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Publicada la Orden para la derivación de pacientes con alta médica a centros sociosanitarios

La Orden amplía la protección sociosanitaria sobre los pacientes con alta médica hospitalaria con necesidad de atención sociosanitaria y sin apoyo familiar

Inés Rojas: «Se trata de una normativa que no tiene equivalencia en ninguna otra comunidad autónoma»

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy 24 de abril de 2014, la Orden conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por la que se establece el régimen de derivación de personas que, ocupando plazas hospitalarias y habiendo obtenido el alta médica, precisen de atención sociosanitaria, así como el régimen de conciertos con entidades privadas para la provisión de plazas de centros acreditados en el ámbito de la dependencia.

Según explica la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, «la presente Orden tiene por objeto regular el régimen de derivación a centros sociosanitarios de aquellas personas que, ocupando plazas hospitalarias en centros propios o concertados por el Servicio Canario de la Salud y habiendo obtenido el alta médica tras finalizar su proceso asistencial, precisen atención sociosanitaria y no puedan retornar a su domicilio habitual, debido a la modificación de las circunstancias que ha generado el ingreso hospitalario».

«Con la entrada en vigor de esta Orden, Canarias será la primera Comunidad Autónoma en regular la derivación de pacientes desde el ámbito sanitario que teniendo el alta médica, precisan su atención sociosanitaria y no pueden retornar a su domicilio habitual», aclara Rojas, quien subraya que «se trata de una Orden que no tiene equivalencia en ninguna otra comunidad autónoma, por lo que Canarias ha partido de cero a la hora de regular este nuevo procedimiento».

«Nuestro objetivo, -aclara la consejera- es incrementar la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, garantizando la atención de pacientes con alta médica hospitalaria, que no disponen de un contexto de apoyo alternativo familiar adecuado donde poder ser atendidos en su condición de dependientes».

Según se especifica en el texto de la Orden, «se trata de activar el espacio sociosanitario para derivar pacientes con alta médica hospitalaria pero en situación de recibir prestaciones asistenciales del sistema de dependencia que no procedían en el momento del ingreso y que no ofrecen un contexto de apoyo alternativo, lo que implicará, además de una atención más adecuada a sus necesidades de atención social y sanitaria, una reducción de los actuales costes sanitarios puesto que, mayoritariamente, lleva asociado la adecuación de los servicios sociosanitarios a las necesidades del usuario y la correspondiente liberación equivalente de otros recursos sanitarios de alto coste para poder ser utilizados por pacientes que lo precisan por causas médicas, mejorando así la eficiencia del sistema».

Requisitos para la Derivación y para el Concierto de acuerdos con centros

La Orden regula el régimen aplicable a los conciertos que deban celebrarse por la Consejería competente en Políticas Sociales con entidades privadas para la provisión de plazas en centros acreditados del ámbito de la Dependencia.

En este apartado, se especifica que «sólo podrán suscribirse conciertos de atención sociosanitaria con centros, servicios y establecimientos que cumplan los requisitos y condiciones de apertura y funcionamiento establecidos en el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias».

Además establece que la consejería competente en materia de políticas sociales tramitará por el procedimiento de urgencia las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia del paciente, así como el reconocimiento del derecho a las prestaciones.

La Orden establece igualmente los Requisitos para la Derivación, indicando que las personas con ingreso hospitalario, para acogerse al régimen de derivación, deberán disponer del alta médica por el proceso asistencial que motivó su ingreso o estancia hospitalaria; necesitar de cuidados de atención sociosanitaria relacionados con sus procesos físicos, psíquicos o mentales y no tener posibilidad de retornar a su domicilio habitual por no contar con el soporte familiar adecuado.

Asimismo, esta Orden recoge, entre otros puntos, los Requisitos de alta del paciente en centro hospitalario, el Procedimiento para la asignación de plaza en un centro sociosanitario y el Traslado de pacientes a centro sociosanitario.

La atención a la Dependencia en Lanzarote se incrementa en 2014 en más de 306.000 euros

«La firma del acuerdo en materia de atención a las personas dependientes de la isla de Lanzarote constituye un ejemplo de colaboración administrativa, tan necesario siempre, pero muy especialmente en estos difíciles tiempos de coyuntura económica», afirmó hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno canario y el Cabildo Insular de Lanzarote para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote firman un acuerdo para el mantenimiento de 538 plazas en centros residenciales y de estancia diurna

«La firma de este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables, garantizando el mantenimiento y financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas dependientes» aseguró el presidente del Gobierno canario, en un acto en el que estuvieron presentes el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, Pedro San Ginés; y la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas.

La firma de este acuerdo garantiza la financiación de un total de 538 plazas en la isla para atender a personas en situación de Dependencia. De estas plazas, 258 son residenciales y el resto, 280, de estancia diurna.
Según explicó la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, el acuerdo rubricado hoy «supone dotar a la isla con un presupuesto que asciende a un total de 6.958.479 euros, 306.042 euros más que los destinados en 2013, de los que el Gobierno aporta un global de 4.499.326 y el Cabildo de Lanzarote, un total de 2.459.153 euros».

«El incremento en la aportación financiera, en coordinación con la Administración insular, son reflejo del esfuerzo que el Gobierno de Canarias ha venido haciendo con el fin de dotar de prestaciones y recursos a la atención de las personas mayores y con discapacidad en situación de Dependencia de las Islas, una evidencia que choca frontalmente con la actuación del Estado en materia de atención a la Dependencia, que ha dejado la atención a las personas dependientes exclusivamente en manos de las Comunidades Autónomas», afirmó la consejera del área, Inés Rojas.

Más de 101 millones de euros para el mantenimiento de 8.338 plazas en Canarias

Según explicó la consejera del área, Inés Rojas, para el presente año, «los acuerdos de colaboración establecidos con los Cabildos insulares garantizan la atención a la Dependencia en Canarias con un total de 8.338 plazas. Esto supone una ampliación de la oferta de plazas en 109 plazas con respecto a 2013, que fue de un total de 8.229 plazas».

Por tipo de recursos, del global de plazas, 8.338, 4.121 son residenciales y 4.217 corresponden a centros de Día.

«Además, indicó, para el mantenimiento de estos recursos, se destinarán en 2014 un global de 101.615.658,71 euros, 5.220.844,71 euros más en 2013, año en que se cifró en 96.440.814 euros», aclaró Rojas.

Canarias, la primera en regular la derivación de pacientes a centros sociosanitarios

Inés Rojas: «Se trata de una normativa que no tiene equivalencia en ninguna otra comunidad autónoma»

La nueva normativa amplía la protección sociosanitaria sobre los pacientes con alta médica hospitalaria que no que disponen de apoyo familiar

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy 9 de abril la resolución de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia por la que se efectúa la delegación de competencias de contratación de los conciertos sociosanitarios con entidades privadas para la provisión de plazas destinadas a pacientes con alta hospitalaria al Servicio Canario de la Salud.

La publicación de esta Resolución es un paso previo a la entrada en vigor de la Orden de Derivación de personas que, ocupando plazas hospitalarias y habiendo obtenido el alta médica, precisen de atención sociosanitaria, así como el régimen de conciertos con entidades privadas para la provisión de plazas de centros acreditados en el ámbito de la dependencia.

Según explica la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, con la entrada en vigor de esta normativa, «Canarias será la primera Comunidad Autónoma en regular la derivación de pacientes desde el ámbito sanitario que teniendo el alta médica, precisan su atención sociosanitaria y no pueden retornar a su domicilio habitual».

«El Gobierno había detectado esta problemática desde hacía meses y por ello, ha venido trabajando en una orden conjunta entre las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales para hacer efectivo la regulación del régimen de derivación de este colectivo de personas», afirma Rojas, quien subraya que «se trata de una Orden que no tiene equivalencia en ninguna otra comunidad autónoma, por lo que Canarias ha partido de cero a la hora de regular este nuevo procedimiento».

«De esta forma, – aclara la consejera- Canarias incrementa la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, ya que garantiza la atención de pacientes con alta médica hospitalaria, y en situación de recibir prestaciones asistenciales del sistema de dependencia, del que no procedían en el momento del ingreso, y que no disponen de un contexto de apoyo alternativo familiar adecuado».

«Esto implicará, además de una atención más adecuada a sus necesidades de atención social y sanitaria, una reducción de los actuales costes sanitarios puesto que, mayoritariamente, lleva asociado la adecuación de los servicios sociosanitarios a las necesidades del usuario y la correspondiente liberación equivalente de otros recursos sanitarios de alto coste para poder ser utilizados por los pacientes que lo precisan por causas médicas, mejorando así la eficiencia del sistema», aclara el texto de la Resolución.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 14 sobre prestación de atención sociosanitaria, recoge que la atención sociosanitaria, comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social.

Asimismo, en la Resolución se indica que en el ámbito sanitario, la atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que cada comunidad autónoma determine y en cualquier caso comprenderá los cuidados sanitarios de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable. Y que a través de la adecuada coordinación entre las Administraciones públicas correspondientes a los servicios sanitarios y sociales quede garantizada la continuidad del servicio.

Igualmente se aclara que «razones de organización administrativa aconsejan atribuir por delegación las competencias de contratación de los conciertos de plazas sociosanitarias en el Servicio Canario de la Salud a fin de atender a todos aquellos pacientes que disponiendo de alta hospitalaria no cuenten con el soporte familiar adecuado y necesiten, por ello, ser derivados a un centro sociosanitario concertado».

La Resolución contempla, de esta forma, la delegación a la Dirección del Servicio Canario de la Salud de la contratación de los conciertos con centros y servicios sanitarios de titularidad privada, de las plazas necesarias con destino a la derivación de pacientes en situación de dependientes con alta médica hospitalaria y que no dispongan del soporte familiar adecuado, así como actuar como órgano de contratación, en régimen de concierto con los centros y preparar y tramitar los expedientes de contratación y de adjudicación de los mismos.

Rivero: "Este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables"

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Para 2014, la atención a la Dependencia contará con más de 101 millones de euros para el mantenimiento de 8.338 plazas en Canarias, 109 más que en 2013

* Las personas dependientes de Gran Canaria cuentan para 2014 con un total de 3.588 plazas para su atención, 120 plazas más que el pasado año

* El convenio contempla una financiación de más de 45,6 millones de euros para el mantenimiento de centros y servicios de personas en situación de Dependencia, 3,1 millones más que en 2013

«Este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables, garantizando el mantenimiento y financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas dependientes», aseguró hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno canario y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

«La firma de este convenio que, próximamente se harán extensibles a todas las islas, constituye un ejemplo de colaboración administrativa, tan necesaria siempre pero aún más en estos tiempos de situación económica tan difícil», afirmó Rivero en un acto en el que estuvieron presentes el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna; la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, y el consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria explicó que «la firma de este acuerdo garantiza la financiación de un total de 3.588 plazas en la isla para atender a personas en situación de Dependencia». De estas plazas, 1.806 son residenciales y el resto, 1.782, de estancia diurna.

Bravo de Laguna destacó la importancia para Gran Canaria de un convenio «con un presupuesto importante ya que asciende a 45.662.310,25 euros, de los que el Gobierno aporta 30.930.529,75 euros y el Cabildo de Gran Canaria, un total de 14.691.781,25 euros, con lo que se aumenta en 3,1 millones de euros con respecto a 2013».

«El incremento en el número de plazas y en la aportación financiera, en coordinación con la Administración insular, son reflejo del esfuerzo que el Gobierno de Canarias ha venido haciendo con el fin de dotar de prestaciones y recursos a la atención de las personas mayores y con discapacidad en situación de Dependencia de las Islas, una evidencia que choca frontalmente con la actuación del Estado en materia de atención a la Dependencia, que ha dejado la atención a las personas dependientes exclusivamente en manos de las Comunidades Autónomas», afirmó la consejera del área, Inés Rojas.

Más de 101 millones de euros para el mantenimiento de 8.338 plazas en Canarias

Según explicó la consejera del área, Inés Rojas, para el presente año, «los acuerdos de colaboración establecidos con los Cabildos insulares garantizan la atención a la Dependencia en Canarias con un total de 8.338 plazas. Esto supone una ampliación de la oferta de plazas en 109 plazas con respecto a 2013, que fue de un total de 8.229 plazas».

Por tipo de recursos, del global de plazas, 8.338, 4.121 son residenciales y 4.217 corresponden a centros de Día.

«Además, indicó, para el mantenimiento de estos recursos, se destinarán en 2014 101.615.658,71 euros, 5.220.844,71 euros más en 2013, año en que se cifró en 96.440.814 euros».

Inés Rojas: "El problema de la ley de Dependencia no es de gestión. Es de dinero"

La consejera de Políticas Sociales intervino en sede parlamentaria para explicar la aplicación de la Ley de Dependencia

Según explicó la responsable de Políticas Sociales, «se ha consolidado la coletilla de que Canarias está a la cola en muchos indicadores, sin embargo, este dato no es real en el marco de la atención a la dependencia»

«Sin embargo, sí lo estamos en el sistema de financiación de las Comunidades autónomas. De hecho, a Canarias, la comunidad con mayores dificultades como región ultraperiférica, se la penaliza con un 21% menos de financiación que la media del Estado», subrayó.

«En el marco de la dependencia, hay que decir que, el Gobierno del Partito Popular, realizó nada más entrar en el Gobierno del Estado, un recorte de 1.591 millones de euros», aclaró.

«Estos dos datos -indicó- son concluyentes y una lectura lógica es que el Gobierno del Partido Popular ahoga a las Comunidades autónomas y muy especialmente a ésta para después, en un alarde de vehemencia, pedir explicaciones a quien previamente ellos oprimen».

«El Gobierno del Partido Popular ha estado ahorrando a costa de la ley de dependencia. Ha hecho caja de cara a la Unión Europea, con la atención a la dependencia», subrayó Rojas, quien recordó que «la primera medida que toma el Partido Popular fue la de eliminar el presupuesto del nivel acordado: 283 millones de euros eliminados de un plumazo nada más llegar. En el mismo presupuesto reduce en 200 millones más la partida presupuestaria del nivel mínimo».

«No contento con esta medida, en el Plan de Reformas que entregó a la Unión Europea, un Plan de Ahorro del sistema público que fue como lo llamaron, se recortaron 1.108 millones de euros al Sistema de la Dependencia», manifestó.

«En todo un presupuesto como es el del Estado Español no encontraron otra partida presupuestaria para ahorrar que precisamente la del Sistema de la Dependencia. De los 3.000 millones de ahora, más de la mitad se sustrajeron de la ley de dependencia. Y esa es precisamente una de las conclusiones del XII Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes», aclaró la consejera de Políticas Sociales.

«Además, -continuó- en la quinta conclusión del citado Dictamen, se afirma ‘la Administración General del Estado está incumpliendo clamorosamente sus obligaciones legales en materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia’. El resultado es que el esfuerzo de las Administraciones Públicas es aproximadamente un 25% por parte de la Administración General del Estado y el 75% restante por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la Ley establece que esta financiación pública debería ser igualitaria».

«Imagínense lo que puede significar ese 75% de financiación para una Comunidad Autónoma a la que además se la ahoga como la Comunidad peor financiada por el Estado en el marco de los servicios públicos», recalcó Rojas.

«Así y todo, mientras que el Estado reduce su presupuesto, Canarias lo incrementó en 2014 en un 7,6%. Un esfuerzo económico tremendo en el momento de crisis en el que nos encontramos», aseguró.

En cuanto a las estadísticas, Rojas indicó que la voluntad del Gobierno es que «en el primer semestre de este año se corrija este tipo de descoordinación estadística a la que alude el informe y ya se ha concertado con el IMSERSO la unificación de los aplicativos informáticos, incluso con aspectos formativos y con un encuentro en presencia física en nuestra Comunidad en el próximo mes de mayo».

En este sentido, recordó que «ya se han aprobado en Consejo de Gobierno los Convenios con los Cabildos Insulares que garantizan 8.500 plazas residenciales y de estancia diurna, plazas que, sin embargo, en las estadísticas del IMSERSO no aparecen ya que apenas se contemplan 5.464. Pues bien, iremos incluyéndolas en esas estadísticas, así como la Teleasistencia y la Ayuda a Domicilio, que en las Estadísticas del Imserso aparecen como inexistentes pero que, como todos saben, sí se ofrecen en nuestra comunidad».

«¿Cómo puede sostener Canarias este sistema? Pues con muchas dificultades, con mucho sacrificio y siendo voluntad del Gobierno priorizar las políticas sociales. De hecho, el Gobierno de Canarias ha elevado en un 7,6% el presupuesto en el ámbito de la dependencia para este año, en contraposición a los presupuestos del Estado», concluyó la consejera.

Más de 6.600 personas son usuarios del servicio de Teleasistencia en Canarias

Políticas Sociales concedió en 2013 más de 91.000 euros a Cruz Roja para la financiación de este programa

Un total de 6.619 personas se han visto beneficiadas en 2013 del Servicio de Teleasistencia que la entidad Cruz Roja Española lleva a cabo en colaboración con el Gobierno de Canarias y administraciones insulares y locales de las Islas.

En concreto, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Políticas Sociales, destinó el pasado año un total de 91.392 euros a la financiación de este programa, dirigido específicamente a la atención de personas en situación de Dependencia.

El Servicio de Teleasistencia como objetivo evitar la institucionalización de los usuarios ante la carencia o dificultades de autonomía personal, la falta de relaciones personales y familiares, el aislamiento, la pluripatología médica y la frecuencia de enfermedades crónicas, así como la falta de recursos.

Según explica la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, «en el actual momento social y económico resulta fundamental contar con la colaboración y el refuerzo de las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en la atención del colectivo de personas que cuentan con una mayor situación de vulnerabilidad social, como pueden ser las personas mayores y con discapacidad».

«Por ello, desde el área de Políticas Sociales se prioriza las ayudas destinadas a entidades sociales sin ánimo de lucro con el fin de reforzar las acciones que desde el Gobierno de Canarias se llevan a cabo en la atención de los grupos de población más vulnerables», aclara Rojas.

El recurso de Teleasistencia se gestiona a través de la línea telefónica, con un equipamiento de comunicaciones e informático específico ubicado en el Centro de coordinación de Cruz Roja y en el domicilio de los usuarios.

Este servicio se presta 24 horas al día, durante todo el año y con la misma intensidad para todos los grados y los niveles de dependencia.

Políticas Sociales destinó en 2013 casi 600.000 euros a proyectos de Cruz Roja para la atención a Dependencia y personas en exclusión social

El pasado año, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Políticas Sociales, destinó un total de 597.057,19 euros a los diversos proyectos y programas que Cruz Roja Española ha realizado en el ámbito de la atención a las personas en situación de Dependencia así como proyectos de apoyo a la inclusión social.

En el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano, el Gobierno de Canarias destinó en 2013 una partida de 400.000 euros a Cruz Roja para las acciones de Emergencia Social, que tiene como fin mejorar las condiciones de vida de las personas y familias en situación de vulnerabilidad social. De estas acciones se han beneficiado a casi 13.000 personas, mediante ayudas dirigidas a cubrir sus necesidades de alimentación, alojamiento y productos de higiene básica, transporte, material escolar, electrodomésticos de primera necesidad.

«La cercanía de estas entidades a la realidad social y su capacidad para proporcionar una respuesta inmediata las convierte en uno de los instrumentos fundamentales de respuesta a las situaciones de emergencia social de la población que más la necesita», afirma la consejera del área.

Por otro lado, Políticas Sociales concedió una partida de 73.703,85 euros al programa ‘Transporte en Vehículos Adaptados’ a personas en situación de Dependencia, mediante el cual se facilita el acceso a los usuarios con movilidad reducida a los diversos centros de día, residencias o talleres. En 2013, se beneficiaron de este programa 189 personas.

Igualmente, se financió con 14.815,06 euros el proyecto de ‘Respiro Familiar para personas Mayores y con Discapacidad’, cuyo fin es aumentar la capacidad de desarrollo personal de estas personas, mejorando su calidad de vida y favoreciendo su integración en un entorno normalizado. Además, este programa permite un tiempo de descanso o respiro tanto del cuidador principal como a las personas dependientes, permitiendo que la persona sienta una mayor autonomía de su cuidador. Mediante este servicio, se dio cobertura de Respiro Familiar a 75 usuarios directos.

Para el programa ‘Transporte de Comida sobre Ruedas’, se destinó una partida de 7.146,28 euros. Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas dependientes atendiendo su alimentación diaria y evitando internamiento de los usuarios en centros residenciales. Este servicio se ofrece de lunes a domingo, y ha dado cobertura el pasado año a un total de 36 personas.

Por último, el Gobierno de Canarias destinó una partida de 10.000 euros al programa ‘Servicio de Dinamización de Personas Mayores y Dependientes’, que se ejecutó en El Hierro. Este Servicio tiene como objetivo fortalecer la red social del mayor y del dependiente de forma que se cree un entorno seguro en el que pueda desarrollarse su vida, retrasando o evitando la salida de su ambiente habitual y reduciendo su aislamiento. En 2013, se beneficiaron de este servicio 120 personas.

Inés Rojas: "La Ley de Dependencia tiene un problema de dinero, no de gestión"

A pregunta de la diputada del grupo mixto, Carmen Rosa Hernández Jorge, la consejera de Políticas Sociales intervino en sede parlamentaria para ofrecer su valoración sobre el Informe del Diputado del Común sobre la Ley de Dependencia

La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, valoró, a pregunta de la diputada del grupo mixto, Carmen Rosa Hernández Jorge, el informe del Diputado del Común sobre la aplicación de la ley de dependencia.

Rojas afirmó que «la relación y el trasvase de información entre el departamento al que represento y la oficina del Diputado del Común ha sido permanente y de máxima colaboración», en respuesta a la valoración sobre el informe elaborado por el Diputado del Común en relación a la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

En este sentido, Rojas aclaró que «la relación entre el propio Diputado del Común y esta consejera ha sido permanente».

En cuanto al citado Informe, la consejera manifestó su acuerdo con el mismo «en la necesidad de que la Ley debe de seguir avanzando, aunque hecho en falta un análisis global del escenario en el que se encuentra la Ley».

Rojas apuntó que la ley tiene dificultades en todo el territorio y muy particularmente para la Comunidad Canaria a la que la entrada en vigor de la Ley, la encontró en plena fase de vigencia de los planes sociosanitarios con los Cabildos y la imposibilidad de derogarlos ya que se trataba de convenios firmados con las Instituciones Insulares», recordó Rojas.

«Una vez superada esta fase de acoplamiento, la aplicación de la Ley se estanca por una falta clara de presupuesto, y en este momento no podemos hablar de un problema de gestión sino en un problema de dinero, en un problema de falta de presupuesto estatal», afirmó Rojas.

«Las Comunidades autónomas aportamos el 80 % del presupuesto de la ley, cuando la norma dice que el Estado debe poner el 50 %, además» ¿prosiguió Rojas- » a eso debemos sumar que Canarias es la Comunidad Autónoma peor financiada de todo el Estado».

Según explicó la consejera de Políticas Sociales, «desde que entró en el Gobierno el Partido Popular se está produciendo un ahogamiento de la ley a base de recorte presupuestario y de recorte de derechos y esa situación tampoco la recoge el informe del Diputado del Común».

«En todo caso y vuelvo a insistir la colaboración con la Institución ha sido total, le hemos ofrecido todos los datos que nos ha pedido, hemos colaborado desde la lealtad institucional y me parece tremendamente injusto que el informe comience su introducción afirmando erróneamente que no ha obtenido respuesta de este departamento», concluyó Rojas.

La Palma cuenta con 6,5 millones de euros para la atención a la Dependencia en 2014

Según explica Inés Rojas, con esta aportación se garantiza el mantenimiento de un total de 556 plazas en la isla

La atención para las personas en situación de Dependencia en la isla de La Palma contará en 2014 con una partida cuyo montante global que asciende a 6.502.613 euros tras la autorización aprobada hoy en Consejo de Gobierno de la suscripción del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de La Palma para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

En concreto, el Gobierno aportará al citado convenio un total de a 4.208.995 euros, para la isla de La Palma, mientras que el Cabildo lo hará con 2.293.618 euros.

Estas partidas financieras permitirán el mantenimiento del total de 556 plazas para la atención de este colectivo, 300 de ellas, residenciales, y el resto, 256, en centros de Día.

«Este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables, garantizando el mantenimiento y financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas mayores y con discapacidad», explica la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas.

«A través de este acuerdo, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social», aclara la consejera del área.

Según apunta Rojas, «Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que ofrece atención sanitario en los centros de mayores y de personas con discapacidad lo que demuestra nuestra apuesta por los servicios de calidad aún en tiempos de crisis».

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 con los siete Cabildos Insulares para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad.

Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien habrá de dar cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Disposición final decimocuarta), pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

Dado que los convenios firmados en el año 2013, tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizaron su vigencia en dicho año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración entre la Administración Autonómica y el Cabildo Insular de La Palma, durante 2014, para la prestación de los servicios en centros de día y de noche, así como de atención residencial incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios o concertados por la referidas corporaciones, a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

Tenerife cuenta con 38 millones de euros para la atención a la Dependencia en 2014

Con esta aportación se garantiza el mantenimiento de un total de 3.230 plazas en la isla

La atención para las personas en situación de Dependencia en la isla de Tenerife contará en 2014 con una partida cuyo montante global que asciende a 38.005.411 euros, tras la autorización aprobada hoy en Consejo de Gobierno de la suscripción del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

En concreto, el Gobierno aportará al citado convenio un total de a 24.560.686 euros para la isla de Tenerife, mientras que el Cabildo lo hará con 13.444.725 euros.

Estas partidas permitirán el mantenimiento del total de 3.230 plazas para la atención de este colectivo, 1.536 de carácter residencial y el resto, 1.694 plazas, para centros de Día.

«Este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables, garantizando el mantenimiento y financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas mayores y con discapacidad», explica la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas.

«A través de este acuerdo, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social», aclara la consejera del área.

Según apunta Rojas, «Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que ofrece atención sanitario en los centros de mayores y de personas con discapacidad lo que demuestra nuestra apuesta por los servicios de calidad aún en tiempos de crisis».

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 con los siete Cabildos Insulares para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad.

Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien habrá de dar cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Disposición final decimocuarta), pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

Dado que los convenios firmados en el año 2013, tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizaron su vigencia en dicho año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración entre la Administración Autonómica y el Cabildo Insular de Tenerife, durante 2014, para la prestación de los servicios en centros de día y de noche, así como de atención residencial incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios o concertados por la referidas corporaciones, a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

Fuerteventura cuenta con 1,5 millones de euros para la atención a la Dependencia en 2014

«Con esta aportación se garantiza el mantenimiento de un total de 167 plazas en la isla», explica Inés Rojas.

La atención para las personas en situación de Dependencia en la isla de Fuerteventura contará en 2014 con una partida cuyo montante global que asciende a 1.501.130 euros, tras la autorización aprobada hoy en Consejo de Gobierno de la suscripción del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

En concreto, el Gobierno destinará un total de 1.125.398 euros para la isla de Fuerteventura, mientras que el Cabildo lo hará con 375.732 euros.

Estas partidas financieras permitirán el mantenimiento del total de 167 plazas para la atención de este colectivo, de las cuales, 80 son de carácter residencial y 87, de estancia diurna.

«Este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables, garantizando el mantenimiento y financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas mayores y con discapacidad», explica la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas.

«A través de este acuerdo, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social», aclara la consejera del área.

Según apunta Rojas, «Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que ofrece atención sanitario en los centros de mayores y de personas con discapacidad lo que demuestra nuestra apuesta por los servicios de calidad aún en tiempos de crisis».

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 con los siete Cabildos Insulares para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad.

Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien habrá de dar cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Disposición final decimocuarta), pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

Dado que los convenios firmados en el año 2013, tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizaron su vigencia en dicho año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración entre la Administración Autonómica y el Cabildo Insular de Fuerteventura, durante 2014, para la prestación de los servicios en centros de día y de noche, así como de atención residencial incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios o concertados por la referidas corporaciones, a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.