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La Policía Autonómica investiga la videovigilancia en los dormitorios de un centro sociosanitario privado

La actuación se inició tras detectar la instalación de cámaras en habitaciones de personas mayores y con discapacidad sin constancia documental del consentimiento ni de la información preceptiva

La Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) investiga a la dirección de un centro de mayores privado de Tenerife por un presunto delito relacionado con la vulneración del derecho a la intimidad, tras descubrir la instalación de videocámaras en los dormitorios de las personas usuarias del establecimiento, entre las que se encuentran personas con discapacidad que requieren especial protección. Los dispositivos permitían vigilar las actividades de la vida diaria que se desarrollaban en estos espacios privados.

Durante las actuaciones, los agentes constataron que la dirección del centro no disponía de documentación que acreditara expresamente el consentimiento de las personas usuarias o de sus representantes legales, ni el cumplimiento del deber de información sobre la instalación de estos dispositivos. Estos hechos podrían suponer una vulneración del derecho a la intimidad y ser constitutivos de un delito recogido en el vigente Código Penal.

Esta intervención se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre las consejerías competentes en materia de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que establece la participación de la Policía Autonómica en las labores de inspección de los centros y servicios sociales.

Estas actuaciones permiten mejorar el control y la supervisión de los recursos asistenciales existentes en Canarias, entre ellos los centros residenciales, de día y de noche que atienden a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, prestando especial atención a la protección de sus derechos y garantías.

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La Consejería de Presidencia refuerza la seguridad con videovigilancia en los juzgados del norte de Tenerife

El centro de control mejorará la protección de los edificios judiciales de esta zona de la isla y la instalación de nuevos equipos LED permitirá un ahorro energético

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de la Justicia, ha procedido al montaje de un centro de control de videovigilancia para mejorar la seguridad en los juzgados del norte de la isla, así como a la contratación de nuevos equipos de iluminación LED para las oficinas judiciales de Tenerife.

La consejería llevará a cabo el conexionado y montaje de un Centro de Control de Videovigilancia (CCTV) y sistema de detección de intrusos en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº5 de la Orotava y nº2 del Puerto de La Cruz.

La instalación de este servicio se está implantando de forma paulatina, en todos los centros de trabajo de Justicia y, en este caso, la instalación y montaje tienen un importe de 32.716,42 euros, con la finalidad de dotar a estos edificios judiciales, sin servicio de vigilancia de 24 horas, de un sistema anti-intrusión y vigilancia de perímetros y zonas comunes.

La puesta en marcha de esta videovigilancia será compatible para el desarrollo del sistema de vigilancia en remoto común desde la central receptora de alarmas ubicada en el Palacio Justicia de Santa Cruz de Tenerife y en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, será posible un control perimetral y zonas de riesgo interiores de cada edificio por los vigilantes de seguridad en el horario que prestan servicio y, en remoto, desde el Centro Control de Alarmas, en horarios sin presencia fija de vigilancia.

Por otro lado, se instalarán en total 666 equipos de iluminación con tecnología LED por un importe de 64.197 euros. Este tipo de luminaria es altamente eficiente en términos de energía y sostenibilidad ambiental, porque consumen hasta un 90% menos que las bombillas incandescentes y hasta un 50% menos que las luces fluorescentes. Además, esta tecnología LED tiene una vida útil mucho más larga que las bombillas incandescentes y fluorescente y ofrece una calidad de luz superior de iluminación, por lo que se mejora el entorno de trabajo y repercute en el desarrollo de la actividad judicial.

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