137.000 personas, y con la digitalización completa del proceso de valoración. Además, hemos puesto en marcha equipos itinerantes de valoración, como el programa ITINERA, y hemos consolidado equipos estables en islas como Fuerteventura y Lanzarote, en coordinación con los cabildos y los ayuntamientos. De esa forma acercamos el servicio a la ciudadanía, reducimos gastos adicionales y garantizamos que la Ley de Servicios Sociales se cumple en todas las islas”.

Candelaria Delgado señaló que la inversión en accesibilidad y apoyo al tercer sector también ha aumentado con la instalación de 252 bucles magnéticos, la adquisición de 76 sillas anfibias y la financiación de 50 proyectos sociales a través del IRPF. Además, las entidades sociales recibirán este año 4,8 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social aseguró que todavía quedan retos por alcanzar -cumplir el plazo de 180 días, reforzar equipos y mejorar la coordinación interadministrativa-, pero subrayó que “la tendencia ha cambiado: tras años de incremento, la lista de espera de discapacidad empieza por fin a descender. En ese camino estamos y vamos a seguir trabajando para lograr nuestros objetivos”.

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La consejera destaca que las corporaciones insulares serán “piezas clave” en la aplicación de la norma que permitirá reducir listas de espera históricas y acercar los derechos de las personas con discapacidad al territorio

Los representantes insulares que asistieron destacaron la importancia y la necesidad de esta normativa y felicitaron al Gobierno de Canarias por la iniciativa

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, compareció hoy ante la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias para explicar a las corporaciones insulares el contenido y alcance del nuevo Decreto Ley de Discapacidad, aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 29 de julio.

Delgado subrayó que el decreto supone “una reforma estructural largamente demandada, que simplifica procedimientos y garantiza que la atención llegue de manera más rápida y justa a quienes más lo necesitan”.

La consejera puso el acento en el papel que asumirán los cabildos insulares, que pasan a ser “aliados estratégicos de primer nivel” en la aplicación de la norma. A su juicio, “la cercanía a la ciudadanía y su experiencia en la gestión social serán fundamentales en la detección temprana de casos y derivación rápida hacia la valoración”

Destacó también la participación de las Corporaciones insulares en la verificación de documentación e informes médicos y sociales, “facilitando que los expedientes lleguen más completos y evitando retrasos” y expresó también la importancia de estas instituciones en el “acompañamiento a las familias, especialmente en islas no capitalinas, donde el cabildo actúa como primera referencia institucional”.

Candelaria delgado se refirió al papel que desempeñan en la coordinación con recursos propios insulares, como servicios sociales, transporte adaptado o programas de inclusión laboral, “que ahora podrán articularse de forma más integrada con el reconocimiento oficial de la discapacidad”, dijo.

Entre las principales novedades de la norma, Delgado explicó que:

Se incorpora un listado oficial de patologías que permitirá reconocer automáticamente grados de discapacidad (33 %, 65 % o 75 %), reduciendo esperas innecesarias.

Se amplía la prioridad de tramitación a todos los menores de hasta 18 años, antes limitada a 0–6, y a situaciones sociales graves.

Se establece la emisión automática de la tarjeta de estacionamiento con la resolución del grado de discapacidad.

Se mejora la coordinación con Sanidad, Educación y Servicios Sociales, facilitando informes y respuestas integrales.

“La reforma nos permitirá reducir las listas de espera, dar seguridad jurídica y garantizar la igualdad territorial.
Y todo esto será posible porque los cabildos se convierten en auténticos compañeros de viaje en este proceso”, afirmó la consejera.

Delgado insistió en que “el éxito del decreto dependerá en gran medida de esta colaboración interadministrativa, porque son los cabildos quienes tienen el pulso más cercano de las realidades insulares”. Por ello, el Gobierno acompañará la implantación de la norma con recursos técnicos, formación del personal y un sistema de evaluación compartido, que permitirá medir periódicamente el impacto en cada isla.

La consejera concluyó recordando que “cuando una persona solicita el reconocimiento de la discapacidad, no pide un papel, pide oportunidades y derechos. Con este decreto, y con el compromiso de los cabildos, Canarias responde de forma más ágil y más justa a esa demanda histórica”.

A continuación, intervinieron los representantes de los Cabildos insulares asistentes, los de Tenerife, La Palma, Lanzarote, La Gomera y Fuerteventura, quienes coincidieron a la hora de resaltar la importancia de esta nueva normativa y expresaron su interés por desempeñar las funciones que el nuevo decreto otorga a las corporaciones. En esta línea felicitaron a la consejera y a la directora general de discapacidad por esta iniciativa que, según aseguraron, es fundamental para acabar con las “históricas listas de espera que han sufrido las personas con discapacidad en los últimos años”.

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El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, conocieron los detalles del programa gestionado por Aprosu, en el que participan 35 personas con discapacidad intelectual

Promover las habilidades comunitarias y crear una red de apoyo en el entorno próximo de las personas con discapacidad intelectual, constituyen los principales objetivos del proyecto de inclusión dirigido a personas con discapacidad intelectual ‘Yo sumo comunidad’, cuyos detalles fueron dados a conocer por la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas APROSU durante la visita que efectuó hoy el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil.

“Apostar por la integración y la inclusión social de las personas con discapacidad es uno de los objetivos de nuestra Consejería, de ahí la importancia de este tipo de iniciativas que buscan no solo ofrecer una atención especializada a este colectivo, sino ir un paso más allá, dotándolo de las competencias y las habilidades necesarias de cara a potenciar su autonomía personal y su vínculo con su entorno social más próximo”, afirmó Francisco Candil, quien explicó que el proyecto, que se desarrolla de julio a diciembre de este año, cuenta con una ayuda de 40.000 euros concedida por la Consejería de Bienestar Social en el marco de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF correspondiente a la Comunidad Autónoma.

La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, recordó la apuesta que desde el Ejecutivo canario se lleva a cabo “en pos de apoyar y potenciar la integración social y laboral de las personas con discapacidad, pasa por la institucionalización de los recursos y acercamiento de las personas con discapacidad a su comunidad”. A este respecto, subrayó la importancia de financiación de distintos programas dirigidos a promover la autonomía de las personas con discapacidad en Canarias a los cuales su departamento ha destinado este año más de 10 millones de euros a través de la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva; convocatoria de subvenciones por el IRPF así como subvenciones directas y nominadas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que se dedican al apoyo familiar de las personas con discapacidad.

Por su parte, la directora gerente de Aprosu, Carmen Delia Arencibia, aclaró que el proyecto ‘Yo sumo en comunidad’ busca favorecer la comunicación y accesibilidad de las personas del colectivo en su entorno social más cercano, “facilitando el proceso de aprendizaje y potenciando la independencia de las personas con discapacidad intelectual como personas miembros de la sociedad que les rodea, apostando por su participación en diferentes actividades como en el cuidado del medioambiente del barrio o el voluntariado en albergues de animales. La idea es darles visibilidad en su ámbito comunitario y destacar su importancia como cualquier ciudadana o ciudadano más”. El proyecto cuenta con la participación de un total de 35 personas con discapacidad intelectual.

Tras la visita se celebró una reunión de trabajo con la presidenta de Aprosu, Juana Rosa Falcón; el vicepresidente de la entidad, José Domingo Morales, y miembros del equipo técnico de la entidad social. Aprosu atiende a un total de 160 personas con discapacidad intelectual en sus diferentes recursos (residencia, centro de día y diversos talleres formativos).

Este proyecto se suma a los impulsados por Aprosu, como la Fundación Tutelar Aprosu, a la que la Consejería de Bienestar Social concedió, a través del área de Discapacidad, una subvención nominada de más de 418.000 euros, a lo que hay que sumar las ayudas solicitadas por la entidad social en el marco de la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva del área de Discapacidad, para la realización de tres proyectos por un montante global que asciende a más de 200.000 euros.

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Delgado presenta el modelo en el marco de unas jornadas técnicas organizadas por Liber, asociación de apoyo a personas con discapacidad, que aúna a varias entidades de atención a la discapacidad

“El concierto social permitirá garantizar el apoyo financiero necesario a las entidades privadas que realizan un trabajo fundamental en el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas mayores y con discapacidad”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en el marco de una jornada técnica organizada por la asociación Liber. Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones, donde explicó el modelo impulsado por el Ejecutivo canario en esta materia.

“Desde Canarias apostamos por un sistema mixto público-privado que garantice la atención de las personas que necesiten de curatela, con garantías de financiación y de calidad” afirmó Delgado, quien intervino en esta jornada donde expuso el modelo establecido en el Archipiélago para asegurar el apoyo financiero a las entidades que llevan a cabo esta labor.

Las jornadas, celebradas en el Congreso de los Diputados en Madrid, contó con la participación de las entidades y diversos representantes de comunidades autónomas. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, estuvo acompañada por la directora general de Discapacidad y de Mayores, Dulce Gutiérrez y Verónica Meseguer, respectivamente.

Delgado recordó que el Ejecutivo canario ha venido financiando este tipo de apoyo a través de ayudas nominadas “pero desde que se modifique el decreto de concierto social, podremos establecer el concierto social con las fundaciones de curatela y garantizar de esta manera la estabilidad financiera necesaria para el desarrollo de este tipo de actuaciones de tutelaje en las islas”.

“El modelo de Canarias es un modelo mixto, con una fundación pública y fundaciones privadas, lo que convertido a este modelo en un ejemplo de éxito que garantiza a las personas con discapacidad un sistema de apoyo que mejore su calidad de vida”, aseguró la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez.

Por su parte, la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, destacó el esfuerzo que desde Canarias se está llevando a cabo para garantizar la capacidad jurídica de las personas mayores de las islas.

“Desde las fundaciones canarias de iniciativa privada, Funcaprosu, Fundación Sonsoles Soriano y Adepsi, queremos subrayar la apuesta que ha hecho el Gobierno de Canarias para financiar el servicio de apoyo del ejercicio de la capacidad jurídica por lo que creemos que es fundamental dar a conocer este modelo público-privado como ejemplo de buenas prácticas”, afirmó la directora de la Fundación Sonsoles Soriano, Tania Paredes.

La exposición del modelo canario se realizó en el marco de una jornada técnica organizada por la asociación Liber. Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones, en la que se presentó el «Estudio sobre la situación del apoyo a la toma de decisiones en España», en el que se abordan diversas cuestiones relativas a la financiación de las entidades prestadoras de este servicio. Liber cuenta en Canarias con tres asociaciones integradas: La Fundación Canaria de Apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica (Funcaprosu), la Fundación Canaria Sonsoles Soriano Bugnion y la Fundación Canaria de Apoyos Adepsi.

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La consejera ha informado de que Canarias será invitada a los grupos de trabajo para “aportar su valioso conocimiento y que sirvan como aporte a otras comunidades”

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, celebró una reunión de trabajo hoy viernes, 9 de mayo, con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez Rodríguez, para abordar, entre otros asuntos, las posibles propuestas y análisis en torno al Anteproyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

En la reunión de trabajo, en la que también estuvieron presentes la directora general del Mayor, Verónica Meseguer, y la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, y la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, por parte del Ejecutivo canario, así como la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, y el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Martín Blanco, por parte del Estado, Delgado expuso los numerosos avances que se han llevado a cabo en Canarias en diferentes materiales sociales como la interoperabilidad entre los sistemas de la Sanidad Pública y los servicios de valoración de la Discapacidad o la tarjeta de grado de discapacidad, recientemente presentada.

Delgado agradeció que “el nuevo marco normativo que surja de la refundición de la ley que regula los derechos de las personas con discapacidad y la atención a las personas con dependencia, permitirá una financiación estable en materia de dependencia, la creación de nuevas figuras profesionales y la desintitucionalización del sistema, permitiendo un cambio en el modelo de cuidado en el país, unos aspectos sobre los que desde Canarias hemos hecho aportaciones que han sido tomadas en consideración”.

A este respecto, los responsables estatales de este anteproyecto de Ley informaron que Canarias será invitada a los grupos de trabajo para que “puedan aportar su conocimiento y trabajar, entre otras cosas, para la transposición con la tarjeta de discapacidad europea”, tal y como afirmó Martín Blanco.

En materia de discapacidad, se abordó el impulso del Ejecutivo canario para desarrollar un nuevo Decreto Ley que permitirá reducir el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad que, según la consejera del área, “ha sido visto de forma positiva por parte la Dirección general de Políticas de Discapacidad”, estableciendo la celebración de una nueva reunión técnica para profundizar en su avance.

En el transcurso del encuentro de trabajo, Delgado volvió a reiterar que el sistema de Dependencia en Canarias está infrafinanciado por parte del Estado, aspecto que no ha negado el propio Ministerio, aunque Martínez ha querido reseñar que justamente lo que se trata con este nuevo texto es “establecer una financiación estable, facilitar la vida a la ciudadanía y eliminar trabajas administrativas”.

En el ámbito de la atención a las personas mayores de Canarias, la responsable regional del área explicó que “hemos reforzado el compromiso del Estado con las personas mayores de Canarias residentes en las islas no capitalinas a fin de facilitar económicamente el traslado a las islas capitalinas para que puedan acceder en iguales condiciones al programa de viajes del Imserso”.

Además, informó de que Canarias ha recordado que el Archipiélago se encuentra pendiente del cambio normativo en la ley de la Seguridad Social para poder establecer en las Islas un complemento a los más de los más de 45.000 pensionistas que reciben una pensión no contributiva “y hemos recibido una predisposición positiva por parte del Ministerio”, afirmó.

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El acuerdo, que se establecerá entre la consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Gáldar, permitirá que las personas que lo soliciten puedan acceder al servicio de valoración de la discapacidad sin necesidad de trasladarse a la capital

La firma de este convenio de colaboración fue uno de los asuntos abordados en el marco de la visita institucional realizada por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, a Gáldar donde mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa

El convenio será aprobado en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Gáldar que se celebra esta tarde correspondiente al mes de abril

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la dirección general de Discapacidad, firmará un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gáldar, por el cual la institución municipal acogerá en sus instalaciones un equipo itinerante del servicio de valoración de la discapacidad.

Este acuerdo, que será firmado en las próximas fechas, establecerá la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), órgano dependiente de la Consejería de Bienestar Social, para la cesión de un espacio de oficinas en las que se instalará un equipo técnico del servicio de valoración de la discapacidad que trabajará desde Gáldar para todo el norte de la isla de Gran Canaria.

“Con la firma de este convenio de colaboración, no solo se agilizarán las listas de espera en materia de discapacidad sino que se evitará el desplazamiento hasta la capital de la isla de las personas que soliciten la discapacidad; esto facilita que estas personas puedan ser valoradas en su entorno, lo que supone una notable mejoría en la calidad de los servicios en materia de atención a la discapacidad que se ofrece a la ciudadanía del norte de la isla”, aseguró la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien matizó que este servicio se pone en marcha con el apoyo de financiación europea a través del Fondo Social Europeo.

Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, afirmó que “este acuerdo, que aprobaremos en el Pleno de esta tarde, representa un paso decisivo en la mejora de la atención a las personas con discapacidad del norte de la isla. Desde el Ayuntamiento de Gáldar llevamos años defendiendo la necesidad de acercar los servicios a la ciudadanía y hoy damos un nuevo paso para garantizar la igualdad de acceso y una atención más cercana y humana. Nos sentimos orgullosos de que Gáldar sea el municipio que acoja este importante recurso comarcal”.

La firma de este acuerdo se enmarca dentro del proyecto ITINERA que permite la realización por parte de la Fundación Tutelar de entrevistas a las personas atendidas proporcionando información, asesoramiento y asistencia, con el fin de valorar el grado de discapacidad y emitir los dictámenes correspondientes. Además, el acuerdo contempla, que en el espacio cedido para su efecto, el personal de la Fundación realice toda la gestión documental que lleva aparejada el reconocimiento del grado de discapacidad.

Este fue uno de los asuntos abordados en el transcurso de esta reunión de trabajo celebrada en Gáldar donde se contó, además, con la presencia del viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil; de la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez; de la concejala de Servicios Sociales, Ana Teresa Mendoza; de la concejala de Política del Mayor, Dolores Delgado; y la coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Luz Marina Delgado.

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