Logo del Gobierno de Canarias

La Consejería de Presidencia aprueba las bases generales de selección de personal funcionario de la Administración

Nieves Lady Barreto: “Hemos cumplido con uno de los compromisos que asumimos para modernizar la Administración y que sea más eficiente, gestionando un proceso participativo con la ciudadanía y las organizaciones sindicales”

Las bases generales, que entran hoy en vigor, aportarán a los futuros procesos selectivos mayor nivel de transparencia y seguridad jurídica

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado las órdenes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, por las que se aprueban las Bases Generales que han de regir los procesos para la selección del personal funcionario de carrera de la Administración General en los distintos Cuerpos, Escalas, Especialidades y agrupaciones profesionales. “Cumplimos con uno de los primeros compromisos adquiridos en el área de Función Pública para modernizar las bases de la Administración General y disponer de una nueva regulación de acceso al empleo público que simplifica los procesos, es más transparente y da mayor seguridad jurídica”, manifestó Nieves Lady Barreto.

La consejera añadió que “gestionamos para tener una Administración eficaz y eficiente y asumimos retos para solucionar los problemas” y destacó que las nuevas bases son el resultado de un proceso negociador y participativo, que han recogido la inmensa mayoría de las aportaciones de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales para corregir las debilidades detectadas en la norma de 2016 y poder introducir mejoras.

En este sentido, la participación de las organizaciones sindicales en el proceso de tramitación realizado por la Dirección General de Función Pública no se ha limitado a la negociación de las bases en la Mesa Sectorial de personal funcionario, sino que previamente se celebraron reuniones informativas donde se expusieron los contenidos a incluir en las bases y se confirió un trámite de audiencia a los sindicatos representados en dicha mesa para aportaciones y sugerencias.

Las bases generales entran hoy en vigor y regirán los futuros procesos selectivos, siendo los primeros que se convoquen los relativos a la Oferta de Empleo Público de Administración General del año 2021, cuya convocatoria se realizará en breve.

Estas bases generales permitirán a las personas aspirantes acreditar su conocimiento y en su caso la experiencia, a través de pruebas que, por un lado, valoren diferentes capacidades y habilidades más allá de los conocimientos teóricos estrictos y, de otra parte, que no se sustenten en exclusiva en la acreditación memorística de los mismos, lo que a su vez viene unido también a la necesidad de revisar los programas de contenidos exigibles.

Para ello, apuestan decididamente por un mayor nivel de transparencia y certeza jurídica en relación con las reglas sobre las que se desenvolverán los procesos selectivos. Se incorporan previsiones concretas en relación con los programas de temas exigibles, no sólo en cuanto a su publicidad y la antelación con la que deben aprobarse y publicarse sino también en la obligación de dividir entre los contenidos teóricos y los prácticos que han de ser objeto de valoración concreta en sus correspondientes pruebas o parte de éstas. También se proporciona mayor seguridad jurídica en cuanto al procedimiento y los plazos de sus diferentes trámites, regulando además de forma expresa las impugnaciones y alegaciones que contra cada una de las pruebas selectivas pueden formular las personas aspirantes.

Las bases incorporan previsiones relativas a la designación y funcionamiento de los tribunales calificadores, en aras de su especialización profesional y de su designación objetiva e imparcial, incorporando además la previsión legal de representación sindical ante el tribunal calificador.  Además, se incluyen reglas obligatorias de transparencia, publicidad y seguridad jurídica en distintos apartados de estas bases respecto a los acuerdos que adopte el tribunal calificador en la realización y valoración de las pruebas selectivas y de los méritos.

Contienen también previsiones relativas a garantizar la indemnidad de las pruebas selectivas, su confidencialidad, la regla general de anonimato salvo las excepciones de procesos selectivos en los que al menos una prueba debe realizarse conociendo la identidad de la persona aspirante al ser necesario la valoración de actitudes y aptitudes personales.

Cumpliendo el principio de seguridad jurídica, estas bases establecen una metodología única para todos los tribunales en relación con la determinación de la calificación de las pruebas selectivas que se basen en la valoración de sus miembros.

Se incorpora a nuestro sistema selectivo la posibilidad de conservación de calificaciones anteriores. También se adoptan medidas específicas de racionalización y eficiencia de los procesos selectivos, tales como primar la realización simultánea de los ejercicios por parte de todos los aspirantes frente a pruebas individuales, se potencia el anonimato en la mayor parte del proceso selectivo, se opta por la especialización de las pruebas según su contenido teórico o práctico.

En los procesos selectivos del Grupo C y de las agrupaciones profesionales E la fase de oposición se concentra en un solo ejercicio, mediante cuestionario tipo test, teórico-práctico y basado por completo en el anonimato de la persona aspirante.

Estas bases prevén también, de forma novedosa, la realización de una prueba adicional de eficiencia para el caso de que realizada la fase de oposición quedaren plazas desiertas y no fuera posible una nueva convocatoria de éstas por caducidad de la oferta de empleo público o por su próxima caducidad, de manera que, bajo determinadas circunstancias, las personas aspirantes que no hubiesen superado toda la fase de oposición puedan optar a dicha prueba.

Respecto a la fase de méritos, estas bases apuestan por una simplificación de los méritos centrándolos en aquellos que están directamente relacionados con la mejor idoneidad de las personas aspirantes, incorporando la experiencia previa en el sector público, como personal funcionario y en su caso como personal laboral, las titulaciones académicas distintas a la empleada para el acceso, así como la superación de pruebas selectivas anteriores.

Etiquetas

Constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad que dispone la Ley sobre los menores robados

Constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad que dispone la Ley sobre los menores robados

Está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tiene como objeto asesorar al Gobierno de Canarias en el cumplimiento de los fines contemplados por la Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias

Según reza la norma, debe elaborar un informe anual para evaluar los resultados obtenidos e incorporar las mejoras oportunas, y reunirse al menos una vez al año

La Ley se aprobó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación

El Gobierno de Canarias ha constituido la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, órgano colegiado que asesorará al Ejecutivo para el cumplimiento de los fines contemplados en la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias. Está conformada por dos miembros en representación del Ejecutivo canario, uno de los cuales ostentará la presidencia, un representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), otro de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y dos miembros en representación de las asociaciones canarias legalmente constituidas, a los efectos contemplados en la citada norma.

Siguiendo estas reglas, recogidas en el artículo 10 de la citada ley, la comisión está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, teniendo como suplente a la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y está integrada por el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez; la directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera (suplente); el alcalde de La Aldea de San Nicolás y presidente de la Comisión de Administración Pública de Pública y Seguridad de la Fecam, Tomás Pérez; la técnica jurídica Trinidad Pérez (suplente); la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo; el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (suplente); el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Familiares y Adopciones Ilegales Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez y Francisco González, respectivamente.

En esta primera sesión, a la que han asistido también la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de Servicio de Coordinación y Planificación Estratégica de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Karolin Bruns, que ha actuado como secretaria de la Comisión, se ha abordado, por parte de los representantes de los colectivos de víctimas afectadas, la problemática que padecen en cuanto a las limitaciones en el acceso a archivos y registros públicos, así como la necesidad de que se preste apoyo específico por parte de las Administraciones Públicas en la realización de estudios y trabajos de investigación que hagan aflorar esta realidad al conocimiento general.

Por parte de la Consejería se ha puesto de manifiesto el compromiso de las Administraciones Públicas para impulsar las políticas necesarias y cumplir con las obligaciones de la ley, así como mantener, dentro de los instrumentos que permite la normativa vigente, una relación de colaboración con el colectivo de víctimas, que implique también a otras instituciones como las universidades, con el fin de contar con estudios científicos serios y detallados que permitan determinar el alcance de esta realidad en Canarias, su divulgación y dignificación de sus víctimas.

Reparación

La Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias se dictó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación.

Su objetivo es garantizar el conocimiento de estos hechos y de sus víctimas, así como su reparación, favoreciendo acciones que tiendan a la identificación de sus familiares. En su contenido, a lo largo de sus 10 artículos, reconoce a las personas que sufrieron estos hechos y a sus madres biológicas la condición de víctimas y establece las obligaciones de los poderes públicos canarios de promover acciones que lleven a su esclarecimiento y a la identificación y reconocimiento de quienes lo padecieron.

Las principales obligaciones que recoge esta norma para la Administración Pública son facilitar a las víctimas y personas con interés legítimo el acceso a la información que, sobre estos hechos, pueda existir en los archivos y registros públicos dependientes de las administraciones canarias, siempre en los términos que lo permita la legislación vigente (artículo 5), y colaborar con las autoridades judiciales y fiscales en las labores de investigación que se lleven a cabo (artículo 6) e incorporar los datos de los perfiles genéticos a una base de datos de ADN que permita la identificación de las víctimas y sus familiares.

Además, la mandata a adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos, que se centran en las labores de divulgación, campañas de sensibilización e información, actividades de investigación y formación en el ámbito de la educación y la Administración Pública y la inclusión de contenidos en los itinerarios curriculares de educación que profundicen en los valores de reconocimiento y respeto a las víctimas (artículo 7).

Estas obligaciones y competencias no precisan de un desarrollo reglamentario, sino que se encuentran ya perfectamente determinadas y se proyectan principalmente frente a la Administración Pública y el ámbito educativo, quienes al amparo de esta norma deberán desarrollar líneas específicas de actuación que satisfagan los fines que la ley recoge.

Etiquetas

Sanidad, colegios profesionales, organizaciones sindicales y de pacientes firman el Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias

alt

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, firmó esta mañana el Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias, un documento de consenso que contó con el apoyo de los representantes de sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de pacientes y usuarios y que cuenta con una ficha financiera de 190 millones de euros para desarrollar las acciones que contempla

José Manuel Baltar presentó el documento de consenso con todos los agentes sociales en el que se propone un plan de mejora para la sanidad en las Islas

Este acto, celebrado en el Centro Cívico Suárez Naranjo de Las Palmas de Gran Canaria, contó con la presencia de más de un centenar de personas en representación de instituciones y asociaciones vinculadas al ámbito sanitario de Canarias, quienes rubricaron también este documento, uniéndose, así, al Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias.

Firmaron el documento las organizaciones sindicales Asamblea Siete Islas, el Sindicato Médico de Las Palmas, SATSE, UGT y CCOO; los colegios profesionales de Médicos, Enfermería y Farmacéuticos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Fisioterapeutas de Canarias, Psicólogos de Las Palmas y la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias. También han firmado las asociaciones de pacientes Esclerosis Múltiple (Apem), Párkinson de Gran Canaria, Adigran, Enfermos de Chron y Colitis Ulcerosa (Accu Canarias), Amigos contra el sida, Afectados por la Talidomina (Avite Canarias), Pequeño Valiente, Cáncer de mama, Chrysallys, Enfermos de Hemofilia, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Canarios con Corazón y Enfermos Trasplantados Hepáticos de Canarias, así como Cofarca.

Durante el acto, José Manuel Baltar destacó y agradeció la gran participación que se ha alcanzado con el proyecto del Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública y explicó que esta iniciativa responde a la necesidad de crear un gran marco colectivo en torno a la sanidad como elemento esencial de los servicios sociales públicos y de calidad en el Archipiélago, que ha logrado superar las expectativas iniciales en cuanto a participación e implicación. Según aseguró, «se recibieron más de 500 aportaciones de diferentes colectivos y de profesionales, a título individual, que han sido estudiadas y tenidas en cuenta».

Baltar agregó que «con este acuerdo queremos recuperar y poner en valor la importancia de la sanidad pública, garantizando el mantenimiento de un sistema canario de salud de calidad». También se busca –añadió- establecer el sistema sanitario público como la única manera efectiva y sostenible de igualar oportunidades para la atención sanitaria de todos los ciudadanos y, para ello, se han de mejorar los resultados y corregir sus principales debilidades.

Cuatro áreas de actuación

El Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias recoge las acciones a desarrollar en cuatro ejes principales que fueron presentadas por profesionales relacionados con el sistema sanitario por haber desarrollado su trayectoria en ella, como en el caso de los doctores Pedro Betancort y Marcos Gómez, o por estar formando parte del sistema como Inmaculada Betancor o bien, por ser usuario del SCS y presidente de una de las asociaciones de pacientes, como es el caso de Alejandro Díaz; o por haber liderado la gestión del conocimiento desde la ULPGC, como es el caso del exrector José Regidor.

– Ciudadanos y pacientes.- Este eje fue presentado por Alejandro Díaz, presidente de Alcer Las Palmas, quien señaló que el sistema sanitario público no es ajeno a la importancia de otorgar un papel protagonista al ciudadano, colocándolo en el centro de éste.

Para ello, -dijo- este documento propone medidas concretas como la puesta en marcha de la Escuela de Pacientes de Canarias; la creación de una web de Escucha Activa que actúe como foro entre profesionales, pacientes y ciudadanos; la activación de los Presupuestos participativos en Sanidad; la creación del Plan de Humanización de la Sanidad Pública Canaria; la incorporación de líneas de trabajo directas con las asociaciones de pacientes para mejorar la prestación de los servicios que reciben, y la creación de una Mesa de Asociaciones de Pacientes de Canarias.

– Profesionales sanitarios.- Expuesto por Pedro Betancor, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista en Medicina Interna, quien destacó el papel fundamental que juegan los profesionales sanitarios en el sostenimiento y funcionamiento del sistema sanitario público.

En este sentido, el Compromiso buscar dotar de herramientas y recursos a los profesionales sanitarios de Canarias para desarrollar de una manera óptima su trabajo, por lo que propone adecuar las plantillas orgánicas de las instituciones sanitarias a las necesidades reales de la prestación, creando plazas de los eventuales estructurales en la plantillas orgánicas de las diferentes instituciones sanitarias; establecer fórmulas de contratación del personal temporal más estables; fomentar la estabilidad del personal estatutario mediante la celebración de ofertas públicas de empleo; desarrollar un sistema propio del SCS para las listas de empleo que tenga en cuenta las particularidades normativas, de gestión y especificidades del ámbito sanitario; recuperar la carrera profesional para el personal estatutario; homogeneizar las actuaciones entre los diferentes centros directivos de atención primaria y especializada del SCS; impulsar la prevención de riesgos laborales y un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SCS, así como poner en marcha acciones para incrementar el número de médicos en especialidades e incrementar las plazas acreditadas de Formación Especializada para 2018 y la contratación de personal que permita situar al SCS en la media nacional de ratios estándar por habitante.

– Accesibilidad y Sostenibilidad.- Los encargados de presentar las líneas de trabajo en este campo fueron el doctor Marcos Gómez, director de la Maestría Internacional de Cuidados Paliativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), e Inmaculada Betancor, celadora del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Para mejorar la accesibilidad y sostenibilidad del sistema, el Compromiso propone evaluar el Plan de Salud 2017 y crear el Plan de Salud 2018-2022; poner en marcha el programa Movernos en lugar de moverlos para acercar la atención, los tratamientos, las pruebas e intervenciones a donde se encuentren los pacientes; aprobar y desarrollar el Plan de Urgencias de Canarias; desarrollar diferentes planes como el Plan de Salud Mental, el de Atención Temprana de Canarias, el de Cuidados Paliativos, de Atención a la Cronicidad, de Atención a la Diabetes, de Atención Domiciliaria y Hospitalización a Domicilio; actualizar el Plan de Drogodependencias de Canarias; evaluar el Plan de Salud 2016-2017 y crear el Comité Regional de Uso Racional del Medicamento.

Las propuestas que recoge el Compromiso en cuanto a la sostenibilidad vinculadas a los profesionales y usuarios destacan la elaboración de un plan de equipamiento y renovación tecnológica; el fomento de las TIC para mejorar el acceso a la petición de citas y datos médicos; el desarrollo del Plan de Infraestructuras Sanitarias y la implementación de programas de promoción y prevención de la salud entre los más jóvenes, en coordinación con la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, especialmente en temas relacionados con la concienciación a favor de la igualdad y contra la violencia de género.

– Gestión del conocimiento.- José Regidor, profesor honorífico y exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presentó el trabajo que se desarrollará en este campo. La gestión del conocimiento en el ámbito sanitario convierte los valores intelectuales de las organizaciones sanitarias en mayor productividad, valor añadido e incremento de la competitividad. En este sentido, el objetivo es crear el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias; potenciar la generación de conocimiento dentro del SCS; coordinar e impulsar acciones con la consejerías de Empleo y Educación, con los cabildos, ayuntamientos, universidades y parques científicos tecnológicos para poner en valor el conocimiento generado; crear un programa de incentivos a la investigación básica, translacional e innovación; realizar convocatorias competitivas estables en proyectos de I+D+i; desarrollar un Plan de captación y retención de talento y crear una Plataforma de innovación.

Nuevo reto: Pacto Social y Político por la Sanidad

El consejero de Sanidad anunció que con la presentación de este Compromiso comienza un nuevo reto que consiste en sentar las bases para alcanzar un Pacto Social y Político por la Sanidad en el que estén involucrados y representados partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales y sociales, colegios profesionales, universidades y asociaciones ciudadanas.

Baltar recibe las aportaciones de farmacéuticos y pacientes al Compromiso por la Sanidad

alt

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, se reunió hoy con los presidentes de los colegios oficiales de Farmacéticos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Juan Ramón Santana y Guillermo Schwartz, respectivamente; así como con los presidentes de las asociaciones de pacientes: AECC, Melchor Bravo; Adigran, Lidia Blanco; y Alcer, Alejandro Díaz; quienes presentaron durante el encuentro sus aportaciones al documento base del Compromiso para la Mejora de la Sanidad Pública en Canarias. El documento parte de una iniciativa promovida por la Consejería de Sanidad para concensuar con todos los agentes implicados una serie de medidas que reduden en la mejora de la sanidad en Canarias.

El consejero de Sanidad recibió hoy a los representantes de los colegios oficiales de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas asi como a los de las asociaciones Adigran, AECC y ALCER

Se trata de un proceso de reflexión extensivo también a otros agentes como: partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales y sociales, universidades y las asociaciones ciudadanas con el objetivo de mejorar el sistema público de salud. El objetivo final es que los profesionales, pacientes y ciudadanos se sientan más satisfechos y comprometidos con el mismo.

Baltar explicó que con esta iniciativa se está logrando debatir y concretar con todos los agentes actuaciones que afectarán a los profesionales del sistema sanitario, partiendo de la premisa de que tenemos que tener una política de recursos humanos adecuada a las necesidades del sistema, y, al mismo tiempo, establecer aquellas que mejoren la asistencia a los pacientes y la participación de los ciudadanos.

El consejero señaló que el objetivo es mejorar la sanidad desde el ámbito asistencial, facilitando la accesibilidad al sistema, teniendo en cuenta la sostenibilidad del mismo y potenciando la innovación y la investigación de los profesionales; sin descuidar otros ámbitos del entorno sanitario como el sociosanitario.

Baltar presenta el documento del Compromiso por la Sanidad a la Asociación de Colegios Profesionales

alt

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, se reunió hoy con los miembros de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias con el objeto de presentarles el documento base del Compromiso para la Mejora de la Sanidad Pública en Canarias, promovido por su departamento para concensuar con todos los agentes implicados una serie de medidas que reduden en la mejora de la sanidad en Canarias.

El consejero de Sanidad expuso el documento con el que se pretende acordar acciones concretas que redunden en una mejora del sistema público de salud

José Manuel Baltar informó a los miembros de la Asociación que acudieron por parte de los colegios oficiales de farmacéuticos, médicos, psicólogos, podólogos, veterinarios, biólogos y optometristas, la iniciativa que la Consejería de Sanidad está promoviendo para concensuar entre todos los agentes sociales y sanitarios implicados. Se trata de un proceso de reflexión extensivo también a otros agentes como: partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales y sociales, universidades y las asociaciones ciudadanas con el objetivo de mejorar el sistema público de salud. El objetivo final es que los profesionales, pacientes y ciudadanos se sientan más satisfechos y comprometidos con el mismo.

El consejero explicó que con este Compromiso, que se está analizando con todos los agentes, se intenta definir actuaciones concretas que afectarán a los profesionales del sistema sanitario, partiendo de la premisa de que tenemos que tener una política de recursos humanos adecuada a las necesidades del sistema, y, al mismo tiempo, establecer aquellas que mejoren la asistencia a los pacientes y la participación de los ciudadanos.

En este sentido, precisó que se trata además de mejorar la sanidad desde el ámbito asistencial, facilitando la accesibilidad al sistema, teniendo en cuenta la sostenibilidad del mismo y potenciando la innovación y la investigación de los profesionales; sin descuidar otros ámbitos del entorno sanitario como el sociosanitario.