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La Policía Autonómica detiene a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria en el marco del operativo CURRICÁN

​En la investigación y dispositivo de seguimiento participaron tres unidades especializadas del Cuerpo General de la Policía Canaria

La actuación se enmarca en la macrooperación iniciada en junio de 2026, que incluyó registros en nueve municipios de Gran Canaria y una intervención en El Hierro

Agentes de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de las actuaciones relacionadas con el operativo CURRICÁN, una investigación judicial sobre presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de edad, corrupción de menores y contra la salud pública. El detenido cuenta con múltiples antecedentes penales.

La intervención fue realizada por efectivos del Subgrupo de Requisitorias y Localización, perteneciente a la Oficina de Policía Judicial, con la colaboración del Grupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

Una investigación de ámbito regional

La actuación forma parte del operativo CURRICÁN, una macroinvestigación dirigida por la autoridad judicial competente de Las Palmas de Gran Canaria que se inició en junio de 2026 para investigar presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública.

En las primeras fases de la operación, la Policía Autonómica llevó a cabo registros domiciliarios en nueve municipios de Gran Canaria y una intervención en la isla de El Hierro. En este dispositivo participaron más de 130 efectivos de distintas unidades y especialidades policiales.

La investigación requiere la intervención coordinada de diferentes especialidades policiales, tanto para esclarecer los hechos como para proteger a las posibles víctimas menores de edad.

Trabajo conjunto de unidades especializadas

En esta última actuación participaron efectivos del Subgrupo de Requisitorias y Localización y del Grupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, dos unidades con funciones diferentes y complementarias.

El Subgrupo de Requisitorias y Localización, integrado en la Oficina de Policía Judicial, se encarga de localizar y detener a personas reclamadas por la Justicia. Para ello, realiza labores de investigación, seguimiento y comprobación que permiten ejecutar las órdenes de búsqueda y detención dictadas por las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

Por su parte, el Grupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia está especializado en la prevención e investigación de delitos cometidos contra menores de edad. También desarrolla labores de atención y protección a las víctimas, en coordinación con los organismos competentes, con el objetivo de evitar que tengan que revivir innecesariamente las situaciones sufridas.

La colaboración entre ambas unidades permite combinar la investigación especializada en delitos contra menores con las actuaciones necesarias para localizar y detener a las personas investigadas o reclamadas por la Justicia.

Con este tipo de intervenciones, la Policía Autonómica refuerza su labor de protección de la infancia y adolescencia y su colaboración con las autoridades judiciales en la investigación y persecución de conductas delictivas.

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La Policía Autonómica investiga la videovigilancia en los dormitorios de un centro sociosanitario privado

La actuación se inició tras detectar la instalación de cámaras en habitaciones de personas mayores y con discapacidad sin constancia documental del consentimiento ni de la información preceptiva

La Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) investiga a la dirección de un centro de mayores privado de Tenerife por un presunto delito relacionado con la vulneración del derecho a la intimidad, tras descubrir la instalación de videocámaras en los dormitorios de las personas usuarias del establecimiento, entre las que se encuentran personas con discapacidad que requieren especial protección. Los dispositivos permitían vigilar las actividades de la vida diaria que se desarrollaban en estos espacios privados.

Durante las actuaciones, los agentes constataron que la dirección del centro no disponía de documentación que acreditara expresamente el consentimiento de las personas usuarias o de sus representantes legales, ni el cumplimiento del deber de información sobre la instalación de estos dispositivos. Estos hechos podrían suponer una vulneración del derecho a la intimidad y ser constitutivos de un delito recogido en el vigente Código Penal.

Esta intervención se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre las consejerías competentes en materia de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que establece la participación de la Policía Autonómica en las labores de inspección de los centros y servicios sociales.

Estas actuaciones permiten mejorar el control y la supervisión de los recursos asistenciales existentes en Canarias, entre ellos los centros residenciales, de día y de noche que atienden a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, prestando especial atención a la protección de sus derechos y garantías.

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