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El ICI movilizará casi un millón de euros anuales en subvenciones para lucha contra la violencia de género

El nuevo Plan Estratégico de Subvenciones fue aprobado en el Consejo Rector del organismo público celebrado hoy en Tenerife. Se hace especial hincapié en la importancia de los proyectos de prevención de violencia vicaria. A este importe debe añadirse el millón de euros también destinados a Subvenciones con fondos procedentes del IRPF y los más de diez millones aprobados para Canarias en Conferencia Sectorial

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) pondrá en marcha, para el periodo 2026–2028, un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones que prevé una inversión mínima cercana a los 900.000 euros anuales destinada a promover la igualdad entre mujeres y hombres y reforzar la atención integral a víctimas de violencia de género en Canarias. A este plan de subvenciones se une el importe de otro millón de euros para 2026 provenientes de los fondos del IRPF, que se gestiona ahora mismo a través de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, y el importe aprobado en la última Conferencia Sectorial de 10.204.378,15 euros para este año destinados a la prevención y lucha contra la violencia de género.

El documento, aprobado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, durante el Consejo Rector del ICI, articula cinco líneas de actuación que combinan el fortalecimiento del tejido asociativo, el impulso del conocimiento en igualdad y la intervención directa sobre una de las principales problemáticas sociales: la violencia de género. En este ámbito, se ha acordado apoyar el desarrollo de actuaciones cuya finalidad sea garantizar la mejora y el perfeccionamiento del sistema para la erradicación de todos los tipos de violencia de género, especialmente la violencia vicaria, con medidas destinadas a la protección, atención y recuperación de sus víctimas, en cuya ejecución están comprometidas las Comunidades Autónomas.

Dentro del eje de igualdad, el plan contempla una dotación estable de 350.000 euros anuales para el fomento del asociacionismo de mujeres, una de las principales herramientas para promover la participación social, el liderazgo y la defensa de derechos en el ámbito comunitario.

A esta línea se suman 30.000 euros anuales destinados a la formación e investigación universitaria con perspectiva de género, orientados a consolidar el conocimiento académico en esta materia, así como una actuación específica de 10.000 euros en 2026 dirigida a impulsar la participación de mujeres con discapacidad, un colectivo especialmente vulnerable frente a la discriminación múltiple.

Casi medio millón de euros para atención a víctimas

En el ámbito de la violencia de género, el plan incorpora una de sus principales apuestas presupuestarias: 497.359 euros en 2026 para garantizar la asistencia social integral a víctimas. Esta financiación permitirá sostener programas de atención psicológica, social y jurídica, así como actuaciones orientadas a la recuperación personal y la mejora de la autonomía de las mujeres afectadas.

El plan combina distintos mecanismos de concesión —concurrencia competitiva y concesión directa— en función de la naturaleza de las actuaciones, e incorpora indicadores de seguimiento que permitirán medir resultados concretos, como el número de entidades beneficiarias, el alcance de los proyectos o el grado de mejora en el conocimiento y empoderamiento de las mujeres participantes.

La puesta en marcha de este plan supone un refuerzo significativo de las políticas públicas de igualdad en Canarias. No solo garantiza la continuidad de programas esenciales, sino que consolida un enfoque dual que combina intervención inmediata —especialmente en violencia de género— con actuaciones de carácter estructural, como el apoyo al asociacionismo y la generación de conocimiento.

En un contexto en el que las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres siguen siendo retos prioritarios, este instrumento de planificación permite ordenar los recursos públicos, mejorar su eficacia y asegurar que las actuaciones financiadas tengan un impacto real y medible en la sociedad canaria.

Con ello, el Instituto Canario de Igualdad refuerza su papel como agente clave en la promoción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

 

 

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El Instituto Canario de Seguridad Laboral asesora en un año a 800 empresas con 30.000 personas trabajadoras

Reunión Icasel

El Consejo Rector del Icasel, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, aprueba la memoria de actuación de 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para compatibilizar la prevención de riesgos en el trabajo y la contención de la COVID-19

El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este viernes la memoria de actuación de la entidad autonómica en 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para el asesoramiento a las empresas y su personal con el objetivo de compatibilizar las habituales medidas de prevención de riesgos en el trabajo con los nuevos protocolos de contención de la pandemia de COVID-19.

Presidida por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel avaló las visitas técnicas realizadas durante el pasado año a casi 800 empresas con alrededor de 30.000 personas trabajadoras, además del nuevo servicio para el asesoramiento telefónico y otras vías telemáticas al tejido productivo del Archipiélago.

También influyó la enfermedad por coronavirus, a causa del confinamiento de la población y el freno a la economía, en la reducción de la siniestralidad laboral durante 2020 en Canarias en un 29,24% con respecto al año anterior, al contabilizarse un total de 38.679 accidentes (21.059 sin baja, 17.418 leves, 184 graves y 18 mortales).

El Consejo Rector aprobó las actuaciones realizadas en 2020, que incluyeron la elaboración de once guías técnicas para los sectores económicos con mayor ocupación, la concesión de más de 1,5 millones de euros en ayudas para diversos proyectos a los sindicatos y patronales más representativos y la dotación de 440.000 euros para la mejora de aplicaciones informáticas. Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informó sobre sus actividades en prevención de riesgos laborales a lo largo del pasado año, mientras que las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales dieron cuenta de los proyectos subvencionados en el último ejercicio.

 

El Instituto Canario de Seguridad Laboral prorroga hasta 2021 la Estrategia canaria de salud en el trabajo

Consejo Rector del Icasel

El Consejo Rector del Icasel analiza la reducción de la siniestralidad como consecuencia del confinamiento de la población por la pandemia de COVID-19

El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este lunes la prórroga hasta el próximo año de la Estrategia canaria de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 para ejecutar las acciones pendientes tras su obligada modificación como consecuencia de la pandemia de COVID-19, además de negociar con las patronales y sindicatos el siguiente documento acorde a las nuevas circunstancias sanitarias.

Presidida por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, la sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel extendió la vigencia hasta 2021 del texto autonómico para su completa culminación, por tanto, en sintonía con las prórrogas de los documentos homólogos con rango superior en los ámbitos comunitario y estatal, la Estrategia Europea Global EU2020 y la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020.

Además de la actual ampliación, el Icasel trabaja desde primeros de mayo en la necesaria actualización de las medidas de prevención de riesgos en el trabajo tras la crisis sanitaria generada por la enfermedad del coronavirus mediante la convocatoria desde la Comisión Permanente de las mesas técnicas en hostelería y construcción, con representación de las patronales sectoriales y los sindicatos mayoritarios en el Archipiélago.

Fruto del diálogo social, por ejemplo, el Icasel ya dispone del nuevo documento Criterios orientativos frente a la COVID-19 en las obras de construcción, de acceso libre en su web institucional (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) tras la elaboración conjunta entre la administración autonómica, Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Federación Provincial de Entidades de la Construcción en Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife y Fepeco), Confederación Canaria Empresarios y Asociación Empresarios Constructores de Las Palmas (CCE y AECP), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

Además de Elena Máñez, participaron en la sesión ordinaria del Consejo Rector el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; y el director del Icasel, Elirerto Galván; entre otros representantes de la administración autonómica, además de diversos dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Miles de accidentes menos

Igualmente, el órgano de gobierno del Icasel recibió la información sobre el descenso de la siniestralidad laboral en Canarias durante los cinco primeros meses de 2020 como consecuencia del confinamiento de la población española y la suspensión de la actividad económica por el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria por la COVID-19.

En concreto, el Archipiélago registró 3.103 accidentes menos con respecto al mismo periodo de 2019 hasta un total de 6.556 siniestros entre los pasados enero y mayo (6.493 leves, 55 graves y 8 mortales), además de una reducción del 30,29% en el índice de incidencia (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 personas de alta en la Seguridad Social) tanto por el cese puntual de empresas como por el auge paralelo del teletrabajo durante el último trimestre.

Además, los representantes de patronales y sindicatos informaron al pleno del Consejo Rector del Icasel sobre la ejecución de los proyectos subvencionados durante el pasado año, acciones con las que se asesoró a 608 empresas y a 1.308 delegados de personal acerca de seguridad laboral.